Escribí mi primera columna en el periódico EL MUNDO el 4 de agosto de 2015, hoy en la misma fecha, pero cinco años después, escribo para despedirme de ustedes y para agradecer al diario la oportunidad que brindó a la Facultad de Educación, para que desde la academia existiera una voz que pudiera expresar puntos de vista y posiciones sobre la actualidad de la educación en la ciudad y en el país.Todo comenzó hace un poco más de cinco años cuando siendo decano, la Facultad de Educación hizo acercamientos con distintas instituciones públicas y privadas de la ciudad y el departamento, buscando ingresar a ámbitos de concertación interinstitucional. Una de las instituciones con la que se tuvo gran receptividad fue el periódico EL MUNDO y su equipo de dirección encabezado por Irene Gaviria Correa y Luz María Tobón Vallejo. Por aquella época la Facultad avanzaba en la elaboración del Programa Maestros a la U, sustentado en el hallazgo realizado por un equipo de profesores de la dependencia, que nos mostró que un porcentaje (17%) muy alto de maestros en Antioquia no tenían formación universitaria y que estaban trabajando en zonas de difícil acceso, en la zona rural profunda de Antioquia, en donde los maestros son la única presencia del Estado.Lamentablemente el programa Maestros a la U no se desarrolló y de esta iniciativa sólo quedó la Licenciatura en Educación Básica Primaria en modalidad a Distancia, que la Facultad oferta hace un par de años en los centros tutoriales de Medellín y La Pintada. Digo que sólo quedó la Licenciatura en la medida que el programa Maestros a la U era ambicioso y perseguía que la Facultad de Educación, en alianza con otras instituciones como EL MUNDO, Proantioquia y Fraternidad Medellín, llegara a rincones de la geografía del departamento en donde la Universidad de Antioquia no ha podido llegar en sus más de 200 años de existencia.Como un gesto de confianza y de apertura de la dirección del periódico EL MUNDO hacia la Facultad de Educación, se ofreció un espacio semanal de opinión, sin ningún tipo de contraprestación ni condicionamiento para que profesores de la unidad académica escribieran sobre diferentes temas, de manera especial en temas relacionados con la actualidad educativa. De esta manera el 4 de agosto de 2015 y como una forma de motivar a mis colegas de la Facultad publiqué mi primera columna titulada Ser Pilo Paga Docentes, en donde daba a conocer el programa del Gobierno Nacional que estimulaba a los bachilleres pilos para que seleccionarán las carreras de licenciatura para realizar sus estudios universitarios.Infortunadamente no logré animar a los profesores de la dependencia para que escribieran columnas en este prestigioso periódico, lo que me obligó, semana tras semana, a adquirir la disciplina de escribir y mantener la columna vigente hasta el cierre del periódico el pasado 2 de agosto de 2020. Pude haber dejado de escribir la columna al finalizar mi período como decano, en abril de 2016, pero consideré que una vez ganado un espacio en un medio de comunicación, y ante el desinterés de la nueva decanatura por este tipo de iniciativas y otras más, sería incomprensible que una voz proveniente de una facultad de educación se perdiera.En estos cinco años la columna abordó diferentes temas, algunos relacionados con la propia universidad (examen de admisión, gobierno universitario), la ciudad (los planes de desarrollo, la gestión de los alcaldes, las entidades que trabajan en la educación), el departamento (temas de política pública, liderazgo regional), la nación (debates sobre la política pública de formación de maestros, propuestas gubernamentales como Ser Pilo Paga) y temas de cobertura global como el calentamiento global, los movimientos sociales y la gestión de gobiernos.El cierre del periódico ELMUNDO es una mala noticia, que se suma a otras malas noticias que está dejando el paso de la pandemia en la sociedad colombiana. Aprovecho esta última columna para expresar mi agradecimiento a Irene Gaviria Correa y Luz María Tobón Vallejo por el espacio que abrieron a las iniciativas de la Facultad de Educación y por la confianza depositada para asumir de manera seria y responsable la columna de opinión. Espero que las dificultades económicas del periódico sean superadas y que pronto se reestablezca la circulación del diario que llegó a cumplir 41 años de funcionamiento ininterrumpido.Doy un adiós a esta columna, pero no al vínculo que he construido con ustedes. Los invito a que mantengamos este vínculo desde otro medio, en esta ocasión construido desde la Facultad de Educación, con el apoyo de la decanatura y la unidad de comunicaciones, me refiero al Boletín Educar en la Incertidumbre. Este Boletín nació en el mes de mayo, con el apoyo de colegas de la dependencia y de otras universidades del país y del exterior, que contribuyen con textos sobre lo que ha significado la mayor crisis global que ha tocado a nuestro país y por supuesto a la Educación.PD: un agradecimiento al actual decano de la Facultad de Educación de la UdeA, Dr. Wilson Bolivar y a la Unidad de Comunicaciones, que posibilitaron que la columna llegara a estudiantes, profesores y egresados de la Facultad de Educación. De igual manera agradezco al Portal Universitario y a la Emisora Cultural de la UdeA, por amplificar las reflexiones de muchas de las columnas publicadas en ELMUNDO.
