Catorce exjefes de la antigua guerrilla de las Farc EP, fueron citados por la Sala de Reconocimiento de la JEP a rendir versión individual dentro del caso 07, conocido como el de Reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.El Auto 226, del 24 de octubre de 2019, mediante el cual vinculó, en calidad de comparecientes, a 37 integrantes de la antigua guerrilla, estaba atascado por los recursos de reposición presentados por 28 abogados de los investigados, pero finalmente la Sala de Reconocimiento, tras analizarlos uno a uno, los rechazó y dejó en firme la resolución judicial.Lea:Víctimas sin protección, justicia ni reparaciónLos catorce comparecientes que deberán rendir versión en los próximos días son: Rodrigo Londoño Echeverry (alias timochenko), Jorge Torres Victoria (alias pablo catatumbo), Julián Gallo Cubillos (alias carlos antonio lozada), Jaime Alberto Parra (alias el médico), Pastor Alape, Jesús Mario Arenas Rojas (alias marcos urbano), Abelardo Caicedo Colorado (alias solís almeida), Hermilo Cabrera (alias bertulfo), Édgar López Gómez (alias pacho chino), Milton de Jesús Toncel Redondo (alias Joaquín Gómez), Rodolfo Restrepo Ruiz (alias víctor tirado), Martín Cruz Vega (alias rubín morro), Luis Óscar Úsuga Restrepo (alias isaías trujillo) y Jhon Jairo Pardo Hernández (alias fredy).Ellos deben aportar información sobre la existencia, origen y evolución de la política que orientó o permitió la vinculación de los niños y las niñas al conflicto armado por parte de la organización armada que dirigían colectivamente y las violaciones a los derechos que fueron consecuencia de dicha política.En el Auto 226, la Sala de Reconocimiento presentó los avances en la investigación y las hipótesis del macrocaso, formuladas a partir del estudio de varios informes que les fueron presentados, así como documentos recopilados. También se explicaron las razones que motivaron a la Sala a vincular y citar a versión a los comparecientes, esto, con el fin de garantizar el derecho a la defensa de los comparecientes y la participación informada de las víctimas y otros intervinientes, tal como lo ordena el Acuerdo de Paz.Además del reclutamiento, en el marco del caso 07 se investigan otras formas de utilización de niñas y niños en el conflicto: como cocineros, cargadores, mensajeros, informantes, acompañantes del grupo y quienes fueron reclutados para propósitos sexuales.Igualmente, este caso investiga otros delitos de los que pudieron ser víctimas las niñas y los niños, o sus familias y comunidades, como consecuencia o relacionados directamente con la vinculación de menores de edad al conflicto armado. Por ejemplo, se examinan dentro del caso las lesiones; tortura; homicidios que hayan ocurrido como consecuencia del régimen de vida en las filas, o de las sanciones impuestas a los niños y las niñas reclutados o utilizados fruto de la aplicación del régimen disciplinario de la organización guerrillera o de actividades de la fuerza pública. También son delitos relacionados con el reclutamiento o la utilización de niñas y niños en el conflicto el desplazamiento, homicidios, amenazas o cualquier otra violación que pudieron sufrir las familias o las comunidades como consecuencia de la violencia ejercida para forzar la vinculación de los menores de edad, y los hechos de violencia sexual asociados con el reclutamiento o utilización, como el abuso, la violación y la anticoncepción o los abortos forzados.El caso 07 abarca la investigación de unos 8.000 hechos de reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado reportados a la JEP por la Fiscalía General de la Nación.
Una nueva ruta de tránsito a la legalidad, que comprende beneficios jurídicos y socioeconómicos para quienes tomen la decisión de dejar las armas, abrió el Gobierno Nacional a través del Decreto 965 firmado este 7 de julio.Se trata de una nueva invitación para el regreso a la vida civil, dirigida directamente a los integrantes de los Grupos Armados Organizados -Gao-, que incluyen a disidencias de las Farc, Clan del Golfo, Los Pelusos y Los Caparros, cuyos integrantes podrán someterse individualmente y recibir dichos beneficios.Lea:27 guerrilleros del Eln inician proceso de reinserción a la vida civilEste Decreto, que contiene tanto las sugerencias de diversos sectores de la sociedad civil como los comentarios y observaciones de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, apunta a dos objetivos básicos: primero, brindar alternativas de retorno a la legalidad de manera individual, fortaleciendo el accionar de la justicia, colaborando con la misión de la Fiscalía General de la Nación y de la Fuerza Pública, con un especial énfasis en la desvinculación de menores de edad que han sido reclutados forzosamente por esos Gao; y segundo, continuar la acción para desmantelar esos grupos armados y así poder buscar una paz completa que permita garantizar la seguridad y la defensa nacional, enmarcada en el plan de desarrollo 2018-2022 y cuyos pilares son la legalidad, el emprendimiento y la equidad.Un aspecto muy importante en esta nueva ruta, explicó el Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, es que “este Decreto no sólo busca beneficiar a los miembros de los Gao que opten por el retorno a la legalidad, sino también a todo su grupo familiar”, por lo que la calificó como “una gran oportunidad”, frente a la que dijo que “preservar la vida es lo fundamental, pues la vida de todos los seres humanos vale”, por lo que insistió en “el llamado y la insistencia a todos los cabecillas, a todos los jefes de estos grupos que hoy se enfrentan al Estado, para que preserven la vida y dejen que sus miembros que quieren dar un paso a la legalidad lo hagan”.Así las cosas, este Decreto brinda alternativas de retorno a la legalidad para quienes se incorporen a un proyecto de vida digna y segura, para sí mismos y sus familias, con el propósito de desarticular las diferentes expresiones de criminalidad. De esta manera se fija el procedimiento para el sometimiento individual de los integrantes de los Gao y la ruta para acceder a los beneficios socioeconómicos y los beneficios jurídicos que otorgará bajo la legislación penal ordinaria la Fiscalía General de la Nación a través del principio de oportunidad o de preacuerdos. “Colombia no puede tener la pandemia del virus y la pandemia de la violencia. Lo importante es que no haya más violencia, secuestros, reclutamiento de menores e instalación de minas antipersona” indicó el Comisionado.De igual forma, el Decreto 965 incluye de manera integral los derechos de las víctimas previstos en el procedimiento penal en Colombia, haciendo especial énfasis en el derecho a conocer la verdad. Y también establece que el Gobierno Nacional podrá disponer de condiciones especiales de reclusión para quienes habiéndose acogido a la justicia deban estar privados de la libertad.Asimismo, establece que esta nueva ruta no incluye a los integrantes del