El presidente Iván Duque alcanzó una imagen positiva gracias al manejo que inicialmente dio a la crisis producida por la pandemia del coronavirus, pero la perdió en recientes encuestas de medios de comunicación. En cambio, la opinión pública favorece la labor de alcaldes y gobernadores, sobresalientes los casos de Daniel Quintero en Medellín, Aníbal Gaviria en Antioquia y Claudia López en Bogotá, porque sabe del esfuerzo que hacen para enfrentar este descomunal problema con muy exiguos recursos.Lea también: Unidos por la pandemiaTal vez la causa del bajonazo en la popularidad presidencial esté en los ya frecuentes escándalos que surgen en el entorno de gobierno y de las instituciones que lo rodean, como en el caso de la ñeñepolítica, el narcotráfico en algunos de sus principales aliados, la corrupción en varias entidades del Estado y la poca preocupación del presidente Duque por hacer claridad en tales asuntos.También suma el caso de muchas ayudas para los entes territoriales que llegaron a colaboradores del Gobierno Nacional en las regiones, o que han fallado en los controles debidos. En el sector salud, aunque notorios los esfuerzos de prevención y control de la pandemia, sus trabajadores no perciben que haya solución a los problemas que afrontan, incluidos los salariales. Además, es hora de dar salida a este modelo de salud y retomar el sistema público para eliminar la intermediación existente, que se queda con importante tajada de los recursos.De otro lado, los líderes sociales caen asesinados o son amenazados por grupos ilegales, debido al resurgir del paramilitarismo, con la complacencia y apoyo de terratenientes y ganaderos que se oponen a la restitución de tierras, y de grupos de narcotraficantes contrarios a la erradicación de los cultivos de uso ilícito. Pero es poco lo que el Gobierno hace para frenar ese baño de sangre.Igual sucede con el asesinato de desmovilizados que estuvieron decididamente comprometidos con los acuerdos de paz, pero los persiguen y aniquilan las disidencias y sectores adversos a este proceso. Ya han sacrificado la vida de más de 200 excombatientes, mientras la implementación marcha a paso de tortuga. Solo uno de los representantes del gobierno, el consejero para la estabilización Emilio Archila, parece responder por el desarrollo de todos los componentes del proceso, mientras el alto comisionado de paz, Miguel Ceballos, hace todo lo contrario de su par en el gobierno.Otro factor de este declive de imagen lo aportan los escándalos en las FF. MM. Crecen las acusaciones de delitos sexuales contra menores por parte de la tropa, de violación de DD. HH., de corrupción a su interior y de falta de coherencia en una doctrina militar que parece que perdió sentido, en parte debido al legado de la seguridad democrática que sobrevaloró los triunfos sobre la guerrilla y otros actores armados y aplicó una política de todo vale, causa de los llamados falsos positivos que se teme que persisten como práctica en alguna esfera militar.Además, el gobierno es presionado por sectores del empresariado para que aplique medidas de tipo laboral que descarguen todo el peso de la recuperación de la crisis en los trabajadores. Aquí cuentan: la propuesta de trabajo por horas que significa pérdida de reivindicaciones laborales, la disminución de salarios, la supresión de primas laborales, el desempleo desbocado y el incremento del empleo informal que elevan los índices de pobreza y miseria, mientras la concentración de la riqueza sigue su ascenso imparable. Las pequeñas y medianas empresas deberían contar con el apoyo del gobierno, lejos de la voracidad del sistema financiero. Ya se han perdido más de 20.000 pymes y peligra la industria de bares, restaurantes y similares.Le puede interesar: Costosas ausenciasPero el mandatario cree que su plan de gobierno se reduce a atender la pandemia y a aparecer en televisión todas las tardes, olvidando que se requiere un accionar más integral, que abarque a todos los actores de la sociedad. Ojalá por el bien de Colombia recapacite ante la gravedad de la situación.jaimefajardolandaeta@gmail.com@JaimeFajardoLan
