Por LUIS ALBERTO GARCÍAMuy triste me siento con esa noticia. EL MUNDO fue una hermosa ilusión de libertad de expresión, acunada en mis afectos cuando apenas tenía yo 21 años y leerlo por primera vez me llenó el espíritu de una singular emoción. Fue siempre el periódico que me gustaba leer, primero porque su estilo, sus periodistas y sus columnistas alimentaban esa ilusión inicial, le daban continuidad y la robustecían; luego porque sin buscarlo, durante algún tiempo fui su columnista y pude expresarme con entera libertad, hasta el momento en que mis ocupaciones públicas me aconsejaron guardar mis opiniones para escenarios que no comprometieran las entidades que representaba; también porque su director, el doctor Guillermo Gaviria Echeverri, me honró con su aprecio y amistad, y leer las opiniones profundas, inteligentes y orientadoras de un amigo como él era siempre una oportunidad inigualable; amistad que poco a poco se extendió a su familia, doña Adela y sus hijos, particularmente el inolvidable Guillermo Gaviria Correa, quien me hizo durante muchos años de su vida el honor de su confianza. Espero no haber decepcionado a ninguno.Hay que decir finalmente, que más allá de los motivos tan personales que he expuesto aquí para haber querido y leído EL MUNDO, debo lamentar que Antioquia y Colombia pierdan, perdamos, una tribuna de expresión que va a hacer falta. Para quienes la usaron hasta hoy; para quienes disfrutamos sus lecturas hasta hoy; para quienes se entregaban día a día a la tarea de hacer el periódico una realidad cotidiana. En fin, para todos los que tenían un lazo afectivo, profesional, laboral, o simplemente de goce diario de su lectura.Leído el último editorial quedan allí muchas reflexiones, paradójicamente optimistas, alrededor de esta pérdida, sobre la libertad, asociada a los derechos irrenunciables de información y expresión, y su futuro en la nuestra, cómo una sociedad hipotéticamente libre, así como también al de la privacidad como ejercicio de esa misma libertad.No queda más que agradecer a Irene, y por intermedio suyo a todos los que nos regalaron por 41 años la oportunidad de tener EL MUNDO en casa todos los días; de manera póstuma a Guillermo Gaviria Echeverri y a Guillermo Gaviria Correa, y también a Aníbal, porque todos, de alguna manera, estuvieron siempre asociados a la permanencia de esa oportunidad de informar y opinar que fue EL MUNDO. Un abrazo y el deseo de un retorno. La esperanza se mantiene.
Por José Ricardo Mejía JaramilloPaulatinamente, los alcaldes y gobernadores separados de sus cargos, desde las impresentables ruedas de prensa conjuntas del fiscal, el procurador y el contralor, han ido regresado a sus cargos, a medida que han podido ir acreditando lo que sus investigadores debían saber desde el principio, o por lo menos debían presumir: que esos contratos se habían hecho de buena fe, que el inicio de la pandemia generó una ola especulativa que, en algunos casos, se mantiene y que, cuando un producto es comprado por un ente público, tiene unos sobrecostos legales y, además, había que entregarlos a domicilio.Lea también: Las injusticias latentes en el caso de Aníbal GaviriaPara fortuna del derecho y de la justicia, todo parece indicar que estos tres tristes tigres, no se volverán a juntar (pena les debería dar después del viaje a San Andrés y del millonario contrato de compra de tapabocas) y que deberán ahora sí, ajustar su conducta a la Constitución y a la Ley que juraron cumplir y que, en su búsqueda de una frívola popularidad, estaban mancillando.Estos tres personajes (que hoy día no se deben ni pasar al teléfono), se prepararon fue para ser alcaldes o gobernadores, no para administrar justicia, pero como no tienen ropa para eso (votos), se tienen que dedicar a buscar refugio en cargos, que ellos juzgan menos importantes y a los que acceden a través de amigos influyentes (bien colocados). En este caso el presidente de la República y el expresidente César Gaviria.El procurador Fernando Carrillo Flórez, por haber sido protagonista del proceso constituyente de 1991, pudo haber buscado lucirse prestándole un gran servicio al país, pero se inclinó por buscar perfilar una eventual candidatura presidencial, ¡eso es lo que da la tierra! Ahora tendrá que buscarse otra chanfaina para no tener que pagar de su bolsillo la pensión a la que tan sólo tendrá derecho en 2025.Carlos Felipe Córdoba, después de haber trabajado en la Contraloría de Maya, llega a ese cargo y, con su ímpetu inicial, logró una reforma que le dio dientes al ente y podría realizar una excelente labor anticorrupción en el país, si en vez de perseguir y amedrentar