Eln, porque “para ellos seguirá siendo la establecida en el Decreto 128 de 2003, compilado en el Decreto 1081 de 2015, por medio del cual los miembros de esta organización podrán seguir optando por la desmovilización individual”, explicó Miguel Ceballos.Dos fases, tres etapasDesde el mismo momento de manifestar su voluntad de sometimiento individual a la justicia, cada integrante de los Gao recibirá ayuda inmediata (alojamiento, alimentación, vestuario, atención en salud y transporte), apoyo sicosocial y los beneficios económicos para iniciar un nuevo proyecto de vida.Por eso, esta ruta de sometimiento individual comprende dos fases:1. Presentación del integrante del Gao, a cargo del Ministerio de Defensa Nacional.2. Proceso de atención diferencial, a cargo de la Agencia de Reincorporación y Normalización -ARN- de Presidencia de la República.La fase de presentación está estructurada en tres etapas.Primera etapa: es la presentación voluntaria de la persona con fines de sometimiento a la legalidad ante cualquier autoridad militar, de policía, administrativa o judicial, y se puede realizar en cualquier municipio del país.Segunda etapa: es la recepción a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, que comprende un periodo que puede variar entre dos y tres meses, y en el cual el grupo familiar puede acompañar a quien está en ese proceso de sometimiento voluntario.Tercera etapa: es el proceso de certificación a cargo del Comité Interinstitucional de Sometimiento Individual a la Legalidad -Cisil-, en el que la persona que se somete va a tener un periodo de acompañamiento de cinco o seis años a través de la agencia de Reincorporación y Normalización -ARN-, que le brinda apoyo en el proceso de reinserción económica y laboral, pero también un acompañamiento permanente a través de beneficios preliminares.“En el componente de los beneficios jurídicos hay que resaltar que la Fiscalía General de la Nación tiene todas las atribuciones de acuerdo con el Sistema Penal Acusatorio y de acuerdo con el Código de Procedimiento Penal, para aplicar los beneficios jurídicos penales que tienen que ver con las rebajas de penas, que pueden llegar hasta el 50%, y también la aplicación de los beneficios que se derivan de los preacuerdos que estas personas puedan hacer con la Fiscalía y con la aplicación del principio de oportunidad. Este es un Decreto que tiene la inspiración de la aplicación de una visión del derecho penal, en la cual se privilegia la colaboración, la expresión de la voluntad de la persona de redimirse y de reintegrarse a la sociedad, por eso es una gran apertura y una mano tendida para aquellos que quieren realmente regresar a la vida civil”, precisó Ceballos.
Mientras siete soldados esperan detenidos la condena por el delito de “acceso carnal abusivo agravado con menor de 12 años”, el país se vuelve a estremecer al conocer en menos de una semana una nueva denuncia por presuntaviolencia sexual de militares contra otra niña indígena menor de edad, esta vez en el departamento del Guaviare.En el primero de los casos, en el que la víctima es una niña de la etnia Embera Chamí, los uniformados adscritos al Batallón de Artillería No. 08 ‘Batalla de San Mateo’ de la Octava Brigada, con sede en Pereira, Risaralda, se encuentran detenidos en una unidad militar en Antioquia, a la espera de conocer la sentencia que, por ahora, podría ser hasta de 30 años de prisión, aunque la Fiscalía advirtió que podría imputarles nuevos cargos.Lea:Cadena perpetua para asesinos y violadores de niños y niñasSe trata de los soldados regulares Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, Luis Pérez Holguín, Juan David Guaidi Ruiz, Óscar Eduardo Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández, quienes aceptaron los cargos que se les imputan por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 12 años agravado, en hechos que se presentaron el pasado 21 de junio en un cabildo indígena del corregimiento Santa Cecilia de Pueblo Rico, Risaralda. Seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice.Pero no son sólo los soldados, por este caso la Procuraduría General de la Nación ordenó tramitar por separado otro proceso contra tres suboficiales, a quienes la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército vinculó a las actuaciones iniciales.En este capítulo, el funcionario especial que lleva el proceso por delegación directa del procurador, Fernando Carrillo Flórez, determinó que ante la falta de razones que expliquen la vinculación al proceso del sargento viceprimero Juan Carlos Díaz Díaz, el cabo primero Camilo Hernández Martínez y el cabo tercero Jaider Muñoz García se determinó que por separado se asigne un nuevo radicado y se inicie una indagación para establecer la presunta falta disciplinaria.Para la Procuraduría existe la “necesidad de hacer una distinción acerca de la situación disciplinaria en que se podría encontrar el grupo de soldados que fueron convocados a un proceso penal y aceptaron los cargos imputados, y los tres suboficiales, de quienes por ahora no se conoce la razón para ser vinculados a la indagación disciplinaria” cuya apertura fue ordenada y radicada en el mismo Batallón donde operaban.Ante este hecho, que calificó de “doloroso, bochornoso e inadmisible desde todo punto de vista”, el presidente Iván Duque aseguró que “como colombianos tenemos que castigar ejemplarmente esta conducta de estos miserables y que todo el peso de la ley les caiga sin contemplación alguna”.En este sentido, el Jefe de Estado “celebró que nuestro país tenga hoy aprobada la cadena perpetua para este tipo de comportamientos, sobre todo, en virtud del artículo 44 de nuestra Constitución, que pone los derechos de los niños por encima de los derechos de los demás”.Sin embargo, para este caso aún no aplica la Cadena Perpetua aprobada hace dos semanas por el Congreso, por cuanto es necesario que la reforma constitucional sea promulgada por el presidente, antes de entrar en vigencia.Y apenas una semana después, el país se entera este martes que en otro caso de violencia sexual una adolescente indígena de 15 años de edad habría sido abusada por militares, en hechos ocurridos en la vereda Charras, de San José del Guaviare, en septiembre de 2019.En este hecho, que investigan la Procuraduría Regional y la Fiscalía local de San José del Guaviare, están comprometidos militares del batallón de infantería N° 19 General Joaquín París.Al rechazar y lamentar estos hechos de agresiones contra las niñas, el Ejército aseguró que atenderá todos los requerimientos de las autoridades y entidades de control para el esclarecimiento de los hechos y, además, que aplicarán las sanciones a que haya lugar con la mayor severidad y conforme a la ley.En ambos casos, tanto la niña de 12 años, de Risaralda, como la de 15 del Guaviare, están siendo atendidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el proceso de restablecimiento de sus derechos.
