La campaña electoral, se dice, está comenzando. No. En realidad, la inició la oposición, la noche misma en la que el país conoció el triunfo de Iván Duque. En ese instante, el derrotado Petro dijo que “nació una nueva fuerza” que “no se está preparando para ser oposición sino para ser gobierno”; y que iba a regresar al congreso a hacer oposición y evitar que “intenten hacer trizas los acuerdos de paz y las cortes”, e “impedir que volvamos a la guerra” (https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2018/presidenciales/el-discurso-de-gustavo-petro-tras-los-resultados-de-la-segunda-vuelta-231820).

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El 7 de agosto del 2018 Petro convocó a una movilización nacional paralela que culminó en la Plaza de La Hoja. Allí, mientras el presidente terminaba de posesionarse, ya ponía en duda el triunfo de Duque, afirmando que él podría haber ganado las elecciones (ver Revista Semana del 08 .08. 2018).

Luego, en el 2019 vinieron, primero, movilizaciones por sectores (maestros, estudiantes, etc.), y después, las movilizaciones de sectores afines a la oposición, que buscaban replicar en Colombia lo ocurrido en Chile, Ecuador y otros países latinoamericanos. Y lo hicieron con algunos grupos apelando a la violencia y cambiando diariamente los objetivos –a comienzos de este año había más de 100-, lo que deja fuera de duda que se trataba un movimiento de largo alcance en el tiempo para ocasionar el desgaste político al gobierno de Duque. Hasta que llegó la cuarentena.

Durante ésta, viene consolidándose la arremetida, que venía desde el inicio del gobierno, en medios importantes y a través de las redes sociales –con los consabidos bodegueros- para desprestigiar al presidente. Lo de las bodeguitas es una práctica ya vieja, pero que no deja de tener cierta efectividad, aunque la gente ya los está calando y se está cansando.

Lo de los medios sería altamente cuestionable, al menos porque en uno, el grupo que es su propietario está presuntamente involucrado en investigaciones sobre Odebrecht por corrupción en la construcción de vías. Y porque casi todos ellos venían de recibir generosa pauta en el gobierno de Santos, que el gobierno de Duque cortó. 

Y está la práctica de algunos miembros del poder judicial, de politizar los fallos, filtrar información de manera parcial y sesgada. Se crea, entonces, un círculo pernicioso, en el que políticos –en el congreso y fuera de él-  periodistas, bodegueros de políticos y algunos miembros de esa rama se alimentan y retroalimentan.

Ahora existe una ofensiva para deslegitimar las Fuerzas Armadas, acusándolas de ser responsables, institucionalmente, de crímenes sexuales. Las acciones terribles de unos cuantos no son una política de las Fuerzas, que han condenado, expulsado y puesto en manos de los jueces, a los autores de esos crímenes. Pero los medios y los bodegueros lo han presentado como si fuera equiparable con los delitos atroces que, como organización practicaron los desmovilizados de las Farc, que nunca condenaron incluso, persiguen a las mujeres del grupo que los han denunciado- y, en cambio, justificaron, y que siguen utilizando las disidencias. La acusación, por falaz que sea, propina un golpe muy fuerte a nuestra democracia.

Por otro lado, el principal blanco de esas prácticas de acoso y derribo es el expresidente Uribe, quien es, para la oposición, el enemigo a vencer, y no sólo por lo que ha significado en la lucha de la izquierda armada, algo que no le perdonan- sino porque tiene, en su criterio, la fuerza suficiente para atravesárseles en su camino hacia el poder. Por eso, le abren investigaciones judiciales que nunca se cierran; no le perdonan titulares que no corresponden a lo que se dice en la información que se supone, contienen, ni “investigaciones” en sus unidades para tal fin, que no aportan pruebas, sino rumores e interpretaciones discutibles, por decir lo menos; ni series en línea que difaman, ni insultos o calumnias sin fin, en las redes. No hay nada sucio que no hayan intentado en su contra.

Ahora, el presidente Duque sufre los ataques persistentes de medios y redes. Todos los días sacan informes sobre la Ñeñepolítica, que es un relato según el cual, el señor Hernández determinó un fraude electoral en la Guajira y fue el puente, junto con María Claudia Daza, conocida como Caya, para que dineros de extranjeros ingresaran a la campaña. Vincular a Uribe a la trama de Hernández, a través de la señora Daza, es la movida genial para golpear a Duque a través de Uribe. No importa que este asunto esté siendo investigado por la Fiscalía, no interesa que haya presunción de inocencia. Los audios fluyen con interpretaciones abiertas para el señalamiento y la sospecha, sin tener en cuenta que no digan que hubo transacciones fraudulentas, o que ni siquiera se refieran al tema. En esa estrategia política, lo que vale es sembrar la duda y la desinformación.