a los alcaldes sin presupuesto, de Colombia, concentra su atención en el gobierno central y los multimillonarios contratos que se están ejecutando a raíz del covid-19. Si a partir de ahora, hace bien su labor, seguramente podrá salir por la puerta grande y llegar a ser alcalde de Pereira, la ciudad de las puertas abiertas, que seguramente era su sueño desde niño.Francisco Barbosa Delgado, quien nunca se preparó desafortunadamente para este cargo (a pesar de haberse preparado tanto), se ve que es un hombre ingenuo y que por estar tan feliz con su nuevo puesto, podría lucirse, si escoge servir al país y a la justicia y no a los amigos del amigo.Nuestro país es tan sui géneris, que yo prefiero un fiscal ingenuo y con las limitaciones que evidencia Barbosa siempre que abre su boca ante los medios, que a los dos avispados que le precedieron en el cargo; a estos, les tocó conformarse con ser subalternos de sus mezquinos intereses, fueron la viva muestra de que, si se es mala persona y buen profesional, peor le va a la sociedad.El presidente y toda la rama ejecutiva, el Congreso y el poder judicial, cada servidor público del país, debería, a raíz de lo que está pasándonos con esta pandemia, hacer un compromiso de honradez y seriedad por el bien de Colombia, para que cada uno ayude a superar este terremoto de pobreza y de miseria que se nos vino encima con el Covid-19.Le puede interesar: Una justicia sin tapabocas“De mi madre: el respeto a los dioses, la generosidad y la abstención no sólo de obrar mal, sino, incluso, de incurrir en semejante pensamiento; más todavía, la frugalidad en el régimen de vida y el alejamiento del modo de vivir propio de los ricos.”Marco Aurelio.Meditaciones*Defensor oficioso de los servidores públicos
El panorama en el departamento del Putumayo con relación a la situación de salud y de pandemia generadas por el coronavirus no puede ser más preocupante: al cierre de las instalaciones de la gobernación, como medida preventiva para evitar la propagación del covid-19, se suman los casos positivos del gobernador (atendido en una UCI de la ciudad de Cali), el secretario de salud e importantes funcionarios de los niveles seccional y municipal, los que se agregan a 532 personas, de 3.245 muestras y de las que se encuentran pendiente de resultados 746, con fecha de corte del 25 de julio. El Putumayo con una población cercana a los 400.000 habitantes y que hasta el mes de mayo no reportaba casos de contagio, evidencia un acelerado y alarmante aumento en el número de casos identificados. Más allá de las frías cifras, angustia el escaso número de muestras tomadas, toda vez que al estructural déficit de salud del departamento, en términos de cobertura, dotación, infraestructura y talento humano especializado, se observa con preocupación que a la escasa oferta de muestras analizadas, la población siente temor de recurrir a la red pública hospitalaria por temor a contagiarse y a la amenaza de grupos armados ilegales, principalmente en el bajo Putumayo, de asesinar a quienes resulten positivos de covid-19.Capítulo aparte merece la mención de las UCI disponibles en el territorio, el Ministerio de Salud, estima en 19 el número de camas de cuidados intensivos con que cuenta el Putumayo, en una relación de 51 por cada millón de habitantes, las que palidecen frente a las 1819 de Bogotá y 231 por millón de habitantes, Valle del Cauca con 967 camas de cuidados intensivos y 213 por millón de habitantes, Antioquia cuenta con 927 y 139 por millón de habitantes. Con departamentos de menor tamaño o equivalentes, las cifras reflejan la inequitativa distribución del derecho a la salud en Colombia, Caquetá, por ejemplo, registra 35 camas UCI y 85 por cada millón de habitantes, Chocó con sus 28 camas y 51 por cada millón de habitantes, Arauca con 13 camas y 44 por cada millón de habitantes, confirman el hecho de que en Colombia, el derecho a la salud, se encuentra circunscrito al triángulo andino Bogotá-Medellín y Cali, más allá de los notables avances en Barranquilla con sus 682 camas UCI y extraordinarias 370 por cada millón de habitantes; panorama que se traslapa con los territorios teatro del narcotráfico, la continuidad de la guerra por las rentas derivadas de la ilegalidad y la ausencia de un Estado, que pese a la prometida paz, aún no llega en los contenidos reales de un Estado Social de Derecho.Aunque no es el momento de las lamentaciones que eludan las propias responsabilidades, que incluyen la inveterada indisciplina social de los colombianos, desde el Putumayo hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que intervenga de manera más decidida en la actual crisis social y de salud que registra el territorio, con movilizaciones campesinas por las consuetudinarias reclamaciones cocaleras, en no pocas ocasiones estimuladas por organizaciones delincuenciales de todos los pelambres, pedimos se instale un laboratorio que avale la realización de pruebas para SARS-COV2, se declare la alerta roja y desde una adecuada articulación y coordinación nación-territorio, este departamento fronterizo con Ecuador y Perú, pueda contar con satisfacción que la paz con legalidad, encontró en la superación de la pandemia del covid-19, una razón para sentirse, por fin, parte del desarrollo nacional.