Sugiero a la opinión pública que nos comprometamos con un gran pacto social que permita superar esta crisis y generar alternativas de largo aliento. Un acuerdo que integraría a todos los miembros del Comité Nacional de Paro (y a todos los sectores sociales que lo apoyaron) y a los gremios económicos en su integralidad. Todos cabemos en esta propuesta, con el presidente Duque como líder y los gobernadores como impulsores de mesas regionales de concertación y diálogo.Lea también: Seguridad ciudadana en riesgoSe trata de propiciar un escenario para debatir, definir y precisar los cambios fundamentales que requiere nuestro actual modelo económico que está presentando grandes falencias. El capitalismo salvaje y el neoliberalismo han fracasado, así que debemos construir las alternativas que permitan alcanzar mejores niveles de equidad social, la restitución de tierras, de lucha certera contra el hambre y la miseria; acabar con la informalidad laboral, garantizar la implementación de los acuerdos de paz y nuevas iniciativas con otros actores, recuperar los niveles de empleo y adoptar como foco la construcción de políticas justas de distribución del ingreso.De lo contario, seguiremos pescando en el río revuelto de esta inédita convulsión mundial. Como lo hacen, por ejemplo, algunos empresarios colombianos que propugnan por sacar provecho con reformas laborales, pensionales y económicas, y de paso arrasar con muchas de las conquistas del movimiento sindical.Claro que se deben diferenciar los problemas que atraviesan las pequeñas y medianas empresas, urgidas de apoyo gubernamental incluidos los pagos de nóminas, y del auxilio del sector financiero con préstamos a largo plazo y bajo interés, de la situación de las grandes empresas y las subsidiarias de entidades multinacionales que deben hacer usos de las reservas económicas obtenidas durante prolongados periodos de vacas gordas, para paliar esta crisis.Es importante que el Gobierno financie gran parte de los requerimientos para superar la crisis, incluyendo la búsqueda de préstamos internacionales, como en efecto lo está haciendo; que incremente el déficit fiscal y no se deje presionar por sectores retardatarios de los gremios económicos y más pudientes de la sociedad.Otra manera de pescar en ese río revuelto es pretender que alrededor de los 14 puntos que hoy enarbolan los gremios económicos se lograrán los acuerdos que necesita el país. Ocultan la intención de aprovechar esta crisis para imponer cambios en favor de una mayor acumulación en manos de una minoría siempre gananciosa. Pero tampoco se trata de desconocer la libre iniciativa de la empresa privada, la importancia de fortalecer el aparato productivo, de fortalecer un empresariado con más compromiso social y consolidar las bases del Estado social de derecho promulgado por la Constitución de 1991.En ese sentido echamos de menos el liderazgo iluminante de un Nicanor Restrepo Santamaría, un Gilberto Echeverri, un Guillermo Gaviria Echeverri, y otros muchos con claridad meridiana sobre el papel que compete a los gremios económicos en momentos como el actual. Por fortuna, aún contamos con personajes que animan y dan continuidad a la tendencia social del empresariado, que muchos insisten en desconocer.Le puede interesar: La hora de los gremiosQue también se ventile el problema de la salud, buscando abolir la intermediación en el sector que creó un monopolio que absorbe todos los recursos. Que el sector recupere un enfoque público, con el Estado como responsable central, y se desmonte el andamiaje corrupto de las EPS, mientras se busca rescatar la dignidad laboral de sus profesionales y servidores, para que no sigan acumulando meses de salarios y prestaciones sociales sin cancelar. Que se tramite el tema de las enormes deficiencias de la infraestructura hospitalaria y el criminal monopolio del mercado de los medicamentos en manos de multinacionales, y de empresas que manejan la salud con criterio mercantilista. El pacto social que proponemos es de carácter urgente y nos debe comprometer a todos, sin excepciones.@JaimeFajardoLan
Formular un llamado a la unidad nacional en la lucha contra la pandemia que nos agobia, es un imperativo fundamental que debemos atender todos los colombianos, sin distingo de matices e ideologías.Lea también: Revitalizar las marchasPor eso me parece una loable misión de todas las personas, entidades, asociaciones y gremios económicos que han escuchado el clamor de los ciudadanos para que se pongan al frente de esta lucha, sin trazas de egoísmo, tocados en su sensibilidad por los efectos de esta tragedia. Apoyar al Gobierno en las decisiones que está tomando es una muestra de grandeza, al deponer los intereses personales en favor de las apuestas colectivas y humanitarias. Cosa distinta es saber enfatizar en las soluciones atinentes a problemas estructurales de la sociedad, que recaen en los más pobres, para resolver acertadamente los de la coyuntura.Han salido a flote problemáticas no resueltas, sobre todo de índole económica y social. El virus ha desnudado