Nota de la DirecciónLa Dirección de EL MUNDO ha recibido la siguiente comunicación del columnista José E. Mosquera:Coletilla: recibí una comunicación del abogado Abelardo de la Espriella, donde expone fundamentos jurídicos como apoderado del periodista, Carlos Antonio Vélez, para que rectifique lo dicho mi columna: Carlos Antonio Vélez, de ficha del cartel de Cali a la zaga de los Char. Debo reconocer que me extralimite en el titular por cuanto es claro que, Carlos Antonio Vélez, es un ciudadano de bien, que jamás ha pertenecido a una organización criminal. Por lo tanto, acepto que incurrí en un error. Pido excusas a Carlos Antonio Vélez y a su familia. Espero con esta aclaración, poder resarcir la afectación a su buen nombre y hora.---El periodista Carlos Antonio Vélez Naranjo, por sus explosivas declaraciones en contra del senador Gustavo Petro y de la Federación de Educadores (Fecode) ha estado en el centro de una polémica mediática. Este comentarista deportivo caldense, nacido en Manizales hace 66 años, hijo de una educadora, acuso a Petro de asesino y se fue lanza en ristre contra la protesta social. Un hombre que se ha destacado como periodista deportivo y tiene una reconocida trayectoria en la radio y televisión de más de 40 años. Vélez es un periodista polémico que se ha caracterizado por un enfermizo arribismo social y por sus descalificaciones desobligante en el mundo de fútbol en contra de dirigentes, técnicos y futbolistas. Ahora por el afán de protagonismo político ha pasado con su hijo Luis Carlos Vélez de defensores de la causa política del CD a mandaderos del clan político de los Char.Carlos Antonio Vélez es un periodista con impronta propia, de allí que sus comentarios deportivos despiertan más odios que simpatías en el mundo del futbol. Funge actualmente como el director de deportes del programa Planeta Fútbol de RCN Radio en Antena y uno de los principales comentaristas del canal de deportes Win Sports.Igual que su hijo Luis Carlos Vélez, director de la emisora La FM, se han destacado por su mezcla de política y periodismo. Primero como seguidores del CD, el grupo político del expresidente Álvaro Uribe Vélez y ahora con sus ataques contra Petro se han subido estratégicamente al barco político del clan de los Char. Su hijo Luis Carlos Vélez, durante la pasada campaña presidencial se despojó de su investidura de periodista y se vistió con la camiseta de la campaña del presidente Iván Duque. Fueron famosas sus críticas y linchamientos mediáticos desde la cabina radial de la FM contra Petro.Luis Carlos Vélez está casado con la periodista barranquillera, Siad Char, sobrina del empresario y político, Fuad Char Abdala, propietario de la cadena de supermercados Olímpica, del equipo de futbol Junior y líder de una poderosa estructura política que controla el poder en los ocho departamentos del Caribe. Padre de Alex Char, exalcalde de Barranquilla y virtual candidato presidencial y competencia de Petro en la carrera por la Casa de Nariño. De hecho, no es nada al azar que padre e hijo hayan salido a satanizar a Petro, en medio de la coyuntura de sus denuncias sobre el papel del Clan Char en la compra de votos para campaña de Duque en el Caribe, tal como lo denunció la exsenadora Ayda Merlano en la entrevista con Vicky Dávila.A Carlos Antonio Vélez, quien proviene de una familia de clase media de Manizales, le toco abrirse paso en el periodismo deportivo en una emisora del Cartel de Cali, sin más recomendación que su propio talento; con el matrimonio de su hijo Luis Carlos, entraron a tener nexos familiares con la poderosa familia Char, dueña de una de las quince empresas más ricas del país, un conglomerado de 350 almacenes en 105 municipios, en 21 departamentos, que producen ventas por más de 6,7 billones de pesos anuales, sin contabilizar el poder del control del poder políticos en la mayoría de gobernaciones y alcaldía en la Costa Caribe y en otras regiones.Indudablemente que el arribismo de la familia Vélez y su papel de mandadero está a flor de piel, dado que Alex Char es un virtual competidor de Petro por la Presidencia de la Republica. Por consiguiente, Petro se ha convertido en blanco de las críticas de Luis Carlos Vélez, en la FM, y ahora de su padre, quién se bajó de su pedestal del periodista deportivo y se puso la camiseta de agitador político.De allí que sus ataques contra Petro hacen parte de una estrategia electoral, debido a sus reiteradas denuncias contra la participación del clan político de la Casa Char en la trama de corrupción del escándalo de Odebrecht. Se sabe que Carlos Antonio, inicio sus pinitos como periodista deportivo en el programa La Guerrilla Deportiva del “Grupo Radial Colombiano, emisora de los hermanos Gilberto y Manuel Rodríguez Orejuela, del Cartel de Cali”. Es decir, trabajó durante 10 años para el Cartel de Cali. En una declaración radial de respuesta al técnico Jorge Luis Pinto, el propio Vélez, dijo “Yo trabajé con el Grupo Radial Colombiano, así como él trabajó con Millonarios en la época del ‘mexicano’ (Gonzalo Rodríguez Gacha)”.Fernando Rodríguez Mondragón, hijo de Gilberto Rodríguez Orejuela, dijo en una entrevista a Caracol Radio, el 29 de octubre de 2007: “Mario Alfonso Escobar, Óscar Rentería, Pache Andrade, Carlos Antonio Vélez, Estaban Jaramillo, ellos tuvieron sus contratos de trabajo con el Grupo Radial Colombiano (…) El trabajo que hacían por más pequeño que fuera era remunerado muy bien. Ellos tenían un contrato, algunos mintieron ante entes judiciales como la Dian y no pudieron comprobar la procedencia de algunos dineros”. ¿Será que el famoso Carlos Antonio Vélez mintió a la Dian...? allí le queda un rabo de paja bien largo...Su hijo Luis Carlos Vélez, en respuesta al anuncio de Petro que demandaría a su padre, en un trino escribió: '#YoApoyoACarlosAntonioVelez hasta el último de mis días' y envió un mensaje a Petro, donde le dijo: 'Pues Gustavo nos vas a tener que demandar a todos los que creemos que eres tóxico para nuestro país' y Petro le respondió: 'Sr Vélez, yo soy tóxico para los corruptos del clan Char, soy tóxico para los que vivieron de los dineros de los Rodríguez Orejuela', En conclusión, Carlos Antonio Vélez paso de ficha del Cartel de Cali a mandadero de los Char.