Fernando Reimers, profesor de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard, con gran reconocimiento internacional y que ha estado activo en estos últimos meses, promoviendo reflexiones y entregando informes sobre la educación a nivel global, ofreció la semana pasada una conferencia que tituló Educar para un nuevo renacimiento (se puede acceder a la conferencia en el siguiente enlace: https://vimeo.com/440748819).El profesor Reimers ilustra como estos momentos de crisis, por los que pasa la humanidad, se pueden convertir en una oportunidad para que las sociedades den un salto positivo en materia de desarrollo cultural, económico y bienestar de la sociedad, o por el contrario se pueden constituir en escenarios para el nacimiento o fortalecimiento de posturas autoritarias que hagan retroceder o perder logros alcanzados en materia de derechos civiles y disminución de las desigualdades. Para este efecto el profesor Reimers contrasta lo que hicieron dos países, sometidas a pandemias en épocas distintas, para afrontar la reconstrucción de sus pueblos.En la Italia de siglo XIV, la elite que gobernaba decidió impulsar el florecimiento de las artes y las ciencias como una forma de recuperación de la nación de los estragos ocasionados por la pandemia de la peste negra; esta decisión permitió poner fin al Medioevo y dar inicio a un período de esplendor de las artes y las humanidades que puso los cimientos para el ingreso a la Edad Moderna.Ahora, la Alemania de comienzos de siglo XX, decidió adoptar medidas restrictivas en el gasto público, como forma de afrontar los estragos ocasionados por la pandemia de la gripa española, lo que llevó a sectores de la población que se vieron marginados y desprotegidos por el Estado, a radicalizar sus posiciones, dando paso a movimientos nacionalistas y con esto al surgimiento del nazismo, periodo de la historia de la humanidad que sólo llega a su fin con la terminación de la segunda guerra mundial.Le puede interesar: La distancia entre Merkel y TrumpTraigo a colación la conferencia del profesor Reimers para introducir una reflexión sobre el momento actual que vive el mundo y dentro de este nuestro país. Los efectos de las pandemias en las sociedades son globales, no obstante, la historia da cuenta de que cada nación los puede convertir en oportunidades o en verdaderas pesadillas. Si bien es cierto todos tenemos que aportar nuestro grano de arena para superar las crisis y moldear un mejor futuro, corresponde a los gobernantes, ahora más que nunca, dejar a un lado las diferencias ideológicas, los cálculos políticos y trabajar los asuntos locales con perspectiva global.No se debe esperar conjurar la crisis sanitaria con la llegada al país de una o varias de las 10 versiones de la vacuna que se están desarrollando en el mundo; desde ya se deben poner en marcha iniciativas que, en primera instancia, logren mantener lo que desde hace varias décadas ha logrado avanzar Colombia en materia de disminuir la pobreza, cerrar la brecha en inequidad, cobertura escolar y salud. Al gobierno del presidente Duque no le podemos pedir que muestre nuevas victorias en estos frentes, pero si le debemos exigir que el país no retroceda en lo construido por otros gobiernos en las últimas décadas. Los gobiernos Nacional y territoriales cuenta con instrumentos importantes como los planes de inversión, las reservas nacionales e internacionales y el talento humano que ha venido acumulando.El Congreso de la República tiene la oportunidad de quitarse el karma que lo identifica como la institución más impopular que tiene Colombia, cooptado por la corrupción y la politiquería, para que asuma su papel en el trámite de leyes que, en el marco de la Constitución Política, permitan allanar los caminos para que la transición a la nueva normalidad ubique al país dentro de las naciones que están comprometidas con el desarrollo de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).Le puede interesar: Club de las buenas prácticasComo lo ilustra el profesor Reimers, el camino de aumentar las desigualdades y el marginamiento sólo traerá como consecuencia que sectores de la población que se identifiquen como marginados, busquen soluciones populistas que benefician la llegada de los grupos de extrema (tanto de izquierda como de derecha) al poder. Lo ocurrido en los últimos años en Colombia permite apreciar que los extremos ideológicos buscan acabar con las libertades, desconocer los avances de Estado, tienden a concentrar el poder en beneficio de un sector y no gobiernan para toda la nación.Me temo que el presidente Duque y su equipo de gobierno no han logrado comprender el contexto histórico actual y se han dedicado a utilizar las facultades que les otorgó la ley para emitir decretos dirigidos a mantener el estatus quo y no han vislumbraron que la historia les reclamará el no haber tomado decisiones de Estado en procura de evitar el deterioro de las condiciones de bienestar de amplios sectores de la sociedad. Para algunos funcionarios de alto nivel, la generalidad de la población colombiana se puede calificar como “atenidos”, es decir, sectores que son considerados por definición al margen de alguna obligación por parte del Estado. La historia no se repite, pero conocerla proporciona elementos valiosos para valorar decisiones en tiempos de incertidumbre.
