Hoy, día de mi última columna, porque Fundamundo ha difundido la triste noticia de que suspenderá parcialmente su actividad, lo que en buen castellano significa que el país se quedará sin el periódico EL MUNDO, quisiera referirme a dos acontecimientos: uno, la probable detención y encarcelamiento del expresidente Uribe y, dos, lo que significa la desaparición de este medio para la democracia colombiana.Lea también: El odioLa sala de cinco miembros que definirá el próximo futuro judicial del expresidente, debe pronunciarse en estos días. Según Vicky Dávila, en www.semana.com, se está discutiendo si le ordenan detención intramural o domiciliaria; dos magistrados están por la orden de captura, dos en contra y un indeciso. Si no hay mayoría de cuatro, se recurrirá a conjueces.La periodista Dávila plantea que, si logran encarcelarlo, le lloverán a Uribe todos los procesos que le han acumulado, para condenarlo por muchos años. Triunfo, dice, de las Farc y Santos. Triunfo, digo yo, de toda la izquierda y los progres de este país, que lo odian porque arrinconó a la subversión, a la que derrotó militarmente; pero también de los paramilitares, porque tuvo el valor se extraditarlos cuando continuaron narcotraficando.Dicen filósofos e investigadores en ciencia política, como Axel Kaiser, que, desde hace muchos años, la izquierda permeó las facultades de humanidades, de educación, de comunicación y de derecho en Occidente, lo que ha llevado a una continua institucionalización del pensamiento único revolucionario y/o progre en todos estos países.En Colombia, ese proceso comenzó, según mi hipótesis, en los episodios del 8 y 9 de mayo de 1957, cuando la dictadura de Rojas Pinilla disparó contra los estudiantes universitarios, y no ha cesado desde entonces, llegando, incluso, a las universidades privadas. El resultado es que la ideología mayoritaria en el poder judicial es de esas corrientes, incluyendo las altas cortes. Si a eso se suma el hecho de que la CSJ tiene contra Uribe una pelea casada desde su gobierno, y que está demostrado que sus magistrados han llegado a votar no en derecho sino en política, la probabilidad de que encarcelen al expresidente es alta, incluso si nombran conjueces.La maniobra se realiza luego de largos años de una campaña de cerco y derribo contra Uribe, con la avalancha de acusaciones, fake news, insultos, etc., de parte de la mayoría de los partidos de izquierda, y de periodistas e intelectuales fletados, que ven que, en la pandemia, la noticia de que el encarcelamiento de Uribe probablemente no tendrá respuestas masivas en su apoyo. Esa parte de opinión pública, compuesta en buena cantidad por jóvenes que no les tocó vivir la violencia de guerrillas y paramilitares y su derrota, y que han sido, muchos de ellos educados por maestros de izquierda que hacen del odio a Uribe una confesión de fe, no tiene cómo evaluar sus aportes al país.En estas circunstancias, sus estrategas calculan que tiene aislado a su principal obstáculo para la toma del poder en 2022 y que el camino para conquistarlo es expedito. Si triunfasen, sería un golpe demoledor para la democracia colombiana, porque significaría la introducción del modelo venezolano de dictadura feroz y corrupta. Pero nuestros ciudadanos han resistido otros embates, como el triunfo del no en el plebiscito, a pesar de la mayúscula campaña de desinformación que realizaron Santos y Las Farc; o el triunfo de Duque en el 2018, contra los candidatos del santismo. Nada está escrito, salvo que el juicio y la posible detención del expresidente, generará mayor inestabilidad en el país y que el camino al poder de esos grupos no es como soplar y hacer botellas.Le puede interesar: Que investiguen a todos y a todoAhora, el segundo punto. EL MUNDO conformó una comunidad de opinión abigarrada con tendencias de todo tipo en el espectro político, desde la izquierda, pasando por el centro, hasta la derecha.Yo, que he sido su colaborador desde el ya lejano 2002, puedo dar fe de que jamás me pidieron que rectificara una sola coma en mis columnas dominicales –más de 750- . Nunca, ni el ingeniero Guillermo Gaviria, ni su hija Irene, ni su actual directora, Luz María Tobón, los tres directores con los que tuve que tratar, me hicieron insinuación alguna en ese sentido.De hecho, si uno revisaba los artículos que publicaban, hallaba siempre columnas divergentes sobre temas de política colombiana o del exterior. Y esa característica hacía de EL MUNDO un medio extraordinariamente raro y valioso en un entorno en el que la libertad de opinar y la objetividad a la hora de suministrar la información, se restringen cada vez más en el país, por parte de los algunos dueños de los grandes periódicos y noticieros de televisión, que están imponiendo la opinión “políticamente correcta” y la noticia autocensurada para no herir las sensibilidades de un puñado de “intelectuales “progres”, tuiteros (y otras redes) y las organizaciones políticas que están detrás de ellas.Sólo un ejemplo, entre muchos que podría citar. La línea editorial de EL MUNDO, en el momento en el que casi todos los medios eran santistas, en virtud de la mermelada, fue ponderada y equilibrada; tuvo la osadía de criticar las negociaciones en La Habana. Por ejemplo, defendió el punto de vista de que las víctimas de las Farc debían ser reconocidas y no ocultadas, cuando los demás aplaudían el esquema de Santos - Farc, que implicaba precisamente pasar por encima de ellas; y estuvo en contra del acuerdo final porque excluía al congreso de las decisiones.Tener esa actitud habla bien del periodismo que ejercieron los dueños del Periódico porque reivindicó el derecho a disentir en épocas del unanimismo mercenario de una prensa que piensa más en la manera cómo evolucionan las acciones y los procesos judiciales de sus propietarios, banqueros ellos o dueños de conglomerados internacionales de medios de comunicación, que en la objetividad e imparcialidad. A la manera de Bezos, dueño de Amazon y propietario del Washington Post, o de los fondos de inversión y de la familia Ochs-Sulzberger, dueños del New York Times. O del Grupo Prisa Noticias; dueño de El País; de Prisa Radio; Santillana; Prisa TV y sus filiales Cadena SER, Prisa TV, Pisa Radio, Caracol Radio, que es propiedad del Liberty Acquisitions holding, cuyo dueño es Nicolas Berggruen, creador del El 21st Century Council, un think tank progresista. Todo mundo sabe que Prisa en España es cercano al PSOE, en el gobierno ahora con los extremistas de Podemos, que defienden la dictadura venezolana.Que los directores de los medios tengan su propia opinión, es perfectamente plausible, siempre y cuando no esté ligada a los intereses económicos de sus propietarios y permitan la libre expresión de los puntos de vista distintos que se producen en una sociedad compleja. Y que no acomoden la información a la visión única que pretenden imponer desde la sociedad y los partidos, grupos de la sociedad civil, que hacen de sus reivindicaciones la norma social; y de las bodegas, los usuarios de las redes sociales, que saben que son clientes de los propietarios de esas redes y, por tanto, pueden imponerles el contenido “admisible”. Por eso, porque EL MUNDO no practicó esas felonías, fue un faro en la defensa de la democracia. Mil gracias al ingeniero Guillermo Gaviria (Q.E.P.D), a Irene Gaviria y a Luz María Tobón por haberme permitido el honor de escribir en sus páginas.