*Exgobernador (e) del Departamento del PutumayoProfesor Universitario
Por JULIÁN PEINADO RAMÍREZ*Probablemente la mayoría de ustedes no esté dispuesta a que sus jefes, profesores o pareja lo agredan físicamente cuando no han logrado entender algo, lo hacen mal o cuando piensan diferente. Permitir un acto así podría encajar en cargos como lesiones personales, abuso de autoridad, violencia intrafamiliar y acoso laboral a quien iniciara la agresión.Lea también: Sí a la ley que prohíbe los castigos físicos o humillantesNo obstante, usamos un rasero muy diferente con los niños, socialmente se acepta que se les pegue para “corregirlos” tanto así que cuando vemos a un niño haciendo algo indebido o una pataleta no falta quien dice “que le faltan unos buenos correazos”. Una contradicción si se entiende que como adultos no permitiríamos ese uso de la fuerza en nosotros para corregirnos, pero sí ejercemos y avalamos la violencia contra los niños.Pensar que agredir físicamente a una persona es la única forma para corregir su comportamiento, nos lleva de regreso a la Edad Antigua y a la Edad Media donde en los manuales escolares se reglamentaba la forma, lugar y exposición con las cuales podía ser corregido un estudiante con azotes: si la corrección era “ordinaria” se hacía en la esquina más oscura del salón para que los otros no lo vieran desnudo y si era “severa” debía ser pública. Y aun así hay diferencias, pues actualmente estamos hablando de niños que están siendo agredidos por quienes se supone que los deben cuidar y corregir, es decir, sus padres y familia.Es por esto que, de la mano del Icbf y de diferentes organizaciones en favor de la niñez, estamos promoviendo en el Congreso el proyecto de ley pedagógico que busca prohibir el castigo físico contra los niños y en cambio propone promover herramientas de crianza positiva para que los padres de familia aprendan a formar, corregir, poner límites y educar a sus hijos sin recurrir a la violencia. Esta iniciativa obedece a las disposiciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada por Colombia que en la Convención Sobre los Derechos del Niño, en su artículo 19, establece que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.El Comité internacional de los Derechos del Niño, en la Observación 13, es aún más específico al indicar que los Estados firmantes están en la obligación de eliminar de la legislación toda justificación del uso de los castigos físicos como una corrección “razonable” en cualquier entorno e incluir la prohibición expresa en la legislación. Es que no se está legislando en temas de poca monta, pues según datos del ICBF solamente entre el 12 de marzo y el 7 de abril de 2020 se recibieron 10.931 solicitudes y reportes asociados a violencia hacia niños, niñas y adolescentes, es decir, un promedio de 405 denuncias diarias. Eso llevó a que en tan solo 27 días el ICBF abriera 1.297 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) en favor de niños niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico, psicológico, violencia sexual, negligencia. Eso sin contar el subregistro que puede estar creciendo de manera alarmante durante las cuarentenas extendidas teniendo en cuenta las dificultades para denunciar en medio del confinamiento y que los agresores suelen estar dentro de la familia.En comparación con otros países nuestro panorama sigue siendo alarmante pues Colombia fue clasificado como el segundo país con más homicidios infantiles según un informe de Save The Children publicado en 2019. Estas cifras reflejan una realidad confrontante ante la cual el Congreso de la República no puede ser un convidado de piedra pues tiene la responsabilidad de legislar para evitar todo tipo de violencia contra cualquier persona y de cumplir el mandato constitucional que establece que en el Artículo 44 que los niños son “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral…”.Uno de los argumentos en contra del proyecto que hemos escuchado bastante es que la educación