En medio de la pandemia, el país entra a un nuevo y polémico escenario de debate, el de la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños y adolescentes, que fue aprobada por el Congreso.Con 77 votos a favor, la plenaria del Senado de la República aprobó el jueves el proyecto de acto legislativo mediante el cual se reforma el artículo 34 de la Constitución Política, por lo que ahora el tema se traslada a la Corte Constitucional, que será la encargada de certificar su viabilidad jurídica ya que la medida tiene tantos defensores como contradictores que ya anunciaron sus demandas por considerar que va en contravía de la propia Constitución colombiana.Por eso, también, se conformará una Comisión de Seguimiento, orientada a proporcionar apoyo al proceso de supervisión que adelantará el Legislativo.Lea:Niña indígena pierde sus manos por explosión de mina antipersonalLos ponentes de esta iniciativa manifestaron que esta nueva decisión permitirá que la pena de prisión perpetua se aplique solo en los casos en los que se reúnan diferentes conductas que agraven la agresión sexual contra niños y niñas, pero de todas maneras la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado.Tras la aprobación del proyecto de acto legislativo, el presidente del Senado, Lidio García, expresó su agrado por el respaldo al proyecto y dijo que era una demostración para combatir la delincuencia hacia los menores de edad en Colombia: “Le dimos un garrotazo en la cabeza a todos esos asesinos. No podemos permitir que se realicen atrocidades contra nuestros niños y di mi voto con cariño, con decisión”.Igualmente, los senadores de la bancada de gobierno aplaudieron la decisión y manifestaron que “la prioridad es la protección de los niños en nuestro país”.Así mismo, la senadora María del Rosario Guerra, del Centro Democrático, expresó que “celebramos esta decisión por los niños que han sido asesinados y hay una legislación que permitirá una cadena perpetua. No más vejámenes para nuestros niños y sí prisión perpetua para quienes atenten contra los niños de Colombia”.Con la aprobación de la cadena perpetua, “el país tendrá una sanción ejemplarizante para quienes pretendan agredir y quitarle la naturaleza, la espontaneidad, la alegría a un niño, violentándolo, agrediéndolo, violándolo y, lo que es aún peor, aquellos que han llegado a esa condición ruin de asesinar a un niño”, apuntó el presidente Iván Duque al celebrar la decisión del Congreso.Entre tanto, senadores de la oposición, como Iván Cepeda, se manifestaron contrarios a la aprobación de la reforma. El legislador señaló que esta nueva medida no va a mejorar la impunidad contra los niños de Colombia. “Lamento que se haya producido esta decisión. El problema de fondo es la persecución criminal que tenemos en Colombia. Hay un 95 por ciento de impunidad de hechos contra menores y eso no lo va a corregir una condena perpetua“.A su turno, el senador del partido Cambio Radical, Rodrigo Lara, lamentó la votación e indicó que la prisión perpetua no tendrá prosperidad en nuestro sistema judicial. “Respeto la opinión de los colegas, aunque lo lamento profundamente. Este proyecto no puede prosperar en la Corte Constitucional. Esta es una norma ineficiente e inconveniente“, dijo.Según posiciones de otros penalistas contrarios a la decisión, la nueva medida no sólo es inconstitucional, si no que no protege a los menores de edad, por cuanto abre una puerta para los agresores de niñas y niñas, que ahora van a contar con una revisión de la condena que hoy no tienen, además de que es una sanción que no ofrece ninguna posibilidad de reparación para la víctima.Una vez la reforma constitucional sea promulgada por el presidente Iván Duque, es decir cuando envíe el texto modificado del artículo 34 de la Constitución Política al Diario Oficial, la norma entrará en vigencia.
La prestigiosa e influyente Corporación Excelencia de la Justicia, CEJ, también se unió al masivo y contundente apoyo que recibió desde el pasado viernes 5 de junio, cuando se conoció la muy criticada, exagerada y desproporcionada medida de la Fiscalía, contra el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, la inocencia, la honestidad y pulcritud de este mandatario durante su productiva trayectoria pública en lo corrido de este siglo como gobernante departamental y municipal.En tal sentido este centro de pensamiento coincidió con las numerosas voces de estamentos del Antioquia y del país que han solicitado a las autoridades judiciales el pleno respeto a las garantías dentro de un proceso penal a las que como todo ciudadano tiene derecho Gaviria Correa, y para que su defensa pueda ser ejercida ampliamente en beneficio de su causa y de la presunción de inocencia, lo que sin duda enaltecerá enormemente la justicia y la preservación de la institucionalidad.“Valga la pena anotar que el doctor Gaviria Correa ha manifestado su concurrencia plena ante la jurisdicción, sin evadir este llamado, lo que acredita que no representa peligro alguno para la sociedad, por lo que a la luz de este parámetro, deberá analizarse si resulta proporcional la medida de detención dictada en su contra”, expresó el comunicado emitido por la CEJ.Igualmente, consignan en el mensaje de respaldo a Gaviria C., que también resultará indispensable, y así lo esperan confiando en las instituciones, que la justicia analice, pondere y sopese juiciosamente las otras particularidades que rodean este caso, atinentes ellas, a que no fue el Gobernador quien suscribió el acto que se presume irregular, y que tal acto se configuró hace un tiempo tan superado que hace titubear en la real dimensión del perjuicio que se hubiere irrigado contra la administración pública.La Corporación Excelencia de la Justicia también recordó que Aníbal Gaviria Correa, dirigente que ha promovido el mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio de justicia en el país, precisamente fue uno de los que contribuyó a la creación de dicha Corporación, razón por la cual tienen un conocimiento personal de él como dirigente público y de quien resaltan el papel de alto reconocimiento que estaba ejerciendo en medio de la presente crisis sanitaria y económica.Incoherencia de la FiscalíaLa enfática posición de la CEJ también es similar a los conceptos expuestos por influyentes y leídos columnistas de opinión de diversos periódicos del país, que ante el grave error de la Fiscalía, en forma frentera e inmediatamente durante el pasado fin de semana criticaron la muy extraña y sospechosa decisión del ente acusador en el caso de Gaviria Correa.El investigador, profesor de la Universidad Nacional y columnista de El Espectador y la Silla Vacía, Rodrigo Uprimny, demostró la incoherencia del actual fiscal general de la Nación al recalcar que en su posesión, Barbosa anunció que no caería en la “justicia espectáculo que busca a como dé lugar medidas privativas de la libertad en todos los casos”. Pero, precisó, que la injustificada y muy publicitada detención de Aníbal Gaviria mostró lo rápido que olvidó esa promesa.El jurista, de origen conservador, Julio Enrique González Villa, hizo ver en un extenso escrito para “El Pensamiento al aire”, que el Gobernador de Antioquia por ser un aforado o estar protegido por un fuero, figura que consiste en una protección contra la persecución y la injerencia política, no es un simple juez quién lo puede juzgar, y menos ordenar su detención. Al ser aforado, el juez natural es la Corte Suprema de Justicia al tenor del artículo 235 C.N, por acusación, esta sí, del fiscal delegado ante la Corte, pero no aparece por parte alguna en el ordenamiento jurídico que ese fiscal pueda ordenar su detención.