La verdad, decía Aristóteles, es decir de lo que es, que es; y de lo que no es, que no es. Esa en última instancia es la definición de verdad objetiva. Otros han puesto en duda ese concepto, postulando que la verdad es un acuerdo, por lo menos en las comunidades científicas, porque lo que es verdadero es lo que una comunidad de ese tipo, en un campo del saber, determina como verdadero. Por ejemplo, la física clásica consideraba el tiempo como absoluto, mientras que en la física de Einstein es relativo al movimiento. Es decir, las teorías científicas pueden ser refutadas y sustituidas por otras. Pero, tanto el procedimiento de refutación como el de verificación dependen de la observación de hechos que nadie pone en duda.Lea también: Entre la verdad y la intromisiónLo contrario a la verdad es la falsedad. Así mismo, la mentira es afirmar una falsedad como verdad a sabiendas de que no lo es; de lo que se sigue que mentir es engañar. Las mentiras forman parte de la práctica social humana. Las hay de todo tipo, por ejemplo, las piadosas, esas que se dicen para no agravar un dolor físico o sicológico de alguien; o las infames, que buscan engañar a otro con el propósito deliberado de manipularlo.Desde el punto de vista de la pragmática lingüística, que estudia la manera como se produce la comunicación y la forma como se interpreta ésta en un contexto determinado, toda información que da un sujeto a otro presupone la verdad, porque de lo contrario sería imposible determinar si lo que dice corresponde a los hechos o no. Si no fuese así, sería imposible el conocimiento.Pues bien, en política, la mentira, la falsedad deliberada se usa para engañar a una persona, un grupo o a la sociedad entera. Quien miente, falsea los hechos para cubrir sus próximas acciones o para justificar las pasadas, o ambas.En una situación como la de la negociación con las Farc, la exigencia de la verdad debía estar ligada al resarcimiento –parcial, porque nunca podrá ser total – de las víctimas, a la admisión ante la sociedad de que se cometieron delitos imperdonables. Y como una garantía –parcial- de no repetición. Parcial, porque alguien puede decir la verdad y volver a delinquir. No obstante, la admisión de la verdad hace que sea más difícil el crimen porque la sociedad queda advertida de lo que fue capaz de hacer un delincuente o una organización delictiva que está en proceso de reinserción.Por eso es tan grave que las Farc mientan a pesar de que se comprometieron a decir la verdad:La senadora Ramírez, del Partido Farc, dijo que la guerrilla no había hecho reclutamiento forzado de niños; que todos los que allí habían estado, lo habían hecho por voluntad propia.“Según un informe del Observatorio de Memoria y Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica 17.778 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados y utilizados por los grupos armados legales e ilegales. El 25,89% corresponde a niñas y adolescentes mujeres, mientras que el 71,27% a niños y adolescentes hombres. El OMC estableció, además, que de ese total 4.857 pertenecieron a las guerrillas y 1.581 a los paramilitares” Y para el colmo, convertían a las niñas en esclavas sexuales (https://centrodememoriahistorica.gov.co/tag/corporacion-rosa-blanca/).Dijeron, además, que los abortos eran voluntarios: La senadora Victoria Sandino dijo que “El aborto fue una práctica que, en las condiciones que estábamos, tuvimos que vivir. Más que el aborto era la decisión de la madre de tener o no a sus hijos. Si los tenía, la mayoría de las veces tenía que irse, porque o se iba con su hijo a tenerlo, o tenía que dejarlo por fuera después de que naciera, porque en las condiciones de la guerra era imposible tenerlo. Entre las reglas era obligatorio planificar” (https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/victoria-sandino-habla-de-los-abortos-en-las-farc-102740).Todo el tiempo han defendido que no tuvieron secuestrados, sino retenidos. La palabra “retenido” busca esconder la verdad de la crueldad e ilegalidad del acto de tomar a un civil por la fuerza, meterlo, llevarlo a un agujero y someterlo a toda clase de vejaciones, sin que haya cometido un crimen, ni haya sido sometido a juicio por un tribunal de justicia. Y no se trató de una práctica en baja escala. Sólo entre entre 1970 – 2010 se considera que fue el presunto autor de 9.447 secuestros y autor confirmado en 3.325 (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Peor, aun, de este número, se considera que asesinó a más de 500 (https://es.panampost.com/felipe-fernandez/2019/09/24/farc-muerte-500-secuestrados/).Ahora bien, lo que sí es inaceptable es que la JEP hable de “retenidos” y no de secuestrados. Ese esguince a la verdad en el lenguaje es atroz, tratándose de un organismo que se supone, contribuye a la reparación en el conflicto.Estos son apenas unos ejemplos, pero, la realidad es que la mentira como arma política está de moda en Colombia. Es el arma predilecta de la izquierda radical para ocultar los crímenes propios, pero también para desacreditar a los oponentes. Individuos de la extrema derecha, hacen lo mismo, incluso con dirigentes de derecha que no comulgan con sus métodos, ni sus ideas exaltadas. Las redes son usadas masivamente para calumniar.Le puede interesar: Para verdades, el tiempoLa saturación de infundios hace que se vuelva normal falsear los hechos, pero, no lo es, en manera alguna. La mentira, el engaño, la calumnia, pueden llevar al país a la encrucijada en la que populistas de izquierda o de derecha acaben con nuestra ya maltratada democracia. Comenzando porque hay unos que se llaman decentes que hacen de la indecencia un estilo de vida, o nos convocan a la hora de la verdad para escuchar sus diatribas sustentadas en la retórica de la pasión irreflexiva.
Parodiando al Manifiesto Comunista, el fantasma fanatismo “progresista” recorre el mundo. Al contrario de lo que sus abanderados progres piensan, causas como la lucha contra el racismo no son patrimonio de Black Live Matters, BLM y Antifa. Cualquier persona decente en Estados Unidos y en la tierra toda, rechaza ese despreciable atavismo. La discriminación racial es intolerable. La discrepancia comienza con los métodos con los que se combate.Lea también: Para superar la moral del temor, un líderEl uso de la violencia, impulsado por esas dos organizaciones que con una mirada marxista –“Somos marxistas entrenadas” dice Patrisse Cullors, fundadora de BLM (https://www.youtube.com/watch?v=HgEUbSzOTZ8&feature=emb_title)- para, a partir de la lucha contra esa práctica deleznable, destruir la democracia liberal norteamericana ejerciendo la violencia, invocando una mixtura que conjuga la lucha contra racismo blanco, con el combate al patriarcado, la familia tradicional y, en suma, la herencia cultural de esa sociedad, adobado en el fuego de la lucha contra el capitalismo. Todo en un paquete: para ser políticamente correcto, además de ser antirracista blanco, se debe ser anticapitalista, es decir, ha de ser socialista; además, feminista, en la concepción que esos grupos tienen de esta causa; defensor de los derechos de la comunidad LGTBI, a la manera como ellos lo plantean y promotor del fin de la familia tradicional, y como la ciruela del pastel, promotor de la violencia contra el establecimiento.El fanatismo progresista, igual que el fascista y el religioso, practica el pensamiento único sobre estos asuntos: una sola manera de expresarse contra el racismo: la violencia y el desmonte de la policía, no su transformación.Una sólo forma de entender el feminismo: el desprecio total a los valores masculinos; una única forma de entender la cultura occidental: la encarnación de la dominación capitalista, patriarcal, europea, blanca y excluyente. Una manera de entender la familia tradicional: esta es fuente del patriarcado, negación de los derechos de las minorías, y en consecuencia, la necesidad de destruirla, al mejor estilo del Manifiesto Comunista (https://blacklivesmatter.com/what-we-believe/).El trasfondo filosófico de la filosofía del multiculturalismo que profesan les impide aceptar que la democracia liberal se fundamenta en la universalidad de los derechos humanos. La trayectoria histórica de la democracia liberal es la historia de la progresiva inclusión: así lo prueban, primero, el voto de los propietarios; luego el voto universal de los hombres; después el voto de las mujeres y las reivindicaciones propias de ellas, como la lucha por igual pago a igual trabajo, la liberación del trabajo doméstico no pago y la libertad de optar por las opciones de vida en el campo político o y/o sexual que les parezcan pertinente.En efecto, es cierto que la sociedad Occidental ha sido patriarcal y que los blancos dominaron la cultura, practicaron el machismo y el racismo. Y que el capitalismo es una invención de esta cultura. Pero el desarrollo propio de las libertades y derechos individuales que la ha guiado, le ha permitido parir las doctrinas y los movimientos que los han o están sepultando.Y qué decir de la libertad de opinión, organización y ejercicio política, entre otras libertades: BLM, Antifa y las organizaciones de izquierda radical en el mundo, incluida Colombia, pueden realizar su proselitismo y llevar a cabo sus movilizaciones y hacer políticas abierta, porque el Estado liberal da garantías para ello. Súmesele el reconocimiento de este, de los derechos sociales y económicos; los derechos de las minoría étnicas y culturales, y sexuales; los derechos medioambientales, y así sucesivamente.Los marxistas de BLM saben a ciencia cierta que eso no ocurría en la Unión Soviética, en la que ser homosexual era un delito, profesar una creencia religiosa o ideológica distinta a la oficial era un delito; y que no sucede en Venezuela y Cuba, a las que admiran, en las que disentir es un crimen. Allí, no podrían derribar las estatuas de Washington o Lincoln, ni la de Cristóbal Colón –de paso, preparémonos para cambiarle el nombre a Colombia- que no tuvo nada que ver con el esclavismo, pero cuyo crimen consistió, según los fanáticos, en abrir el continente a los europeos que trajeron dominación y a sus prácticas depredadoras y esclavistas –gracias, entre otras cosas, a que muchos gobernantes africanos se lucraron de esa actividad y la practicaban con sus pueblos- pero que también llevaron las ideas que permiten ahora a los activistas negros desarrollar sus movimientos en Estados Unidos, e iluminar el camino de todos los luchadores por la libertad en el mundo. Todo hay que analizarlo en su debido contexto.La locura fundamentalista lo ha llegado a atar iglesias cristianas y destruir o dañar gravemente a íconos y estatuas religiosas, por representar la fe blanca, sin que les tenga sin cuidado que fueron cristianos, como Martin Luther King, los que encabezaron la lucha por los derechos civiles.La enajenación es tal que los medios de comunicación han comenzado, en Estados Unidos, a censurar a periodistas que no comparten la dictadura de los “progres” o, simplemente la cuestionan. Ahora, o se piensa como BLM o Antifa, que dominan las redes sociales, o se es acosado, estigmatizado, derribado moralmente.Allí, un grupo de académicos progresistas, entre los que se encuentran Noam Chomsky, JK Rowling y Francis Fukuyama se pronunció en Harper’s contra quienes han fungido como policía del pensamiento a propósito del acoso al que fue sometido James Bennet, editor del New York Times, quien se vio obligado a renunciar por publicar una columna de un senador republicano que pedía una respuesta militar a las manifestaciones violentas promovidas por BLM y Antifa:“El libre intercambio de información e ideas, que son el sustento vital de una sociedad liberal, está cada día volviéndose más estrecho. Aunque esperábamos esto de la derecha radical, lo censurador se está extendiendo más ampliamente en nuestra cultura: la intolerancia hacia las perspectivas opuestas, la moda de la humillación pública y el ostracismo, y la tendencia a disolver asuntos complejos de política en una certitud moral cegadora” […] Se producen llamados a imponer “represalias rápidas y duras en respuesta a lo que se percibe como transgresiones del discurso y el pensamiento”, (https://harpers.org/a-letter-on-justice-and-open-debate/).Esta semana, la periodista Bari Weiss, encargada de publicar puntos de vista no progresistas, renunció al New York Times porque “ha surgido un nuevo consenso en la prensa, pero quizás especialmente en este periódico: esa verdad no es parte de un proceso de descubrimiento colectivo, sino una ortodoxia ya conocida por unos pocos ilustrados cuyo trabajo es informar a todos los demás. Twitter no marca los límites de The New York Times. Pero Twitter se ha convertido en su último editor. A medida que el diario ha adoptado la ética y las costumbres de esa plataforma, el diario en sí se ha convertido cada vez más en una especie de espacio de rendimiento. Las historias se eligen y cuentan para satisfacer al público más limitado, en lugar de permitir que un público curioso lea sobre el mundo y luego saque sus propias conclusiones”. (https://www.bariweiss.com/resignation-letter).Es la dictadura que se impone a través de twitter, Facebook, etc. Hasta tal punto, que los dueños de los medios, en poder de conglomerados como Amazon y la familia Ochs Sulzberger, toman como líneas editoriales lo que los fanáticos expresan en aquellos. Ya no hay debate libre, sino el punto de vista de una minoría que decide lo que es políticamente correcto. Los dueños de las redes alimentan esa dictadura por temor a perder los nichos de publicidad que se manejan en ellas: los iluminados y los que piensan, por lo que crean comités de censura para impedir la publicación de algo que los moleste. La presión viene de las empresas que se lucran de ese mercado y amenazan con retirar sus pautas si no se obedece el criterio de corrección política de los fanáticos. Es repugnante.Le puede interesar: Privatizando la educaciónEn Colombia, las bodegas de la izquierda ejercen tal presión, que los medios obedecen también a lo que ellas imponen como discurso políticamente correcto. Hay que ver las noticias que publican, la permanente insistencia en golpear sin pruebas y con base a rumores a los líderes del centro derecha, el ocultamiento de las acciones de los progres, etc. Todo orquestado por banqueros, algunos con cosas que aclarar ante la justicia, y casas editoriales extranjeras. ¿Por qué? Porque las bodeguitas son las reinas de las redes y en estas, igual que en USA, están sus consumidores.