basada en los golpes y en la violencia forma “ciudadanos de bien”. Dicho pensamiento desconoce la historia y la realidad de nuestro país que es catalogado como el segundo país menos pacífico de América Latina (Global Peace Index, 2019) y uno de los más peligrosos para ser niño puesto que 4 de cada 10 menores han sufrido maltrato físico, psicológico o sexual, según la más reciente Encuesta de Violencia contra Niños publicada en 2019. De modo que, pensar que ese modelo violento es el adecuado omite que día a día estamos plagados de noticias relacionadas con riñas, sicariato, abuso sexual contra niños y mujeres, así como el aumento de los feminicidios y de la violencia intrafamiliar en época de cuarentena.La violencia sólo ha engendrado más violencia porque cultiva sentimientos de dolor, resentimiento, baja autoestima, agresión pasiva, deseos de vengarse, etc. Precisamente, diversos estudios en la materia corroboran que estos son los sentimientos que se van formando en un niño cuando es objeto de castigos físicos y tratos humillantes. ¿Recuerda la última vez que a usted le pegaron o lo humillaron otras personas con una posición dominante? Estoy seguro de que al recordarlo se identifica con este tipo de sentimientos e instintos que pueden desembocar en acciones violentas contra otros o en un rechazo contra sí mismo.Otro tipo de argumentos que hemos escuchado controvirtiendo la propuesta de prohibir el castigo físico en contra de los niños es que “los niños son de los padres y no del Estado”. Esta afirmación es equivocada porque las personas no son de nadie, pero también es muy peligrosa. Ese postulado equivale a decir que “lo que pasa dentro de una pareja o familia se queda en la casa y es totalmente privado”, lo cual avalaría que si dentro del hogar se presentan abusos sexuales contra adultos y niños, agresiones físicas vengan de donde vengan o cualquier tipo de violencia no pueda ser denunciado y que, en consecuencia, el Estado no tenga capacidad para intervenir y proteger a quienes están siendo violentados.Por otro lado, un temor que hemos escuchado es que este proyecto de ley “establezca un método de educación estatal en contra de la autonomía de los padres”, nada más alejado de la realidad pues el proyecto en ningún momento interfiere con los principios, valores, historia, cultura y religión que una familia decida desarrollar. Eso está constitucionalmente protegido. Al contrario, este proyecto lo que busca entre otras, es promover las garantías individuales, por medio de la protección del núcleo de la dignidad humana, como es, no ser sometido a tratos crueles, humillantes y degradantes; de manera que cada familia tiene la potestad de formar a sus hijos, corregirlos y sancionarlos estableciendo un mínimo común y es el no uso de la violencia. Justamente para que los padres puedan aprender sobre métodos de crianza sin golpes, el proyecto abarca una estrategia pedagógica en la que el Estado le facilita a los padres el acceso a esa información. Mejor dicho, ¡sanción sí, pero no así!Pensar que facilitar el acceso a la información sobre pautas de crianza positiva atenta contra la autonomía de las familias es equivalente a pensar que cuando en su trabajo le dan una charla de comunicación asertiva están atentando contra su derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¡es absurdo y no tiene fundamento! Con este proyecto se busca entregar herramientas y estrategias que los padres al interior de su hogar decidirán de qué manera los aplican o si los desechan.Finalmente, hay quienes consideran que este proyecto de ley genera una duplicidad normativa puesto que la Constitución ya avala los derechos de los niños, pero la historia nos ha demostrado que se requiere de acciones afirmativas que apuntan a proteger a un grupo de personas que han sufrido violencia desproporcionada. Estas acciones se traducen en leyes de la república para hacer que el ideal de los derechos se convierta una realidad. Por ejemplo, aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos somos iguales, se necesitó de leyes posteriores que abolían la esclavitud y creaban el derecho de los negros para votar; del mismo modo, en Colombia fue necesario crear la Ley 1257 de 2008 que protege a las mujeres. Adicionalmente, recuerden que la creación de esta ley corresponde a acuerdos y convenciones de derechos de los niños aceptadas por Colombia que sugieren desarrollos legislativos que apunten en este sentido.