“El gobernador de Antioquia no puede nunca ser procesado por la Ley 600 del 2000 (anterior Código de Procedimiento Penal) porque no está dentro de los funcionarios que se someten a esa Ley por disposición de ella misma, lo que en su concepto es un absurdo que la Fiscalía piense que como hay algunos funcionarios que se deben investigar por dicha ley 600 del 2000 puede ordenar su detención, lo que violenta un artículo superior como es el 250 de la Constitución”.“El caso que se acaba de plasmar el viernes pasado 5 de junio del presente año, cuando la Fiscalía General de la Nación, a través del fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justica, ordenó la suspensión en el cargo del gobernador de Antioquia y su detención, como cualquier delincuente vulgar, es una flagrante violación al Estado Social de Derecho en su más sagrado derecho constitucional fundamental, el del derecho al debido proceso, y una afrenta que recibe Antioquia, altivamente, como una cachetada en la cara”, dijo en su análisis González Villa.Lea también:Trabajaremos el triple por el amor a Antioquia: SuárezEs un abuso de poderPor su parte, al abogado, profesor de las Universidades Externado y los Andes, y columnista de El Espectador y de Ámbito Jurídico, Ramiro Bejarano, se fue de lleno en contra del fiscal Francisco Barbosa y señaló que “ha incurrido en un abuso de poder que se llama prevaricato al detener al gobernador Gaviria. Si Gaviria delegó el asunto no puede ser enjuiciado penalmente, porque esa responsabilidad es individual. No hay duda, se trata de una Fiscalía perseguidora”.En un artículo para “La Línea del Medio”, el exministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, se preguntó sobre sí hay lógica jurídica en la detención preventiva del Gobernador y sobre todo al recordar, como ya lo han señalado muchos peritos, que fue el propio fiscal Barbosa quien anunció que la detención preventiva sólo debe aplicarse de manera excepcional.Reyes A. señaló que como la investigación que se sigue contra Aníbal Gaviria se rige por la Ley 600 de 2000, la directiva que restringe el uso de la detención preventiva no le es aplicable. Por eso, dijo que es difícil no preguntarse si el fiscal que la impuso hubiera podido demostrarle a un juez de control de garantías que Gaviria es un peligro para la sociedad en el sentido que lo dice la Ley 1760 de 2015, es decir porque puede cometer un delito en el futuro, obstruir la actividad probatoria de la Fiscalía o fugarse.En el anterior caso, dijo, el pronóstico es fácil de hacer porque tres lustros después de ocurrida la conducta que originó la investigación en su contra Aníbal Gaviria no ha cometido ningún delito, ni se tiene conocimiento de que haya buscado alterar pruebas o haya intentado abandonar el país para escapar de la justicia. Por el contrario, el hecho de que sea el gobernador de un importante departamento indicaría que las probabilidades de que se fugue son escasas y resulta un insumo de fácil empleo para que la Fiscalía lo controle sin detenerlo.Y fue muy directo al decir que “si la razón para privarlo de su libertad es el temor de que pueda entorpecer la recolección de pruebas en su contra, los preocupados deben ser los ciudadanos al enterarnos de que, 15 años después de ocurridos unos hechos que podrían ser delictivos, la Fiscalía va a comenzar a buscar pruebas de su comisión”, lo que deja muy parada a ese ente acusador.Marc Eichmann, en su columna de opinión dominical de Vanguadia, calificó la actuación de la Fiscalía como un “Anibalazo”, que se evidencia con la reacción que ha generado y al hecho de que no hay persona relevante que no esté indignada por el actuar de la Fiscalía independientemente de su filiación política. “Esperemos que la justicia escuche el clamor del país”, agregó el opinador, quien sobre la delegación del contrato y de lo que tanto se pega el fiscal para enjuiciar a Gaviria remató que “esa teoría nos llevaría a que no habría expresidente inocente dado que siempre hay algún subalterno que incumple con alguna minucia de la compleja ley de contratación pública en Colombia”.Respaldo sindicalY las organizaciones sindicales, que agrupan a los trabajadores y empleados del Municipio de Medellín, como Adem, Andett Medellín y Sidem levantaron su voz de protesta e inconformismo ante el desacierto de la Fiscalía al ordenar privar de la libertad del Gobernador.“Tal determinación violenta de manera flagrante todos los principios rectores de la norma procesal penal vigente en nuestro ordenamiento jurídico, tal orden se avizora como un show mediático de un fiscal, que a costa de la honra y la honorabilidad de un servidor público de las calidades de Aníbal Gaviria Correa, busca reconocimiento y popularidad ante el titular de esa cartera, fiscal de bolsillo del ejecutivo nacional, tristemente Barbosa, al igual que su antecesor Néstor Humberto Martínez, evidencian que el órgano de la persecución penal en Colombia tiene amos y se aparta de garantizar a los colombianos de bien, los principios supranacionales que irrigan el derecho penal y se convirtió en el caballo de batalla de castas políticas y gremios económicos, para la materialización de la injusticia social, la desigualdad y la corrupción.Estas tres organizaciones sindicales recalcaron que son testigos de la trayectoria política de Gaviria Correa y destacaron que como alcalde “interactuó con nosotros en la búsqueda de soluciones a las diferentes problemáticas de los servidores públicos del Municipio de Medellín, tuvimos acuerdos y desacuerdos, pero todos ellos, tratados bajo el marco del más profundo respeto y sin perder en ningún momento el principio de legalidad y la función reglada de la administración pública, pues su visión humanística, sumada al trabajo de las organizaciones sindicales y su equipo de trabajo, permitió negociar el mejor pliego de peticiones en la historia de la negociación colectiva del Municipio de Medellín”.A todas las anteriores expresiones de fraternidad de Aníbal Gaviria y de críticas a la Fiscalía también se unió el llamado G8 de las universidades: Corporación Universitaria La Sallista, Universidad EIA; CES; U. de A; U de Medellín; U. Eafit, U. Nacional de Colombia, sede Medellín y UPB que por medio de un comunicado manifestaron su solidaridad con el Gobernador.“Con gran sorpresa, e incluso dolor, las universidades del G8 recibimos la desafortunada noticia de que la Fiscalía General de la Nación, somos conocedores de la rectitud de nuestro gobernador, además del manejo pulcro, comprometido y responsable que ha llevado a cabo a lo largo de su vida y, en particular, en la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín”, expresaron las universidades.Igualmente manifestaron que el gobernador ha liderado de manera ejemplar para el país y el mundo, la situación sanitaria, social y económica generada por la pandemia del covid-19, por lo que la decisión de la Fiscalía ”se da en un momento tal, que se convierte en una amenaza superior para la estabilidad que ha logrado la región frente a esta crisis”.Y el gabinete en pleno, 36 de los principales funcionarios de la Gobernación de Antioquia entre secretarios, directores, gerentes y asesores publicaron un comunicado conjunto para manifestar su apoyo y destacar el trabajo en la carrera política del gobernador, Aníbal Gaviria, a lo largo de sus tres administraciones, dos como gobernador y una como alcalde de Medellín.En el escrito de seis puntos recalcaron: “nos comprometemos a seguir adelante con nuestra labor en beneficio de Antioquia. Como el propio Gobernador nos lo ha enseñado, el departamento tiene enormes retos, necesidades y urgencias, que no admiten ninguna distracción de parte nuestra como equipo”.El gabinete destacó que el funcionario ha sabido sortear momentos duros y difíciles como la actual coyuntura de la pandemia y solicitó a las autoridades respetar “su derecho fundamental a la defensa, a la presunción de inocencia y le permitirá demostrar, en libertad, su honestidad, de la cual no tenemos ninguna duda”.
