Mientras el gobierno de Duque demanda austeridad y racionalidad en el gasto público a los gobernadores y alcaldes en los contratos del Covid-19 derrocha la media bobadita de $ 13.430 millones en compras de camionetas blindadas y en contratos para diagnosticar el desempeño del Gobierno y mejorar la imagen del presidente.

Por su parte, el director de Finagro ferió $226 mil millones en créditos, el 94% fueron a parar a los bolsillos de los grandes empresarios, 4% a los de medianos y solo 2% a los de los campesinos. Un nuevo capítulo del parque de diversiones que hubo con los dineros de Agro Ingreso Seguro que beneficiaron a políticos y empresarios afines al uribismo. En cambio, miles de pequeños empresarios se quebraron por falta de créditos.

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Además, el Gobierno tomó de los recursos de la venta de Isagén $ 2,6 billones y se los entregó a la banca para garantizar los créditos a los medianos y pequeños empresarios, pero la banca pone trabas para desembolsar los créditos y miles de empresarios se declaran en bancarrota. Sin embargo, la banca gana millonarios recursos con la reducción de las tasas de interés y con las intermediaciones en las operaciones de los recursos de la emergencia sanitaria.

Se observan pocos controles en aquellos recursos, pero con los de menores cuantías destinados a las inversiones para combatir la covid-19 en las regiones se ha desatado una cacería por la publicitada comedia que han montado el fiscal, el procurador y el contralor, direccionada más para ganar popularidad, que medidas eficaces para frenar la endémica corrupción en las estructuras del Estado.

Es evidente que los tres están actuando más en funciones de posicionar sus imágenes que en torcerle realmente el pescuezo a la corrupción, debido a que los grandes escándalos de corrupción como Reficar, Interbolsa, Odebrecht siguen sin castigos concretos sobre sus principales protagonistas. Contrario a ello, se toman medidas ridículas como el llamado a indagatoria de la fiscalía a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por violar una medida policiva. Unas decisiones calcadas de los libretos de una justicia convertida en espectáculo para ganar popularidad y réditos políticos. Cuando se requiere que la justicia y los entes de control actúen con severidad, transparencia y con menos reality.

Por esas fallas de la justicia del espectáculo, el Estado afronta 406.000 mil demandas, cuyas pretensiones de los demandantes ascienden COP 421 billones, una cifra equivalente a un gran porcentaje del PIB de la nación. Las estadísticas señalan que un tanto por ciento de aquellas demandas están relacionadas con hechos de orden público, abusos en la administración de justicia, errores en los procesos sancionatorios que imponen el Ministerio Público y la Contraloría. Las entidades que se concentran la mayoría de esas demandas son el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General, la Policía Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura, Contraloría y Procuraduría General de la Nación.

Y lo más polémico es que el Estado no cuenta con recursos suficientes para hacer frente a las demandas que pierde y que representan el 40,2% de lo que produce el país en un año. Desde que los tres reyezuelos anunciaron sus advertencias de coadministradores de los recursos del Covid-19, me he dedicado a examinar las decisiones del Ministerio Público contra 19 gobernadores y 117 alcaldes.

Sorprende que los únicos suspendidos hasta el momento son el gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, por un contrato de COP 2.100 millones, que suspendió y liquidó sin gastarse y robarse un peso y el alcalde Tierralta, Córdoba, Daniel Enrique Montero Montes,  por supuestos sobrecostos en un contrato de COP 750 millones. 

Para ambos no hubo control de advertencia, les violaron el debido proceso y los derechos a una legítima defensa. Por eso llama la atención que casos con mayores irregularidades en las violaciones de las normas de contratación como en la gobernación de Norte de Santander, la tierra del procurador Carrillo, contratos firmados por más de COP 23.000 millones y otros por COP 18.000 millones y no pasa nada. El gobernador del César, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, no fue separado del cargo y solo se le pidió suspender la liquidación de un contrato plagados de irregularidades por COP 14.065 millones y otros 29 contratos con sobrecostos de más del 50% por COP 13.000 millones, y los funcionarios siguen en sus cargos.

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En el Tolima encontramos una danza de contratos con irregularidades más graves que las del Chocó por COP 55.417 millones y ningún funcionario ha sido suspendido. Igualmente sucede con la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, se investiga por un contrato plagado de anomalías por COP 19.319 millones y no ha sido suspendida del cargo. También está el caso del Gobernador del Putumayo, Buanerges Florencio Rosero Peña, no fue sacado del cargo y le solicitaron la suspensión del contrato por COP 3.400 millones.

Estos casos entre otros son una síntesis de danzas de anomalías más graves que indican que existen sesgos políticos con aroma de discriminación en las decisiones de la Procuraduría de Carrillo. No defiendo la corrupción y el delito. Pero crítico las determinaciones exageradas y selectivas del ministerio público, sustentadas en prejuicios deterministas sobre ciudadanos de ciertas regiones y, más aún, cuando hay fallos del Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que limitan las sanciones disciplinarias contra funcionarios de elección popular.

@j15mosquera