¿Cuánto más tiene que pasar en nuestro país para que nos cansemos de la violencia? ¿Cuánto más tenemos que vivir para que empecemos a ser generadores de cambio desde el respeto? Insisto, con esta ley no buscamos que los padres no puedan corregir a sus hijos, todo lo contrario, corríjanlos, exíjanles, muéstrenles el camino, pero háganlo teniendo en cuenta cómo les gustaría ser tratados a ustedes.Hace poco leí que un niño que es golpeado por sus padres no aprende a odiarlos a ellos sino que empieza a odiarse a sí mismo. Una realidad muy dolorosa que me confirmaron varios testimonios que me llegaron por redes sociales desde una mujer que contó por primera vez en su vida que fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro que y nunca fue capaz de contarle a su mamá por miedo a las reprimendas físicas que le daba; hasta personas que al acercarse a este tema me han escrito contándome que ahora entienden que sus estados de depresión, ansiedad, rechazo y hasta ganas de suicidarse provienen de los malos tratos que recibieron cuando niños.En nuestras manos está cambiar esa historia. No me refiero solamente a los congresistas, sino a todos nosotros, porque todos los días tenemos la oportunidad de ser mejores y de nutrir nuestros micro mundos con acciones de respeto, escucha y tolerancia. Culturalmente hemos legitimado la violencia en la música, los chistes, los programas de televisión, pero es nuestro deber hacer que estas acciones dejen de ser el pan de cada día en nuestra sociedad.Le puede interesar: Plenaria de la Cámara puede poner fin a la violencia contra la niñezNuestros agradecimientos a las organizaciones, iniciativas privadas y expertos que nos han acompañado en esta labor entre quienes están el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, la Alianza por la Niñez, UNICEF, Save The Children, Aldeas Infantiles, Red Papaz, Agencia PANDI, Ni Una Palmadita, la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Universidad de la Sabana, la Universidad Javeriana, la Universidad Externado, Jorge Cuartas investigador de la Universidad de Harvard; además de las iniciativas Despertando al Gigante y Crianza Consciente, entre otras.*Coautor del proyecto de ley de prohibición del Castigo FísicoRepresentante a la Cámara por AntioquiaPartido Liberal Colombiano---En este enlace están disponibles las ponencias del proyecto de ley de prohibición del castigo físico y fomento de la paternidad amorosa https://www.camara.gov.co/prohibicion-castigos-fisicos
Por JUAN DIEGO VÉLEZ M.*Una de las viejas estrategias que se utilizan en muchas negociaciones, y que son bien conocidas y utilizadas en la política, consiste en aumentar el pedido para que la oferta resulte generosa y cubra las expectativas que las partes tienen en el negocio. De otro lado, un error muy común en las negociaciones consiste en ahondar durante las conversaciones en todos los aspectos que se incluyeron deliberadamente en el negocio propuesto, sin detenerse a pensar de toda esa cantidad de variables cuáles verdaderamente interesan a quien las propone y cuáles son elementos de envoltura que solo fueron pensados para tener cómo ceder y lograr el objetivo propuesto.Lea también: Una propuesta ilegal, inconveniente y peligrosa, pero imparableCon estas dos observaciones iniciales, quiero hacer algunos comentarios sobre el proyecto de Acuerdo 019, por medio del cual la administración municipal solicita facultades extraordinarias para que el alcalde de la ciudad modifique el artículo tercero del Acuerdo Municipal No. 12 de 1998, referido al objeto social de EPM. En este punto hay algo que se debe aclarar por parte de la administración municipal, toda vez que en el artículo primero se solicitan facultades para el alcalde y en el literal c. del artículo segundo del mismo acuerdo se fijan competencias a la junta directiva de la Empresa, quien se encargaría de adaptar su objeto socialLo primero que debemos señalar, y de un tajo acabar con la discusión, ya que la misma se queda sin fundamento legal alguno, es decir que tal y como se concibió el proyecto 019, lo que persigue la administración municipal no es un cambio o modificación en el objeto social de EPM. Va más allá, ya que de aprobarse el proyecto tal y como fue presentado a consideración del Concejo Municipal, estaríamos en un cambio en la naturaleza jurídica de la Empresa, que hoy es una E.S.P., y de conformidad con los lineamientos de la Ley 142 de 1994, no puede adelantar actividades ajenas a la prestación de servicios públicos domiciliarios. Las actividades que se incluyen en el proyecto citado, tal y como están redactadas, son ajenas a este tipo de servicios, incluso algunas que se ven conexas o complementarias, sin serlo, como son las de producir, transformar, gestionar y explotar infraestructura,información, conocimiento, subproductos, etc. Sobre el cambio de naturaleza jurídica de la Empresa existen comentarios bien autorizados y por tanto me remito a ellos.Ahora bien, sería ingenuo pensar que la administración municipal tiene interés en incluir dentro del objeto social de EPM esa variedad de actividades que no le sirven a la Empresa y que claramente no corresponden al giro ordinario de sus negocios. Ocioso discutir qué sentido tiene una explotación turística de su infraestructura,la dotación de tierras para dotarlas de riego, desarrollar ofertas de financiación -¿se refiere a la financiación de los servicios públicos? Hoy lo hace.