La campaña electoral, se dice, está comenzando. No. En realidad, la inició la oposición, la noche misma en la que el país conoció el triunfo de Iván Duque. En ese instante, el derrotado Petro dijo que “nació una nueva fuerza” que “no se está preparando para ser oposición sino para ser gobierno”; y que iba a regresar al congreso a hacer oposición y evitar que “intenten hacer trizas los acuerdos de paz y las cortes”, e “impedir que volvamos a la guerra” (https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/presidenciales/el-discurso-de-gustavo-petro-tras-los-resultados-de-la-segunda-vuelta-231820).Lea también: Emergencia social, unidad nacionalEl 7 de agosto del 2018 Petro convocó a una movilización nacional paralela que culminó en la Plaza de La Hoja. Allí, mientras el presidente terminaba de posesionarse, ya ponía en duda el triunfo de Duque, afirmando que él podría haber ganado las elecciones (ver Revista Semana del 08 .08. 2018).Luego, en el 2019 vinieron, primero, movilizaciones por sectores (maestros, estudiantes, etc.), y después, las movilizaciones de sectores afines a la oposición, que buscaban replicar en Colombia lo ocurrido en Chile, Ecuador y otros países latinoamericanos. Y lo hicieron con algunos grupos apelando a la violencia y cambiando diariamente los objetivos –a comienzos de este año había más de 100-, lo que deja fuera de duda que se trataba un movimiento de largo alcance en el tiempo para ocasionar el desgaste político al gobierno de Duque. Hasta que llegó la cuarentena.Durante ésta, viene consolidándose la arremetida, que venía desde el inicio del gobierno, en medios importantes y a través de las redes sociales –con los consabidos bodegueros- para desprestigiar al presidente. Lo de las bodeguitas es una práctica ya vieja, pero que no deja de tener cierta efectividad, aunque la gente ya los está calando y se está cansando.Lo de los medios sería altamente cuestionable, al menos porque en uno, el grupo que es su propietario está presuntamente involucrado en investigaciones sobre Odebrecht por corrupción en la construcción de vías. Y porque casi todos ellos venían de recibir generosa pauta en el gobierno de Santos, que el gobierno de Duque cortó.Y está la práctica de algunos miembros del poder judicial, de politizar los fallos, filtrar información de manera parcial y sesgada. Se crea, entonces, un círculo pernicioso, en el que políticos –en el congreso y fuera de él- periodistas, bodegueros de políticos y algunos miembros de esa rama se alimentan y retroalimentan.Ahora existe una ofensiva para deslegitimar las Fuerzas Armadas, acusándolas de ser responsables, institucionalmente, de crímenes sexuales. Las acciones terribles de unos cuantos no son una política de las Fuerzas, que han condenado, expulsado y puesto en manos de los jueces, a los autores de esos crímenes. Pero los medios y los bodegueros lo han presentado como si fuera equiparable con los delitos atroces que, como organización practicaron los desmovilizados de las Farc, que nunca condenaron incluso, persiguen a las mujeres del grupo que los han denunciado- y, en cambio, justificaron, y que siguen utilizando las disidencias. La acusación, por falaz que sea, propina un golpe muy fuerte a nuestra democracia.Por otro lado, el principal blanco de esas prácticas de acoso y derribo es el expresidente Uribe, quien es, para la oposición, el enemigo a vencer, y no sólo por lo que ha significado en la lucha de la izquierda armada, algo que no le perdonan- sino porque tiene, en su criterio, la fuerza suficiente para atravesárseles en su camino hacia el poder. Por eso, le abren investigaciones judiciales que nunca se cierran; no le perdonan titulares que no corresponden a lo que se dice en la información que se supone, contienen, ni “investigaciones” en sus unidades para tal fin, que no aportan pruebas, sino rumores e interpretaciones discutibles, por decir lo menos; ni series en línea que difaman, ni insultos o calumnias sin fin, en las redes. No hay nada sucio que no hayan intentado en su contra.Ahora, el presidente Duque sufre los ataques persistentes de medios y redes. Todos los días sacan informes sobre la Ñeñepolítica, que es un relato según el cual, el señor Hernández determinó un fraude electoral en la Guajira y fue el puente, junto con María Claudia Daza, conocida como Caya, para que dineros de extranjeros ingresaran a la campaña. Vincular a Uribe a la trama de Hernández, a través de la señora Daza, es la movida genial para golpear a Duque a través de Uribe. No importa que este asunto esté siendo investigado por la Fiscalía, no interesa que haya presunción de inocencia. Los audios fluyen con interpretaciones abiertas para el señalamiento y la sospecha, sin tener en cuenta que no digan que hubo transacciones fraudulentas, o que ni siquiera se refieran al tema. En esa estrategia política, lo que vale es sembrar la duda y la desinformación.El senador Petro, aprovecha esa situación, que, además propició en las redes para declarar que desconoce la legitimidad del mandato de Duque e incitar a la desobediencia civil. (https://forbes.co/2020/07/06/politica/petro-dice-que-desconoce-a-duque-como-presidente-y-llama-a-la-desobediencia-civil/)Él puede pensar como quiera y tomar las decisiones políticas que desee, en el marco de la ley. Si considera que el mandato de Duque es ilegítimo, debe demostrarlo en los tribunales. Está en su derecho. Pero tiene que probarlo y no utilizar la desinformación para proponer semejante estrategia.También tiene derecho a promover la desobediencia civil, pero debe asumir sus consecuencias. Esta es una práctica bien conocida en la democracia, que consiste en 'aquellas formas de insumisión al Derecho motivadas por consideraciones políticas o morales que, no obstante ilícitas, guardan una mínima lealtad constitucional, es decir, aceptan el sistema de legitimidad democrático como el más correcto para la adopción de las decisiones colectivas (Marina Gascón Abellán. Obediencia al Derecho y objeción de conciencia. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales; 1990. pág. 42 en https://es.wikipedia.org/wiki/Desobediencia_civil). . Al aceptar el sistema democrático sus acciones son pacíficas. Fue lo que hizo Martin Luther King.La desobediencia civil también es concebida como una expresión de responsabilidad personal por la injusticia, refleja el compromiso de no colaborar ni someterse a prácticas y normas injustas (Garzón Valdés, Ernesto (1981). Acerca de la desobediencia civil. Sistema 42: pp. 79-92 en Ibid). A través de esta, podría intentarse el cambio de régimen político, como hizo Gandhi, asumiendo las consecuencias legales de sus acciones y sin ejercer la violencia. Es la que insinúa Petro. Pero este no es Gandhi. Lo que ha ocurrido en las calles de las principales ciudades del país con la violencia en las marchas y el lenguaje incendiario, de odio de clases y de confrontación social, que usa cotidianamente, no avalan esa posibilidad. La confrontación será la constante hasta agosto del 2022.Todos esos grupos tienen en común que piensan que la verdad es para los epistemólogos, los científicos y los lógicos, no para ellos. Buenos discípulos de Goebbels, calumnian, calumnian, que de la calumnia algo queda. Tengo, no obstante, la esperanza de que la verdad le importe a la Fiscalía, que tendría que acelerar la investigación de la Ñeñepolítica, con imparcialidad y objetividad, llegando hasta el fondo de este asunto y tocando a quien haya que tocar para que la verdad brille y se tomen las decisiones que haya que tomar, si ese fuere el caso. También debería importar en la CSJ respecto a las investigaciones sobre Uribe. Todo, para bien de la salud de las costumbres políticas del país. Porque la verdad nos hará libres, como dice el evangelista Juan en 8:32.A esto súmese que, con el triunfo de políticos de la oposición, como Claudia López, en algunas de las más importantes alcaldías del país, creció el esquema de gobernar en casa y oponerse al Gobierno Nacional. La alcaldesa de Bogotá es el summum de esta estrategia –todo lo bueno lo hace ella, pero lo malo, Duque-, mientras celebra contratos con los medios para promocionar su imagen y promueve a Fajardo, quien aprovecha la ventana que ella le abre, para criticar al gobierno y e intentar sacar de la política al expresidente Uribe.Ahora bien, los grupos de izquierda y/o populistas tienen derecho a hacer oposición. Eso es la democracia, con la anotación de que los ciudadanos deben rechazar el uso de la violencia, y ser combatida con todo el rigor de la ley por el Estado. También soy consciente de que en el momento hay fisuras importantes en el interior de esos sectores. Eso no invalida el hecho de que todos están en campaña electoral, ni descarta la muy probable alianza en el futuro, según el rumbo que tome el debate electoral.Por su parte, las tendencias de centro derecha se encuentran divididas y, aunque hay grupos que están haciendo campaña, lo hace a título exclusivamente propio y sin una mirada amplia. No hay, o no se conoce, una estrategia desde el gobierno, desde el Centro Democrático y de otras fuerzas afines, para coordinarse políticamente para defender la democracia liberal. Ahora y en el 2022.Le puede interesar: Derrotados hoy, derrotados mañanaEl Gobierno tendría que hacer más visibles, todavía, sus realizaciones y sus planes para el inmediato y el mediano futuro. El país tiene que saber cuál es su norte hasta el 2022, en las condiciones nuevas de pandemia y postpandemia: necesitamos saber esa visión para que la ciudadanía pueda compararla con otras propuestas. El Centro Democrático y las otras fuerzas de ese espectro político deberían tener, por iniciativa del gobierno, una coalición lo más amplia posible para las dos próximas legislaturas, para garantizar la agenda del ejecutivo y la gobernabilidad, con aportaciones de todos ellos; así como formular un programa común y un candidato común para el 2022. Pero no se sabe nada. Todos ellos tienen una gran responsabilidad para salvar la democracia liberal en nuestro país.