la enorme informalidad del empleo, y en consecuencia la miseria que soporta la gran mayoría de nuestros compatriotas. Resulta intolerable que el empleo informal sea del 60%, que concentra a las familias que sobreviven con el rebusque diario. Son las que por estos días protagonizan amplias movilizaciones de protesta, que no siempre obedecen a la incitación de saboteadores o de políticos corruptos. Son hombres y mujeres del común, que salen a las calles empujados por el hambre, pues el apoyo que ofrece el Gobierno no alcanza para suplir al menos sus necesidades básicas.La gestión de los gobiernos nacional y locales orientada a llevar hasta esos hogares mercados y subsidios, solo cubre a algunos: paños de agua tibia ante las graves dificultades. Además, el proceso de entrega ha sufrido distorsiones propiciadas por los corruptos, que medran donde hay contratos y recursos. De allí la importancia de las pesquisas que adelantan los órganos de control, que deben llevar a la identificación y judicialización de sus protagonistas, que se lucran del dolor y penurias de millones de compatriotas. En general el Gobierno Nacional se ha mostrado tímido frente a los grandes capos de la corrupción, mientras que la Fiscalía considera de la mayor urgencia dedicarse a perseguir a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, líder indiscutible en el manejo de esta emergencia.Hago notar que muchos empresarios y gremios económicos están sumando apoyos de todo tipo en la lucha contra el coronavirus, pero no faltan quienes desestiman la situación, e insisten con su propuesta de implantar el trabajo por horas. Llegan incluso a sugerir que los trabajadores renuncien al 33% de sus salarios. La cosa no es por ahí, señores: todas las ganancias obtenidas en periodos anteriores deben ser revisadas, para que esas organizaciones aporten decididamente en la mitigación de esta catástrofe. Que no olviden que la mejor inversión está en la mano de obra y en la contribución de la clase media al robustecimiento del capital.Por eso considero de la mayor importancia que se busquen mecanismos para financiar la nómina empresarial por unos meses, iniciativa que le corresponde al gobierno, a los gremios económicos y a la banca. Esta última ha sido indolente; bajo presión, propone préstamos en condiciones poco favorables para los pequeños y medianos empresarios. Olvida el escandaloso monto de utilidades que obtuvo, solo el año pasado, cercano a los 13.5 millones de dólares. Es momento de gestos de grandeza, así que ahora la banca debería ser más generosa. A la vez que el cambio de Modelo económico debe ser un objetivo a lograr y me refiero al modelo que dispone la Constitución de 1991 y el cual no se aplica en el país.Les puede interesar: Pandemias y distractoresDe otro lado, las denuncias del general Juan Carlos Buitrago, luego de su renuncia al cargo, exigen la más seria investigación, pues comprometen a personas cercanas al Gobierno y al Centro Democrático. Hay que recordar que los portavoces de ese partido exhiben una actitud de pobre respaldo a las medidas de Duque en la lucha contra la pandemia. Han resultado infortunadas las recientes declaraciones de la señora Cabal, la solicitud de cierre del Congreso de otro parlamentario, y el menosprecio a las víctimas del conflicto y de la pandemia que caracteriza a la señora Paloma Valencia. El presidente tiene la posibilidad de distanciarse de estas posiciones, ahora que su popularidad parece pelechar un poco.@JaimeFajardoLan
El coronavirus y las medidas adoptadas para combatirlo han puesto en evidencia unas realidades que, aunque conocidas, resultan soslayadas con habilidad por los gobiernos y los grandes medios de comunicación. Registro las más notorias:El enorme crecimiento del empleo informal, que rebasa todas las estadísticas oficiales, visibiliza los niveles de pobreza y miseria que afectan a millones de colombianos, mientras crece la concentración de la riqueza. Este es un país de una desigualdad ignominiosa, donde con un ingreso magro subsisten miles de colombianos.Lea también: Enfrentar los desafíosLa crisis endémica de nuestro sistema de salud se ha paliado ahora, apresuradamente, con alguna dotación para hospitales y clínicas, pero salen a flote las condiciones indignas en que desempeñan su labor los profesionales del sector: médicos, enfermeras, personal administrativo y otros. En muchas instituciones les adeudan meses de salarios y no ejercen en las mejores condiciones de salubridad. Hay deudas de vieja data con ellos.De otro lado, los subsidios que asigna el Estado a las familias más