El senador Petro, aprovecha esa situación, que, además propició en las redes para declarar que desconoce la legitimidad del mandato de Duque e incitar a la desobediencia civil. (https://forbes.co/2020/07/06/politica/petro-dice-que-desconoce-a-duque-como-presidente-y-llama-a-la-desobediencia-civil/)

Él puede pensar como quiera y tomar las decisiones políticas que desee, en el marco de la ley. Si considera que el mandato de Duque es ilegítimo, debe demostrarlo en los tribunales. Está en su derecho. Pero tiene que probarlo y no utilizar la desinformación para proponer semejante estrategia.

También tiene derecho a promover la desobediencia civil, pero debe asumir sus consecuencias. Esta es una práctica bien conocida en la democracia, que consiste en   "aquellas formas de insumisión al Derecho motivadas por consideraciones políticas o morales que, no obstante ilícitas, guardan una mínima lealtad constitucional, es decir, aceptan el sistema de legitimidad democrático como el más correcto para la adopción de las decisiones colectivas (Marina Gascón Abellán. Obediencia al Derecho y objeción de conciencia. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales; 1990. pág. 42 en https://es.wikipedia.org/wiki/Desobediencia_civil). .  Al aceptar el sistema democrático sus acciones son pacíficas. Fue lo que hizo Martin Luther King.

La desobediencia civil también es concebida como una expresión de responsabilidad personal por la injusticia, refleja el compromiso de no colaborar ni someterse a prácticas y normas injustas (Garzón Valdés, Ernesto (1981). Acerca de la desobediencia civil. Sistema 42: pp. 79-92 en Ibid). A través de esta, podría intentarse el cambio de régimen político, como hizo Gandhi, asumiendo las consecuencias legales de sus acciones y sin ejercer la violencia.

Es la que insinúa Petro. Pero este no es Gandhi. Lo que ha ocurrido en las calles de las principales ciudades del país con la violencia en las marchas y el lenguaje incendiario, de odio de clases y de confrontación social, que usa cotidianamente, no avalan esa posibilidad. La confrontación será la constante hasta agosto del 2022.

Todos esos grupos tienen en común que piensan que la verdad es para los epistemólogos, los científicos y los lógicos, no para ellos. Buenos discípulos de Goebbels, calumnian, calumnian, que de la calumnia algo queda. Tengo, no obstante, la esperanza de que la verdad le importe a la Fiscalía, que tendría que acelerar la investigación de la Ñeñepolítica, con imparcialidad y objetividad, llegando hasta el fondo de este asunto y tocando a quien haya que tocar para que la verdad brille y se tomen las decisiones que haya que tomar, si ese fuere el caso. También debería importar en la CSJ respecto a las investigaciones sobre Uribe. Todo, para bien de la salud de las costumbres políticas del país. Porque la verdad nos hará libres, como dice el evangelista Juan en 8:32.

A esto súmese que, con el triunfo de políticos de la oposición, como Claudia López, en algunas de las más importantes alcaldías del país, creció el esquema de gobernar en casa y oponerse al Gobierno Nacional. La alcaldesa de Bogotá es el summum de esta estrategia –todo lo bueno lo hace ella, pero lo malo, Duque-, mientras celebra contratos con los medios para promocionar su imagen y promueve a Fajardo, quien aprovecha la ventana que ella le abre, para criticar al gobierno y e intentar sacar de la política al expresidente Uribe.

Ahora bien, los grupos de izquierda y/o populistas tienen derecho a hacer oposición. Eso es la democracia, con la anotación de que los ciudadanos deben rechazar el uso de la violencia, y ser combatida con todo el rigor de la ley por el Estado. También soy consciente de que en el momento hay fisuras importantes en el interior de esos sectores. Eso no invalida el hecho de que todos están en campaña electoral, ni descarta la muy probable alianza en el futuro, según el rumbo que tome el debate electoral.

Por su parte, las tendencias de centro derecha se encuentran divididas y, aunque hay grupos que están haciendo campaña, lo hace a título exclusivamente propio y sin una mirada amplia. No hay, o no se conoce, una estrategia desde el gobierno, desde el Centro Democrático y de otras fuerzas afines, para coordinarse políticamente para defender la democracia liberal. Ahora y en el 2022.

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El Gobierno tendría que hacer más visibles, todavía, sus realizaciones y sus planes para el inmediato y el mediano futuro. El país tiene que saber cuál es su norte hasta el 2022, en las condiciones nuevas de pandemia y postpandemia: necesitamos saber esa visión para que la ciudadanía pueda compararla con otras propuestas. El Centro Democrático y las otras fuerzas de ese espectro político deberían tener, por iniciativa del gobierno, una coalición lo más amplia posible para las dos próximas legislaturas, para garantizar la agenda del ejecutivo y la gobernabilidad, con aportaciones de todos ellos; así como formular un programa común y un candidato común para el 2022. Pero no se sabe nada. Todos ellos tienen una gran responsabilidad para salvar la democracia liberal en nuestro país.