Los intentos para que los municipios certificados de Antioquia se comprometan con aportes a la base presupuestal de la Universidad de Antioquia no han prosperado. La Ley 30 de 1992, de manera indirecta, dejó como responsables del financiamiento de la Alma Mater a la nación y al Departamento de Antioquia. No existe algún mecanismo legal que obligue a los municipios certificados de Antioquia a destinar cada año un aporte de recursos para apoyar a la UdeA en el desarrollo de su misión.Colegas de la UdeA, que en el pasado han tenido responsabilidad en el manejo del Municipio de Medellin, confiesan que el argumento que siempre se ha esgrimido, para la no financiación directa de la Universidad de Antioquia, por parte de la Alcaldía de Medellín, es que la obligación de la financiación de la universidad pública es de la nación y no de los entes territoriales. Tal vez esto es lo que ha llevado a que algunas universidades departamentales con el tiempo se hayan nacionalizado como es el caso de la Universidad del Cauca.Le puede interesar: Es el momento de que Medellín apoye a la U de ADe alguna manera la anterior lógica fue la que llevó al Gobierno Nacional a no suscribir compromiso presupuestal alguno con la creación de la Institución Universitaria Digital de Antioquia, con lo que fue el Departamento de Antioquia el que al final aporta todos los recursos para el funcionamiento de esta nueva Institución. Según la Ley 30 la nación no queda obligada a transferir recursos a la base presupuestal a la IUDigital.¿Tiene sentido estas lógicas de no compromiso con la financiación de las universidades públicas cuando los recursos en juego son públicos y no pertenecen a particulares? Cualquier bachiller de Colombia puede aspirar a ingresar a la universidad pública de su predilección, independiente de donde esté geográficamente ubicada. No se requiere ser antioqueño para ingresar a la Universidad de Antioquia y hay miles de jóvenes de Medellin que cursan estudios universitarios en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces: ¿De donde viene la línea roja que alcaldes y gobernadores han establecido para no comprometer recursos en la base presupuestal de las universidades públicas?Hoy se abre una ventana para que los entes territoriales certificados se comprometan con aportes indirectos a las universidades públicas, a través de un mecanismo de subsidio a la demanda, que entrega el costo de la matrícula a las universidades púbicas, atendiendo al número de estudiantes que están registrados como activos. No es una solución que resuelva la financiación de las universidades públicas pero es un primer avance. Se esperaría que esta decisión de comprometer recursos de los entes territoriales certificados de Antioquia (Gobernación, alcaldía de Medellin, Bello, Envigado, Itagui, Sabaneta) por valor de $53.332’146.285 se mantenga en el tiempo y se constituya en política pública.A pesar de que la medida es importante y traerá un alivio a las familias de estos jóvenes, no es una solución que permita superar la crisis financiera en la que se encuentran las IES públicas de Antioquia producto de los efectos de la pandemia sobre su sistema de recaudo de recursos por gestión propia.Le puede interesar: ¿Es la universidad pública más costosa que la privada?En el caso de la Universidad de Antioquia con una expectativa de presupuesto para el 2020 de 1,238 billones de pesos, presupuestaba recoger por ingreso de matrícula en pregrado lo correspondiente al 2.3% de su presupuesto total. Los ingresos que los entes territoriales certificados le haria a la UdeA corresponden al 0.93% de su presupuesto para el año 2020.Los alcaldes del área metropolitana deberían demostrar su voluntad política con las IES públicas que reciben a sus jóvenes en sus claustros universitarios, revisando sus planes de desarrollo y comprometiendo partidas económicas que hagan base presupuestal en las universidades públicas. Tener un vigoroso sistema universitario público tiene un gran impacto en los diferentes subsistemas económicos, tecnológicos, empresarias, innovación, bienestar, cultura, entre otros, que directamente repercute en la competitividad del área metropolitana generando nuevos ingresos a través de rentas e impuestos producto del fortalecimiento del sistema empresarial y social.
La decisión adoptada por el alcalde de Medellin, Daniel Quintero, de aportar los recursos (más de 20.000 millones de pesos) para que los (y las) estudiantes de las universidades públicas, que están bajo la responsabilidad del ente territorial (ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia), no tengan que pagar el valor de la matrícula, está en la dirección correcta. Con esta decisión 24.000 familias recibirán, de manera indirecta, un subsidio para apoyar la educación de sus hijos.Le puede interesar: Recibir a todos los estudiantesPero el alcalde fue más allá, en el anuncio que hizo el 6 de julio, mencionó que se trataba de una política pública que llega para quedarse y que su logro es un triunfo del movimiento estudiantil. Ahora la presión de los estudiantes se dirige a la Gobernación de Antioquia, con el fin de que este ente territorial responda de la misma manera a como lo hizo la Alcaldía de Medellín. Recordemos que las universidades públicas departamentales son la Universidad de Antioquia, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y el Tecnológico de Antioquia.Algunos dirigentes estudiantiles argumentan que los recursos para implementar la matrícula cero en las universidades públicas deben ser aportados por el Gobierno Nacional y no por los entes territoriales (alcaldias y gobernaciones). Desde mi punto de vista tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos locales tienen la responsabilidad de apoyar los esfuerzos que hacen las universidades públicas para brindar cobertura en educación superior y además desarrollar un sistema vigoroso de ciencia y tecnología en beneficio de la sociedad.Esta versión de Ser Pilo Paga, en el contexto de las universidades públicas, muestra el uso eficiente de los recursos públicos representado en la cantidad de estudiantes que se benefician en el pago de sus matrículas, lo que también repercute en promover la retención y promoción de los estudiantes en las Instituciones de Educación Superior.La duración de la crisis y los estragos de la pandemia en la economía, en el empleo de los ciudadanos y en el deterioro del bienestar social, permite ver que la decisión de implementar la matrícula cero en el contexto de la educación superior pública es una medida correcta. Queda el desafío de convertir el programa matrícula cero en política pública para que se mantenga en el tiempo, incluso superada la crisis ocasionada por la pandemia.De lograrse lo anterior, las universidades públicas deberan revisar la liquidación que hace de las matrículas de sus estudiantes, con el fin de que los entes territoriales y el gobierno nacional hagan las transferencias de recursos atendiendo a los costos reales. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Antioquia, esta IES en las dos últimas décadas viene haciendo esfuerzos financieros para que cerca de 18.000 estudiantes que se identifica en estratos 1 y 2 no paguen matrícula.Le puede interesar: Es el momento de que Medellín apoye a la UdeAEl tema de la gratuidad de la educación en la Universidad de Antioquia no es nuevo. A comienzos de la década de los 70, el Consejo Directivo de la IES determinó otorgar exención en el pago de matrícula a los maestros oficiales que ingresaran a algún programa de la Facultad de Educación; esta gratuidad se sustentó en la importancia de dar un estímulo a los educadores y promover la formación universitaria y posgraduada de los maestros del magisterio antioqueño y nacional. En el año 2006 el Consejo Superior, después de establecer un diálogo con los entes territoriales (municipios certificados de Antioquia y Gobernación) y comprometerlos con la creación de becas para esta población decidió derogar la norma que permitía las exenciones en el pago de la matrícula para los maestros.En la actualidad el Municipio de Medellín cuenta con instituciones como una agencia de educación superior como Sapiencia y además las secretarias de educación certificadas han establecido como políticas públicas convocatorias de becas para maestros en ejercicio. Lo importante para el ciudadano es que la subvención o exención del pago de matrícula se mantiene, solo que la entidad que la proporciona cambia.
