El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes lamentó este domingo las dos últimas muertes ocurridas en el marco de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega, tras una semana sin víctimas.“Verdaderamente es triste porque durante la semana miraba como iba superando esto (los muertos)”, dijo Brenes, también arzobispo de Managua, tras oficiar una misa.El religioso lamentó y condenó tanto el asesinato de un hombre identificado como Lenin Mendiola, quien murió mientras se realizada una marcha por la libertad de los “reos políticos” en el municipio de Matagalpa (norte).También la de Darwin Ezequiel Rostrán Polanco, un hombre señalado como supuesto asesino de tres agentes de seguridad en junio pasado y que, según la versión policial, murió en un tiroteo con agentes del orden en Mulukukú, al norte de Nicaragua.Lea:Último día de fiestas de Nicaragua, sin jolgorio por la crisis“Un nicaragüense que fallezca, sea de la tendencia que sea, siempre es un dolor para Nicaragua y eso es condenable”, señaló el cardenal Brenes, quien elevó su oración y cercanía a ambas familias.Además, lamentó “la cantidad de personas que están todavía en las cárceles” por manifestarse en contra el Gobierno, que según los detractores del Ejecutivo son al menos 135.“Oremos por todos y pidamos a nuestro buen Dios que ojalá puedan pronto lograr la libertad estas personas que están en estos momentos en las cárceles”, abogó.Desde el pasado 18 de abril, Nicaragua está sumergida en una crisis sociopolítica que ha dejado, según diferentes organizaciones pro derechos humanos, entre 317 y 448 muertos, pero el Gobierno cifra las víctimas en solo 197, convirtiéndose así en la más sangrienta desde la década de los 80.Las protestas contra Ortega se iniciaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
El último día de las fiestas más grandes de Nicaragua, en honor de Santo Domingo de Guzmán, inició este viernes sin jolgorio, debido a la crisis sociopolítica que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.Miles de personas se reunieron hoy en el antiguo centro de Managua para acompañar la imagen del venerado, en la romería de unos 10 kilómetros hasta las afueras de la ciudad, donde permanecerá hasta el 1º de agosto del próximo año.Antes del inicio de las fiestas, que tienen lugar en Managua del 1º al 10 de agosto de cada año, el clero nicaragüense pidió a sus fieles celebrar en austeridad y sobriedad, dada la situación que atraviesa el país, por la muerte de entre 317 y 448 personas desde el estallido social del 18 de abril pasado.Aunque la romería inició con el colorido de siempre en la parroquia Santo Domingo de Managua, fue notoria la merma de asistentes, música, desorden y del consumo de alcohol.Lea:Daniel Ortega dice que Nicaragua dará la batalla en la OEALa organización de la fiesta fue particular en esta ocasión, ya que por primera vez en 15 años el clero no otorgó la mayordomía de las celebraciones a las autoridades municipales, que son las encargadas de garantizar el ambiente festivo, a la vez que los sacerdotes se ocupan de lo religioso.Las celebraciones por Santo Domingo de Guzmán son populares, pero no patronales, ya que el patrono de Managua es Santiago, que inspira pocas reverencias en la capital nicaragüense.Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Daniel Ortega siendo presidente.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”, lo que Ortega ha negado.Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron el 18 de abril pasado, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de 11 años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
Ante la crisis sociopolítica que vive Nicaragua, un grupo de personas se unieron para ayudar a salir del país “de forma clandestina” a los jóvenes perseguidos por el Gobierno de Daniel Ortega por haber participado activamente en las protestas que comenzaron el pasado abril.Así lo explicó “Septiembre”, seudónimo de uno de los miembros de este colectivo, que realiza un “trabajo totalmente clandestino, de bajo perfil, sin notoriedad, sin ningún tipo de protagonismo”.“Lo hacemos porque no nos podemos quedar impasibles ante la situación que se vive y el riesgo que corren nuestros compatriotas de ser asesinados, secuestrados o torturados”, añadió el joven.“Septiembre”, nicaragüense, es consciente de lo que le puede ocurrir si las autoridades lo descubren realizando esta labor de “ayuda humanitaria”, ya que él sabe que está haciendo algo “ilegal”, pero “necesario”.La labor del grupo es refugiar a jóvenes que piden auxilio por miedo a ser detenidos y llevados a la cárcel de El Chipote o a la Modelo, temidos centros de reclusión con un régimen extremo que contempla, según “Septiembre”, la tortura de los reclusos y el hambre, entre otras formas de violación de derechos humanos.“Algunos solo quieren cambiarse de localidad en Nicaragua, pero otros, cada vez más, buscan salir del país, principalmente a Costa Rica, y es ahí donde comienza una labor más compleja”, explicó.