Todo parece indicar que la incertidumbre que causa la prolongación de la pandemia, junto con acontecimientos sociales y políticos asociados a esta, le pasaron la factura al presidente Duque.En la última encuesta de la empresa Invamer Gallup, realizada entre el 19 y el 30 de junio, el 79% de los entrevistados cree que el país está empeorando; su aprobación bajó del 52% al 41%. Sé que muchos cuestionan las encuestas y no creen en la información que arrojan, pero esta es la segunda que muestra esa tendencia y sus resultados no se pueden desestimar.Lea también: Que investiguen a todos y todoLo primero que hay que decir es que, difícilmente, un gobernante en la actual crisis del coronavirus sale bien juzgado por la opinión pública. La política siempre cruzará en la evaluación de su desempeño, que será percibido en el continuo entre malo y bueno. Esto, porque hay dos posiciones frente a la manera de enfrentarla, que no son incompatibles, pero que pueden ser presentadas como tales: sin vida no hay economía y sin economía no hay vida. En Colombia, Duque ha optado por una posición intermedia, que ha sido debatida furiosamente por la oposición encabezada por Claudia López, quien se presenta como defensora de la vida, como si las medidas de Duque, en el campo de la salud pública no estuviesen destinadas a defenderla.En una democracia, los oponentes dependen de su capacidad de mostrar y hacer valer sus posiciones, en los medios y en las redes sociales, frente a los mismos acontecimientos. No basta con hacer las cosas; la gente tiene que percibirlas como buenas, para que el político gane el apoyo popular. No es que ser y percibir sean lo mismo. Es que la gente apoya o rechaza aquello que percibe y, que, en muchas ocasiones, no es lo que realmente sucede.Y la verdad es que, la percepción que los ciudadanos tenían del presidente, antes de la pandemia, era mala. La imagen que transmitía era la de un gobierno que no tomaba decisiones y no concretaba sus programas; explicada, en parte, por su negativa a gobernar con partidos distintos a la colación que lo llevó al cargo. La falta de gobernabilidad, además, aumentaba innecesariamente las voces que le hacían oposición desde todos los espectros ideológicos. Pero no menos importante, era la oposición, ligada a intereses particulares, de ciertos medios y de las redes sociales, dominadas por feroces y, muchas veces, pagos bodegueros profesionales, que han logrado influenciar a importantes sectores de los jóvenes.La pandemia representó un cambio en las condiciones del ejercicio del poder y de la política. Duque abrió espacio a la gobernabilidad y cambió su estilo de comunicación. Todos los días se ha presentado ante los colombianos por la televisión explicando sus medidas frente al equipamiento, tratamiento del covid 19 y anunciando sus auxilios y ayudas, decretando una apertura gradual de la economía, educando a la población sobre la manera de interactuar en público y en privado, etc. La gente lo estaba percibiendo como un líder eficaz, eficiente y ponderado. Por eso comenzó su ascenso en sus niveles de aceptación entre marzo 25, cuando decretó la primera cuareentena.¿Qué cambio para que retrocediera su imagen? Es posible identificar factores de desgaste de Duque. La opinión es implacable. La gente está estresada y cansada con el confinamiento y las medidas restrictivas, pierde su trabajo, sus ahorros se esfuman, y lo culpan por ello.Un gobernante puede hacer noventa y nueve cosas bien y una mal, pero los ciudadanos se concentran en esta y la magnifican. A pesar de todo lo bueno que ha hecho, y ha hecho mucho, hay quienes piensan que en el asunto de los ventiladores que tanto ruido han causado, ha faltado una posición más fuerte de Duque frente al Invima, que lleva más de tres meses sin poder determinar si aprueba o no el uso de los nacionales, que valen 10 veces menos que los importados – COP $8 millones versus COP$ 80 millones cada uno -, que tienen asegurada la financiación y están listos para producir en serie no sólo para emergencias, como decidió el presidente. Con la producción nacional no tendríamos que depender de importaciones a precios exorbitantes y los estaríamos utilizando ya. ¿Por qué tanta demora? Sería bueno que el presidente exigiera una explicación pública, ante el país, a los responsables del Invima y que los entes de control mirasen lo que ha hecho y está haciendo ese Instituto al respecto.El presidente dice que no habrá vacuna hasta dentro de un año, como mínimo y los ciudadanos se preguntan qué está haciendo el país para proveer de una vacuna lo más pronto posible y de manera masiva a los colombianos. Los brasileños, por ejemplo, negociaron con Oxford para pruebas y transferencia de tecnología a partir de enero del año entrante.Y respecto al tratamiento con Remdesivir, ¿se mantiene la política de que el tratamiento sólo se haga en estudios clínicos o se va a generalizar? En Estados Unidos la FDA autorizó el uso para tratamiento urgente y el Departamento de Salud y Servicios Humanos compró todas las existencias de ese medicamento en USA ¿Cuál es hoy la directiva del gobierno, más allá de su experimentación en estudios a nivel multinacional? ¿Estaríamos en capacidad de producirla masivamente en el país? Saberlo produciría poner las expectativas en un nivel razonable-Ahora bien, hay un dato muy diciente en la encuesta: el 32% de los entrevistados piensa que el principal problema del país es la corrupción, mientras que el 85% cree que ese fenómeno está empeorando. También la percepción de corrupción golpea a nuestro mandatario ¡Casi una tercera parte piensa que es el problema central de Colombia! La oposición ha manejado muy bien sus cartas para acusarlo de corrupto a él o al expresidente Uribe, inextricablemente ligado al Duque, al que ya la CSJ le ha abierto, de manera absurda, dos investigaciones sobre los llamados perfilamientos y a la ñeñeñpolítica, insidiosamente amplificados por medios y redes. La estrategia de la oposición es clara: todo lo que golpee a Uribe perjudica al presidente.Al propio Duque lo han señalado de haber recibido, afirma Petro, dineros para su elección. Y de mafiosos y extranjeros venezolanos, además. Una revista semanal, los portales noticiosos de dueños de medios que fueron favorecidos con mermelada por Santos, todas las bodeguitas de la izquierda, trinan y publican en físico y virtualmente “la noticia”. Diarios capitalinos, entre ellos, uno cuyo dueño es el propietario de un grupo financiero que está implicado en la trama Odebrecht, han dedicado todas sus baterías a filtrar audios y titularlos equívocamente, para inducir a engaño a sus lectores, dando por demostrado que sí hubo tales dineros sucios de la mafia, en el ya famoso caso de la Ñeñepolítica.Ha contribuido el que una exfuncionaria de la Utl del expresidente Uribe, quien la confrontó públicamente, aparezca en un audio en el que habla con el Ñeñe y en el que este dice que van a “pasar plata debajo de la mesa” para la campaña de Duque en la Guajira. Y que hasta la directora misma del Centro Democrático haya tenido que dar explicaciones. La primera dice que la campaña no recibió dineros tramitados por ella; y la segunda, que tampoco, haciendo una distinción entre “dio” y “ofreció dar” y entre dineros para la campaña y dineros para el partido, respecto a COP$320 millones (y no US300 mil) que los socios colombianos del empresario venezolano entregaron al partido en esa época.Los dos hechos están siendo investigados por la Fiscalía, quien determinará las respectivas responsabilidades. El país está a la expectativa y yo confío en que todo quede explicado. Pero es un golpe a Duque - de quien estoy seguro, por convicción íntima, que nunca apelaría a tales mecanismos- donde más le duele, porque le cuestionan la legitimidad y la legalidad de su mandato. Y está el episodio de las violaciones de niñas por partes del Ejército. La respuesta del presidente ha sido inmediata y diáfana. Codena total, cárcel a los violadores, ninguna tolerancia a los mismos. Igual hizo el general Zapateiro. Pero, inmediatamente, los violadores de niños de las Farc salieron a rasgarse las vestiduras y los “decentes” a burlarse. Pero el ataque más infame proviene del hombre del elefante, el expresidente Samper, elegido con dineros del narcotráfico, quien apoyando a su familiar dijo que el ejército entrenaba institucionalmente a los soldados para este tipo de atrocidades.Es clarísimo para todo colombiano de buena fe que nuestras fuerzas armadas han hecho un gran esfuerzo para acogerse a los estándares del Derecho Internacional Humanitario durante la confrontación. Igualar a un ejército legítimo con un bandido narcotraficante con o sin sombrero ideológico, es, repito, infame. Tanto como reproducir en ciertos medios una noticia sin análisis de contexto, dando por ciertas las afirmaciones calumniosas y titulando torvamente; llenando las redes de basura, ligando el hecho atroz a las políticas del gobierno. Pero habrá algunos que se lo crean.Le puede interesar: Los crímenes de sangreSe vienen días más difíciles para Colombia. El golpe de la pandemia no se ha sentido en todo su rigor. La campaña electoral ya comenzó y al país le conviene que al presidente Duque le vaya bien. Todavía hay tiempo de recuperar y hacer crecer su imagen para que el proyecto populista que está al acecho, no triunfe. Y para hacerlo, es crucial que logre ajustar, donde de requiera, el manejo de la pandemia y que pueda desligarse de la imagen de corrupción con que lo quieren enlodar. Para ello, debe exigir a la fiscalía resultados prontos de las investigaciones relacionados con el Ñeñe. Y fijar públicamente sus posiciones al respecto.