pobres han sido manipulados históricamente por las administraciones regionales; existen grandes vacíos en su focalización, que permiten el desvío y la proliferación de prácticas corruptas.A pesar de la gran reserva de alimentos y la enorme producción agrícola del país, los especuladores y acaparadores manejan a su amaño los precios de los alimentos. Entre tanto, a los campesinos obtienen una escasa retribución que no se compadece con las difíciles condiciones de producción, sin estímulos, sin adecuada infraestructura vial, y convertidos en débil eslabón de una cadena en la que poderosos comerciantes se quedan con la mayor ventaja.La otra precariedad aparece en las instituciones educativas públicas, encargadas de la formación de buena parte de nuestra niñez y juventud, y que no están bien adecuadas para cumplir sus objetivos. Así que muchos estudiantes no disponen todavía de facilidades de acceso a las tecnologías o estas son deficientes, lo que genera dificultades al alumno para continuar con los estudios desde su casa.Ahora bien, el Estado, en todos sus niveles, no está preparado para que en estos momentos de crisis pueda adecuar sus instituciones y personal para prestar atención médica satisfactoria en la residencia de cada afectado. Es decir, estamos ante unas instituciones burocratizadas y lentas, con dificultades para prestar una atención oportuna.Le puede interesar: Mayor protección a la niñezEn otro orden de ideas, el sentido vocacional de muchas iglesias y religiones se ha reducido a evitar las aglomeraciones de personas en sus actos litúrgicos, pero su compromiso espiritual con los más necesitados se queda en los altares, pues no se traduce en atención a ellos, en esta hora de dificultades.Por último, no han faltado quienes, desde el poder o en ejercicio de algún nivel de liderazgo, pretenden aprovechar el momento para recuperar la credibilidad perdida o tapar la mala administración de la cosa pública. Pero es indudable que en la medida en que se supere la crisis sanitaria, se valorará la gestión de los auténticos líderes que estuvieron en primera fila en la atención oportuna de las necesidades de sus gobernados. Mi reconocimiento a muchos alcaldes y gobernadores que estuvieron a la altura de tamaña responsabilidad, en particular a los alcaldes de Bogotá y Medellín, Claudia López y de Daniel Quintero.@JaimeFajardoLan
Consecuente con las medidas de todo tipo que se están tomando para controlar la expansión del coronavirus y minimizar su impacto, invito a hacer un enorme esfuerzo para unir al conjunto de la sociedad en esta lucha, hasta el logro integral del objetivo.No conviene desatender las decisiones que al respeto tomen las diferentes autoridades; por el contrario, como ciudadanos responsables, debemos gestionar entre nuestras familias y en el entorno social la adopción de los compromisos y el desarrollo de las actividades orientados a la superación exitosa de este desafío.Algunos analistas aceptan que, si China está superando la enfermedad, es resultado de la eficiencia y organización que ha alcanzado en materia de salud e infraestructura médica, y de la disciplina y cultura de su gente; también, de las medidas adoptadas frente a la epidemia. Aunque genera suspicacia la noticia publicada por El Heraldo de Baja California (“Operación Jaque Mate”), en el sentido de que China habría aprovechado el pánico de los mercados para adquirir a bajo costo algunas empresas extranjeras instaladas en su territorio y que habrían perdido valor. El mundo espera que haya más claridad sobre esta denuncia.Lea también:Las desgastadas treguasA todas estas, resultan evidentes los síntomas de una posible recesión económica mundial: algunos ya se venían observando desde mucho antes de la aparición del coronavirus, utilizado por algunas potencias para incurrir en ciertas maniobras buscando su usufructo, en detrimento de las economías más débiles e incapaces de responder oportunamente al fenómeno.Aunque en Colombia estemos uniendo esfuerzos para contrarrestar los efectos de la pandemia, no podemos dejar de lado otros graves problemas que debemos resolver: es el caso de la continuidad en el asesinato de los líderes sociales, nuestra propia “pandemia”. También, la creciente inconformidad social y la demanda de soluciones a asuntos que resultaron detonantes del pasado paro nacional. Igual, el anuncio de futuras movilizaciones sociales que estarán por un tiempo postergadas. O bien, el caso de los desplazamientos masivos de familias humildes, agobiadas por el accionar de grupos ilegales en sus territorios, sumado al saldo negativo