Por JULIÁN PEINADO RAMÍREZ*

Probablemente la mayoría de ustedes no esté dispuesta a que sus jefes, profesores o pareja lo agredan físicamente cuando no han logrado entender algo, lo hacen mal o cuando piensan diferente. Permitir un acto así podría encajar en cargos como lesiones personales, abuso de autoridad, violencia intrafamiliar y acoso laboral a quien iniciara la agresión.

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No obstante, usamos un rasero muy diferente con los niños, socialmente se acepta que se les pegue para “corregirlos” tanto así que cuando vemos a un niño haciendo algo indebido o una pataleta no falta quien dice “que le faltan unos buenos correazos”. Una contradicción si se entiende que como adultos no permitiríamos ese uso de la fuerza en nosotros para corregirnos, pero sí ejercemos y avalamos la violencia contra los niños.

Pensar que agredir físicamente a una persona es la única forma para corregir su comportamiento, nos lleva de regreso a la Edad Antigua y a la Edad Media donde en los manuales escolares se reglamentaba la forma, lugar y exposición con las cuales podía ser corregido un estudiante con azotes: si la corrección era “ordinaria” se hacía en la esquina más oscura del salón para que los otros no lo vieran desnudo y si era “severa” debía ser pública. Y aun así hay diferencias, pues actualmente estamos hablando de niños que están siendo agredidos por quienes se supone que los deben cuidar y corregir, es decir, sus padres y familia.

Es por esto que, de la mano del Icbf y de diferentes organizaciones en favor de la niñez, estamos promoviendo en el Congreso el proyecto de ley pedagógico que busca prohibir el castigo físico contra los niños y en cambio propone promover herramientas de crianza positiva para que los padres de familia aprendan a formar, corregir, poner límites y educar a sus hijos sin recurrir a la violencia. Esta iniciativa obedece a las disposiciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada por Colombia que en la Convención Sobre los Derechos del Niño, en su artículo 19, establece que “los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.

El Comité internacional de los Derechos del Niño, en la Observación 13, es aún más específico al indicar que los Estados firmantes están en la obligación de eliminar de la legislación toda justificación del uso de los castigos físicos como una corrección “razonable” en cualquier entorno e incluir la prohibición expresa en la legislación.

Es que no se está legislando en temas de poca monta, pues según datos del ICBF solamente entre el 12 de marzo y el 7 de abril de 2020 se recibieron 10.931 solicitudes y reportes asociados a violencia hacia niños, niñas y adolescentes, es decir, un promedio de 405 denuncias diarias. Eso llevó a que en tan solo 27 días el ICBF abriera 1.297 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) en favor de niños niñas y adolescentes víctimas de maltrato físico, psicológico, violencia sexual, negligencia. Eso sin contar el subregistro que puede estar creciendo de manera alarmante durante las cuarentenas extendidas teniendo en cuenta las dificultades para denunciar en medio del confinamiento y que los agresores suelen estar dentro de la familia.

En comparación con otros países nuestro panorama sigue siendo alarmante pues Colombia fue clasificado como el segundo país con más homicidios infantiles según un informe de Save The Children publicado en 2019. Estas cifras reflejan una realidad confrontante ante la cual el Congreso de la República no puede ser un convidado de piedra pues tiene la responsabilidad de legislar para evitar todo tipo de violencia contra cualquier persona y de cumplir el mandato constitucional que establece que en el Artículo 44 que los niños son “serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral…”.

Uno de los argumentos en contra del proyecto que hemos escuchado bastante es que la educación basada en los golpes y en la violencia forma “ciudadanos de bien”. Dicho pensamiento desconoce la historia y la realidad de nuestro país que es catalogado como el segundo país menos pacífico de América Latina (Global Peace Index, 2019) y uno de los más peligrosos para ser niño puesto que 4 de cada 10 menores han sufrido maltrato físico, psicológico o sexual, según la más reciente Encuesta de Violencia contra Niños publicada en 2019. De modo que, pensar que ese modelo violento es el adecuado omite que día a día estamos plagados de noticias relacionadas con riñas, sicariato, abuso sexual contra niños y mujeres, así como el aumento de los feminicidios y de la violencia intrafamiliar en época de cuarentena.

La violencia sólo ha engendrado más violencia porque cultiva sentimientos de dolor, resentimiento, baja autoestima, agresión pasiva, deseos de vengarse, etc. Precisamente, diversos estudios en la materia corroboran que estos son los sentimientos que se van formando en un niño cuando es objeto de castigos físicos y tratos humillantes. ¿Recuerda la última vez que a usted le pegaron o lo humillaron otras personas con una posición dominante? Estoy seguro de que al recordarlo se identifica con este tipo de sentimientos e instintos que pueden desembocar en acciones violentas contra otros o en un rechazo contra sí mismo.