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, suspendido de su cargo tras la medida privativa de la libertad que le impuso la Fiscalía luego de vincularlo a una investigación por supuestas irregularidades de contratación durante su gestión entre 2004 y 2007, presentará este martes ante la Corte Suprema de Justicia una solicitud de nulidad de esa decisión, desproporcionada y no ajustada a derecho, como la han calificado juristas desde distintos lugares del país.“No voy a apelar ni a reponer porque no creo que existan las garantías con la Fiscalía y especialmente con el Fiscal delegado del caso, algo que ha quedado demostrado durante todo el proceso, pero sí lo haré ante la Corte Suprema de Justicia porque sigo creyendo y creeré hasta el final en la justicia colombiana”, reiteró Gaviria Correa al señalar que ante el Supremo Tribunal expondrá junto a sus abogados las razones y las pruebas de la incoherencia de una decisión que, incluso, no cumple muchos de los requisitos que puedan sustentar una medida de esas dimensiones.Lea: Masivo y enfático apoyo a la inocencia de Aníbal GaviriaEn ese sentido, afirmó que acata y respeta las decisiones de las instituciones, y que el proceso abierto en su contra debe continuar, “al final del cual demostraré mi inocencia y la transparencia de mis actuaciones”, pero reclamó por la arbitraria y exagerada decisión que hoy lo tiene detenido en su casa.“Tengo la obligación de darle claridad al país frente a esta situación, y lo haré como siempre lo he hecho, mirando a los ojos a todos los antioqueños y a los colombianos, pero la siguiente acción jurídica la adelantaré ante la Corte Suprema en lo que tiene que ver con la nulidad de la acción de detención privativa de la libertad y ante los jueces y los tribunales adecuados en los que tiene que ver con el avance del proceso”, anotó.“Esta decisión no tiene la suficiente fundamentación jurídica, y no he sido yo únicamente quien lo dice, desde el mismo viernes cuando se conoció la medida, eminentes juristas de todo el país, de todas las regiones, han expresado lo mismo”, dijo y recordó que, durante su discurso de posesión, el mismo fiscal general -Francisco Barbosa- expresó hace apenas unos días el cuidado extremo que se debe tener para dictar una medida de esos alcances, que aseguró, “serían excepcionales en su dirección, sólo para los casos más extremos”.Sin embargo, ahora se dicta esta medida en contra de un gobernador reelegido por su buena gestión durante su primer mandato, lo que deja un enorme vacío que causa honda preocupación a todo nivel.¿Otros intereses?Sin esconder su asombro, y el dolor personal y familiar que le ha causado esta decisión de la Fiscalía que no sólo lo aparta a él del cargo para el que lo eligieron los antioqueños, sino que también afecta al departamento de Antioquia desde el punto de vista institucional, Aníbal Gaviria dijo no tener información de que otras personas u otros intereses estén detrás de esta situación, que, apuntó, espera sea más bien “un error de un funcionario o de la Fiscalía inducido por una intención mediática y que no haya ninguna otra motivación escondida u oscura”.“No tengo información de si hay otras personas o intereses que puedan estar motivando esta situación, si es una cortina de humo o tiene alguna otra intencionalidad, no lo sé, eso será parte de lo que a través del tiempo se develará”, sostuvo el suspendido gobernador al señalar que “yo me dedicaré a demostrar mi inocencia y la transparencia de mis actuaciones y la de todo el equipo que contrató y avanzó en la ejecución del contrato” objeto de investigación.“Confío en que esa justicia prevalecerá a pesar de los errores de algunos funcionarios. Siempre he confiado y seguiré confiando en la justicia colombiana, y voy buscar, y es parte de mi invitación a los colombianos, que no nos quedemos en el tema de la contratación del puente, de los diseños, de la adición, del otrosí o de las firmas, eso quedará claro en el proceso, pero lo que sí quiero es que avancemos a una discusión sobre cómo está funcionando la justicia colombiana y cómo mejorarla”, expresó señalando que “la Fiscalía enfrenta hoy condenas por dos billones de pesos precisamente por detenciones arbitrarias y demandas en curso cuyas pretensiones ascienden a 60 billones de pesos”.Fallas que, advirtió, hacen que cada vez más colombianos pierdan confianza en la justicia, lo que calificó de “gravísimo para el país”, por lo que se sostuvo en “la necesidad de que avancemos en una discusión o un acuerdo nacional para llegar a esa aplazada, postergada y necesaria reforma a la justicia”.Las obrasLos hechos motivo de investigación, y por los cuales según la Fiscalía debe responder Gaviria Correa, como representante legal del departamento en ese entonces, tienen que ver con la Troncal de la Paz, en Caucasia, y el puente La Libertad, en El Bagre, a lo que él respondió que “está probado que en la contratación y ejecución de esas obras no se perdió un solo peso, está probado que las obras se ejecutaron de forma adecuada, que están sirviendo a la comunidad, que no tienen ningún problema técnico, que incluso son construcciones ejemplares, que se hicieron bajo los presupuestos y los tiempos establecidos”, por lo que, observó, “no sé de qué corrupción están hablando”.Aseveró que “en ninguno de los temas que está imputando supuestamente la Fiscalía hay delito, ni mío, ni de quienes firmaron el contrato y quienes lo ejecutaron”.“Yo no firmé el contrato de la Troncal de la Paz, ni las adiciones, pero considero que los funcionarios que firmaron y ejecutaron los contratos lo hicieron ajustados a la ley, que ellos no cometieron ningún delito, ni siquiera una irregularidad. Y no firmé ese contrato, como tampoco muchos otros, porque eso se hizo en el ejercicio de la delegación que está amparada por la Constitución colombiana”, declaró.Explicó que la Troncal de la Paz es una de las obras más importantes que se han hecho en el Bajo Cauca antioqueño en los últimos 30 o 40 años, y el puente La Libertad, en el municipio de El Bagre, es la obra, calificada por los mismos habitantes, que partió la historia de ese municipio en dos, antes y después del puente: “Las obras están ahí, no se perdió un peso y son absolutamente ejemplares desde el punto de vista técnico, entonces por supuesto que respaldo la decisión, la contratación y la ejecución que los funcionaros delegados hicieron”, anotó.Mensaje a los colombianosAl lamentar no poder estar hoy dedicando todos sus esfuerzos a continuar en la contención de la covid-19, un reto que dijo ha sido un logro colectivo para Antioquia, por la responsabilidad y el compromiso con que se ha enfrentado por parte de todos los sectores, sociedad, empresa, Estados y autoridades, también le envió un mensaje de gratitud a todos los antioqueños y a los colombianos, e hizo una convocatoria regional para que se siga, con el mismo empeño, dando esa batalla, no sólo para contener la enfermedad sino para reactivar la economía”, que es la vida del departamento”.“A los antioqueños y a los colombianos les dirijo dos mensajes: Primero gratitud, en medio de este dolor, de la indignación que me causa una acusación sin fundamento, y que me hace estar privado de la libertad, una de las situaciones más dolorosas para cualquier ser humano, para su familia, sus amigos, sus allegados, y en este caso para los antioqueños, en medio de esto la gratitud por el apoyo, por el respaldo, por la solidaridad de miles de personas e instituciones en Antioquia y Colombia. Ha sido una avalancha que me abruma, que se convierte en un bálsamo para esta pesadilla, pero que de alguna manera me reafirma en mi convicción de servicio a los antioqueños y los colombianos. Y en segundo lugar, que pueden estar seguros de que su gobernador, Aníbal Gaviria, ha actuado limpiamente, en este caso y en todos, yo no tengo rabo de paja, y eso lo voy a demostrar. Yo tengo la conciencia tranquila y eso no me lo quita a mí nada ni nadie. Eso va a quedar claro al final de este doloroso proceso, porque voy a poder seguir mirando, como lo he hecho siempre, a los ojos a los antioqueños y a los colombianos.