que hoy arroja la escasa implementación de los acuerdos de paz, que a su vez ha conducido a serios pronunciamientos de la comunidad internacional y al choque entre el Gobierno y algunos representantes de la ONU.También era de esperar que el Gobierno, que carga con el inri de una muy baja aceptación entre los ciudadanos, pretendiera desviar la atención, buscando recuperar imagen y credibilidad, para afianzar algo de la gobernabilidad perdida por el desprestigio y el cuestionamiento de que es objeto su partido político, en cabeza de sus más altos dirigentes. Guardadas las proporciones, y a pesar de la gravedad de la epidemia del coronavirus en el país, no es este uno de los peores momentos que hayamos vivido: no supera el drama de un dilatado conflicto armado que suma más de sesenta años de horror, con miles y miles de víctimas en todos los órdenes.Le puede interesar:¿Y el plan de vuelo?Tampoco debemos permitir que se utilice como un comodín para tratar de imponer las reformas que están impulsando algunos gremios económicos, y cuya materialización traerá más miseria y pobreza. La reforma pensional, el trabajo por horas en contra de la estabilidad laboral y la pérdida de conquistas significativas que por años han logrado los trabajadores, se quieren presentar como altos costos laborales que es preciso desmontar. La lucha contra la corrupción debe continuar en los niveles que se traían y la #Ñeñevirus no puede parar hasta culminar con todas las investigaciones pertinentes.Estoy seguro de que las medidas adoptadas para combatir la pandemia serán efectivas, lo que no me atrevo a afirmar es que pase lo mismo con las reivindicaciones sociales de la clase trabajadora.
En otros comentarios ha sido vehemente mi oposición al método de fracturación hidráulica (fracking) por sus nefastas consecuencias sobre los recursos naturales, concretamente sobre las reservas de agua, que la naturaleza ha depositado en el subsuelo para usufructo de la humanidad.Lea también: Orquesta sin batutaPero mediante decreto, el Gobierno Nacional autorizó el uso de esta técnica en proyectos piloto, concretamente en el Magdalena Medio. Según el periódico Portafolio, en su edición del 4 de marzo pasado, cada iniciativa tendrá que contar con licencia ambiental y se ejecutará solo con fines investigativos y de naturaleza científica.Desde hace un tiempo muchas organizaciones ambientalistas, movimientos sociales y países han rechazado esta práctica; sugieren enfatizar en las energías renovables e incentivar la investigación, la ciencia y la tecnología, para hacer la transición necesaria que asegure el cuidado del medio ambiente, mientras se protege el mayor de los recursos: el agua. Entidades de renombre mundial han impulsado una campaña para que se suspenda el fracking hasta que haya suficiente conciencia de que su uso no genera afectación de ningún tipo.Advierten, además, que esta técnica genera impactos ambientales y sociales, que incluyen la contaminación y pérdida de recursos hídricos, emisión de gases efecto invernadero, pérdida de la biodiversidad e incremento de la sismicidad, entre otros. Solicitan, finalmente, que se prohíba esta práctica y se adopten medidas protectoras para la salud pública y/o el ambiente.Así que se contraponen la propuesta del Gobierno Nacional que primero quiere hacer la investigación con casos piloto, pero de todas maneras utilizando el fracking, y la de quienes sostenemos que la experimentación científica se puede hacer sin necesidad de acudir a los “planes piloto”, que asimilo a una bien orquestada distracción.Ahora bien, en lugar de tomar medidas de fondo, el Consejo de Estado entregó a unos comités -cuyos miembros ven con buenos ojos esta técnica- la posibilidad de aprobar los resultados de los planes piloto. Pero desde ya algunos empresarios y gerentes de multinacionales hacen planes alegres para la utilización permanente del fracking, conscientes de que tendrá luz verde por parte del Gobierno Nacional y de algunas instituciones gremiales y académicas.Pienso que estamos ante un creciente desarrollo de ese capitalismo salvaje que creíamos en vía de extinción, y al que se suman, por ejemplo, la ley de financiamiento, las propuestas de reforma pensional y laboral, el otorgamiento generoso de licencias ambientales que atentan contra grandes reservas forestales… Demostración de que estamos en el Gobierno de los grandes empresarios y multinacionales, obsesionados con la acumulación de riqueza. Me pregunto: ¿seguiremos observando impasibles cómo se tragan nuestras riquezas naturales? ¿estaremos a la altura de los movimientos sociales y democráticos que han logrado detener este monstruo del capitalismo?Le puede interesar: SOS por la humanidadNota: En campaña electoral el presidente, Iván Duque. Sostuvo que un posible gobierno de él no se utilizaría la técnica del Fracking, pero el cambio de postura se sabe que es parte de la compensación a los que financiaron su campaña.*@JaimeFajardoLan