Las condiciones económicas y sociales de millones de colombianos se han visto deterioradas por su imposibilidad de trabajar, producir, intercambiar bienes durante la pandemia. Y no son sólo los más vulnerables en el momento en que esta comenzó. Porque muchísimas personas de clase media saldrán de esta infección en condiciones de pobreza, ante la pérdida de su trabajo o la quiebra de su empresa. Esa es una realidad que ni tirios ni troyanos niegan, pero que perciben de distinta manera. Y esa percepción determina el contexto de la carrera presidencial para el 2022, que estará centrada en las medidas económicas y sociales que han de tomarse para sacar el país y a su gente, adelante. Veamos:El Gobierno ha tomado una serie de medidas para enfrentar esta gravísima crisis, en medio de dificultades económicas como el derrumbe del precio del petróleo y una caída del Pib del 5.5%. En este escenario, ha destinado el 11.3 del Pib, unos $113 billones, a entender la pandemia, un porcentaje comparativamente mayor al que países desarrollados como España, que provisiona el 10% (https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/coronavirus-en-colombia-cuanta-plata-ha-invertido-el-gobierno-509790).Su batería de medidas incluye inversiones en saneamiento económico del sistema de salud y en acciones epidemiológicas e infraestructura hospitalaria para atender la pandemia, que suman 7.2 billones en gasto directo.Lea también: Una candidatura no vale un desastrePero también ha otorgado, de manera masiva, hasta la fecha, en ayudas directas se han destinado a programas como Ingreso Solidario, $1.440 billones que llegarán a 3.000.000 familias que no reciban otros subsidios, es decir, las más vulnerables de todos; giros adicionales de $ 3.7 billones a familias en Acción y Jóvenes en Acción; pero es importante anotar que estas ayudas se extenderán hasta el mes de diciembre. También está la devolución del IVA, que será en promedio de 400.000 para 1.000.000 de familias este año, lo que suma $400.000 millones de pesos. A esto, todavía hay que sumarle los $2.8 billones que el gobierno central autorizo para los departamentos y municipios, de los ahorros que estos tienen consignados.En materia de protección al empleo formal, el gobierno está subsidiando el 40 por ciento del valor del salario mínimo hasta agosto de 6 millones de trabajadores, con un valor de 2 billones de pesos, así como el apoyo a la prima con un subsidio del 50 por ciento de las micro, pequeñas y medianas empresa. Además, el auxilio a más de 150.000 personas que perdieron el trabajo y 600.000 a las que les suspendieron sus contratos, quienes recibirán un giro solidario de $160.000. (https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/coronavirus-en-colombia-cuanta-plata-ha-invertido-el-gobierno-509790), (https://ingresosolidario.dnp.gov.co/).Así mismo el Gobierno da una garantía del 90% para préstamos bancarios con destino al pago de nóminas; del 80%, de capital de trabajo para las Pymes y de hasta el 80% para los trabajadores independientes, para un total de $14 billones.Estos subsidios son adicionales a los que ya existen y cubren amplios segmentos de la población: el Sisben, el subsidio de los servicios públicos, el de la educación pública en escuelas, colegios y universidades oficiales y en algunos privados.En síntesis, sí hay apoyos y subsidios a la población para mitigar su sufrimiento en la pandemia.La oposición, sin embargo, estima que son insuficientes para atender las necesidades de los colombianos , que terminan por resolverle el problema a las EPS y no a los hospitales, que se debe cambiar el modelo de salud de la Ley 100, que se va a hipotecar al país al sistema financiero, y que hay que aprovechar la oportunidad para enfrentar de fondo para atacar el problema de la desigualdad en Colombia con medidas de redistribución de la riqueza como la Renta Básica Universal, RBU (https://www.elespectador.com/noticias/politica/oposicion-cuestiona-al-gobierno-ante-el-manejo-de-los-recursos-de-la-pandemia/).La discusión sobre la política social será el centro del debate político, en medio de movilizaciones, protestas, y también de acciones vandálicas de algunos, para presionar y cercar al gobierno y crear las condiciones para que la oposición asuma el poder. Que esta ataque al gobierno y use estrategias como la presión social y política, es normal en una democracia, siempre y cuando lo haga por la vía pacífica. Está dentro de las reglas de juego que, si gana las elecciones, gobierne. Pero también, que, si las pierde, ejerza una oposición leal, que es, precisamente, lo que no hacen sectores radicales de izquierda que apelan a la violencia e intimidación para imponer sus ideas y su modelo de sociedad.Forma parte de la confrontación civilizada discutir las concepciones del adversario para desnudar sus falencias. Y para eso, los dos bandos necesitan formación teórica. Los gritos son importantes, pero las ideas más. Y más todavía, la apropiación que hagan los ciudadanos de ellas para que su voto sea informado y consciente. La cultura política mejora la democracia.Por eso, voy a abordar el análisis de la RBU asentando las siguientes tesis:Nadie puede negar el impacto que sobre millones de colombianos tiene la pandemia. Los subsidios, las ayudas, primero a los más vulnerables, pero también a los que terminan golpeados por el virus, son un imperativo ético y político de cualquier gobierno. El de Duque, está intentando, por lo demás, cumplirlo, como lo demuestran las cifras citadas más arriba. En este punto, la discusión es si son suficientes o no. Y eso sólo puede ser racionalmente definido si se cuenta con datos suficientes.Para hacerlo, hay que determinar la capacidad del Estado para asignar recursos y esto tendría que ver, según expertos, con la disponibilidad del Estado para generar recursos propios a través de impuestos y transferencias, que depende básicamente de la producción de bienes y servicios y el comercio; es decir, de las actividades económicas. La otra fuente proviene de la posibilidad de endeudamiento que tiene el país. La tercera, es la venta de activos de la nación, como ciertas empresas. Si fuera necesario, habría que vender las que puedan colocarse a mejor precio, para conseguir recursos. Pero esos bienes son finitos. Y está la discusión de si algunas de ellas son estratégicas para la nación. La izquierda quiere recursos, pero seguramente no las tocaría por razones ideológicas; en cambio, criticaría ferozmente si el gobierno lo hiciera. Aquí el punto es que la ideología impide el objetivo de cumplir con la ayuda y asistencia a los vulnerables. El Gobierno, en cambio, tendría que decidir sobre bases pragmáticas.Como sea, el esfuerzo del Gobierno de disponer de $113 billones con una economía que se contrae en el 5.5% del Pib, es enorme y compromete, además, recursos que se tendrán que obtener luego de la pandemia.El problema es que el país de la pospandemia se encontrará en una situación dramática: El dirigente gremial José Félix Lafaurie sostiene, y en esto coincide con otras proyecciones, que la deuda llegará al 70% del PIB y habrá una reducción del 30% de la capacidad empresarial, lo que arrojará una cifra de ocho millones de cesantes. Como quien dice, desempleo rampante, y un gobierno sin casi margen de endeudamiento y con una economía que tardará en recuperarse para producir impuestos.De este escenario queda claro que el Gobierno tendrá que mantener el deber de auxiliar, de acuerdo con las condiciones específicas de cada grupo o persona, a segmentos de ciudadanos colombianos, no sólo a los que venía apoyando anteriormente, sino también, por llamarlos de alguna manera, a los nuevos vulnerables. Pero debe ser condicionado a que el beneficiario se integre a la vida productiva, porque habrá otros que también lo necesitan, y no puede ser de manera indefinida, porque los recursos del Estado, insisto, son finitos y en ese momento, muy escasos. Se trataría, conceptualmente, de un Ingreso Mínimo Vital.Lo que la oposición propone, la RBU, hay que definirla. He escogido esta para ver el alcance total del concepto: “La RBU es un ingreso pagado por el estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva.”( http://www.redrentabasica.org/rb/que-es-la-rb/).La RBU, en esos términos, además de que económicamente es imposible en nuestro país, también sería inusualmente injusta por subsidiar a los ricos. Pero aún, si sólo se le diese a un sector especial de la población, seguiría siendo altamente negativa porque apunta a borrar la característica central de la dignidad humana, la de que el individuo pueda vivir por su propio esfuerzo, como resultado de su trabajo. Si renuncia trabajar, la pereza y la molicie, es decir, la decadencia personal, se apodera de él y se debilita su autoestima y la solidaridad con el otro. Cuando cede su derecho a vivir por su esfuerzo, abre el espacio a que quien le da el beneficio, lo controle y quite su libertad.Le puede interesar: Emergencia social, unidad nacionalEstas consecuencias fatales pueden ambas, encontrarse en la historia de Venezuela. En conversación con el profesor Luis Guillermo Vélez, este señaló que cuando la bonanza de los años 70 del siglo pasado, la gasolina y los servicios públicos eran prácticamente gratis, el estado subsidiaba totalmente la salud y la educación y decenas de miles de estudiantes se paseaban por Europa con becas en costosas universidades, sin que tuviesen que responder por los resultados. Trabajar resultaba exótico. Cuando Chávez, y mientras duró la bonanza, la gente aceptó la dictadura de buena gana. Y cuando Maduro llegó, se acabó la bonanza y se robó el país, la gente vende su lealtad y libertad por una bolsa de comida.Las Clap son la versión perversa de la RBU. Y nosotros nos negamos a llegar a ese punto.