Mientras que el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, recibió un fuerte, grande, colectivo e intenso respaldo a su honorabilidad e inocencia, otros sectores del país y de Antioquia expresaron un contundente desacuerdo, rechazo y calificaron de abuso de autoridad la decisión de la Fiscalía de dictar medida de aseguramiento contra el mandatario, sin que medie la intervención de un juez de la República en el caso de un funcionario de elección popular.Entre tanto, diversos abogados y expertos en Derecho reclamaron un urgente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que se restablezca en Colombia el imperio de la justicia y la democracia en el caso del gobernador de Antioquia, al tiempo que algunos de ellos consideran que habría revocatoria de la arbitraria medida.La decisión de la Fiscalía originó tanta incertidumbre, confusión y extrañeza que hasta provocó la reacción del propio presidente de la República, Iván Duque Márquez.El mandatario nacional dijo que respeta la institucionalidad, pero señaló “que he conocido y trabajado con el doctor Aníbal Gaviria durante años; le tengo un profundo respeto, reconocimiento y aprecio. Mi solidaridad con él y su familia”.También este hecho originó un comentario del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien dijo que le duele mucho la decisión sobre Aníbal Gaviria. “Me duele por Antioquia, me duele por su familia, por duele por él. Nuestros deseos que pueda superar con éxito esta dificultad”.Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fustigó duramente el proceder del ente acusador y calificó de 'show mediático' la captura contra Gaviria C.La alcaldesa no se fue por las ramas y conceptuó que “para desviar la atención de las arbitrariedades y el tape tape de la ñeñepolítica hacen el show mediático de mandar a la cárcel al gobernador Aníbal Gaviria”, afirmó Claudia López, en su cuenta de twitter.Y agregó la alcaldesa que la decisión del ente acusador es para convertir a los mandatarios locales en “el chivo expiatorio” de los abusos de la Fiscalía.“Decidieron volver a los mandatarios locales el chivo expiatorio de los fracasos del gobierno y los abusos de la fiscalía”, aseguró López.En el mismo tono de la funcionaria se expresó el penalista Santiago Trespalacio Carrasquilla, quien ha sido uno de los profesionales del Derecho que más ha criticado las actuaciones de los fiscales.Sobre este particular dijo que la “Fiscalía enmascara sus desastres con la esquizofrenia punitiva al ordenar medida contra el gobernador Gaviria”.Y dijo también que “no quepa ninguna duda respecto a que esto significa un abuso del poder punitivo y una completa salvajada jurídica”.Lea:Gaviria Correa se declara tranquilo ante decisión de la FiscalíaRespaldo a su transparenciaImportantes agremiaciones unieron sus voces de apoyo al jefe del ejecutivo seccional.Proantioquia expresó que como destacado líder del país, Gaviria Correa “ha demostrado honorabilidad y compromiso con lo público. Confiamos en la institucionalidad y en que se respetará el debido proceso y la presunción de inocencia”.Mediante un comunicado de prensa el Comité Intergremial de Antioquia, constituido por cinco cámaras de comercio y 29 gremios, apoyó al gobernador, manifestó su total solidaridad y confía en que pueda superar prontamente esta dificultad por el bien del Departamento.“Somos respetuosos de la institucionalidad del país, incluidas las decisiones de los organismos de control, de investigación y de justicia pero lamentamos que esta situación se dé en momentos en los cuales Medellín y Antioquia justamente se constituyen como modelo y ejemplo internacional en el manejo de la contención del covid-19 y en la reactivación gradual y segura de los diferentes sectores de la economía”.Además solicitaron y esperan que se brinden todas las garantías para que pueda ejercer su legítimo derecho a la defensa.“Apoyamos al Gobernador Aníbal Gaviria en estos difíciles momentos y destacamos la excelente labor que al frente de los destinos de Antioquia ha venido desempeñando”, concluyó el mensaje del Intergremial.La directora de la Cámara de Comercio, Lina Vélez, se unió a Proantioquia y al Intergremial y dijo que tiene plena certeza de la transparencia del mandatario.Es un exabrutoEl exministro Alejandro Gaviria, actual rector de la Universidad de los Andes, señaló que la detención de una persona cuando ni siquiera existe certeza de que será llamada a juicio es un exabrupto. “Yo confío en la inocencia de Aníbal Gaviria”.En el mismo sentido se manifestó el excandidato presidencial Sergio Fajardo Valderrama. “He tenido coincidencias y diferencias políticas con Aníbal Gaviria. Le tengo gran aprecio personal. Es un exabrupto sugerir que debe seguir el proceso en la cárcel. Siempre confío en que la verdad, así se demore, gana. Así será en este caso. Creo en la inocencia de Aníbal”.El profesor de Derecho, directivo de Unaula y excongresista Ramón Elejalde expresó solidaridad total con Gaviria Correa y comentó que “injusto más dolor a una familia que tanto ha sufrido. Aníbal es hombre honesto y transparente. Qué despropósito”.Entre tanto, el exgobernador de Antioquia, Eugenio Prieto Soto dijo que “conozco a Aníbal Gaviria. Es un hombre honesto, transparente. Tuve el honor de acompañarlo en una muy buena gestión y resultados de su gobierno: 'Antioquia Nueva un Hogar Para la Vida'.El excomisionado regional de Paz, Jaime Fajardo Landaeta también se unió al masivo apoyo al Gobernador y dijo que “siempre ha sido un ejemplo de transparencia y honradez y por eso creo que merece todo el apoyo de los antioqueños en estos momentos tan difíciles, convoco a brindar toda la solidaridad”.El hoy dirigente privado, Juan Camilo Quintero, dijo de frente y con seguridad que “no dudo en la honestidad de Aníbal Gaviria, un hombre que ha entregado su vida a lo público trabajando por los antioqueños. Estoy seguro que tendrá todos los argumentos para desestimar las acusaciones que se le hacen”.Igualmente se pronunció el exalcalde Alonso Salazar consideró que para seguir enfrentando la pandemia con éxito, Antioquia necesita actuando en libertad el gobernador Aníbal Gaviria.También se vincularon al fraterno respaldo el exministro y exconstituyente Antonio Yepes Parra, el senador Germán Hoyos, la representante a la Cámara Mónica Raigoza y todo su equipo dentro del Partido de la U en Antioquia. Expresaron su apoyo y su solidaridad al Gobernador y a su familia, por su coyuntura judicial actual.“Como demócratas, somos respetuosos del principio constitucional de presunción de inocencia, por ello, esperamos que nuestro Gobernador, doctor Aníbal Gaviria Correa, en un debido proceso, garantizado por nuestra justicia colombiana, en su ejercicio autónomo, logre salir avante”.Igualmente el director de Comfama, David Escobar, cree en la inocencia de Gaviria, de quien dijo es un gran líder. “Ha demostrado entereza, inteligencia y coraje durante el covid-19. Ha inspirado confianza, sumado ciencia con humanismo, sector público con privado, ha organizado bien, es un político competente y un buen ser humano, creo en su inocencia”.El Partido Liberal salió en defensa del Gobernador y su director nacional, el expresidente César Gaviria Trujillo declaró que no comprende el auto de detención de la Fiscalía pues el gobernador no es una amenaza para el país.