Quedé preocupado y sorprendido al leer la columna titulada Un regalo de Manizales, de Raúl Tamayo Gaviria, publicada el sábado 4 de julio en El Colombiano. Tengo especial sensibilidad por la Educación Pública y en especial con las Instituciones de Educación Superior (IES) del Departamento de Antioquia.Digo que quedé preocupado por la noticia, dado que al parecer algunas de las Instituciones de Educación Superior de Antioquia tendrán un recorte en las trasferencias que la Gobernación debe realizar por ley a estas IES. Según el Sr. Tamayo este recorte correspondería a un treinta por ciento del presupuesto de estas IES, lo que equivaldría a tres mil quinientos millones de pesos aproximados que dejarían de recibir la IUDigital, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid y el Tecnológico de Antioquia. En la información que menciona el Sr. Tamayo no se dice nada sobre el aporte que realiza la Gobernación de Antioquia a la Universidad de Antioquia (UdeA).Pero también digo que quedé sorprendido al leer que el Sr. Tamayo, columnista de amplia trayectoria y conocimiento de muchos temas, considera que la decisión de la Gobernación de Antioquia, de hacer recortes en las transferencias a las IES públicas, se debe a la presencia en la cartera de Educación, de una persona forastera, es decir, no nacida en Antioquia, y se pregunta el Sr. Tamayo, si acaso el Dr. Aníbal Gaviria no encontró dentro de los hombres nacidos en Antioquia, alguno que representará la casta de personalidades de la Educación que ha tenido el Departamento en su historia. Por ejemplo, el Sr. Tamayo menciona a Nicolás Gaviria, Luis Valencia, Gonzalo Arboleda, Óscar Peña. Infortunadamente el Sr. Tamayo no menciona eminentes antioqueñas como Marta Lucía Villegas Botero (secretaria de Educación de Antioquia y directora General del Icetex) y Beatriz Restrepo Gallego (Rectora de la UdeA y secretaria de Educación de Antioquia), que se destacaron por sus aportes a la educación de la región y de Colombia; o la Dra. Cecilia María Vélez White que fue secretaria de Educación de Bogotá y ministra de Educación Nacional por un período de ocho años y que es actual rectora de una Universidad en Bogotá.Le puede interesar: Trascender un legadoMe siento obligado a escribir esta columna, por varias razones. La primera es que conozco a la Dra. Alexandra Peláez Botero, no de hoy sino de tiempo atrás, cuando desempeñó el cargo de directora de Fomento a la Calidad Educativa de la Gobernación de Antioquia y luego cuando se desempeñó como secretaria de Educación y como vicealcaldesa de Educación, Cultura, Participación, Recreación y Deporte del Municipio de Medellín. No me equivoco que la formación profesional, experiencia en el sector de la Educación, conocimiento del territorio, sensibilidad y capacidad de concertación, muestran a la Dra. Peláez como una persona con la idoneidad para dirigir una de las carteras más importantes del Departamento de Antioquia.La segunda razón es que es necesario recordarle al Dr. Tamayo la actual crisis por la que está atravesando el mundo y las consecuencias de la pandemia en la economía que las naciones. El Departamento de Antioquia no es ajeno a esta crisis lo que se muestra en la caida del recaudo del 12% (a corte de mayo) y en la pérdida de empleos cercana a los 120.000. Esta disminución de los ingresos en las rentas del departamento inevitablemente tendrá repercusiones en las diferentes carteras, dentro de las que encuentra la Secretaria de Educación y por supuesto en los aportes que por ley debe realizar el ente territorial a las IES públicas del Departamento. Al respecto en una columna anterior describí el escenario en el que se mueve la Universidad de Antioquia ante la caída de su presupuesto en cerca de un 40% de los recursos que obtenía por su propia gestión.Le puede interesar: Es el momento de que Medellín apoye a la UdeAAl no ser originario de Antioquia, pero con ancestros paisas, me sentí aludido por el Dr. Tamayo en su enfoque regionalista. Durante el tiempo que tengo de residente en Medellín, más de dos décadas y con dos hijos nacidos en Medellín, nunca he recibido trato distinto o me he sentido excluido por no ser antioqueño. Concursé en una convocatoria pública para un cargo de planta en la Universidad de Antioquia, siendo seleccionado entre 16 participantes la mayoría nacidos en Antioquia; tuve la dignidad de dirigir la Facultad de Educación de la UdeA durante dos períodos (6 años), unidad académica cuyo decano fundador fue don Nicolas Gaviria; nunca he experimentado un gesto xenófobo o no amigable por no haber nacido en Antioquia. Soy columnista de este importante periódico, en los últimos cinco años, y durante todo este lapso no he recibido por parte de mis lectores y colegas mensaje alguno que me cuestione por no poder hablar de los asuntos que tienen que ver con los gobiernos, instituciones o personas de Antioquia.Estaré al tanto de las decisiones que tome la Asamblea de Antioquia para constatar si la Comisión de Presupuesto de la Asamblea de Antioquia prioriza la Educación, antes que otros frentes importantes del departamento, y los recursos que hoy, al parecer pierden las universidades, se compensan con traslados presupuestales provenientes de otras carteras. Invito al Dr. Tamayo para que use sus buenos oficios, ante los actuales diputados, para que las IES públicas de Antioquia no se vean mermadas en sus recursos financieras y puedan desarrollar sus planes de acción que benefician a la sociedad antioqueña.