Mientras el gobierno de Duque demanda austeridad y racionalidad en el gasto público a los gobernadores y alcaldes en los contratos del Covid-19 derrocha la media bobadita de $ 13.430 millones en compras de camionetas blindadas y en contratos para diagnosticar el desempeño del Gobierno y mejorar la imagen del presidente.Por su parte, el director de Finagro ferió $226 mil millones en créditos, el 94% fueron a parar a los bolsillos de los grandes empresarios, 4% a los de medianos y solo 2% a los de los campesinos. Un nuevo capítulo del parque de diversiones que hubo con los dineros de Agro Ingreso Seguro que beneficiaron a políticos y empresarios afines al uribismo. En cambio, miles de pequeños empresarios se quebraron por falta de créditos.Lea también: Universidad del Chocó, otro foco de corrupciónAdemás, el Gobierno tomó de los recursos de la venta de Isagén $ 2,6 billones y se los entregó a la banca para garantizar los créditos a los medianos y pequeños empresarios, pero la banca pone trabas para desembolsar los créditos y miles de empresarios se declaran en bancarrota. Sin embargo, la banca gana millonarios recursos con la reducción de las tasas de interés y con las intermediaciones en las operaciones de los recursos de la emergencia sanitaria.Se observan pocos controles en aquellos recursos, pero con los de menores cuantías destinados a las inversiones para combatir la covid-19 en las regiones se ha desatado una cacería por la publicitada comedia que han montado el fiscal, el procurador y el contralor, direccionada más para ganar popularidad, que medidas eficaces para frenar la endémica corrupción en las estructuras del Estado.Es evidente que los tres están actuando más en funciones de posicionar sus imágenes que en torcerle realmente el pescuezo a la corrupción, debido a que los grandes escándalos de corrupción como Reficar, Interbolsa, Odebrecht siguen sin castigos concretos sobre sus principales protagonistas. Contrario a ello, se toman medidas ridículas como el llamado a indagatoria de la fiscalía a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por violar una medida policiva. Unas decisiones calcadas de los libretos de una justicia convertida en espectáculo para ganar popularidad y réditos políticos. Cuando se requiere que la justicia y los entes de control actúen con severidad, transparencia y con menos reality.Por esas fallas de la justicia del espectáculo, el Estado afronta 406.000 mil demandas, cuyas pretensiones de los demandantes ascienden COP 421 billones, una cifra equivalente a un gran porcentaje del PIB de la nación. Las estadísticas señalan que un tanto por ciento de aquellas demandas están relacionadas con hechos de orden público, abusos en la administración de justicia, errores en los procesos sancionatorios que imponen el Ministerio Público y la Contraloría. Las entidades que se concentran la mayoría de esas demandas son el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General, la Policía Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura, Contraloría y Procuraduría General de la Nación.Y lo más polémico es que el Estado no cuenta con recursos suficientes para hacer frente a las demandas que pierde y que representan el 40,2% de lo que produce el país en un año. Desde que los tres reyezuelos anunciaron sus advertencias de coadministradores de los recursos del Covid-19, me he dedicado a examinar las decisiones del Ministerio Público contra 19 gobernadores y 117 alcaldes.Sorprende que los únicos suspendidos hasta el momento sonel gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, por un contrato de COP 2.100 millones, que suspendió y liquidó sin gastarse y robarse un peso y el alcalde Tierralta, Córdoba, Daniel Enrique Montero Montes,por supuestos sobrecostos en un contrato de COP 750 millones.Para ambos no hubo control de advertencia, les violaron el debido proceso y los derechos a una legítima defensa. Por eso llama la atención que casos con mayores irregularidades en las violaciones de las normas de contratación como en la gobernación de Norte de Santander, la tierra del procurador Carrillo, contratos firmados por más de COP 23.000 millones y otros por COP 18.000 millones y no pasa nada. El gobernador del César, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, no fue separado del cargo y solo se le pidió suspender la liquidación de un contrato plagados de irregularidades por COP 14.065 millones y otros 29 contratos con sobrecostos de más del 50% por COP 13.000 millones, y los funcionarios siguen en sus cargos.Le puede interesar: ¿Quién ronda a los gobernadores?En el Tolima encontramos una danza de contratos con irregularidades más graves que las del Chocó por COP 55.417 millones y ningún funcionario ha sido suspendido. Igualmente sucede con la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, se investiga por un contrato plagado de anomalías por COP 19.319 millones y no ha sido suspendida del cargo. También está el caso del Gobernador del Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, no fue sacado del cargo y le solicitaron la suspensión del contrato por COP 3.400 millones.Estos casos entre otros son una síntesis de danzas de anomalías más graves que indican que existen sesgos políticos con aroma de discriminación en las decisiones de la Procuraduría de Carrillo. No defiendo la corrupción y el delito. Pero crítico las determinaciones exageradas y selectivas del ministerio público, sustentadas en prejuicios deterministas sobre ciudadanos de ciertas regiones y, más aún, cuando hay fallos del Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que limitan las sanciones disciplinarias contra funcionarios de elección popular.@j15mosquera
