El panorama en el departamento del Putumayo con relación a la situación de salud y de pandemia generadas por el coronavirus no puede ser más preocupante: al cierre de las instalaciones de la gobernación,  como medida preventiva para evitar la propagación del covid-19, se suman los casos positivos del gobernador (atendido en una UCI de la ciudad de Cali), el secretario de salud e importantes funcionarios de los niveles seccional y municipal, los que se agregan a 532 personas, de 3.245 muestras y de las que se encuentran pendiente de resultados 746, con fecha de corte del 25 de julio. El Putumayo con una población cercana a los 400.000 habitantes y que hasta el mes de mayo no reportaba casos de contagio, evidencia un acelerado y alarmante aumento en el número de casos identificados.

Más allá de las frías cifras, angustia el escaso número de muestras tomadas, toda vez que al estructural déficit de salud del departamento, en términos de cobertura, dotación, infraestructura y talento humano especializado, se observa con preocupación que a la escasa oferta de muestras analizadas, la población siente temor de recurrir a la red pública hospitalaria por temor a contagiarse y a la amenaza de grupos armados ilegales, principalmente en el bajo Putumayo, de asesinar a quienes resulten positivos de covid-19.

Capítulo aparte merece la mención de las UCI disponibles en el territorio, el Ministerio de Salud, estima en 19 el número de camas de cuidados intensivos con que cuenta el Putumayo, en una relación de 51 por cada millón de habitantes, las que palidecen frente a las 1819 de Bogotá y 231 por millón de habitantes, Valle del Cauca con 967 camas de cuidados intensivos y 213 por millón de habitantes, Antioquia cuenta con 927 y 139 por millón de habitantes. Con departamentos de menor tamaño o equivalentes, las cifras reflejan la inequitativa distribución del derecho a la salud en Colombia, Caquetá, por ejemplo, registra 35 camas UCI y 85 por cada millón de habitantes, Chocó con sus 28 camas y 51 por cada millón de habitantes, Arauca con 13 camas y 44 por cada millón de habitantes, confirman el hecho de que en Colombia, el derecho a la salud, se encuentra circunscrito al triángulo andino Bogotá-Medellín y Cali, más allá de los notables avances en Barranquilla con sus 682 camas UCI y extraordinarias 370 por cada millón de habitantes; panorama que se traslapa con los territorios teatro del narcotráfico, la continuidad de la guerra por las rentas derivadas de la ilegalidad y la ausencia de un Estado, que pese a la prometida paz, aún no llega en los contenidos reales de un Estado Social de Derecho.

Aunque no es el momento de las lamentaciones que eludan las propias responsabilidades, que incluyen la inveterada indisciplina social de los colombianos, desde el Putumayo hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que intervenga de manera más decidida en la actual crisis social y de salud que registra el territorio, con movilizaciones campesinas por las consuetudinarias reclamaciones cocaleras, en no pocas ocasiones estimuladas por organizaciones delincuenciales de todos los pelambres, pedimos se instale un laboratorio que avale la realización de pruebas para SARS-COV2, se declare la alerta roja y desde una adecuada articulación y coordinación nación-territorio, este departamento fronterizo con Ecuador y Perú, pueda contar con satisfacción que la paz con legalidad, encontró en la superación de la pandemia del covid-19, una razón para sentirse, por fin, parte del desarrollo nacional.

*Exgobernador (e) del Departamento del Putumayo

Profesor Universitario