“Nosotros nos comunicamos con el ‘coyote’ que los va a pasar al otro lado de la frontera y los va a poner en Costa Rica, pero, además, les damos la información y contactos necesarios para que sepan lo que deben hacer cuando lleguen al país vecino para legalizar su situación como refugiados políticos”, agregó.El joven, quien aclaró que todo este trabajo lo hacen sin cobrar, explicó que la tarea de movilización se realiza gracias a la ayuda económica de particulares y diversas organizaciones.Parte del dinero recaudado va destinado a “pagar al ‘coyote’ que se encarga de pasarlos en la frontera, ya que el sí cobra, porque vive de esto”, manifestó “Septiembre”, quien aseguró desconocer si se trata de algo puntual debido a la crisis o ya lo hacía anteriormente.Lea:Alianza opositora urge a Ortega retomar diálogo para salida de crisis“Septiembre” explicó que “cuanto menos sepamos unos de los otros, mejor, más seguridad para todos”, ya que “si a él lo detienen por dedicarse al paso ilegal de gente, podrían hacerlo hablar y delatarnos”.Aseguró que el grupo de ayuda tampoco cuenta con “demasiados datos” de las personas a las que apoya para realizar su travesía por el mismo motivo: “No los conocemos y no sabemos si podrían hablar de nosotros en caso de ser capturados por la policía”.Una semana antes de comenzar con el traslado ilegal de personas, el colectivo coordinó con el “coyote” y el día 20 de julio empezaron a sacar a los jóvenes del país.“Ya ese día cruzamos para Costa Rica a nueve personas, incluyendo niños; anteriormente solo habíamos movido gente dentro, de unas ciudades a otras, pero llegó un momento en que todo el mundo se quería ir fuera”, precisó “Septiembre”.Además de las personas que salen del país por esta vía, “hay otros que huyeron por su cuenta por veredas y montañas hasta llegar a Costa Rica y una vez allá se han visto sin saber qué hacer, sin papeles, sin protección, en la calle y sin comida, y esa imagen es muy dramática”.Según precisó “Septiembre”, son aproximadamente unas 1.500 personas las que se encuentran en esta situación y “a ellos también los estamos intentando ayudar a través de Nica-migrantes, pero está difícil”, porque la organización “esta desbordada y no puede atender a todos”.Aunque se desconoce la cifra de nicaragüenses que han salido del país desde que comenzó la crisis, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) detalló a finales de julio que se habían tramitado unas 8.000 peticiones de entrada en otros países, a las que se suman cerca de 200 cada día que pasa.Diversas organizaciones humanitarias cifran en alrededor de 23.000 el número de ciudadanos nicaragüenses que abandonaron el país desde abril.
La gran alianza opositora que agrupa a sectores estudiantiles, empresariales y civiles de Nicaragua urgió este miércoles al presidente Daniel Ortega a retomar el camino del diálogo para buscar una salida pacífica y democrática a la crisis, que ha dejado centenares de muertos en el país desde abril pasado.“La Alianza Cívica hace un llamado urgente a retomar el camino para una salida pacífica y democrática, a cesar toda forma de violencia y a reinstalar el diálogo nacional con la Conferencia Episcopal como mediadora y testigo, con los garantes internacionales apropiados”, indicó este miércoles la llamada Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en una declaración.El diálogo, cuyos mediadores y testigos son los obispos de la Conferencia Episcopal, se instaló a mediados de mayo pasado pero se ha desarrollado de forma intermitente y permanece suspendido desde el pasado 25 de junio, cuando celebró su última sesión.La Alianza Cívica envió una comunicación escrita a Ortega en la que le exige “se den pasos coordinados en la mesa de diálogo para propiciar” el cese del clima de confrontación y restablecer la seguridad ciudadana en todo el ámbito nacional.Lea:Denuncian secuestros de parte de policías y paramilitares en NicaraguaTambién que libere a todos los prisioneros políticos y brinde información detallada sobre la lista de personas que actualmente figuran como desaparecidas.Asimismo, cese la represión en sus diversas formas: criminalización de las protestas, tomas de tierras, intimidación a los miembros dialogantes, medios de comunicación y defensores de los derechos humanos.Otra de las exigencias de esa coalición opositora es que el Gobierno “proceda a desarmar y disolver todos los grupos parapoliciales y otros grupos armados, bajo supervisión de la OEA y Naciones Unidas”, explicó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, quien leyó la declaración.“Desde la Alianza nos unimos al Comité Pro Libertad de los Presos Políticos para exigir la libertad y respeto a las garantías de todos los nicaragüenses que han sido arrestados por el régimen Ortega-Murillo por el simple hecho de disentir con la acción represiva del Gobierno y apoyar el proceso de democratización de Nicaragua”, continuó el líder empresarial.Esa coalición condenó “la criminalización de la protesta pacífica por este régimen”.