¿Será que Cristina Plazas Michelsen, periodista de la FM, tiene autoridad moral para señalar a otros de bandidos cuando es nieta del ex banquero del Grupo Gran Colombiano, Jaime Michelsen Uribe, uno de los más grandes estafadores del país? Leí su columna Los bandidos del Chocó, publicada en el diario Vanguardia Liberal de Bucaramanga, donde no deja títeres con cabeza sobre la clase política chocoana y solicitó una intervención del Chocó.Desconociendo que las intervenciones en el Chocó, han sido un fracaso. No han frenado la corrupción, sino que han multiplicado el saqueo y aumentado el desgreño administrativo. Su propuesta surge a raíz de la suspensión exprés de tres meses de la Procuraduría al gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, una medida exagerada, selectiva y con una visión determinista sobre el hombre chocoano. La decisión de suspensión inmediata, en lugar de una medida preventiva en el fondo lo que genera es una profunda inestabilidad política y administrativa en un departamento que en la última década ha tenido 12 gobernadores, uno cada 10 meses. Lea también:Las luchas de poderes en la U. del ChocóLo que se esconde detrás de la movida del triunvirato de los tres reyezuelos del Covi-19 es una trama económica y política de un poderoso grupo de empresarios y políticos por controlar el poder en el Chocó.Una medida selectiva y que viola el principio de igualdad ante la ley, dado que son 24 procesos disciplinarios que adelanta el ministerio público en contra de 14 gobernadores por contratos de mayores cuantías que los $ 2.000 millones del Chocó, y con faltas más graves en las violaciones del régimen de contratación pública. Porque el gobernador del Chocó, suspendió y liquidó el contrato sin ejecutarlo, gastarse y robarse un peso.No soy defensor de la corrupción y de la clase política que ha saqueado el fisco nacional y de las regiones. La corrupción no es un fenómeno exclusivo del Chocó, ni de su clase política como pretende señalar Cristina Plazas, para justificar la postura determinista de Carrillo. Insinuar eso es tener un profundo desconocimiento de la historia nacional. La corrupción colombiana tiene sus raíces en el colonialismo español y es un fenómeno histórico y estructural en el modelo del Estado que estructuraron las élites económicas y políticas desde el nacimiento de la vida republicana para controlar el poder. Lo que pasa con la corrupción en departamentos como Antioquia, Santander, Sucre, La Guajira, Magdalena, Caldas o Chocó, entre otros, son réplicas de las estructuras mafiosas de la hegemonía de unas élites que han dominado el poder desde Bogotá. Bogotá ha sido el centro de la peste que se expandió y contagio a los poderes regionales con el fin de mantener las lealtades en el dominio del poder nacional.Se equivoca Cristina Plazas, cuando solo señala a la clase política chocoana para ocultar el entramado económico y político que se esconde detrás de la sanción del gobernador chocoano. He sido crítico de la podredumbre de la clase política chocoana y nacional, pero rechazo sus pretensiones de estigmatizar a todos los chocoanos como corruptos y, más aún, si proviene de Cristina Plazas.Le puede interesar:Una monarquía hereditaria en la U. del ChocóUna periodista que no tiene autoridad moral para hablar de corrupción, dado que proviene de una familia de uñilargos, su abuelo el ex banquero, Jaime Michelsen Uribe, mayor accionista del Grupo Gran Colombiano fue protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de la banca colombiana en la década de los 80. (Leer los libros Porqué cayó Jaime Michelsen y Banqueros al banquillo de Alberto Donadio)Parte de su herencia proviene de uno de los más oscuros y tenebrosos negocios de la corrupción en el país. También se olvida que su marido, Eduardo de Praga Benavides, fue capturado hace 4 años en el Club Payandé en Villeta por el CTI de la Fiscalía cuando le daba una serenata previa al día de su matrimonio por sus vínculos con el entramado de corrupción en la Dirección Nacional de Estupefacientes. Igualmente, que su participación como directora del ICBF en el parque de diversiones de la corrupción en la regional del Chocó, dado que con los encargos de personas de su entorno se multiplicaron los actos de corrupción y las irregularidades en la alimentación de los niños del Chocó. En resumen. Cristina Plazas Michelsen no es la persona idónea para dar lecciones de moral en este país.