-, realizar una corresponsalía en seguros, entre otros. Como también es ingenuo creer que la razón de ser está en el literal c. del artículo segundo del proyecto, y que por tanto el objeto del mismo no es otro que el de buscar la incorporación de nuevas tecnologías que aseguren un grado de competitividad de la Empresa. ¿Quién dijo que para utilizar nuevas tecnologías EPM debe ampliar su objeto social? Pero, lo que resulta más paradójico, ¿qué actividades de las contenidas en los literales a. y b. conducen “a buscar el beneficio de nuevas tecnologías”?Luego, ¿cuál es el verdadero interés de la administración municipal con el proyecto de acuerdo 019? ¿Vamos a caer todos en la trampa de hablar de temas que en verdad no son objeto de discusión –turismo, seguros, producción y comercialización de subproductos, producción y comercialización de bienes– por no ser de interés de quienes los proponen?El proyecto de acuerdo tiene un tema sobre el que abría que hilar muy delgadito. En el literal b. del artículo segundo, se dice: “Producir, transformar, gestionar y explotar comercialmente: infraestructura, información, conocimientos, subproductos y todo tipo de bienes…”.Los cuatro verbos que se mencionan en la norma propuesta se pueden predicar de los subproductos y de “todo tipo de bienes”. Es necesario llamar la atención que, de aprobarse el artículo propuesto, EPM puede entrar en el negocio de la moda, la juguetería, los implementos deportivos, las comidas rápidas.Esto es, en cualquier actividad comercial licita.Tres de los cuatro verbos que se mencionan en la norma propuesta no son predicables de la infraestructura, como son el de producir –esta se construye–, transformar y gestionar. Con la infraestructura puede explotar la industria del turismo, actividad que hoy se adelanta a través de terceros, cuyo objeto social las incluye, como son las cajas de compensación.Pero los cuatro verbos que menciona la norma propuesta pueden predicarse de la información y el conocimiento, sin que, por ese hecho, esa actividad pueda considerarse comprendida dentro del objeto social de una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios. A lo largo de la historia, EPM ha producido una cantidad invaluable de información y conocimiento en torno a la generación de energía –hidráulica, térmica, eólica-, por citar solo un caso. Un conocimiento y una información en la que ha apuntalado cada uno de los proyectos que ha desarrollado. Su negocio no ha sido, ya que no está en el objeto social de las E.S.P., salir a vender esa información; su objetivo con la misma ha estado centrado en el desarrollo de nuevos proyectos con los que ha alcanzado su gran fortaleza.Ahora bien, producir, transformar, gestionar y explotar información, actividad que no corresponde al objeto social de una E.S.P., resulta bien atractivo, como negocio, para una empresa que factura mensualmente los servicios de energía, agua, gas, alcantarillado y recolección de basuras para casi la totalidad de los habitantes del Área Metropolitana del Valle de Aburra. Así como la transmisión y distribución de energía para una gran cantidad de los habitantes, la industria y el comercio de los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío, santanderes, y ahora parte de la Costa Atlántica.Le puede interesar: Ya no va el despropósito del alcalde¿No será esta la discusión que debe abordarse? ¿Quién tiene interés es desnaturalizar a EPM para realizar la explotación comercial de la valiosa información que tiene el Grupo sobre un grueso de la población colombiana?No podemos entretenernos en la discusión de si se puede o no, si es importante o no, explotar comercialmente la infraestructura; si se puede o no, si es importante o no, gestionar seguros, o servicios financieros; o en tratar de fijar el alcance de la expresión “todo tipo de bienes”, para que después nos salgan con que se nos hace una enorme concesión, y con ella se obtuvo un gran triunfo, al suprimir del proyecto de acuerdo esas actividades y dejar como única modificación del objeto social del Grupo EPM, la de producir, transformar, gestionar y explotar la información.; y, de contera, dejar de ser una E.S.P. Es posible que este fuera en propósito inicial, y con el viejo truco que señalaba al principio, quienes impulsan la reforma logran su objetivo.*Exsecretario general EPM