Claudia López dijo que el anterior, fue un viernes de Covid 19, para significar que el gobierno, de manera irresponsable y perversa, estimuló las aglomeraciones para satisfacer a los comerciantes, sin importarle la vida de los bogotanos y malogrando “los esfuerzos que con tanto rigor, con tanto sacrificio; con días de cuarentena, de cuidado, de aislamiento, de zonas de cuidado epidemiológico, de controles en Kennedy, en Corabastos hemos podido hacer en este tiempo” (video colgado por la alcaldesa en Instagram)”.Lea también: Una candidatura no vale un desastreYo pienso, por el contrario, que fue un viernes de ethos, palabra que proviene del griego antiguo ?θος, que significa costumbre y conducta y que da origen a la ética, como conjunto de concepciones sobre las costumbres admisibles para la interacción en una determinada sociedad.Estos dos enfoques, por supuesto, tienen consecuencias teóricas y prácticas distintas porque una hace énfasis en la (i) responsabilidad del gobernante; mientras que la otra, en la (i)responsabilidad de los gobernados.Para determinar cuál debería orientar la interacción pública, deberíamos analizar las presunciones y los hechos básicos de la pandemia:- El coronavirus no tiene vacuna, ni tratamientos establecidos para curarlo. Estará en el mundo hasta que aquella y/o estos se desarrollen en los laboratorios y se produzcan masivamente para miles de millones de seres humanos. A la fecha, ese tiempo oscila, según los expertos, entre seis meses y año y medio.- En nuestro caso, y dada la competencia a nivel global por conseguir esos medicamentos, es razonable suponer que, en menos de nueve meses, en el escenario más optimista, no los obtendremos.- La conclusión, desde el punto de vista epidemiológico y de salud pública, la estrategia de los que toman las decisiones al respecto en el país, en primer lugar, el presidente y el ministro de salud, es que hay que tratar de que el contagio no se propague a tal velocidad que el costo en vidas sea inaceptable.Esto significa que hay que tomar las medidas para que el virus infecte al menor número de personas posible, mientras llegan las vacunas y los medicamentos de cura, pero especialmente, las primeras. Ese es el fundamento científico de la cuarentena,Pero también hay que tener en cuenta los componentes sociales, económicos, políticos, sicológicos y de interacción social de la pandemia.- Es un imperativo político de los gobernantes, tomar las medidas para proveer los elementos de detección del covid y de acompañamiento de los enfermos en las casas y hospitales, y en ellos, las UCI, para buscar su recuperación, siempre enfrentados al hecho de que inevitablemente habrá muertos. Además, de educar hasta la saturación, sobre las recomendaciones del manejo del cuerpo para evitar el contagio en espacios públicos y privados, como el lavado de manos el uso de tapabocas y el distanciamiento social.- Ahora bien, el carácter de la infección y su prolongación en un tiempo todavía incierto, pero largo, implican que los tomadores de decisiones públicas, según su rango y poder, persistan en disposiciones de confinamiento acompañadas de medidas económicas pertinentes en apoyos, alivios y subsidios a la población, con el objetivo de combinar la protección de la salud de los colombianos con la pervivencia de nuestro estado, nuestra sociedad y nuestra economía.- Eso cuesta dinero y mucho, y de alguna parte hay que sacarlo. El lugar de origen, las actividades económicas. Dada, insisto, la duración de la pandemia, la economía, simplemente no puede apagarse, como una vez propuso Claudia López, porque los recursos públicos –pero también los privados – no son infinitos. Por eso, hay que producir, comprar, vender, para que la gente tenga ingresos. Y también hay que considerar los efectos sicológicos, emocionales y sociales que un encierro prolongado producen en la población. Si los gobernantes no toman esas decisiones, la pandemia del coronavirus sería una broma, frente a la del hambre y la anomia que se produciría y que podría llegar a destruir la sociedad misma. Esos son los argumentos de la llamada apertura inteligente, que es económica, pero también, y quiero recalcarlo, social.Y aquí entra en juego el elemento de la (i)responsabilidad de los ciudadanos, que está estrechamente ligada al ethos social, es decir, a las costumbres y el comportamiento en la interacción social de los miembros de la comunidad política que constituye un estado y una nación. Esta no es una sociedad esclavista, ni una autártica de la época feudal, ni una monarquía absolutista de tiempos pasados, pero tampoco, una dictadura fascista de izquierda o de derecha contemporáneas. Es una democracia, a pesar de los golpes que Santos le propinó en sus dos gobiernos, o del gobierno aupado por el narcotráfico de Samper, o la guerra que le han declarado las guerrillas, los paramilitares y los mafiosos, todos ellos narcotraficantes.Se trata, entonces, de una democracia golpeada. Pero, también es una que está en construcción.Una democracia se basa en derechos individuales, que engendran obligaciones colaterales: respetar los derechos ajenos teniendo en cuenta los intereses propios, pero también los de los otros, y de ese conjunto de valores vitales para que la sociedad se conserve: el interés general; obedecer la ley, ejercer y practicar la solidaridad, que no es sólo económica sino también social, que ha surgido de un contrato social implícito o explícito. En una democracia el ciudadano no sólo es sujeto pasivo; es también un agente de su construcción, que con su comportamiento social muestra su apoyo a un sistema que el eligió y desea mantener y mejorar para que su modo de vida pueda florecer respetando el de los otros, para que todos quepan en el cuerpo social.Ese ha sido el modelo propuesto en las constituciones colombianas, hasta llegar a la que nos rige. Ese es el mandato político, que debería ser el ethos social encarnado en una ética pública que debería regir el conjunto de valores y costumbres de nuestra democracia.Pero la realidad no se acerca todavía al mínimo necesario de interacción ética, social, cultural y política que una democracia avanzada requiere. Existen evidencias que muestran que todavía hay una carencia esencial en la construcción de ciudadanía en nuestra sociedad política. Muchos carecemos de disciplina social, respeto al otro o acatamiento voluntario de la ley, en función de ser parte de una comunidad política. Lo que se observa son manifestaciones de los antivalores que son comunes en este país: yo tengo derecho a todo, especialmente a violar la norma, y, en cambio, no tengo ninguna obligación con nadie.El Superyó de los psicoanalistas, esa autoconciencia moral que me vigila, diciéndome no sólo lo que es permitido, sino también lo que es prohibido, simplemente no existe para muchos. No han interiorizado los valores de la ética pública, ni el respeto a la ley. Estos individuos piensan que pueden salir cuando quieran a divertirse, a comprar y vender sin autorización, a delinquir, a lo que sea, porque no se sienten ni ética, ni socialmente obligados a nada.La forma como algunos altos mandatarios han manejado el problema de la ilegalidad ha disparado la indisciplina social y la convicción de que el crimen paga. Pero lo hacen también los políticos de oposición cuando lanzan a sus perros de presa a generar caos y terror, para generar desestabilización y obtener dividendos políticos con la convicción profundamente antiética de que el fin justifica los medios.La manera tradicional como se ejerce la política en el país, también es fuente de esa anomalía. La corrupción forma parte del ADN de muchos políticos en todos los tiempos –algunos dicen que la mayoría y a todos los niveles-. Pero es un hecho que un buen número de buenos Lázaros está acostumbrado a vivir de las sobras que los Epulones criollos les tiran, a través de la compra de votos, entrega de cemento, ladrillos, planchas deportivas, arreglo de carreteras y vías, con los dineros que, sólo en ocasiones, quedan después del robo de esos políticos. Porque para corromper se necesitan dos, el que ofrece y el que recibe. Y aquí muchos reciben de buena gana las sobras, las toleran, las auspician, las exigen.Le puede interesar: Comportamiento histérico y legitimdadLa declaración de López sobre el pasado viernes sin IVA es entendible. Se trata de una medida de la apertura inteligente que generó situaciones que deben corregirse, eso es evidente. Muchas se originan en la falta de responsabilidad de los ciudadanos que no practican el deber del autocuidado.Pero sus palabras no pueden explicarse por su pretendida preocupación por los bogotanos. Esa es la máscara que oculta sus verdaderas intenciones. Aprovecha, para satisfacer sus ambiciones personales, cualquier situación para oponerse al gobierno, al que culpa de su incapacidad manifiesta para dirigir la capital, pero al que no reconoce ninguna de las contribuciones para que ella haga algo de lo que le corresponde hacer. Basculando entre las manifestaciones constantes de histeria y de oportunismo político, dice lo que sea, al costo que sea, para posicionarse en la carrera a la presidencia del 2020 (o la de su candidato, en caso de que por alguna razón no pueda, como cuando apareció, como quien no quiere la cosa, con una camiseta de Fajardo en una publicitada sesión programada de entrega de mercados. Es una exponente máxima de la política tradicional. Un ejemplo de manual de lo que no debería hacerse en política si se respetara el ethos democrático.