La Universidad del Chocó tiene el promedio salarial de los profesores universitarios más altos de las Universidades públicas en el país. Por encima de los promedios salariales de los profesores de las Universidades: Nacional, de Antioquia y del Valle, las tres instituciones universitarias públicas con las mayores acreditaciones en calidad y en investigaciones científicas.Una Universidad que en el 2018, su presupuesto de rentas y apropiaciones fue de $79.134 millones y el pliego de peticiones del Sindicato de Profesores del 2016 al2019, su valor es de aproximadamente $ 23.000 millones. Cifra que representó el 30% del presupuesto de aquel año. Esto explica las razones por las cuales esta Universidad no cuenta con recursos para su modernización institucional. En virtud de que, la carga por servicios personales la tienen al borde de la quiebra y el apetito voraz de sus agremiaciones la tienen camino hacia una inminente intervención.Lea también:Las luchas de poderes en la U. del ChocóEste tipo de cosas más la enorme carga prestacional que cada vez es mayor con el paso de los años debe llevar a los estamentos universitarios a examinar con más realismo el presente y el futuro de esta Universidad, una institución que por las acumulaciones de deudas y la caga prestacional cabalga hacia un cierre inminente en los próximos años.Una institución universitaria donde las disputas por el control y el reparto del poder entre sus profesores han dado al traste con la calidad académica y han generado una profunda descomposición ética en todos sus estamentos. Durante los 16 años de la rectoría de Eduardo Garcia Vega, la crisis se agudizó hasta llegar a tener todos sus indicadores negativos y se pasó del puesto 17 al último lugar en el ranking de las Universidades públicas. De los 16 años, 15 fueron de coadministración con el Sindicato de Profesores que en alianzas con los otros estamentos se repartieron puestos, contratos, condonaciones de matrículas, becas y participación en la feria de los recursos de regalías canalizados por la Universidad.En aquel período hubo un sector minoritario de los profesores que se opusieron a dichas prácticas. La Universidad con la participación activa del Sindicato de Profesores fue convertida en en un fortín de la politiquería regional y en refugio de condenados por delitos contra la administración pública.Por ese contubernio entre el Sindicato de profesores, los ex rectores y un selecto grupo de la Asociación de Egresados en el reparto del poder, Garcia fue reelegido por unanimidad cuatro períodos y firmó unas convenciones laborales ilegales que la Universidad no tiene capacidad presupuestal para cumplir.Su herencia es la de una Universidad dominada por una corruptela académica donde campea el tráfico de los intercambios de calificaciones por plata, votos, sexo y favores políticos. Los mismos miembros del Sindicato de Profesores, obviamente con excepciones han sido protagonistas de aquellas prácticas. Durante la administración de Garcia se llegó hasta el grado de descomposición académica de tener profesores rapimoteros y se popularizaron los vergonzosos trueques entre profesores y alumnos de calificaciones por favores económicos y sexuales. Las “luchas” por la defensa de la educación pública de calidad que tanto pregona el Sindicato de profesores es un discurso populista sin aplicaciones en la práctica, dado los pésimos niveles académicos que tiene la Universidad. Su lucha no es por una educación de calidad sino por la defensa de sus privilegios salariales dado que en materia de calidad educativa se va de mal en peor. La Universidad ocupo el último lugar en las pruebas Saber Pro de las IES evaluadas en el 2019, se situó en el puesto 249 de las 249 instituciones evaluadas con 123 puntos, 2.9 por menos que en el 2018.Le puede interesar:Ecuador a la zaga de las potenciasLos profesores han sido genios y figuras en todos los niveles de la crisis que afronta Universidad, porque en las últimas tres décadas han sido los que han controlado el poder y son los responsables de haber estructurado una especie de monarquía hereditaria, donde imponen a sus hijos, nietos, sobrinos y recomendados como profesores. Las becas y las comisiones de estudios no son otorgadas por méritos, sino milimétricamente entregadas por el grado de influencia de un profesor en la administración de turno o con el Sindicato. Un proceso de formalización docente que no se realizó como exige la norma en concurso abierto de méritos para premiar la calidad académica, sino que se realizó para premiar el grado de adulación con el zar del Sindicato de Profesores.
