Los intentos para que los municipios certificados de Antioquia se comprometan con aportes a la base presupuestal de la Universidad de Antioquia no han prosperado. La Ley 30 de 1992, de manera indirecta, dejó como responsables del financiamiento de la Alma Mater a la nación y al Departamento de Antioquia. No existe algún mecanismo legal que obligue a los municipios certificados de Antioquia a destinar cada año un aporte de recursos para apoyar a la UdeA en el desarrollo de su misión.

Colegas de la UdeA, que en el pasado han tenido responsabilidad en el manejo del Municipio de Medellin, confiesan que el argumento que siempre se ha esgrimido, para la no financiación directa de la Universidad de Antioquia, por parte de la Alcaldía de Medellín, es que la obligación de la financiación de la universidad pública es de la nación y no de los entes territoriales. Tal vez esto es lo que ha llevado a que algunas universidades departamentales con el tiempo se hayan nacionalizado como es el caso de la Universidad del Cauca.

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De alguna manera la anterior lógica fue la que llevó al Gobierno Nacional a no suscribir compromiso presupuestal alguno con la creación de la Institución Universitaria Digital de Antioquia, con lo que fue el Departamento de Antioquia el que al final aporta todos los recursos para el funcionamiento de esta nueva Institución. Según la Ley 30 la nación no queda obligada a transferir recursos a la base presupuestal a la IUDigital.

¿Tiene sentido estas lógicas de no compromiso con la financiación de las universidades públicas cuando los recursos en juego son públicos y no pertenecen a particulares? Cualquier bachiller de Colombia puede aspirar a ingresar a la universidad pública de su predilección, independiente de donde esté geográficamente ubicada. No se requiere ser antioqueño para ingresar a la Universidad de Antioquia y hay miles de jóvenes de Medellin que cursan estudios universitarios en la Universidad Nacional de Colombia. Entonces: ¿De donde viene la línea roja que alcaldes y gobernadores han establecido para no comprometer recursos en la base presupuestal de las universidades públicas?

Hoy se abre una ventana para que los entes territoriales certificados se comprometan con aportes indirectos a las universidades públicas, a través de un mecanismo de subsidio a la demanda, que entrega el costo de la matrícula a las universidades púbicas, atendiendo al número de estudiantes que están registrados como activos. No es una solución que resuelva la financiación de las universidades públicas pero es un primer avance. Se esperaría que esta decisión de comprometer recursos de los entes territoriales certificados de Antioquia (Gobernación, alcaldía de Medellin, Bello, Envigado, Itagui, Sabaneta) por valor de $53.332’146.285 se mantenga en el tiempo y se constituya en política pública.

A pesar de que la medida es importante y traerá un alivio a las familias de estos jóvenes, no es una solución que permita superar la crisis financiera en la que se encuentran las IES públicas de Antioquia producto de los efectos de la pandemia sobre su sistema de recaudo de recursos por gestión propia.

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En el caso de la Universidad de Antioquia con una expectativa de presupuesto para el 2020 de 1,238 billones de pesos, presupuestaba recoger por ingreso de matrícula en pregrado lo correspondiente al 2.3% de su presupuesto total. Los ingresos que los entes territoriales certificados le haria a la UdeA corresponden al 0.93% de su presupuesto para el año 2020.

Los alcaldes del área metropolitana deberían demostrar su voluntad política con las IES públicas que reciben a sus jóvenes en sus claustros universitarios, revisando sus planes de desarrollo y comprometiendo partidas económicas que hagan base presupuestal en las universidades públicas. Tener un vigoroso sistema universitario público tiene un gran impacto en los diferentes subsistemas económicos, tecnológicos, empresarias, innovación, bienestar, cultura, entre otros, que directamente repercute en la competitividad del área metropolitana generando nuevos ingresos a través de rentas e impuestos producto del fortalecimiento del sistema empresarial y social.