La decisión adoptada por el alcalde de Medellin, Daniel Quintero, de aportar los recursos (más de 20.000 millones de pesos) para que los (y las) estudiantes de las universidades públicas, que están bajo la responsabilidad del ente territorial (ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor de Antioquia),  no tengan que pagar el valor de la matrícula, está en la dirección correcta. Con esta decisión 24.000 familias recibirán, de manera indirecta, un subsidio para apoyar la educación de sus hijos.

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Pero el alcalde fue más allá, en el anuncio que hizo el 6 de julio, mencionó que se trataba de una política pública que llega para quedarse y que su logro es un triunfo del movimiento estudiantil. Ahora la presión de los estudiantes se dirige a la Gobernación de Antioquia, con el fin de que este ente territorial responda de la misma manera a como lo hizo la Alcaldía de Medellín. Recordemos que las universidades públicas departamentales son la Universidad de Antioquia, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y el Tecnológico de Antioquia.

Algunos dirigentes estudiantiles argumentan que los recursos para implementar la matrícula cero en las universidades públicas deben ser aportados por el Gobierno Nacional y no por los entes territoriales (alcaldias y gobernaciones). Desde mi punto de vista tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos locales tienen la responsabilidad de apoyar los esfuerzos que hacen las universidades públicas para brindar cobertura en educación superior y además desarrollar un sistema vigoroso de ciencia y tecnología en beneficio de la sociedad.

Esta versión de Ser Pilo Paga, en el contexto de las universidades públicas, muestra el uso eficiente de los recursos públicos representado en la cantidad de estudiantes que se benefician en el pago de sus matrículas, lo que también repercute en promover la retención y promoción de los estudiantes en las Instituciones de Educación Superior.

La duración de la crisis y los estragos de la pandemia en la economía, en el empleo de los ciudadanos y en el deterioro del bienestar social, permite ver que la decisión de implementar la matrícula cero en el contexto de la educación superior pública es una medida correcta. Queda el desafío de convertir el programa matrícula cero en política pública para que se mantenga en el tiempo, incluso superada la crisis ocasionada por la pandemia.

De lograrse lo anterior, las universidades públicas deberan revisar la liquidación que hace de las matrículas de sus estudiantes, con el fin de que los entes territoriales y el gobierno nacional hagan las transferencias de recursos atendiendo a los costos reales. Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Antioquia, esta IES en las dos últimas décadas viene haciendo esfuerzos financieros para que cerca de 18.000 estudiantes que se identifica en estratos 1 y 2 no paguen matrícula.

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El tema de la gratuidad de la educación en la Universidad de Antioquia no es nuevo. A comienzos de la década de los 70, el Consejo Directivo de la IES determinó otorgar exención en el pago de matrícula a los maestros oficiales que ingresaran a algún programa de la Facultad de Educación; esta gratuidad se sustentó en la importancia de dar un estímulo a los educadores y promover la formación universitaria y posgraduada de los maestros del magisterio antioqueño y nacional. En el año 2006 el Consejo Superior, después de establecer un diálogo con los entes territoriales (municipios certificados de Antioquia y Gobernación) y comprometerlos con la creación de becas para esta población decidió derogar la norma que permitía las exenciones en el pago de la matrícula para los maestros.

En la actualidad el Municipio de Medellín cuenta con instituciones como una agencia de educación superior como Sapiencia y además las secretarias de educación certificadas han establecido como políticas públicas convocatorias de becas para maestros en ejercicio. Lo importante para el ciudadano es que la subvención o exención del pago de matrícula se mantiene, solo que la entidad que la proporciona cambia.