Ni los peligros del Covid-19 han logrado frenar las luchas de poderes en la Universidad del Chocó, declaraciones, videos, comunicados, panfletos y escritos, pululan y circulan en las redes sociales, sustentados en verdades a medias, en virtud de que, gran parte de los protagonistas de las disputas no reconocen sus participaciones y apoyos en los desaciertos de las administraciones anteriores que tienen a la Universidad en la galopante crisis.De hecho, todos los sindicatos, estamentos universitarios (profesores, administrativos y estudiantes) son responsables sobre lo que pasa en la Universidad chocoana. Desde hace más dos décadas los rectores elegidos han sido miembros del Sindicatos de Profesores de la Universidad y para llegar al cargo han contado con el respaldo de los otros sindicatos y estamentos universitarios. Lea también:Ecuador en la zaga de las potenciasEl Sindicato de Profesores lleva décadas cogobernando y repartiéndose los contratos, puestos y becas con los rectores de turno. De allí que sus miembros son responsables de la crisis que se afronta actualmente en el primer dentro educativo del Chocó. En cada elección los estamentos se dividen y se mueven al son de las dádivas y las promesas de reparto del poder. Unos ganan y otros pierden. Los que pierden arman estrategias y esperan cuatro años la revancha sumando a los que van quedando descontento por los incumplimientos.De manera que en la universidad del Chocó lo que ha sucedido en las últimas dos décadas es una especie de silla giratoria entre los mismos estamentos, los que están ahora en el poder golpean a la oposición… Y los que están fuera del ponqué hacen alianzas entre amigos y antiguos rivales para llegar al poder. Lo que salen del poder vuelven y estructuran alianzas entre perdedores, desilusionados y mueven sus alfiles para volver al poder.Un círculo vicioso al ritmo musical de una jota careada del folklor chocoano, donde las parejas dan vueltas y se vuelven a encontrar cara a cara… un cuento de cada cuatro años, motivado por intereses políticos con cálculos económicos y burocráticos que se miden al son de quiénes logran más contratos y puestos.Son luchas de poderes cimentadas en egos y rivalidades que traspasan las fronteras universitarias y que han puesto en peligro el futuro de la Universidad desde hace años. Es evidente, que si los estamentos universitarios no llegan a un consenso, dichas luchas van a propiciar otra intervención que puede llevar al cierre y liquidación de la Universidad del Chocó.Por el bien de la educación en el Chocó y de la Universidad que es patrimonio de todos los chocoanos, los estamentos universitarios en cabeza del Rector David Emilio Mosquera Valencia, los líderes sindicales , los profesores, el personal administrativo y los estudiantes deben iniciar a replantear sus posturas. Iniciando por los millonarios costos de las convenciones, exigencias sindicales, frenar gastos, burocracia, replantear las cargas académicas para disminuir costos y otras prerrogativas ajenas al quehacer universitario. Ese cuento de derechos adquiridos, sustentado en que somos un Estado inmensamente rico amerita profundos replanteamientos, dado que con los cambios mundiales en las administraciones de los Estados. Es evidente que los Estados también se quiebran como sucede con Estados como Grecia, España e Italia. No se trata que los agremiados a los cuatro sindicatos renuncien a los derechos adquiridos, sino replantearlos para salvar la supervivencia de Universidad, una institución preponderante en la formación de las nuevas generaciones de chocoanos.Le puede interesar:Maduro y las maniobras políticas de TrumpEs hora de dejar atrás las vanidades, los egos y las rivalidades mediáticas para salvar a la única institución universitaria pública que tiene el Chocó. La crisis económica que se avecina en el país como consecuencia del Covid-19, va ser más crítica que la que vivimos después de la depresión mundial de 1929. La nueva realidad económica que va afrontar el país, debe llevar a los estamentos universitarios chocoanos a replantear sus posturas y hacer un examen más reposado sobre el presente y el futuro de la Universidad, sino logran frenar las luchas de poderes, tal como va, la Universidad puede correr con la misma suerte de otras instituciones regionales como la Electrificadora del Chocó.