En Colombia se usa la expresión “delito de sangre” en el sentido de que alguien está política o moralmente impedido porque un pariente cercano suyo cometió un crimen. De hecho, desde diferentes orillas de la práctica política colombiana y, aún, desde organizaciones de la sociedad civil este argumento ha sido utilizado para intentar vetar y desacreditar a sus respectivos oponentes.Lea también: La ocasión la pintan calvaEl último episodio lo protagonizó el senador Gustavo Petro, quien, en twitter, pidió a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que renunciara a su cargo: “Como dirigente de la oposición solicito la renuncia de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, por no haber hecho público, dado que pagó esa fianza-se refiere a la de su hermano- desde 1997. No haber dado a conocer a la sociedad colombiana que había (quizás con buenas intenciones) participado en la liberación de un narcotraficante de una de las peores drogas que existen en el mundo”. Esta petición fue secundada por otros como el senador Iván Cepeda.El argumento de los crímenes de sangre ha sido usado también por organizaciones como Fundación Paz y Reconciliación, la cual en diciembre de 2017 publicó una lista de aspirantes al Congreso en las elecciones del 2018, que “ tienen nexos familiares o son herederos de dirigentes que no sólo han sido cuestionados sino hasta condenados por delitos relacionados con la parapolítica, los sobornos de Odebrecht y el cartel de la toga”, según cita Rubén Darío Barrientos, quien critica este concepto (https://www.elmundo.com/noticia/Delito-de-sangre/364448).Esa mención me permite hacer una distinción muy importante. Ser familiar de alguien no significa que una persona sea responsable de los crímenes del que ha delinquido, entre otras cosas, porque nadie escoge a sus padres, hermanos y familiares cercanos. No hay delitos de sangre, en ese sentido. Como bien dice Barrientos, en el artículo, en el Código Penal a la gente se la condena por lo que hace, no por lo que es. Por eso, una cosa es ser familiar de un delincuente, y una muy distinta, usar la influencia o los recursos de este para conseguir beneficios personales como obtener cargos de elección. En este caso sí que se está cometiendo un acto punible penalmente.Pero ese no es el caso de la vicepresidenta. Ella dio una garantía para que su hermano se presentase al juicio que se realizaría en USA por narcotráfico, en el cual fue sentenciado, cumplió su condena y ahora lleva una vida normal, dentro de la ley. Ella no sólo no se benefició de este delito, sino que, de alguna manera ha sido una víctima colateral que actuó con base en los principios de solidaridad y amor fraterno, valores éticos universalmente reconocidos. O ¿tal vez lo que pretenden sus críticos es que no prestara asistencia a su familiar para proteger su carrera política, o, que publicara un aviso en la prensa para autoflagelarse? Hay un derecho sagrado en la Constitución, que es el de la intimidad. Y si bien, es una servidora pública, ella, primero, es ciudadana colombiana. Y cumplió con el deber de informarle del hecho a sus empleadores Samper, Pastrana, Uribe y Duque, para que evaluaran las posibles consecuencias de su nombramiento y todos coincidieron en que no había razones para no nombrarla. Y ahora, que en violación a su derecho a la intimidad el acontecimiento se ha hecho de dominio público, las explicaciones que ha dado muestran la razón que tuvieron los presidentes al no tener en cuenta ese “delito de sangre”.Que acusar de este “crimen” a dirigentes colombianos ha sido una costumbre perversa y horrible, lo demuestran el del expresidente Pastrana con su primo Gustavo Pastrana (https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-270379); el general Naranjo con su hermano Juan D. Naranjo (https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2482837) y el senador de oposición Iván Marulanda con su hermano Javier (https://www.elmundo.com/noticia/Un-vendedor-de-humo-llamado-Leon-Valencia/364940).Llama la atención que algunos de quienes invocan el “delito de sangre”, hayan tenido ascendientes que han sido señalados de criminales y han manifestado su molestia y repudio por tales señalamientos. Es el caso del senador Iván Cepeda. En efecto, Álvaro Delgado, en su momento, miembro del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista Colombiano en su libro Todo tiempo pasado fue peor, afirmó que Manuel Cepeda, padre de Iván Cepeda, apoyó la violencia guerrillera de las Farc-ep al financiar el accionar del grupo guerrillero. En el libro Armas y Urnas. Historia de un genocidio Político de Steven Dudley, cofundador de InSight Crime, también se han hecho referencias a dicha supuesta relación. Seguramente que judicialmente no se probará nunca esa participación de Manuel Cepeda en la violencia fariana, pero es una hipótesis razonable suponer que Cepeda hijo se ha beneficiado de la posición y relaciones que su padre construyó en el entorno de esa organización. Su amistad, públicamente registrada, con alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, prófugos de la justicia y cabecillas de las disidencias de las Farc, así lo permite inferir.Nicolás Petro, por su lado, no renunció a la diputación del Atlántico, a pesar de las denuncias que se han hecho contra su padre, dirigente del M-19 y, por tanto, responsable de los crímenes de esa organización.Hay otro tipo de reparos contra la vicepresidenta. Petro y Cepeda (https://www.elpais.cr/2020/06/12/senadores-de-oposicion-piden-renuncia-de-vicepresidenta-de-colombia/) y otros dirigentes de izquierda han dicho que Ramírez está casada con un empresario que tuvo vínculos con narcotraficantes y paramilitares. Utilizan la falacia de la petición de principio, en la que se da por sentado lo que, precisamente, hay que demostrar. Ella ha dado las explicaciones pertinentes: “Yo soy la que los colombianos conocen: una mujer con carácter, una mujer que trabaja, una mujer íntegra y, sí, me duele terriblemente, que uno no tenga, lamentablemente, las herramientas necesarias para defenderse. No está relacionado conmigo, está relacionado con una firma que hizo un negocio transparente” (https://www.semana.com/nacion/articulo/fiscalia-cita-a-alvaro-rincon-esposo-de-la-vicepresidenta-marta-lucia-ramirez/673916) y su esposo ha sido llamado a declarar ante la Fiscalía. Es esa investigación la que arrojará luces al asunto, que, de tener mérito, será definido por un juez de la república; pero, como es costumbre nacional, ya sus críticos la condenaron, aunque un principio del derecho penal consagrado en nuestro ordenamiento una persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario.No puedo dejar pasar otra afirmación del senador Petro, sin glosarla. En el video dijo, para generalizar su acusación, que la sede del narcotráfico no eran los campesinos que cultivaban la coca, a quienes hacinan en las cárceles para que se contagien de covid 19, sino el Congreso, el Gobierno, los gobiernos, los clubes, la alianza entre el poder político tradicional y los narcotraficantes.(https://www.youtube.com/watch?v=qDseD6uoAGM).Hubo, en efecto, un presidente que fue elegido con dineros del narcotráfico, Ernesto Samper. Pero Pastrana y Uribe lucharon contra ese fenómeno, entre otros instrumentos, con el Plan Colombia. Cuando Uribe dejó la presidencia, había menos de 60.000 hectáreas de coca sembradas, y extraditó a los jefes paramilitares porque siguieron delinquiendo. Se ha intentado incriminarlo con el tráfico de drogas y el paramilitarismo –incluso publicando una serie de video repugnante- pero nada se le ha podido probar. En cambio, el expresidente Santos firmó un acuerdo de paz con las Farc, una de las principales, si no la principal organización responsable del narcotráfico en el mundo; creó un sistema de justicia para ellas que garantiza la total impunidad sobre sus crímenes de guerra y de lesa humanidad, legalizó los pequeños cultivos y entregó el país con más de 220.000 hectáreas de coca. Y, finalmente, premió a esa organización con representación en el congreso.Es cierto, también, que al parlamento han llegado personas responsables de crímenes horrendos y de narcotráfico, provenientes de los partidos tradicionales liberal y conservador y la multitud de grupos que se desprendieron de ellos (la U, Cambio Radical, etc.), pero también, gentes como el senador Petro, que fue militante de una organización terrorista. De hecho, ha habido una alianza de parte de sectores del centro derecha, lo que él llama poder político tradicional, con el narcotráfico y los paramilitares. Pero hubo una alianza de eso que llama poder tradicional con los narcotraficantes de la extrema izquierda. Y desde hace mucho tiempo. Desde los preparativos para promulgar las Constitución del 90 con el M-19, que previamente asaltó el Palacio de Justicia; y la de los que impulsaron el pacto de paz con las Farc, incluida esa organización y el Partido Comunista, que hacen parte de los políticos tradicionales desde siempre.Le puede interesar: Duque y el país lo tienen claroPor eso necesitamos construir unas instituciones y una sociedad donde no quepa el narcotráfico, llámense guerrilla, paramilitares o clanes, en la que no haya cabida para la impunidad, pero tampoco para las malvadas prácticas de desacreditar al oponente con maniobras como acusarlo de delitos de sangre.