El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, aseguró que “con total tranquilidad” seguirá entregando a la Fiscalía las explicaciones que se requieran en un tema que fue promovido por sus contradictores en la pasada campaña electoral y frente al cual tiene absoluta serenidad, luego de que el organismo impusiera medida de aseguramiento privativa de la libertad en su contra por presuntas irregularidades de contratación durante su Administración entre 2004 y 2007.El gobernador Gaviria Correa expresó que “la Fiscalía tiene en su poder los documentos que acreditan que no tuve ninguna participación en el contrato objeto de investigación, con lo cual espero que esta investigación termine prontamente a mi favor”.Según el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que resolvió la situaciónjurídica del gobernador de Antioquia, en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó1.500 millones de pesos de más para el contratista. Y considera que esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia.“Como lo he hecho durante toda mi vida pública, aseguró Gaviria Correa, responderé por mis actuaciones y, como ha ocurrido siempre, demostraré la transparencia de mis actuaciones”.Al reiterar que “con total serenidad” entregará siempre las explicaciones que requiera la Fiscalía, el gobernador agregó que “la principal preocupación que tengo en este momento es atender la contingencia que enfrentamos por el covid-19, pues la vida ha sido y seguirá siendo nuestra obsesión”.La decisión de la Fiscalía fue comunicada este viernes al presidente de la República para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo.Según la Fiscalía, los elementos recopilados en el proceso indican que Aníbal Gaviria Correa, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.Además, explica el fiscal, se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión, dice, generóque el contratista invirtiera más de 10.000 millones de pesos en maquinaria y equipos.La investigación, reveló el fiscal, evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública. Una, representócerca de 4.000 millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otrosí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contemplóla construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia).Sostiene el fiscal que este último asunto, que comprometió más de 16.000 millones de pesos, debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original.Para la Fiscalía, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación.
La Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría emprendieron acciones contra la corrupción que se viene presentando en el país a través de las contrataciones para atender la emergencia sanitaria que se vive por la covid-19.Este viernes, los tres entes de control realizaron una rueda de prensa conjunta, en la que dieron a conocer las primeras decisiones que se tomaron frente a estas irregularidades presentadas en varios departamentos del país y que dejaron varios procesos abiertos.“Gracias a trabajo conjunto de Fiscalía, Procuraduría y Contraloría hemos evitado que un cúmulo de recursos puedan ser desviados”, afirmó el fiscal General, Francisco Barbosa, sobre los resultados de esta estrategia a la que llamaron “Transparencia por la Emergencia”.Procesos preventivosLa Procuraduría General de la Nación informó que, desde el 23 de marzo cuando se dio la declaratoria de emergencia sanitaria, ha priorizado 1.286 casos relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de recursos destinados a las ayudas humanitarias, para atender la emergencia derivada del covid-19, para ayudar en temas de salud, como la deuda con la red pública hospitalaria, que supera los $5,4 billones, o para proveer equipos de bioseguridad que protejan a los hombres y mujeres que hacen frente en la primera línea a esta pandemia.De esos 1.286 casos priorizados, la Procuraduría inició 990 procesos preventivos, que incluyeron, entre otras acciones, vigilancia a la contratación. Simultáneamente, abrió 296 registros, de los cuales en 123 se inició proceso disciplinario y en cada uno de ellos ya se ha tomado alguna decisión. Otros 132 se encuentran en etapa preliminar y 41 fueron archivados.Así mismo, se iniciaron 24 expedientes por contratación en catorce gobernaciones y 70 procesos en 55 alcaldías, también se revisan contratos que vinculan 24 entidades del orden nacional y territorial.Por presuntas irregularidades en la contratación se adelantan 40 procesos, 28 de ellos por sobrecostos en la adquisición de mercados, seis por sobrecostos en adquisición de elementos de protección, nueve por trasgresión del aislamiento obligatorio, tres por vulneración de derechos de la población carcelaria con ocasión de la pandemia, dos por extralimitación de funciones de servidores públicos y 34 por otros hechos.Citaciones a audiencia por juzgamiento disciplinarioPor primera vez en la historia, la Procuraduría citó a audiencia de juzgamiento disciplinario, mediante el procedimiento verbal en estado de excepción, a un funcionario. Se trata de la alcaldesa de El Socorro (Santander), Claudia Luz Alba Porras Rodríguez, por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos por más de $325 millones. De acuerdo con lo establecido en la Ley 137 de 1994, este es un procedimiento rápido que podría tomar días.También se investiga un aparente sobrecosto en un primer contrato por $200 millones para la entrega de mercados a 2.000 familias del municipio y aparentes irregularidades en un segundo contrato, celebrado con la esposa del primer contratista, por más de $125 millones para el apoyo a la atención del adulto mayor vulnerable en la modalidad Centro Vida, a través de la Corporación Rayos de Esperanza, creada 30 días antes de la celebración del contrato.Igualmente fue citado a audiencia de juzgamiento disciplinario el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por presuntas irregularidades en el contrato para la realización de eventos y actividades artísticas en el municipio de San José de Cravo Norte por $570 millones, que fue suscrito el 14 de abril de 2020, sin que, al parecer, se hubiera tenido en cuenta la emergencia sanitaria por el covid-19.Al gobernador se le reprocha además la presunta violación al principio de planeación y de transparencia, que comporta el deber de selección objetiva y de responsabilidad de la contratación estatal.Este gobernador enfrenta otro proceso, por el cual se abrió investigación y se vinculó a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna; de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea; al gerente de Contratación, Heivind Palomino Gutiérrez, y al profesional universitario coordinador de gestión del riesgo del departamento, Edwar Enrique Portillo, por presuntos sobrecostos en la contratación de paquetes alimentarios para 33.437 familias del departamento por $4.463.379.180.Lea también:5.000 internos serán excarcelados tras decreto del Gobierno NacionalEl alcalde de Guaduas (Cundinamarca), Germán Herrera, fue llamado a juicio disciplinario por presuntos sobrecostos en dos contratos, por $560 millones, para el suministro de mercados y elementos de aseo, presunta falta de idoneidad del contratista y productos incompletos o sin el gramaje completo.Apertura de investigacionesOtra de las decisiones que tomaron los organismos de control fue la de abrir investigación al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, a quien se le ordenó