En el Ecuador se vive una crisis política y un agudo antagonismo de radicales proporciones en las disputas por el control del poder del Estado entre la izquierda, representada por el expresidente Rafael Correa, y la derecha, representada por el presidente Lenin Moreno.Una lucha política aparentemente entre izquierda y derecha, pero que en el fondo lo que esconde son unas disputas económicas, donde Correa y Lenin son fichas políticas de una pelea entre grupos económicos por el control del poder del Estado y de los recursos públicos ecuatorianos. Indudablemente que detrás de los grupos económicos y sus alfiles políticos ecuatorianos se libra otra lucha más encarnizada y oscura entre las potencias por el reparto del control del poder mundial, donde países latinoamericanos como Ecuador no son la excepción.Lea también: Ucrania, pulso de las potenciasUna desafiante lucha de poderes que traspasa las fronteras ecuatorianas, dado que se desarrolla dentro del ámbito del nuevo orden mundial de luchas hegemónicas imperiales entre Estados Unidos y China. Detrás del expresidente Correa están los intereses económicos y geoestratégicos imperiales de China y detrás de Lenin Moreno están los intereses de económicos y geoestratégicos imperiales de Estados Unidos.De hecho, Correa gobernó bajo el paraguas del naciente imperialismo chino, el cual a través de préstamos aseguró el dominio estratégico de la economía ecuatoriana en la expansión de su influencia en América Latina. Una crisis política que se profundizo cuando se conoció el entramado de corrupción de Odebrecht y el estado de las finanzas públicas.La dolarización de la economía ecuatoriana en el año 2000 fue una medida que permitió superar la crisis de un endeudamiento que representaba el 85% del PIB, generó una gran estabilidad económica y redujo el endeudamiento a un 20% del PIB. Cuando Correa asumió el poder se regresó a la espiral de crecimiento de la deuda, dado que su administración desbordó el gasto público y del 2009 al 2017 acudió a una serie de empréstitos por más de US$ 18.170 millones con la banca china para desarrollar su ambicioso programa de obras de infraestructura.Préstamos que fueron respaldados con ventas anticipadas de petróleo hasta del 2024, pero cuando se desplomaron los precios internacionales del petróleo comenzó de nuevo un calvario en las finanzas públicas ecuatorianas y se desató la crisis económica que afronta actualmente el gobierno. Por eso en ese pulso de pugnacidad y los entramados de corrupción se han destapado, la Corte de Justicia ecuatoriana, acaba de condenar al expresidente Correa a ocho años de cárcel por el delito de cohecho al encontrarlo responsable de liderar con 18 exfuncionarios de su gobierno, entre ellos el ex vicepresidente Jorge Glass, una trama oscura de sobornos al otorgar contratos entre 2012 y 2016 sin seguir los procedimientos previstos en la norma de contratación pública a empresarios a cambio de millones de dólares.Le puede interesar: El reparto de LibiaCorrea y Moreno son dos instrumentos políticos que pasaron de amigos a enemigos por la defensa de los intereses de los grupos económicos que los llevaron al poder y de la zaga de las luchas de los intereses imperiales que tienen al pobre pueblo ecuatoriano sumergido en una polarización y ahora con mayor furor en plena tragedia humanitaria del coronavirus que ha colapsado el sistema hospitalario. En conclusión: Correa y Moreno tienen a los ecuatorianos bailando sanjuanito al ritmo de los intereses imperiales de chinos y gringos.@j15mosquera
En momentos en que Estados Unidos se convirtió en el país con el mayor número de contagiados del coronavirus covid-19 en el mundo con 100.717 casos y con más de 1.544 muertos, superando a China donde se inició el foco de infección y afronta una de las peores crisis sanitarias y económicas que amenazan el legado y la reelección del presidente Donald Trump. La Justicia Federal y el gobierno Trump, ordenan la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro,bajo los cargos de delitos por narcotráfico, y a la vez, anuncian una millonaria recompensa por su detención de USD 15 millones.Lea también: Un nuevo orden mundialUna maniobra oscura y populista que se desarrolla en un contexto político que a leguas se observa que es con fines electorales de la campaña de reelección de Trump, y desde luego, para desviar la atención sobre la crisis económica que enfrenta el imperio como consecuencia de la expansión del coronavirus.Una orden de captura que desata un escándalo político mediático en América Latina y que tiene fuertes incidencias en la colonia latinoamericana en Estados Unidos, una movida política que la ponen a rodar los republicanos, después del triunfo del candidato demócrata, Joe Biden, en el Estado de la Florida, el virtual rival de Trump en la carrera por la Casa Blanca.Además, la orden de captura de Maduro, ocurre en el contexto de la crisis económica global que se ha desatado por el desplome de los precios del petróleo, la quiebra de las empresas petroleras estadounidenses y la caída de las principales bolsas de valores del mundo. Tres acontecimientos que se constituyen en serias amenazas para el legado y reelección de Trump.Una jugada política perversa del gobierno de Trump, de los círculos evangelistas sionistas del partido republicano y del sector de los cubanoamericanos que lidera el senador Marco Rubio, para tapar los embrollos de la crisis económica. Uno de los sectores económicos más golpeados es la industria petrolera, aliada del gobierno y clave en su reelección, dado que es un sector que está entre los grandes perdedores con la caída de los precios del crudo. En virtud de que, su éxito dependía del fracking y para ser rentables se requiere de un precio del barril de petróleo por encima de los USD 60 dólares.De allí que como consecuencia del desplome del precio del crudo varias de estas empresas han caído en bancarrota y miles de estadounidenses se han