Las justas marchas y movilizaciones, incluido el paro nacional, demandan ahora un cuidadoso e integral análisis por parte de sus promotores. Considero que estas expresiones que protagonizan vastos sectores de trabajadores, estudiantes, campesinos, indígenas, colectivos de mujeres, víctimas del conflicto y otros, están plenamente justificadas y entrañan profundas raíces de lucha por su consolidación, y como parte del proceso de fortalecimiento democrático del país.Pero también es cierto que la presencia en ellas de vándalos y encapuchados propician el caos y la violencia, al atacar el comercio, destruir la infraestructura en general y arremeter contra la fuerza pública y las personas. Este fenómeno se ha convertido en su mayor enemigo; además, son el referente que utilizan el Gobierno y los opositores a las marchas para tratar de deslegitimar sus objetivos.Lea también:¿Y el plan de vuelo?Muchas personas que simpatizan con este ejercicio de protesta social y que incluso se han movilizado entusiastas, empiezan a preocuparse con el accionar violento de sujetos encapuchados o temen volver a las calles, pues les indigna pensar que terminarán compartiendo con tales desadaptados.Considero que se requiere mayor firmeza por parte de los organizadores del paro nacional, o de cualquier otro tipo de protesta, para lograr que los manifestantes rechacen con firmeza la presencia de estos sujetos, les hagan saber que no los representan, y presionen su salida de dichas marchas. Pero también hay que precisar que las movilizaciones ciudadanas, por muy pacíficas y organizadas que transcurran, no dejan de restringir los derechos de ciudadanos no participantes. Las limitaciones de la movilidad, el agite de banderas y pancartas, la verbalización de la rabia ante decisiones del Gobierno que causan enojo general, la toma de sitios claves y su apropiación por los marchantes para darle cuerpo a la protesta, son realidades que están intrínsecas en los objetivos de un paro, y por tanto no admiten limitaciones ni reglamentaciones, que obstruyan el efecto buscado.Los excesos que en sus actuaciones se atribuyen a los escuadrones móviles antidisturbios (ESMAD) no pueden justificar las acciones violentas y anarquistas de sujetos encapuchados. Su presencia nos debe incitar al apoyo integral a los protocolos que impulsan algunos alcaldes para su utilización como fuerza de choque y para la prevención, en caso de presentarse disturbios más allá de los propósitos del paro o la protesta, como lo están proponiendo los mandatarios de las ciudades de Bogotá y Medellín.Por eso al alcalde Daniel Quintero se le debe apoyar en su política integral de convivencia, seguridad y paz, que busca potenciar la efectividad de los organismos de seguridad e inteligencia en la lucha contra el crimen en todas sus manifestaciones, al tiempo que se avanza en la consolidación de los planes de convivencia y paz locales, y en el reconocimiento de las organizaciones sociales comunitarias. Le puede interesar:Las desgastadas treguasDe allí la importancia de ofrecer respaldo al plan de trabajo del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación y Convivencia del municipio de Medellín, CONPAZ, entendido como una iniciativa que exige la más amplia representación de todos los sectores, gremios e instituciones, para que se convierta en un escenario que pueda producir resultados concretos en todos los rincones de la capital antioqueña.En síntesis, la política integral que Medellín viene promocionando se fundamenta en el impulso decidido de este proceso del CONPAZ, de las mesas ambientales de las comunas, de los procesos democráticos de participación ciudadana, del apoyo a las víctimas del conflicto armado y de la lucha por esclarecer la verdad y la defensa de los derechos humanos. En esta tarea, de múltiples frentes sociales, debemos estar unidos todos los medellinenses y antioqueños, sin distinción alguna.Nota: Ahora la extrema derecha nos sale con un comité antiparo que promociona la abolición del aborto, aún en los casos que autoriza la Corte Constitucional y otras iniciativas ya negadas por el Congreso y los ciudadanos. De allí que los verdaderos promotores del Paro Nacional no pueden perder la iniciativa.