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Cima (Centro de Información para la Mejora de los Aprendizajes), dio a conocer un consolidado reciente de cifras de las condiciones digitales de base que tiene América Latina y el Caribe en cuanto a la conectividad en las escuelas, las plataformas digitales, la tutoría virtual, los paquetes de recursos y los repositorios de contenidos digitales (https://www.iadb.org/es/sectores/educacion/cima/inicio).El único país que sale bien librado en los anteriores indicadores es Uruguay. Colombia sale mal evaluado en lo que tiene que ver con conectividad en escuelas, plataformas y tutorías virtuales, mientras el país muestra buena calificación en los recursos y contenidos digitales, dos de los temas en los que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) se empeñó en fortalecer para aminorar el impacto de la pandemia en la educación. A pesar de los esfuerzos del MEN, lo cierto es que Colombia no cuenta con las condiciones iniciales de base para brindar educación en línea a gran parte de la población estudiantil.Le puede interesar: Plan de Desarrollo de Medellín post-crisisSegún datos del programa Pisa 2018 (Programme for International Student Assessment), reportados por el Cima, en América Latina sólo el 33% de las escuelas poseen ancho de banda suficiente (velocidad de internet), para soportar la educación en línea. De estas escuelas que están ubicadas en diferentes contextos socio-demográficos, sólo el 22% de las escuelas vulnerables tendrían condiciones para soportar una educación en línea, mientras el 52% de las escuelas favorecidas la podrían realizar de manera efectiva. Estos datos están muy por debajo de los promedios reportados para los países miembros de la Ocde (68% de conectividad de escuelas; 64% escuelas vulnerables; 72% escuelas favorecidas).Los datos de Pisa 2018 muestran que México es el país de América Latina que cuenta con un mayor porcentaje de profesores (76%) con preparación técnica y pedagógica para asumir una docencia en línea, mientras la media de la región es del 58%. Colombia se encuentra por debajo de esta media (56%). El consolidado de la región muestra que los docentes que trabajan en escuelas vulnerables tienen menor preparación que los docentes que trabajan en medios más favorecidos, con lo que la brecha no sólo es tecnológica y de disponibilidad de medios digitales, sino que se amplia atendiendo a la preparación de los profesores.En cuanto a la disponibilidad que tienen las familias para acceder a un computador, el reporte de Pisa 2018, ubica a Uruguay y a Chile (82%) como los únicos países de América Latina con un indicador cercano al promedio de los países de la Ocde (89%). El caso de Colombia es preocupante en la medida que la brecha entre familias pobres (21%) y familias con poder adquisitivo (93%) es muy alta. Es decir, las familias que pertenecen a medios más favorecidos en Colombia tienen un nivel de acceso a la tecnología superior a la media de los países miembros de la Ocde, mientras las familias vulnerables, en cuento al acceso a la tecnología, están por debajo de la media reportada para América Latina.En cuanto a las cifras que el informe Pisa 2018 ofrece para el medio rural, los resultados profundizan las desigualdades y la brecha tecnológica que tiene América Latina. Colombia (35%) se encuentra dentro de los tres países, junto con México (27%) y Perú (36%), que tienen un bajo porcentaje de estudiantes rurales que tienen acceso a internet.La Secretaria de Educación de Antioquia, Alexandra Peláez Botero, dio a conocer en su cuenta de twitter (@apelaezbotero) los resultados de una encuesta que tuvo respuesta por parte del 94,2% de sedes y 93% de los establecimientos educativos oficiales de los 117 municipios no certificados con los que cuenta el Departamento de Antioquia.Estos son los resultados:“El 29.37% (122.218) de los estudiantes no cuenta con teléfono celular, el 50.09% (208.236) poseen un celular smartphone o inteligente, el 20,54% (85.395) tiene celular convencional (básico), y del 0.43% (1.811) no se tiene datos”.“79.622 estudiantes en el departamento cuentan con plan de datos, esto representa el 38.2% de los que tienen celular Smartphone y el 19% de la población total matriculada en el sector oficial”.“El 75% de los estudiantes no cuentan con computador o tableta, solo 20% tienen computador y el 5% posee tableta”.“El 66% (274.512) de los estudiantes no cuenta con Internet en sus casas, el 30% (125.856) sí tiene acceso a este servicio y del 4% (17.292) no se tiene información”.“La televisión tiene una alta penetración en el departamento, por tanto, la gran mayoría de estudiantes (82%) tienen televisor”.“El canal regional Teleantioquia puede ser sintonizado por 271.253 estudiantes, lo que equivale a un 64,9% de la cantidad de alumnos matriculados”.“El 61% (255.855) de los estudiantes tiene acceso a la radio.”Le puede interesar: Club de las buenas prácticasLos datos que aporta el BID sobre las condiciones digitales de base para la educación en línea, sumados al reporte de Pisa 2018 sobre acceso a internet y recursos tecnológicos en las escuelas en América Latina, muestran que la región no está preparada para asumir el aprendizaje en línea. En el caso de Colombia, y concretamente en Antioquia, las condiciones de dotación tecnológica de las familias rurales, muestran un panorama más que desolador sobre las posibilidades de sostener la educación en línea en casa. De aquí que los esfuerzos de las administraciones locales deban estar centrados en promover la educación a distancia y no la educación en línea. La educación a distancia incorpora el uso de diferentes formatos impresos y medios de comunicación como la radio y la televisión hasta el uso de plataformas en internet.Desde los primeros esfuerzos de educación a distancia, que la Universidad de Antioquia realizó a mediados de los años 70 y en la década de años 80, es poco lo que el Departamento de Antioquia ha cambiado en cuanto a su infraestructura tecnológica de penetración de internet y de acceso de la población rural a dispositivos de comunicación digital. La radio, la televisión, los materiales impresos y dispositivos de almacenamiento de datos (memorias USB) se constituyen en herramientas que pueden ser utilizadas para llegar a los hogares y poder dar continuidad a la educación de los niños, niñas y adolescentes en el contexto rural.