quedo sin empleos. En los últimos cinco años, 192 empresas productoras de petróleo y gas estadounidenses se han declarado en bancarrota.El lunes 16 de marzo, cuando se desplomaron las principales bolsas de valores del mundo, la Occidental Petroleum, una de las petroleras más grandes de Estados Unidos, vio caer sus acciones y obligada reducir su dividendo en un 90% y a recortar sus gastos de capitales. Ese mismo día, el indicador Dow Jones cayó un 12,9 %, la mayor caída diaria en las últimas tres décadas, el segundo mayor desplome en sus 124 años de operaciones y acumuló pérdidas que borraron todo lo ganado desde que Trump llegó a la Casa Blanca.Indudablemente que la crisis económica amenaza con acabar con el legado de Trump hasta el punto de que la Reserva Federal tuvo que salir a comprar bonos del Tesoro por más de USD 75.000 millones y comprar activos por USD 700.000 millones para garantizar la liquidez en el mercado.Le puede interesar: Globalización del populismo y la xenofobiaEl Senado aprobó un plan de rescate de USD 2,2 billones, el más grande en la historia reciente para afrontar la crisis y las peticiones de ayuda de 3.3 millones de desempleados. Ese orden de idea desatar un escándalo sobre la orden de captura del presidente Maduro, uno de los aliados de China y Rusia, en América Latina, significa un bálsamo para Trump, con el cual busca ganar réditos entre los votantes latinos. He sido crítico del régimen de Maduro, pero todo hace parte de una estrategia y un montaje del todo vale al mejor estilo del Tío Sam, la cual amerita un rechazo enérgico.@j15mosquera
El famoso acuerdo del siglo que firmaron el presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para “pacificar” el Oriente Próximo, que le concede derechos históricos a Israel sobre dominios palestinos, además de haber nacido prácticamente muerto por el rechazo inmediato de los palestinos, desata nuevas tensiones entre palestinos y judíos.Históricamente Israel ha buscado desintegrar a sus vecinos y desde hace varias décadas desarrolla unos planes estratégicos para consolidar su superioridad militar en el Oriente Próximo. Por eso fue clave en la ruptura de la administración de Trump del pacto nuclear con Irán. Su apuesta ha sido la de apoyar e incentivar en alianzas con Estados Unidos, los conflictos políticos, religiosos, tribales y las revueltas populares en el mundo Árabe y entre los persas con el fin de fragmentar a Irán, Irak, Líbano, Libia, Jordania, Turquía, Egipto y Siria. Lea también:Los Kurdos, un pueblo sin patriaSus planes estratégicos son encaminados a crear caos para balcanizar a la región en Estados pequeños y frágiles y así acentuar su poder hegemónico, dado que tiene uno de los arsenales militares más poderosos del mundo. Es el único país que en la región tiene armas nucleares y es una de las razones para que países como Irán y Arabia Saudita, busquen también tener arsenales nucleares por las amenazas que significa el poderío militar Israelí dentro de las correlaciones de fuerzas hegemónicas en el Oriente Próximo.El ex secretario de Defensa de Estados Unidos, Robert Gates, durante su proceso de confirmación en el Senado en 2006, afirmo que la teocracia de Irán quiere la bomba nuclear porque está rodeado de potencias nucleares Pakistán al este, Rusia al norte, Israel al oeste y Estados Unidos en el Golfo Pérsico.La política exterior de Estados Unidos en el Oriente Próximo está estrechamente ligada a los intereses estratégicos de Israel en la región y ese ha sido uno de los motivos por los cuales desde 1982 ha vetado 32 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU contra Israel y ha bloqueado todos los esfuerzos de los países Árabes para que el arsenal nuclear de Israel se ha supervisado por la Agencia Internacional de la Energía Atómica ((OIEA).Israel desde 1952 desarrolla armas nucleares con el apoyo tecnológico de Estados Unidos, Francia, Reino Unidos y Alemania. Se calcula que tiene más de 400 cabezas nucleares y es una de las mayores amenazas para la estabilidad y la seguridad del Oriente Próximo y el mundo Árabe.Su doctrina militar y su política exterior se han enfocado a evitar que Irán y Arabia Saudita, con quienes rivaliza en la hegemonía en el Oriente Próximo desarrollasen capacidades nucleares. Se acusa a Irán de ser una amena para la estabilidad de la región, pero su presupuesto de defensa el año pasado fue de U$S 6. 300 millones anuales, tres veces menor que el presupuesto de defensa israelí que fue U$S 19.600 millones y 11 veces menor que el de Arabia Saudita que fue de U$S 69.413 millones. Le puede interesar:Globalización del populismo y la xenofobiaIsrael es el único país de la región que no ha firmado el Tratado de No Proliferación de armas nucleares y sistemáticamente se ha opuesto a una inspección de su programa nuclear. Porque junto con India y Pakistán han decidió no firmar el tratado de no proliferación de armas nucleares para no tener que declararse potencias nucleares y evitar las supervisiones de la OIEA. Con Arabia Saudita por sus intereses estratégicos y hegemónicos jugaron un papel clave en las presiones a la administración de Trump para que rompiera el pacto nuclear con Irán. Los centros de poderes de los evangelistas cristianos sionistas, ligados al lobby israelí del partido republicano y el Comité Americano Israelí de Asuntos Públicos, liderados dentro de la administración de Trump por el Secretario de Estado, Mike Pompeo, el ex asesor Nacional de Seguridad, John Bolton, el Secretario de Defensa, James Mattis, entre otros, fueron decisivos en la ruptura del pacto y en las nuevas escaladas de sanciones contra Teherán. Lo paradójico es que mientras la administración de Trump le exige a Irán la suspención de su programa nuclear, al mismo tiempo rivaliza con Rusia y China para que empresas estadounidenses sean las beneficiarías del multimillonario contrato construcción de dos grandes reactores de energía nuclear en Arabia Saudita.