Por Edwin Palma Egea*Ecopetrol S.A no solo es la empresa más grande del país por ventas y activos, es también la empresa más grande del sector de petróleo y gas, y es la única compañía de petróleo integrada que opera en Colombia.Cuando decimos que es una compañía integrada hablamos de una empresa que participa en toda la cadena de valor del petróleo: exploración, extracción, refinación (Refinerías de Barrancabermeja y Cartagena), el transporte y la logística (Cenit) y la comercialización.Ecopetrol hace todas esas cosas. A través de Ecopetrol y sus filiales Hocol, y Equión, se hace la exploración y producción de petróleo y gas. Cenit con sus oleoductos hace todo el transporte de los crudos producidos por Ecopetrol y sus filiales para llevarlos a las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena (Reficar), o exportarlos a través de los puertos de Coveñas y Tumaco.En Reficar y Barrancabermeja se refinan alrededor de 350.000 barriles diarios de petróleo para producir gasolina, diesel y jet fuel (gasolina de aviación), que nuevamente son transportados por Cenit, usando poliductos, para abastecer las bombas de gasolina de las ciudades y las estaciones de tanqueo en los aeropuertos.Sin Cenit, Ecopetrol no podría transportar el petróleo que produce, para refinarlo o exportarlo tendría que contratar esa actividad con terceros. Si eso ocurre Ecopetrol deja de ser una empresa integrada de petróleo y gas, y pasa a ser una empresa con operaciones de producción, y unidades de refinación aisladas, porque el transporte de crudo y derivados quedaría a cargo de otra empresa que le cobraría esa operación elevando los costos de Ecopetrol y reduciendo sus márgenes de rentabilidad. Si Cenit no existiera Ecopetrol dejaría de ser la cuarta petrolera de América Latina, y saldría del ranking de las cincuenta petroleras más grandes del mundo. Perdería al menos una tercera parte de su valor total, afectando el valor de la acción.Cenit es por lo tanto el corazón de Ecopetrol, y el corazón de la industria del petróleo nacional, ya que Cenit transporta cerca del 90% de la producción total de crudo monetizándolo y convirtiéndolo en exportaciones, o en productos refinados de mayor valor para abastecer de combustibles a toda Colombia.A través de Cenit, el estado colombiano es el propietario de 10.000 kilómetros de oleoductos con capacidad para transportar 1,2 millones de barriles diarios; 28 sistemas de transporte; 2 terminales de exportación en Coveñas y Tumaco; más 5 puntos de descarga y 2 de carga de petróleo y combustibles; ese patrimonio estratégico y con altísima rentabilidad convierten a Cenit en la filial más valiosa de Ecopetrol, y su activo más estable en términos financieros y operativos de todo el sector petrolero de Colombia.Las cifras del desempeño de Cenit dentro de Ecopetrol lo comprueban: Ventas totales de $13 billones; más $10 billones de Ebitda y $4,3 billones de utilidad neta en 2019; que corresponden al 30% tanto de la utilidad neta como del Ebitda del Grupo Ecopetrol.Cenit tiene mayores márgenes de rentabilidad y ganancia que los negocios de producción y refinación. Por ejemplo, en 2019, mientras el margen Ebitda de Cenit fue del 65% y el margen neto del 32%; en la producción esos mismos márgenes fueron del 37% y 17%; y en la refinación más pequeños con un margen Ebitda del 4,2% y un margen neto de escaso 0,27%.El segmento de transporte liderado por Cenit no sólo es el de mayor rentabilidad sino el más estable de todos porque sus tarifas son fijas en dólares por barril, y no están expuestas a la variación de los precios del crudo. Basta ver que durante el primer trimestre de este año la refinación perdió $1,6 billones y la producción solo ganó $171.000 millones, en cambio Cenit ganó $1,5 billones, por esa razón fue que Ecopetrol pudo reportar utilidades netas por valor de $133 mil millones; sin la contribución de Cenit la perdida de Ecopetrol en el primer trimestre habría sido de $1,4 billones.Por todas las razones anteriormente mencionadas Cenit y todos sus sistemas de transporte deben seguir siendo de Ecopetrol. Ser la dueña de Cenit es lo que le da a Ecopetrol el soporte para liderar el sector petrolero nacional. De nuevo las cifras del sector lo demuestran: en conjunto las 20 empresas más grandes de la industria más Ecopetrol tuvieron en 2019 utilidades cercanas a los $21,1 billones, sin embargo, ese monto de utilidades se reduce a $7,8 billones cuando se restan las utilidades por $13,3 billones que generó la empresa de todos los colombianos.Para concluir, al vender Cenit, Ecopetrol perdería la tercera parte de su valor, o más, habría que pagarle a un tercero el transporte de petróleo y derivados, el presupuesto nacional tendría que llenar un hueco de entre tres y cuatro billones cada año. Perdemos todos.* Presidente de la Unión Sindical Obrera - USO