Otro tipo de argumentos que hemos escuchado controvirtiendo la propuesta de prohibir el castigo físico en contra de los niños es que “los niños son de los padres y no del Estado”. Esta afirmación es equivocada porque las personas no son de nadie, pero también es muy peligrosa. Ese postulado equivale a decir que “lo que pasa dentro de una pareja o familia se queda en la casa y es totalmente privado”, lo cual avalaría que si dentro del hogar se presentan abusos sexuales contra adultos y niños, agresiones físicas vengan de donde vengan o cualquier tipo de violencia no pueda ser denunciado y que, en consecuencia, el Estado no tenga capacidad para intervenir y proteger a quienes están siendo violentados.

Por otro lado, un temor que hemos escuchado es que este proyecto de ley “establezca un método de educación estatal en contra de la autonomía de los padres”, nada más alejado de la realidad pues el proyecto en ningún momento interfiere con los principios, valores, historia, cultura y religión que una familia decida desarrollar. Eso está constitucionalmente protegido. Al contrario, este proyecto lo que busca entre otras, es promover las garantías individuales, por medio de la protección del núcleo de la dignidad humana, como es, no ser sometido a tratos crueles, humillantes y degradantes; de manera que cada familia tiene la potestad de formar a sus hijos, corregirlos y sancionarlos estableciendo un mínimo común y es el no uso de la violencia. Justamente para que los padres puedan aprender sobre métodos de crianza sin golpes, el proyecto abarca una estrategia pedagógica en la que el Estado le facilita a los padres el acceso a esa información. Mejor dicho, ¡sanción sí, pero no así!

Pensar que facilitar el acceso a la información sobre pautas de crianza positiva atenta contra la autonomía de las familias es equivalente a pensar que cuando en su trabajo le dan una charla de comunicación asertiva están atentando contra su derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¡es absurdo y no tiene fundamento! Con este proyecto se busca entregar herramientas y estrategias que los padres al interior de su hogar decidirán de qué manera los aplican o si los desechan.

Finalmente, hay quienes consideran que este proyecto de ley genera una duplicidad normativa puesto que la Constitución ya avala los derechos de los niños, pero la historia nos ha demostrado que se requiere de acciones afirmativas que apuntan a proteger a un grupo de personas que han sufrido violencia desproporcionada. Estas acciones se traducen en leyes de la república para hacer que el ideal de los derechos se convierta una realidad. Por ejemplo, aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todos somos iguales, se necesitó de leyes posteriores que abolían la esclavitud y creaban el derecho de los negros para votar; del mismo modo, en Colombia fue necesario crear la Ley 1257 de 2008 que protege a las mujeres. Adicionalmente, recuerden que la creación de esta ley corresponde a acuerdos y convenciones de derechos de los niños aceptadas por Colombia que sugieren desarrollos legislativos que apunten en este sentido.

¿Cuánto más tiene que pasar en nuestro país para que nos cansemos de la violencia? ¿Cuánto más tenemos que vivir para que empecemos a ser generadores de cambio desde el respeto? Insisto, con esta ley no buscamos que los padres no puedan corregir a sus hijos, todo lo contrario, corríjanlos, exíjanles, muéstrenles el camino, pero háganlo teniendo en cuenta cómo les gustaría ser tratados a ustedes.

Hace poco leí que un niño que es golpeado por sus padres no aprende a odiarlos a ellos sino que empieza a odiarse a sí mismo. Una realidad muy dolorosa que me confirmaron varios testimonios que me llegaron por redes sociales desde una mujer que contó por primera vez en su vida que fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro que y nunca fue capaz de contarle a su mamá por miedo a las reprimendas físicas que le daba; hasta personas que al acercarse a este tema me han escrito contándome que ahora entienden que sus estados de depresión, ansiedad, rechazo y hasta ganas de suicidarse provienen de los malos tratos que recibieron cuando niños.

En nuestras manos está cambiar esa historia. No me refiero solamente a los congresistas, sino a todos nosotros, porque todos los días tenemos la oportunidad de ser mejores y de nutrir nuestros micro mundos con acciones de respeto, escucha y tolerancia. Culturalmente hemos legitimado la violencia en la música, los chistes, los programas de televisión, pero es nuestro deber hacer que estas acciones dejen de ser el pan de cada día en nuestra sociedad.

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Nuestros agradecimientos a las organizaciones, iniciativas privadas y expertos que nos han acompañado en esta labor entre quienes están el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, la Alianza por la Niñez, UNICEF, Save The Children, Aldeas Infantiles, Red Papaz, Agencia PANDI, Ni Una Palmadita, la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Universidad de la Sabana, la Universidad Javeriana, la Universidad Externado, Jorge Cuartas investigador de la Universidad de Harvard; además de las iniciativas Despertando al Gigante y Crianza Consciente, entre otras.

*Coautor del proyecto de ley de prohibición del Castigo Físico

Representante a la Cámara por Antioquia

Partido Liberal Colombiano

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En este enlace están disponibles las ponencias del proyecto de ley de prohibición del castigo físico y fomento de la paternidad amorosa https://www.camara.gov.co/prohibicion-castigos-fisicos