El fín de la guerra en Siria, marco un nuevo tablero geopolítico en materia de control de las fuentes de energía en el mundo. Rusia, China y Turquía afianzaron sus posiciones como aliados del régimen sirio y se constituyeron en actores determinantes en otros conflictos en el Oriente Próximo y África. De hecho, las riquezas petroleras de Libia, una nación islámica del norte de África, que posee las mayores reservas de petróleo en África y las novenas del mundo han pasado a ser parte de otro capítulo en los nuevos entramados de las disputas petroleras internacionales. Antes de la caída y muerte de Muamar el Gadafi, en 2011, Libia producía 1,6 millones de barriles de petróleo diarios. El 79% de su producción estaba controlada por multinacionales italianas, británicas, francesas y españolas y el resto por multinacionales de Estados Unidos, China y Brasil. Tras la caída del régimen de Gadafi por tropas de Estados Unidos, las otras potencias de la OTAN y sus aliados en Oriente Próximo y en el mundo Árabe, se desato una lucha armada por el control del poder en Libia que ha propiciado una profunda fragmentación del país. De paso surgio una parcelación en el dominio territorial de nuevos feudos controlados por grupos armados tribales, fuerzas políticas, grupos económicos, mercenarios y milicias yihadistas, bajo el amparo económico y militar de las potencias intervinientes y sus aliados en el Oriente Próximo y el mundo Árabe con intereses estratégicos en las riquezas petroleras.Una guerra que durante y después de la muerte de Gadafi, define un nuevo mapa en el control de los hidrocarburos. Un conflicto despiadado donde más de 15 multinacionales petroleras de Estados Unidos, europeas y asiáticas, se reparten el control del lucrativo negocio del petróleo, que representa el 80% del PIB y el 97% de las exportaciones de Trípoli. Por los intereses de las potencias y sus aliados, Libia se convierte en una nación fragmentada con dos gobiernos. Uno en el este y el sur controlado por las fuerzas del Ejército Nacional Libio del mariscal Jalifa Haftar, fuerzas que reciben financiación y armas de Rusia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Jordania, Egipto, Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos. Todos con intereses geoestratégicos en el control del petróleo. De allí que las fuerzas del mariscal Haftar controlan el mayor porcentaje de la producción petrolera con más de un millón de barriles diarios.El otro gobierno controla el oeste del país, liderado por Fayez Al Sarraj, que cuenta con el respaldo de la ONU, recibe apoyo económico y militar de los Hermanos Musulmanes, Turquía, Italia y Qatar, entre otros países, quienes por sus intereses se han convertido en sus principales bastiones externos. El gobierno turco y al Sarraj suscribieron el año pasado varios acuerdos para recibir apoyo militar y una nueva demarcación marítima que le garantiza a los turcos el control del gas libio en la zona del Mediterráneo oriental. Acuerdo que genero protestas de sus vecinos, dado que Turquía desde hace años mantiene litigios con Chipre, Grecia, Israel y Egipto por las explotaciones de hidrocarburos en las aguas del Mediterráneo. Turquía considera que los gobiernos de Israel, Egipto, Grecia y Chipre han acordado dejar a los turcos fuera del reparto de los recursos energéticos submarinos de aquella zona mediterránea.Libia es un estado fallido, fragmentado, devastado, en ruinas y sumergido en el caos. Tal como lo expresó el primer ministro británico, Boris Johnson, en la antesala de la Conferencia de Berlín: “la guerra en Libia es una guerra de peones que se termina si las fuerzas externas deciden terminarla”. Detrás de la fragmentación territorial están los intereses económicos y estratégicos de las potencias, las cuales son las que suministran apoyo económico y militar a las diferentes organizaciones armadas que se disputan el control de los territorios ricos en hidrocarburos. Han sido varios los diálogos frustrados en la búsqueda del fin de los conflictos. Las potencias se están repartiendo a Libia como sucedió en la famosa Conferencia del Berlín en 1885, cuando las potencias europeas se repartieron el dominio de África. Ahora 135 años después, el 19 de enero, en Berlín de nuevo las potencias celebran una conferencia para definir el rumbo de una nación africana, cuyo trasfondo es el reparto de sus riquezas y la contención de la emigración africana desde su territorio a Europa.En la segunda Conferencia del Berlín del siglo XXI sobre suelo africano, participaron los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: China, EEUU, Francia, el Reino Unido y Rusia. Además, Italia, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, Egipto, Argelia y la República del Congo. Pese a que en el comunicado se dice que: “Nos comprometemos a abstenernos de interferir en el conflicto armado o en los asuntos internos de Libia e instamos a todos los actores internacionales a seguir nuestro ejemplo'. Sin embargo, en la práctica no se aplica.