La Universidad Nacional de Colombia, mediante resolución 400 del 18 de junio de 2020, adoptó medidas temporales para el proceso de admisión a sus programas de pregrados para el semestre 2020-2. La anterior iniciativa que se suma a las medidas adoptadas por otras universidades públicas, como la Universidad del Magdalena, despeja el camino para la vinculación de jóvenes y adultos a la educación superior.Las medidas de distanciamiento adoptadas por el Gobierno Nacional, como una forma de disminuir el avance de la enfermedad del Covid-19, no permitieron que las universidades convocaran a las personas inscritas a tomar las pruebas de admisión, con lo que estas instituciones quedaron desprovistas de estas herramientas que les facilitaba la asignación de los cupos disponibles que ofertan cada semestre. Quiero detenerme en estos dos casos relacionados con la Universidad del Magdalena y la Universidad Nacional de Colombia, para ilustrar cómo estas instituciones, amparadas en la autonomía que les proporciona la ley, han resuelto el tema de la admisión de los estudiantes al semestre 2020-2 de manera diferente y con consecuencias distintas para los aspirantes inscritos en el mes de marzo de este año.Le puede interesar: Recibir a todos los estudiantes La Universidad del Magdalena, mediante el acuerdo 9 del primero de junio de 2020, reglamentó el proceso de admisión para el período 2020-2, acogiendo como instrumento de preselección los resultados de las pruebas saber 11 aportados por las personas inscritas al proceso de admisión. Dado que dentro de la población inscrita se encuentran estudiantes de bachillerato correspondientes al calendario B, también denominada la generación 2020, población a la que le fue suspendida la aplicación de la prueba saber 11 el pasado 15 de marzo, la Universidad del Magdalena decidió adoptar como instrumento de preselección los certificados de las calificaciones del grado 11 expedidos por los colegios. Con estas medidas la Universidad del Magdalena permite que el universo de las personas inscritas continúe su proceso de admisión. La preselección que atiende a criterios de mérito académico continua con una fase de entrevistas virtuales que permitirá asignar los cupos atendiendo a otros criterios como equidad social y diversidad étnica y cultural.En cuanto a la Universidad Nacional de Colombia, la decisión de su máximo organismo académico, contempla como instrumentos de asignación de los cupos los puntajes obtenidos en pruebas que los inscritos suministren de procesos de selección anteriores en la misma Institución y/o los resultados de las pruebas saber 11. La Universidad contempló como mecanismo adicional para garantizar que los bachilleres de calendario B, que no pudieron tomar la prueba saber 11 el 15 de marzo, los promedios de las notas reportados por los rectores de los colegios. Al parecer sólo se reportó un porcentaje inferior al 20% de esta población, razón por la cual la Universidad decidió excluir 863 bachilleres de la generación 2020 que no podrán continuar en el proceso de selección en la principal Universidad Pública de Colombia. El proceso de selección estará supeditado al resultado del estudio de equivalencias entre pruebas (institucional y saber 11) y no considera formas de aminorar diferencias sociales, étnicas ni culturales.Le puede interesar: Universidad y presencialidad post-crisisSegún la Ley 30 de 1992, las universidades gozan de la garantía constitucional en su autonomía universitaria para darse sus estatutos y definir los mecanismos para el ingreso de sus estudiantes, no obstante, estas normas deben ajustarse a los principios constitucionales relacionados con el derecho que tienen las personas a la educación.La reflexión que quiero hacer aquí es que las universidades públicas tienen una enorme responsabilidad, la cual se ha acrecentado en la crisis actual por la que atraviesa la nación. Lejos de tener como principio rector resolver los problemas administrativos relacionados con los procesos de admisión, las universidades deben respetar derechos adquiridos de quienes se inscribieron para participar por los pocos cupos que ofertan estas instituciones, y además deben procurar, en tiempos de crisis, aumentar su capacidad instalada para recibir a un mayor número de estudiantes.La primera dama de la nación recientemente dijo: “Estoy convencida que la generación 2020 es la generación llamada a la transformación. Está llamada a liderar el camino a un nuevo mundo, a uno más consciente, más sostenible, más solidario y, ante todo, más humano.” Espero que el ejemplo de la Universidad Nacional de Colombia no sea seguido por otras universidades públicas; en estos momentos se deben poner en práctica metodologías y herramientas que permitan acrecentar la inclusión educativa, aumentar la cobertura y romper paradigmas relacionados con procedimientos de admisión hasta el momento utilizados.PD: La Universidad Nacional de Colombia se ha resistido a utilizar las pruebas saber 11 como criterio para la asignación de los cupos a sus programas de pregrado, no obstante, en la resolución que reglamenta el proceso transitorio adoptado para esta contingencia, anuncia un mecanismo de equivalencias entre los resultados de sus pruebas de admisión y los resultados de las pruebas saber 11. ¿No será que llegó el momento de que las universidades públicas tomen como único criterio para la asignación de sus cupos las pruebas de Estado (Saber 11)?