suspensión por tres meses y se solicitó la suspensión del contrato 0198 de 2020, por más de $2.000 millones, al advertir que “resulta altamente inconveniente que ante la pandemia producida por el covid-19, los recursos del Estado no estén dirigidos a garantizar los derechos fundamentales a la salud, a la vida de las personas que pudieran resultar contagiadas y del personal médico y de enfermería que tendría que atender a los pacientes”.Además se investiga supuestas faltas disciplinarias relacionadas con la celebración del contrato con la Fundación Chocó Saludable, donde el contratista debía adelantar actividades relacionadas con ciclos educativos, en sesiones de dos horas, sobre temas como: limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado y salud mental, lactancia materna, sexualidad, gestante, higiene respiratoria en el trabajo, prevención de enfermedades respiratorias agudas y tuberculosis, todas enfocadas en el coronavirus.La Procuraduría advirtió un supuesto desconocimiento de los principios de la contratación estatal, teniendo en cuenta que la mayoría de las actividades a desarrollar en el objeto del contrato no son imperiosas ni podrían ser consideradas como un aporte significativo a la mitigación de la pandemia por el covid-19, máxime si se tiene en cuenta que existen necesidades urgentes y prioritarias como el pago de salarios, y la dotación de elementos de bioseguridad para el personal médico y de enfermería que tendría que atender a las personas que resulten infectadas con el coronavirus.También se abrió investigación disciplinaria al alcalde de La Palma (Cundinamarca), John Jairo Pulido Pulgarín, por presuntas anomalías contractuales relacionadas con posibles sobrecostos e irregularidades en la selección de contratistas para la firma de un convenio por $65 millones, para la entrega de productos básicos a las familias más vulnerables del municipio.En este proceso, el material probatorio, en su gran mayoría, fue recopilado con ayuda de los ciudadanos y en menos de 15 días la indagación dio curso a una investigación disciplinaria.Para el caso del alcalde de Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balsero Contreras, y el Secretario Administrativo del municipio, José Garzón, se ordenó la apertura de investigación y la suspensión del cargo por tres meses por presuntas irregularidades con contrato de suministro No. 007 de 2020 por $396.951.000.Igualmente se investigan la queja presentada por el representante legal de la empresa Inversiones Echeverry S.A.S., propietario del establecimiento de comercio Supermercado El Progreso, quien desconoce su firma en la suscripción del contrato que fue publicado en la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - Secop I.A la investigación también fueron vinculados el subsecretario Administrativo de Calarcá, Gesner Arneth Rengifo Arias; la jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Laura Estefanía Arenas Arias, y la secretaria de Servicios Sociales y Salud, Natalia Vannesa Castillo Martínez.En el caso de la alcaldía de Armenia se abrió indagación por un contrato por $300 millones, con la empresa Guitarra & Coffee, para el suministro de servicios logísticos, operativos, asistenciales y de restaurante para el personal administrativo, fuerza pública, organismos de control o voluntariado, que apoyan la gestión del municipio para atender la emergencia generada por el covid-19. El contrato fue suspendido por petición de la Procuraduría.Para la Procuraduría este contrato podría constituir un quebrantamiento de los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal.Recopilación de pruebasLa Procuraduría detalló que en los casos de las alcaldías de Malambo y Soledad, en el Atlántico, y las gobernaciones de Cesar y Tolima, así como en otros once procesos más, avanza la indagación preliminar para evaluación sobre posible juicio disciplinario o la apertura de investigaciones disciplinarias.También puede leer:Marzo, el mes de menor violencia de la historia reciente de MedellínEn este momento un equipo de investigadores del programa “Transparencia por la emergencia”, de la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, se encuentra en la sede de la Gobernación de Tolima recopilando pruebas determinantes para decidir en los próximos días si se convoca a audiencia de juzgamiento disciplinario.Al gobernador de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, se le vinculó formalmente a una indagación preliminar por presuntas irregularidades en la vigilancia de la delegación que hizo en la secretaria General del departamento, Lorena Paola Hernández Dangón, para suscribir 37 contratos, por más de $14.065 millones, para la adquisición de 88.700 kits de mercados, abarrotes y tarjetas o bonos para redimir en establecimientos de comercio.Este proceso tiene origen en el expediente que se abrió por presuntas irregularidades y malos manejos en la contratación y uso de recursos destinados por la gobernación del Cesar para atender necesidades de la población. En este caso se están revisando 37 contratos y dos adiciones.Así mismo, se indaga a los diputados Raúl Romero Rodríguez y Petra Romero, por presunta participación en política en la entrega de ayudas alimenticias en el departamento, posible extralimitación de funciones y quebrantamiento de las medidas de la cuarentena.Por el caso de los subsidios Ingreso Solidario se adelanta un proceso preventivo y otro disciplinario, en el que se evalúa si se presentaron irregularidades en la planeación y ejecución que hubieran podido causar un detrimento en el monto de las ayudas.Frente a las denuncias sobre presuntas irregularidades y sobrecostos en la entrega de un millón de mercados por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, la Procuraduría abrió indagación preliminar en contra de su director, Eduardo José González, y funcionarios por establecer de la Ungr.Vigilancia de las medidas de emergenciaEn el marco de las nuevas facultades que le permiten a la Contraloría General de la República ejercer el llamado control concomitante y preventivo, el contralor Carlos Felipe Córdoba ordenó realizar, en tiempo real y oportuno, seguimiento permanente a las medidas que adoptó el Gobierno al decretar el estado de emergencia económica y social a nivel nacional para contener el contagio de la covid-19.El jefe del organismo de control autorizó activar todos los mecanismos de seguimiento al recurso público, dispuestos en el Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, por el cual se dictaron “normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”.Esto con miras a la obtención de información y la vigilancia de la gestión fiscal relacionada con las medidas de mitigación de riesgo y contención del virus covid-19, y demás políticas, proyectos o actividades tendientes a conjurar la crisis sanitaria y la emergencia económica y social a nivel nacional, y solventar las necesidades relacionadas con esta pandemia.El objetivo es observar a los sujetos de control mientras estos realizan sus procesos o toman sus decisiones, sin que la Contraloría General de la República pueda interferir en aquellos o tener injerencia en estas.El Contralor General determinó que el vicecontralor General y la contralora Delegada para el Sector Salud, dirigirán la articulación y coordinación de los mecanismos de seguimiento permanente al recurso público y a la gestión fiscal destinada a la contención de emergencia relacionada con el coronavirus.