Por José Ricardo Mejía Jaramillo“De todo lo escrito no amo sino lo que se ha escrito con sangre; escribe con sangre y comprenderás que la sangre es espíritu”. Federico Nietzsche Ver de nuevo al fiscal, al procurador al contralor en su tercera rueda de prensa conjunta,resulta ser un verdadero espectáculo. Sí, un verdadero y triste espectáculo.Sólo les falta vestir esos trajes propios de los súper héroes. Les falta volar, aparecer y desaparecer súbitamente, como algunos de aquellos.Le puede interesar: Las injusticias latentes a propósito del caso de Aníbal GaviriaPero un ciudadano serio, con formación y rigor, ¿qué debe preguntarse sobre estas presentaciones tan taquilleras?¿Son necesarias estas funciones? ¿Por qué las realizan? ¿Son ajustadas a la Constitución y a la Ley? ¿Es verdad lo que estos funcionarios dicen en ellas? ¿Los servidores públicos señalados sí habrán cometido alguna falta?¿Si es ético realizar este tipo de funciones y someter al escarnio público a tantas personas a la vez; personas que no tienen ninguna oportunidad de defenderse ante esa misma audiencia que ve cómo los destrozan moralmente?¿El fiscal, el procurador y el contralor si podrán garantizarles a los señalados allí investigaciones imparciales y justas? ¿Alguno de estos súper héroes habrá leído, por casualidad, los consejos de El Quijote a Sancho antes de ir a gobernar su ínsula?Las respuestas que ese mismo ciudadano serio encontraría en un escenario mínimamente académico seguramente serían estas.Estas funciones son absolutamente innecesarias. Sobran. No le hacen bien a una sociedad civilizada. Las hacen para aumentar el nivel de aprobación de una opinión pública que los desconoce y no les cree. Son abiertamente contrarias a la Constitución y a la Ley, por cuanto le desconocen públicamente el debido proceso, la presunción de inocencia y la dignidad a las personas allí señaladas. Lo que se afirma en ellas, aún no se puede decir que sea verdad, por cuanto la investigación no ha permitido aún refutar esos cargos que en muchos casos provienen de opositores que hace poco perdieron las elecciones.A esta altura, no se sabe a ciencia cierta si las personas señaladas públicamente cometieron o no alguna falta, y por eso duele tanto a la justicia ese espectáculo macabro al que quieren acostumbrarnos.No es en absoluto ético el comportamiento de estas altas personalidades, pues a ninguno de ellos, seguramente, les gustaría ser tratados así. Es imposible que esos funcionarios garanticen, de manera objetiva, investigaciones serias e imparcialesen el futuro, y seguro tampoco se declararán impedidos. Es imposible que alguno de estos señores haya leído al ingenioso Hidalgo. De haberlo hecho, seguramente su corazón estaría centrado en la grandeza que brota, cuando de hacer justicia se trata, de la serenidad y la prudencia.Es triste tenerlo que aceptar. Pero los líderes de los órganos de control están infectados de una peste peor que la covid-19 y, lo más lamentable, es que esa peste ya lleva 29 años propagándose entre nosotros y no se vislumbra vacuna ni tratamiento. Ni siquiera tapabocas usan. Apenas intentan lavarse las manos.Le puede interesar: Suspensión de Aníbal Gaviria viola tratados internacionalesUn par de preguntas finales vendrían bien: ¿Saben quién va a pagar, dentro de 10 o 15 años, las indemnizaciones a los servidores públicos de elección popular separados arbitrariamente de sus cargos por nuestros súper héroes? ¿Saben cuál de esos súper héroes va a responder por esas arbitrariedades?CODA: Una. El Congreso aprobó la cadena perpetua para violadores de niños. Yo solo aprobaría esa drástica sanción cuando sean los funcionarios públicos corruptos, los que se roban los recursos de la vivienda, la salud, la educación y el bienestar de esos niños, los primeros en dar ejemplo, imponiéndosela a ellos mismos. Eso sí, siempre respetándoles sus derechos constitucionales y legales. Dos. Una precisión. Soy abogado, defensor por vocación. Ya no ejerzo la profesión de manera contractual. Sólo de manera excepcional y oficiosa. Con mi aparición en medios y redes, no estoy ofreciendo mis servicios.