Se cumplen tres meses desde que el gobierno nacional tomó la decisión de confinar a todos los ciudadanos, como una medida para contrarrestar los efectos de la pandemia, dando tiempo para que el sistema de salud se dotara con unidades de cuidados intensivos (UCI), ante la llegada inminente de los picos de contagio que otros países ya comenzaban a reportar.En este momento el país no encuentra su pico de contagios, ni aún las ciudades tienen la capacidad sanitaria para gestionar la crisis, pero el país no puede seguir confinado y nos vemos enfrentados a tratar de asumir una nueva normalidad como una medida que permita reactivar distintas esferas de la vida.Le puede interesar: Plan de Desarrollo de Medellín post-crisisSe considera que la manera de superar la crisis sanitaria pasa por respuestas farmacológicas, es decir, la fabricación de vacunas. Diferentes universidades y empresas farmacéuticas en el mundo, trabajan de manera incansable en la fabricación de alguna clase de vacuna, no obstante, su perfeccionamiento, pruebas preclínicas y clínicas, luego su fabricación y distribución a escala mundial, puede demorar hasta comienzos del próximo año, en el mejor escenario.Al parecer no tenemos otra opción que asumir la reactivación de las actividades humanas (la economía, la cultura, la educación, entre otras) adaptando nuestros estilos de vida a la nueva normalidad. ¿Qué de esta nueva normalidad quedará una vez se supere la emergencia sanitaria? Aún no se sabe con certeza. Dentro de los descubrimientos que hemos realizado, en lo que llevamos de la crisis sanitaria, está el relacionado con la posibilidad de poder continuar haciendo muchas de las actividades humanas desde la casa, gracias al desarrollo de plataformas en línea y la conectividad por internet. Sin embargo, este descubrimiento asumido como nueva forma de trabajar, estudiar y socializar, tendrá impactos en las personas y en sus desempeños con consecuencias aún no determinadas.Pero la pandemia también dejó al descubierto las desigualdades al permitirnos constatar que los niños, las niñas y los adolescentes no asisten a la misma Escuela, no tienen la misma Educación y no cuentan con el mismo Maestro. Uno de los atributos por el que se reconoce a la educación en Finlandia es el haber desarrollado un sistema educativo público que erradicó las diferencias entre estratos sociales, que ha permitido ofrecer a su población las mismas condiciones para el acceso igualitario a la educación.Lo anterior, en el campo educativo, significa qué si bien toda la sociedad colombiana está expuesta al rigor y consecuencia de los efectos de la pandemia, no todos los grupos sociales pueden afrontarla de la misma manera. Muchos hogares se están viendo afectados por la perdida de ingresos económicos, lo que está conllevado a que los índices de deserción y cancelación de estudios aumenten de manera significativa, agravando las diferencias sociales y retrocediendo varios años las políticas públicas de cobertura.Le puede interesar: Educar en la incertidumbreLa polémica actual se centra en la decisión del gobierno nacional de iniciar un proceso gradual de retorno a las clases presenciales, bajo el esquema de alternancia. Se definen protocolos, que pasan por la obligatoriedad de usar tapabocas, bañarse las manos cada tres horas, limpiar las suelas de los zapatos al ingresar y salir de las instituciones, no permitir aglomeraciones, mantener el distanciamiento de al menos dos metros entre niños, niñas y adolescentes, disminuir los aforos al 30%, entre otros aspectos. Hasta el momento la opinión generalizada de directivos, profesores y padres de familia es proclive a considerar que no existen condiciones para el retorno y que se debe continuar el trabajo remoto en las casas.Mi punto de vista es que aún se está lejos del día fijado para el retorno a las clases presenciales (primero de agosto) y que cualquier discusión actual sobre el tema debería posponerse. Todos queremos retornar a la vida que teníamos antes del 20 de marzo (fecha en que inició el aislamiento preventivo en Antioquia), pero lo cierto es que este escenario no volverá, al menos en un tiempo cercano. En esta emergencia tanto el Gobierno Nacional como el Ministerio de Educación Nacional podrán adoptar medidas y protocolos, así como impulsar la adecuación de las instituciones para que los protocolos se puedan cumplir, no obstante, en esta ocasión la decisión del retorno a las clases presenciales debe estar en manos de los directivos, familias y cuidadores, que son los que conocen las particularidades de la población y las condiciones físicas del colegio, además serán los padres o cuidadores los que deberán dar el consentimiento para que sus hijos regresen a las clases presenciales.Nota: El Ministerio de Educación Nacional en su afán de entregar un documento exhaustivo sobre “Los lineamientos para la prestación del servicio de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de bioseguridad en la comunidad educativa” (60 páginas), se involucra en temas que son de la autonomía de las Instituciones Educativas, desconociendo con esto el alcance del artículo 77 de la Ley General de Educación en lo que atañe con el concepto de Autonomía Escolar.