Me ha impactado la orden de detención domiciliaria contra el gobernador Gaviria. Respeto la institucionalidad, pero me solidarizo con él, lamento profundamente que se encuentre en esta situación y espero que pueda salir adelante en el juicio que debe enfrentar, así como que se le otorguen todas las garantías procesales. Haberle causado orden de detención domiciliaria es un plus de estrés emocional y angustia que pudo habérsele evitado porque su trayectoria indica que eso no era necesario, y sí particularmente devastador para él, su familia, amigos y seguidores.Lea también: Bien por DuqueLa oposición ha utilizado este acontecimiento para argumentar que el fiscal Barbosa es una ficha de Duque que está haciéndole el mandado para desviar las investigaciones sobre la llamada ñeñepolítica. Desde su nombramiento como fiscal general ha sido víctima de señalamiento. Recuerdo que envió a la Corte Suprema de Justicia el informe sobre la violación que la alcaldesa Claudia López hizo de la cuarentena, para que fuera investigada. Esa corporación desechó la denuncia, diciendo que era un hecho que no ameritaba proceso. Pero, para el fiscal, probablemente, el hecho estaba investido de un alto valor simbólico porque el mensaje que la funcionaria había enviado, como primera autoridad de Bogotá, era que ella estaba por encima de la ley y que, de paso, autorizaba la violación de esas normas (que después, ha demostrado infinitamente, no ha sido capaz de hacer cumplir). El efecto podía ser muy grave en la pandemia.Como sea, la señora López dijo que era persecución de un fiscal que actuaba bajo las órdenes de Duque. Ahora, dice lo mismo, no importa que el presidente haya manifestado que respeta la decisión pero que ha “conocido y trabajado con el doctor Aníbal Gaviria durante años; le tengo un profundo respeto, reconocimiento y aprecio. Mi solidaridad con él y su familia” (https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/el-mensaje-de-solidaridad-de-duque-con-gobernador-de-antioquia-503748). Y con ella, un coro de voces que aprovechan la ocasión para desprestigiar a una Fiscalía que ya no controlan y a un gobierno que ha resultado ser mucho más de lo que ellos esperaban y que ganó las elecciones a pesar de todos los montajes y trampas que ellos tendieron.Es difícil afirmar que Barbosa es una ficha de Duque y de paso de Uribe. Con él se ha cerrado el ciclo de Santos en el que el Fiscal Montealegre era un instrumento para golpear a la oposición a la que le impidió llegar al poder con Oscar Iván Zuluaga a través del montaje del hacker, del cual salió indemne al cabo del tiempo. Y, a la vez, una herramienta para evitar que la corrupción desembozada de Odebrecht que, de acuerdo con las denuncias de periodistas que no son uribistas, involucra a Santos.Necesitamos una Fiscalía que no sea arma arrojadiza contra nadie, que no actúe políticamente, sino en derecho y que llegue al fondo de los hechos para que el país pueda saber la verdad de lo que ocurrió en el gobierno de Santos en los campos de la corrupción y el manejo de las fuerzas armadas y de la justicia misma. Barbosa comenzó a meter el dedo en la llaga en el manejo que hubo en las Fuerzas Armadas, que ha intentado cambiar la naturaleza de nuestras Fuerzas, y que todavía buscan impedir, a través de personajes afectos al anterior gobierno y el mando de esa época, con la práctica de filtraciones, calumnias y desprestigios contra un sector de ella, que estas cumplan con el mandato de defender a cabalidad la soberanía interna. Eso ha exasperado a esos políticos, militares y exmilitares, policías y expolicías que, en estado de pánico, rechazan visceralmente que la verdad se sepa, cualquiera que ella sea.Barbosa cambió la Fiscal del caso Odebrecht, que llevaba largo tiempo sin tomar decisiones al respecto, a pesar de la cantidad de denuncias y pruebas que hay sobre este caso de megacorrupción, que involucra, presuntamente al expresidente Santos. Barbosa ha dado muestras de terminar con la práctica de tener bajo investigación por tiempo infinito (muy a la usanza kafkiana de Josef K) a personas que no son del agrado del jefe del ente acusador, para atravesárseles en sus aspiraciones políticas y personales, como hizo Montealegre con el excandidato Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos. También les ha puesto coto a las filtraciones, casi siempre parciales y editadas, que ponen en la picota pública a ciudadanos que apenas están siendo investigados y que no han sido vencidos en juicio.Ahora sí es posible esperar resultados en estos campos. Y eso es un avance gigantesco en la justicia colombiana, que ahora, en las Cortes decidió utilizar el mismo anónimo para llamar dos veces a investigación al presidente Uribe.Dije más arriba que ha sido costumbre de ciertos personajes de izquierda, con el soporte de determinados medios de comunicación, acusar al gobierno de Duque, a Uribe y a Barbosa, de desviar la atención de la opinión pública cuando se sacan a la luz presuntos hechos delictuosos que los involucran; pero, casi siempre, se les vuelven las tornas a los acusadores.La ñeñepolítica, precisamente, es un ejemplo: comenzaron tratando de mostrar la relación entre la mafia y el presidente Duque en una operación de compra de votos en la Guajira, a través de una señora Daza, cercana al expresidente Uribe (lo que de paso probaría que el expresidente participó en ese presunto hecho). Petro y su corriente, así como sus aliados exigieron una investigación a fondo. Y eso está haciendo el Fiscal. Ya comenzaron a aparecer indicios de que los petristas tuvieron relaciones electorales presuntamente sospechosas en esa práctica, en la Guajira –algo que la Fiscalía tendrá que probar- y que algunos de sus dirigentes más connotados eran amigos del Ñeñe, nada delictuoso, por cierto, por lo menos hasta ahora, porque apenas está definiéndose jurídicamente si el señor Hernández era o no un mafioso. Y lo mismo vale para la señora Daza, que tendrá que explicar ante la justicia su actuación, aquí en el país, para que ésta y la opinión se enteren del entramado real de lo que sucedió, es decir, si hubo compra de votos o no y, en caso de que la haya habido, quienes son los responsables. Pero sectores de izquierda están furiosos. No pueden aceptar que el fiscal investigue todas las aristas del asunto. ¿Por qué?Cuando la investigación de la ñeñepolítica llevó a que dos funcionarios de la policía estaban chuzando ilegalmente a sus compañeros, esa izquierda puso el grito en el cielo afirmando que se pretendía desviar la investigación, como si la interceptación ilegal no fuese un gravísimo delito y como si no hubiesen oído lo que dijo la Fiscalía de que los archivos de la ñeñepolítica estaban a salvo y bajo cadena de custodia. ¿Qué temen?Le puede interesar: Pedimos justicia no persecuciónLo mejor que le puede pasar al país es que la Fiscalía lo investigue todo y a todos en el mundo de lo público, en los términos de la Constitución y la ley, para que salga a luz, insisto, la verdad. Yo estoy seguro de que el gobernador Gaviria dará las explicaciones pertinentes y saldrá incólume y fortalecido de este doloroso trance. Le conviene a él, pero también a Antioquia y al país.