No es creíble que Rubén Darío Acevedo, el flamante director del Centro de memoria histórica, desconociera la membresía de la red de memoria más importante del globo y fundamental para el trabajo de esa institución en Colombia. Su apatía nos dejó, como país, por fuera de un escenario de las connotaciones de la Coalición internacional de sitios de conciencia.En entrevista al diario El Tiempo, el pasado 4 de febrero, el señor Acevedo señala que nunca actuó de mala fe; que se trató de un error que pronto se enmendará, y agrega que él siempre ha reconocido el conflicto. La realidad es que muchos estudiosos del tema e investigadores saben que desde que llegó al Centro de Memoria ha orientado sus esfuerzos a desmontar los avances alcanzados en ese campo para esclarecer los hechos que han marcado los más de 50 años del conflicto armado que soporta el país.Le puede interesar: Las cuentas clarasEl despido de una buena cantidad de funcionarios que hicieron importantes aportes a los procesos que apuntan a la consolidación del Centro de memoria, al igual que el ataque a los excelentes resultados entregados por la administración anterior, demuestran cuál es el espíritu que anima su gestión: amañar los hechos a la verdad que quiere imponer la derecha, para de paso exonerar de culpa a muchos terceros responsables.Su tozuda negación de la existencia de los falsos positivos, de las responsabilidades de la fuerza pública en estos y otros casos y la poca importancia que ha dado al accionar del paramilitarismo con gravísima afectación para infinidad de víctimas, perfilan al director como exponente de la ideología uribista más recalcitrante.Reafirma esta faceta al pregonar que la entidad a su cargo debe hacer un giro en su enfoque y dedicarse más de lleno al problema de las víctimas entre la fuerza pública originado por ataques terroristas, como es el caso de las minas antipersona. Criterio válido, pero no a costa de esconder lo sucedido durante estos 50 años de conflicto armado, o dejando de lado a más de ocho millones de víctimas que esperan que se conozca la integralidad del conflicto y no solo aspectos aislados. Adoptar esta visión es asumir que las únicas víctimas son los militares y que lo demás hace parte del accionar terrorista. Acevedo sostiene que esta era una “desviación” que cargaba el Centro de memoria histórica.Hago notar que esta grave sanción, proveniente de tan distinguida entidad internacional, recae sobre la institución, pero sobre todo sobre el Gobierno Nacional, para sumar al sorprendente cúmulo de desaciertos cometido en el manejo de las relaciones internacionales. Además, se inscribe en la errónea estrategia del gobierno de Iván Duque de minimizar para desmontar los acuerdos de paz, negando la existencia del conflicto armado. Debo recordar que el señor Acevedo viene de prácticas extremas de la izquierda, pero luego adhirió a la extrema derecha para combatir con todas sus fuerzas a quienes otrora representó: ¿típico arrepentimiento del pasado, que busca borrar de tajo, sin importar lo que arrastre en su afán de denigrar? ¡¡De pronto lo expulsan del CD por derechista!!Como lo he sostenido en este espacio, lo sucedido con el Centro de memoria bajo la dirección de Acevedo no es aislado, se relaciona con la pretensión del gobierno de desmontar o al menos menguar el poder de la JEP, maniobra que en buen momento hundió el Congreso de la República. Tampoco se puede desligar de la abrupta decisión de parar todos los desarrollos legislativos derivados de los acuerdos de paz y mucho menos la negación de las curules para las víctimas del conflicto armado, que muchos congresistas quieren hoy aprobar, revés que tanto ha conmovido a la comunidad internacional. Es decir, la estrategia del gobierno se viene derrumbando y la deviación de los objetivos del Centro de memoria es otra maniobra, encomendada a Acevedo, para seguir golpeado la implementación de los acuerdos de paz.Le puede interesar: Palos en la ruedaEsta sanción internacional debería tener consecuencias que lleven a un cambio de rumbo en ese Centro. Viraje que también esperamos del presidente Duque en cuanto a su administración, que incluya la decisión de encarrilar el proceso para llevarlo a la construcción de la real memoria que el conflicto armado requiere. Que no prospere la visión infamante y politizada con la que hoy se pretende manejar la entidad.