La UdeA es una Institución de Educación Superior (IES) que ha logrado, gracias a su proceso de descentralización académico administrativo, gestionar la consecución de recursos para conformar su presupuesto anual. En el presupuesto aprobado por el CSU de la UdeA para la vigencia del año 2020, la suma de los ingresos provenientes de los gobiernos Nacional y Departamental representan cerca del 41%, mientras la gestión de recursos que realiza la Institución alcanza el 42%.El CSU deberá revisar el presupuesto aprobado para la vigencia 2020, atendiendo a que la UdeA no podrá cumplir con la expectativa de reunir cerca de medio billón de pesos para completar su presupuesto, lo que además tendrá como consecuencia que la administración central y las decanaturas revisen las iniciativas en docencia, investigación y proyección social que proyectaron para los próximos años.Le interesa leer: ¿Es la universidad pública más costosa que la privada?El vicerrector administrativo, profesor Ramón Javier Mesa, dio a conocer a los profesores de la Alma Mater los lineamientos de un posible plan de ajuste en el gasto, dirigido a aminorar el impacto de los recursos que la IES no podrá recabar durante lo que queda del presente año y el siguiente. Dentro de las medidas anunciadas estarían el aplazamiento de las nuevas plazas docentes, tantos las de profesores de planta como la nueva versión de contratación de profesores de cátedra; un recorte en los gastos generales cercano al 30%; una baja en el gasto de viáticos y viajes para el personal directivo cercano al 80%; un recorte en la contratación de personal que apoya labores administrativo; un aplazamiento en la inversión física. Sin duda alguna estos recortes tendrán un impacto importante en las finanzas, pero no resuelven el problema de fondo relacionado con la implementación del Plan de Acción de la UdeA, propuesto para el período de vigencia del actual rector.Es una verdadera tragedia que la Universidad de Antioquia tenga que reconfigurar los alcances de su Plan de Acción, su contribución a la sociedad, en temas como la investigación, la proyección social y la cobertura educativa. Por otra parte, el impacto de los efectos de la pandemia en la población estudiantil es preocupante; aunque no se conocen cifras oficiales, los pronósticos relacionados con la deserción estudiantil son dramáticos. Muchas familias se verán afectadas, por perdida en sus ingresos, al no poder dar continuidad a los estudios de sus hijos en la UdeA.Le interesa leer: SOS Universidades PúblicasDesde hace muchos años se viene creando conciencia en los diferentes concejales y alcaldes que ha tenido Medellín para que promuevan un vinculo más orgánico con la Alma Mater, aprobando el aporte de recursos financieros que hagan base presupuestal en la Institución, reconociendo una deuda histórica de Medellín con la Universidad de Antioquia.Para nadie es desconocido que los resultados de la gestión de la UdeA tienen como directo beneficiario a la ciudad; cerca del 60% de los estudiantes que estudian en la Institución viven en la ciudad; los indicadores en ciencia, tecnología e innovación que genera el Alma Mater los capitaliza Medellin; y gran parte de los beneficios en desarrollo social, educativo, emprendimiento y salud los aporta la UdeA a la ciudad. Con seguridad el freno de la UdeA, en sus posibilidades de gestionar su Plan de Acción y en mantener su cobertura en pregrado y posgrado, tendrá repercusiones en la ciudad. Es el momento de que el Concejo y el Alcalde de Medellín asuman un compromiso moral con su Universidad y den su respaldo a la iniciativa de incluir a la UdeA en el presupuesto de gastos de la ciudad.Nota: La decisión de la Fiscalia General de la Nación en contra del Dr. Aníbal Gaviria ha logrado unir a la sociedad antioqueña, la academia, los gremios y las diferentes vertientes políticas, con pronunciamientos a favor de la gestión del gobernante, la persona y en solidaridad con su familia. Como lo expresa la dirección de este periódico: “que los pasos siguientes en esta causa sean dados con celeridad, máximo apego a la ley, así como respeto a los antioqueños y su mandatario”.