Necesitamos construir una sociedad en la que no haya cabida para la impunidad, pero tampoco para las malvadas prácticas de desacreditar al oponente con maniobras como acusarlo de delitos de sangre.
Hay un derecho sagrado en la Constitución, que es el de la intimidad. Y si bien, es una servidora pública, ella, primero, es ciudadana colombiana.
En Colombia se usa la expresión “delito de sangre” en el sentido de que alguien está política o moralmente impedido porque un pariente cercano suyo cometió un crimen. De hecho, desde diferentes orillas de la práctica política colombiana y, aún, desde organizaciones de la sociedad civil este argumento ha sido utilizado para intentar vetar y desacreditar a sus respectivos oponentes.
El último episodio lo protagonizó el senador Gustavo Petro, quien, en twitter, pidió a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que renunciara a su cargo: “Como dirigente de la oposición solicito la renuncia de la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, por no haber hecho público, dado que pagó esa fianza-se refiere a la de su hermano- desde 1997. No haber dado a conocer a la sociedad colombiana que había (quizás con buenas intenciones) participado en la liberación de un narcotraficante de una de las peores drogas que existen en el mundo”. Esta petición fue secundada por otros como el senador Iván Cepeda.
El argumento de los crímenes de sangre ha sido usado también por organizaciones como Fundación Paz y Reconciliación, la cual en diciembre de 2017 publicó una lista de aspirantes al Congreso en las elecciones del 2018, que “ tienen nexos familiares o son herederos de dirigentes que no sólo han sido cuestionados sino hasta condenados por delitos relacionados con la parapolítica, los sobornos de Odebrecht y el cartel de la toga”, según cita Rubén Darío Barrientos, quien critica este concepto (https://www.elmundo.com/noticia/Delito-de-sangre/364448).
Esa mención me permite hacer una distinción muy importante. Ser familiar de alguien no significa que una persona sea responsable de los crímenes del que ha delinquido, entre otras cosas, porque nadie escoge a sus padres, hermanos y familiares cercanos. No hay delitos de sangre, en ese sentido. Como bien dice Barrientos, en el artículo, en el Código Penal a la gente se la condena por lo que hace, no por lo que es. Por eso, una cosa es ser familiar de un delincuente, y una muy distinta, usar la influencia o los recursos de este para conseguir beneficios personales como obtener cargos de elección. En este caso sí que se está cometiendo un acto punible penalmente.
Pero ese no es el caso de la vicepresidenta. Ella dio una garantía para que su hermano se presentase al juicio que se realizaría en USA por narcotráfico, en el cual fue sentenciado, cumplió su condena y ahora lleva una vida normal, dentro de la ley. Ella no sólo no se benefició de este delito, sino que, de alguna manera ha sido una víctima colateral que actuó con base en los principios de solidaridad y amor fraterno, valores éticos universalmente reconocidos. O ¿tal vez lo que pretenden sus críticos es que no prestara asistencia a su familiar para proteger su carrera política, o, que publicara un aviso en la prensa para autoflagelarse? Hay un derecho sagrado en la Constitución, que es el de la intimidad. Y si bien, es una servidora pública, ella, primero, es ciudadana colombiana. Y cumplió con el deber de informarle del hecho a sus empleadores Samper, Pastrana, Uribe y Duque, para que evaluaran las posibles consecuencias de su nombramiento y todos coincidieron en que no había razones para no nombrarla. Y ahora, que en violación a su derecho a la intimidad el acontecimiento se ha hecho de dominio público, las explicaciones que ha dado muestran la razón que tuvieron los presidentes al no tener en cuenta ese “delito de sangre”.
Que acusar de este “crimen” a dirigentes colombianos ha sido una costumbre perversa y horrible, lo demuestran el del expresidente Pastrana con su primo Gustavo Pastrana (https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-270379); el general Naranjo con su hermano Juan D. Naranjo (https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2482837) y el senador de oposición Iván Marulanda con su hermano Javier (https://www.elmundo.com/noticia/Un-vendedor-de-humo-llamado-Leon-Valencia/364940).
Llama la atención que algunos de quienes invocan el “delito de sangre”, hayan tenido ascendientes que han sido señalados de criminales y han manifestado su molestia y repudio por tales señalamientos. Es el caso del senador Iván Cepeda. En efecto, Álvaro Delgado, en su momento, miembro del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista Colombiano en su libro Todo tiempo pasado fue peor, afirmó que Manuel Cepeda, padre de Iván Cepeda, apoyó la violencia guerrillera de las Farc-ep al financiar el accionar del grupo guerrillero. En el libro Armas y Urnas. Historia de un genocidio Político de Steven Dudley, cofundador de InSight Crime, también se han hecho referencias a dicha supuesta relación. Seguramente que judicialmente no se probará nunca esa participación de Manuel Cepeda en la violencia fariana, pero es una hipótesis razonable suponer que Cepeda hijo se ha beneficiado de la posición y relaciones que su padre construyó en el entorno de esa organización. Su amistad, públicamente registrada, con alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich, prófugos de la justicia y cabecillas de las disidencias de las Farc, así lo permite inferir.