La muy minera, agrícola y ganadera subregión del Bajo Cauca es una de las nueve en las que se divide Antioquia. Está integrada por seis municipios: Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, Cáceres y Zaragoza, y se extiende entre las serranías de Ayapel y San Lucas, sobre las cuencas de los ríos Cauca y Nechí. Estas mínimas referencias, para destacar la riqueza de ese territorio, potente atracción que hace ya muchos años incita una ofensiva violenta por parte de variadas expresiones armadas ilegales, incluidas las que sirven al narcotráfico. A ellas se suman serios problemas de corrupción que han llevado a la destitución y condena de otrora dignatarios de la región y líderes políticos, y que ahondan la desconfianza en la institucionalidad.Lea también: ¿Y el plan de vuelo?Deberían considerarse como una vergüenza nacional los asesinatos casi diarios, los desplazamientos, el incremento de la minería ilegal y el acoso a la artesanal, el auge del narcotráfico y de otras rentas ilegales. Panorama que ha llevado a muchos líderes de la región a alertar sobre esta crisis humanitaria sin precedentes. Para atenuarla, el Gobierno Nacional redoblará el esfuerzo de los organismos de policía y militares, hoy con más de 5.000 efectivos presentes en la subregión. Pero persiste la ausencia de resultados concretos.Compartimos en parte las medidas adoptadas, pero saltan a la vista las dificultades: si estamos ante reciclados fenómenos de violencia estructural, ¿por qué no explorar una salida integral y definitiva? Las propuestas y acciones tienen un carácter cortoplacista, o al menos dejan de lado problemas acumulados en relación con equidad social, lucha contra la pobreza y la miseria, baja capacidad institucional para la resolución de conflictos, control territorial de los grupos ilegales, desplazamiento de las instituciones y alta carga de corrupción e impunidad con poca aplicabilidad de justicia.Traemos a colación la investigación realizada por RCN radio, dirigida por el periodista Jairo Tarazona en marzo de 2019, y la de Camilo Pardo Quintero, los vaivenes de la violencia en el Bajo Cauca antioqueño, en la que varios de los entrevistados señalan aspectos que vale la pena recuperar: “Casi 400 homicidios del 2018 eran de jóvenes y más de 2.000 familias fueron desplazadas entre el 2017 y el 2019”. Además, agregan que: “La crisis de Hidroituango acabó la pesca, el barequeo, el balestreo (sic) y tienen en vilo las comunidades que están a la orilla del río Cauca, que antes temían que la represa fuese a reventar”. Estas expresiones no constituyen una negación del proyecto, pero contienen una gran carga de responsabilidad sobre lo que sucede en la región, debido a que muchos jóvenes, pescadores y campesinos fueron fácilmente atraídos por grupos ilegales, al perder o ver diezmados los recursos naturales, base de su sustento, por los efectos de la represa.Así que a los problemas del narcotráfico y de variadas formas delincuenciales, se agrega este; que las autoridades dimensionen sus alcances y efectos sobre el Bajo Cauca, ya que ni ellas ni las EPM han respondido adecuadamente.Por último, vale subrayar esta apreciación de los habitantes en las citadas entrevistas: “Los balesteros (sic), al igual que los mineros artesanales y pescadores, se quejan porque hoy no tienen ingresos”. Algo similar a lo que sucede con los campesinos dedicados a la erradicación manual de cultivos de uso ilícito, a quienes el gobierno incumple con los dineros prometidos, ahondando la desconfianza en las instituciones y allanando su ingreso a las organizaciones ilegalmente armadas.Le puede interesar: Preocupante panoramaPara recuperar la vida institucional del Bajo Cauca, se requieren medidas de mucho fondo y no solo la presencia por unos días del mandatario de los colombianos. Una gobernanza más efectiva desde el territorio y con representación permanente de los otros niveles de gobierno.