Necesitamos una Fiscalía que no sea arma arrojadiza contra nadie, que no actúe políticamente, sino en derecho y que llegue al fondo de los hechos para que el país pueda saber la verdad de lo que ocurrió en el gobierno de Santos
Me ha impactado la orden de detención domiciliaria contra el gobernador Gaviria. Respeto la institucionalidad, pero me solidarizo con él, lamento profundamente que se encuentre en esta situación y espero que pueda salir adelante en el juicio que debe enfrentar, así como que se le otorguen todas las garantías procesales. Haberle causado orden de detención domiciliaria es un plus de estrés emocional y angustia que pudo habérsele evitado porque su trayectoria indica que eso no era necesario, y sí particularmente devastador para él, su familia, amigos y seguidores.
La oposición ha utilizado este acontecimiento para argumentar que el fiscal Barbosa es una ficha de Duque que está haciéndole el mandado para desviar las investigaciones sobre la llamada ñeñepolítica. Desde su nombramiento como fiscal general ha sido víctima de señalamiento. Recuerdo que envió a la Corte Suprema de Justicia el informe sobre la violación que la alcaldesa Claudia López hizo de la cuarentena, para que fuera investigada. Esa corporación desechó la denuncia, diciendo que era un hecho que no ameritaba proceso. Pero, para el fiscal, probablemente, el hecho estaba investido de un alto valor simbólico porque el mensaje que la funcionaria había enviado, como primera autoridad de Bogotá, era que ella estaba por encima de la ley y que, de paso, autorizaba la violación de esas normas (que después, ha demostrado infinitamente, no ha sido capaz de hacer cumplir). El efecto podía ser muy grave en la pandemia.
Como sea, la señora López dijo que era persecución de un fiscal que actuaba bajo las órdenes de Duque. Ahora, dice lo mismo, no importa que el presidente haya manifestado que respeta la decisión pero que ha “conocido y trabajado con el doctor Aníbal Gaviria durante años; le tengo un profundo respeto, reconocimiento y aprecio. Mi solidaridad con él y su familia” (https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/el-mensaje-de-solidaridad-de-duque-con-gobernador-de-antioquia-503748). Y con ella, un coro de voces que aprovechan la ocasión para desprestigiar a una Fiscalía que ya no controlan y a un gobierno que ha resultado ser mucho más de lo que ellos esperaban y que ganó las elecciones a pesar de todos los montajes y trampas que ellos tendieron.
Es difícil afirmar que Barbosa es una ficha de Duque y de paso de Uribe. Con él se ha cerrado el ciclo de Santos en el que el Fiscal Montealegre era un instrumento para golpear a la oposición a la que le impidió llegar al poder con Oscar Iván Zuluaga a través del montaje del hacker, del cual salió indemne al cabo del tiempo. Y, a la vez, una herramienta para evitar que la corrupción desembozada de Odebrecht que, de acuerdo con las denuncias de periodistas que no son uribistas, involucra a Santos.
Necesitamos una Fiscalía que no sea arma arrojadiza contra nadie, que no actúe políticamente, sino en derecho y que llegue al fondo de los hechos para que el país pueda saber la verdad de lo que ocurrió en el gobierno de Santos en los campos de la corrupción y el manejo de las fuerzas armadas y de la justicia misma. Barbosa comenzó a meter el dedo en la llaga en el manejo que hubo en las Fuerzas Armadas, que ha intentado cambiar la naturaleza de nuestras Fuerzas, y que todavía buscan impedir, a través de personajes afectos al anterior gobierno y el mando de esa época, con la práctica de filtraciones, calumnias y desprestigios contra un sector de ella, que estas cumplan con el mandato de defender a cabalidad la soberanía interna. Eso ha exasperado a esos políticos, militares y exmilitares, policías y expolicías que, en estado de pánico, rechazan visceralmente que la verdad se sepa, cualquiera que ella sea.
Barbosa cambió la Fiscal del caso Odebrecht, que llevaba largo tiempo sin tomar decisiones al respecto, a pesar de la cantidad de denuncias y pruebas que hay sobre este caso de megacorrupción, que involucra, presuntamente al expresidente Santos. Barbosa ha dado muestras de terminar con la práctica de tener bajo investigación por tiempo infinito (muy a la usanza kafkiana de Josef K) a personas que no son del agrado del jefe del ente acusador, para atravesárseles en sus aspiraciones políticas y personales, como hizo Montealegre con el excandidato Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos. También les ha puesto coto a las filtraciones, casi siempre parciales y editadas, que ponen en la picota pública a ciudadanos que apenas están siendo investigados y que no han sido vencidos en juicio.
Ahora sí es posible esperar resultados en estos campos. Y eso es un avance gigantesco en la justicia colombiana, que ahora, en las Cortes decidió utilizar el mismo anónimo para llamar dos veces a investigación al presidente Uribe.
Dije más arriba que ha sido costumbre de ciertos personajes de izquierda, con el soporte de determinados medios de comunicación, acusar al gobierno de Duque, a Uribe y a Barbosa, de desviar la atención de la opinión pública cuando se sacan a la luz presuntos hechos delictuosos que los involucran; pero, casi siempre, se les vuelven las tornas a los acusadores.
La ñeñepolítica, precisamente, es un ejemplo: comenzaron tratando de mostrar la relación entre la mafia y el presidente Duque en una operación de compra de votos en la Guajira, a través de una señora Daza, cercana al expresidente Uribe (lo que de paso probaría que el expresidente participó en ese presunto hecho). Petro y su corriente, así como sus aliados exigieron una investigación a fondo. Y eso está haciendo el Fiscal. Ya comenzaron a aparecer indicios de que los petristas tuvieron relaciones electorales presuntamente sospechosas en esa práctica, en la Guajira –algo que la Fiscalía tendrá que probar- y que algunos de sus dirigentes más connotados eran amigos del Ñeñe, nada delictuoso, por cierto, por lo menos hasta ahora, porque apenas está definiéndose jurídicamente si el señor Hernández era o no un mafioso. Y lo mismo vale para la señora Daza, que tendrá que explicar ante la justicia su actuación, aquí en el país, para que ésta y la opinión se enteren del entramado real de lo que sucedió, es decir, si hubo compra de votos o no y, en caso de que la haya habido, quienes son los responsables. Pero sectores de izquierda están furiosos. No pueden aceptar que el fiscal investigue todas las aristas del asunto. ¿Por qué?
Cuando la investigación de la ñeñepolítica llevó a que dos funcionarios de la policía estaban chuzando ilegalmente a sus compañeros, esa izquierda puso el grito en el cielo afirmando que se pretendía desviar la investigación, como si la interceptación ilegal no fuese un gravísimo delito y como si no hubiesen oído lo que dijo la Fiscalía de que los archivos de la ñeñepolítica estaban a salvo y bajo cadena de custodia. ¿Qué temen?
Lo mejor que le puede pasar al país es que la Fiscalía lo investigue todo y a todos en el mundo de lo público, en los términos de la Constitución y la ley, para que salga a luz, insisto, la verdad. Yo estoy seguro de que el gobernador Gaviria dará las explicaciones pertinentes y saldrá incólume y fortalecido de este doloroso trance. Le conviene a él, pero también a Antioquia y al país.