Nicolás Petro, por su lado, no renunció a la diputación del Atlántico, a pesar de las denuncias que se han hecho contra su padre, dirigente del M-19 y, por tanto, responsable de los crímenes de esa organización.
Hay otro tipo de reparos contra la vicepresidenta. Petro y Cepeda (https://www.elpais.cr/2020/06/12/senadores-de-oposicion-piden-renuncia-de-vicepresidenta-de-colombia/) y otros dirigentes de izquierda han dicho que Ramírez está casada con un empresario que tuvo vínculos con narcotraficantes y paramilitares. Utilizan la falacia de la petición de principio, en la que se da por sentado lo que, precisamente, hay que demostrar. Ella ha dado las explicaciones pertinentes: “Yo soy la que los colombianos conocen: una mujer con carácter, una mujer que trabaja, una mujer íntegra y, sí, me duele terriblemente, que uno no tenga, lamentablemente, las herramientas necesarias para defenderse. No está relacionado conmigo, está relacionado con una firma que hizo un negocio transparente” (https://www.semana.com/nacion/articulo/fiscalia-cita-a-alvaro-rincon-esposo-de-la-vicepresidenta-marta-lucia-ramirez/673916) y su esposo ha sido llamado a declarar ante la Fiscalía. Es esa investigación la que arrojará luces al asunto, que, de tener mérito, será definido por un juez de la república; pero, como es costumbre nacional, ya sus críticos la condenaron, aunque un principio del derecho penal consagrado en nuestro ordenamiento una persona es inocente hasta que se le pruebe lo contrario.
No puedo dejar pasar otra afirmación del senador Petro, sin glosarla. En el video dijo, para generalizar su acusación, que la sede del narcotráfico no eran los campesinos que cultivaban la coca, a quienes hacinan en las cárceles para que se contagien de covid 19, sino el Congreso, el Gobierno, los gobiernos, los clubes, la alianza entre el poder político tradicional y los narcotraficantes.(https://www.youtube.com/watch?v=qDseD6uoAGM).
Hubo, en efecto, un presidente que fue elegido con dineros del narcotráfico, Ernesto Samper. Pero Pastrana y Uribe lucharon contra ese fenómeno, entre otros instrumentos, con el Plan Colombia. Cuando Uribe dejó la presidencia, había menos de 60.000 hectáreas de coca sembradas, y extraditó a los jefes paramilitares porque siguieron delinquiendo. Se ha intentado incriminarlo con el tráfico de drogas y el paramilitarismo –incluso publicando una serie de video repugnante- pero nada se le ha podido probar. En cambio, el expresidente Santos firmó un acuerdo de paz con las Farc, una de las principales, si no la principal organización responsable del narcotráfico en el mundo; creó un sistema de justicia para ellas que garantiza la total impunidad sobre sus crímenes de guerra y de lesa humanidad, legalizó los pequeños cultivos y entregó el país con más de 220.000 hectáreas de coca. Y, finalmente, premió a esa organización con representación en el congreso.
Es cierto, también, que al parlamento han llegado personas responsables de crímenes horrendos y de narcotráfico, provenientes de los partidos tradicionales liberal y conservador y la multitud de grupos que se desprendieron de ellos (la U, Cambio Radical, etc.), pero también, gentes como el senador Petro, que fue militante de una organización terrorista. De hecho, ha habido una alianza de parte de sectores del centro derecha, lo que él llama poder político tradicional, con el narcotráfico y los paramilitares. Pero hubo una alianza de eso que llama poder tradicional con los narcotraficantes de la extrema izquierda. Y desde hace mucho tiempo. Desde los preparativos para promulgar las Constitución del 90 con el M-19, que previamente asaltó el Palacio de Justicia; y la de los que impulsaron el pacto de paz con las Farc, incluida esa organización y el Partido Comunista, que hacen parte de los políticos tradicionales desde siempre.
Por eso necesitamos construir unas instituciones y una sociedad donde no quepa el narcotráfico, llámense guerrilla, paramilitares o clanes, en la que no haya cabida para la impunidad, pero tampoco para las malvadas prácticas de desacreditar al oponente con maniobras como acusarlo de delitos de sangre.
Prohibida su reproducción total o parcial. La traducción a cualquier idioma está permitida estrictamente para usos pedagógicos y debe citarse la fuente. Reproduction in whole or in part is forbidden. Translation in any language is permitted strictly for pedagogic uses without written permission, and credits shoud be given to EL MUNDO.
Webmaster: webmaster@elmundo.com - Contáctenos en la Calle 53 #74-50 Barrio Los Colores en Medellín - Colombia - Teléfono (574) 2642800
Mi Mundo
Regístrate