El Movimiento 19 de Abril Masaya denunció este martes que un grupo de policías y paramilitares ejecutaron al menos tres nuevos secuestros en Nicaragua, entre ellos el de una mujer que amamantaba a su hija cuando fue sacada de su casa.“Gloria Pérez acaba de ser secuestrada por la policía orteguista y sus paramilitares, mientras alimentaba a su hija vía lactancia”, denunció el Movimiento, en sus redes sociales.El rapto de la mujer y de dos hombres se dio en el marco de la crisis sociopolítica que ha dejado entre 317 y 448 muertos desde abril, según organismos humanitarios, en protestas contra el presidente Daniel Ortega.Pérez y un hombre identificado como Eddy Antonio Blanco fueron secuestrados en la ciudad de Masaya, una de las que más han sufrido ataques armados de las “fuerzas combinadas” del Gobierno, compuestas por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos oficialistas, que se desplazan en camionetas Toyota Hilux, encapuchados y con armas de guerra.Según el Movimiento, los policías y paramilitares ingresaron por la fuerza a las viviendas de Pérez y Blanco, sin orden judicial, y los sustrajeron con violencia, por lo que insistió en que no se trató de arrestos formales, sino de “secuestros”.Una situación similar vivió el joven Luis Ramón Quintero, en la ciudad de Noquinohomo, a unos 42 kilómetros al sureste de Managua, según los denunciantes.Lea:Daniel Ortega dice que Nicaragua dará la batalla en la OEAEl Movimiento 19 de Abril Masaya divulgó fotografías de la casa de Pérez cuando era cercada por los policías y civiles encapuchados y en una de las cuales se le ve a ella saliendo con su bebé en brazos.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) advirtió que Nicaragua vive una “tercera fase” de la represión gubernamental, “más ruda, más explícita y burocrática”, que es la “criminalización de manifestantes”.La Cidh y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) responsabilizaron al Gobierno de Nicaragua de “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”, lo que el presidente Daniel Ortega negó.“Condenamos todas las violaciones a los derechos humanos que sufren nuestros compañeros”, sostuvieron los estudiantes.Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas reformas a la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo este lunes que su país dará la batalla en la OEA, cuyo organismo aprobó la creación de “un grupo de trabajo” con el fin de apoyar el diálogo nacional y contribuir a la “búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles” para superar la crisis que ha dejado entre 317 y 448 muertos, según organismos humanitarios.“Yo veo que, aún con el debilitamiento que tiene la OEA, tenemos que seguir dando la batalla. Es un espacio que está ahí y hay que dar la batalla”, señaló el mandatario en una entrevista ofrecida al diario en línea estadounidense GrayzoneProject.La formación de ese “grupo de trabajo”, aprobada el jueves pasado, recibió el aval de 20 de los 34 países que son miembros activos de la OEA, mientras que cuatro Estados votaron en contra (Nicaragua, Venezuela, Bolivia y San Vicente y las Granadinas), ocho se abstuvieron y dos estuvieron ausente.Ortega criticó que Estados Unidos es uno de los promotores de la creación de ese grupo y no ha ratificado tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.“Son elementos que debilitan a la OEA, indiscutiblemente, pero lo que más debilita a la OEA en estos momentos, es la actitud revanchista de Gobiernos de derecha que hoy hacen mayoría en América Latina y que han hecho cuerpo con los Estados Unidos, o dirigidos por los Estados Unidos”, reprochó.Lea:Nicaragua, entre “comisión especial” en la OEA y bloqueo de préstamosAsimismo, Ortega dijo estar “totalmente claro y convencido” que la política de Estados Unidos “no ha cambiado” en relación con Nicaragua.“Quieren tener Gobiernos sometidos totalmente a sus decisiones, y por lo tanto, ellos siempre han rechazado la posibilidad de que el Frente (Sandinista de Liberación Nacional) retornara al Gobierno”, sostuvo.Por otro lado, Ortega reconoció que “hay una tendencia de emigrar” porque la crisis en Nicaragua no solamente ha dejado muertos, sino que también han dañado la economía nicaragüense.“Con el desempleo que ha generado esta crisis, el desempleado va a buscar otro camino, y buscan para Costa Rica que es más cercano, y buscan también para los Estados Unidos”, apuntó.Como nota curiosa, Ortega dijo en la entrevista que no tiene una cuenta de Twitter, porque, según dijo: “¡Me volvería loco!” y que, a su juicio, “sería una pérdida de tiempo”.Las protestas contra Ortega, a quien sus críticos acusan de abuso y corrupción, comenzaron el pasado 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en reclamaciones para que renuncie a la presidencia, que ocupa de forma ininterrumpida desde hace once años.
El cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes expresó este domingo sus deseos de mantener vivo el diálogo entre el Gobierno de Daniel Ortega y las fuerzas opositoras, que se mantiene estancado tras el incremento de la represión estatal en el marco de las protestas antigubernamentales iniciadas el pasado 18 de abril.“Nosotros queremos mantener viva esa llamita”, dijo Brenes, también arzobispo de Managua, tras oficiar una misa en la Catedral Metropolitana.El diálogo, cuyos mediadores y testigos son los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, se instaló a mediados de mayo pasado, pero se ha desarrollado de forma intermitente y permanece suspendido desde el pasado 25 de junio, cuando celebró su última sesión.El presidente Ortega calificó de “golpistas” a los obispos de la Conferencia Episcopal, y consideró que son cómplices de las fuerzas internas y de los grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo.Ortega hizo esas acusaciones ante miles de sandinistas en una plaza de Managua y mientras conmemoraba el 39 aniversario de la revolución sandinista.El 7 de junio, la Conferencia Episcopal propuso a Ortega que adelantara a marzo de 2019 las elecciones fijadas para 2021 y que renunciara a presentarse a la reelección, pero Ortega lo rechazó y pensó que la propuesta mostraba que los obispos estaban “comprometidos con los golpistas”, según dijo el 19 de julio.Pese a esas acusaciones, el cardenal Brenes afirmó que existen “una cantidad de personas que nos dicen: no se retiren del diálogo”.Lea:Nicaragua, entre “comisión especial” en la OEA y bloqueo de préstamos“Sabemos que hay todo un apoyo a nivel internacional de las Conferencias Episcopales, de líderes políticos, aún en muchos líderes de izquierda que están invitando a que se siga promoviendo el diálogo”, sostuvo.Asimismo, Brenes explicó que en los diálogos a menudo ocurren esos altibajos y recordó la experiencia vivida en la década de los años de 1980, cuando Nicaragua estaba sumergida en una guerra civil y que también era gobernada por Ortega.“A veces daba la impresión de que el diálogo se caía, porque las partes se retiraban de la mesa, pero luego seguía”, hasta que se alcanzó un acuerdo, recordó.Consultado sobre la solicitud que hizo el opositor Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de participar en el diálogo, Brenes dijo ese colectivo tiene que hacer esa petición al Gobierno o a la Alianza Cívica para que sea incluido en una de las partes.A mediados de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y la Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) ya alertaron de que integrantes de la Iglesia católica estaban sufriendo ataques por su mediación en el diálogo y por proteger la integridad física de los manifestantes.Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega siendo presidente.Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
Nicaragua podría enfrentarse en los próximos días a la creación de una “comisión especial” en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) o a la congelación de préstamos desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), informaron este sábado fuentes diplomáticas.Esas son dos de las acciones que están considerando ocho de los 34 países que son miembros activos de la OEA: Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Chile, Perú, Brasil y Argentina.Por el momento, la opción que más fuerza ha ganado es la creación de una “comisión especial” que dependería del consejo permanente de la OEA y que daría seguimiento a la crisis en Nicaragua, la mássangrienta desde los años 80, con 448 muertos, según cifras de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh).La creación de esa “comisión especial” se haría mediante la aprobación de una resolución, que podría votarse la semana próxima y requeriría el apoyo de 18 países.Si se da el visto bueno a su creación, la comisión estaría compuesta por un máximo de 12 Estados miembros y podría llegar a designar una misión para que visite Nicaragua; lo que necesitaría el consentimiento del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, cada vez más crítico con la OEA.Según las fuentes diplomáticas, otra de las alternativas es incrementar la presión económica contra Ortega mediante el bloqueo de préstamos BID, que actualmente tiene una cartera activa de 624 millones de dólares para Nicaragua.El directorio ejecutivo del BID, donde están representados sus 48 integrantes, tiene la última palabra para suspender los desembolsos a un Gobierno prestatario y, hasta ahora, esa cuestión relativa a Nicaragua no ha sido discutida, dijo uno de los portavoces del organismo.La última vez que el BID congeló temporalmente los fondos a un país fue en 2009, después del golpe de Estado en Honduras que depuso a Manuel Zelaya como presidente.Lea:448 personas han muerto en 100 días de crisis en NicaraguaAparte de estas dos opciones, existe una tercera vía “más dura”, que está impulsando Estados Unidos y que consiste en la aprobación de una resolución para determinar que en Nicaragua se ha producido “una alteración del orden constitucional”, que afecta “gravemente su orden democrático”.Esa declaración iniciaría la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que contempla un proceso gradual en sus artículos 20 y 21, que va desde las gestiones diplomáticas hasta, en caso de fracasar estas, la suspensión de Nicaragua de la OEA, con lo que dejaría de participar en sus programas y actividades.La OEA ya intentó suspender a Venezuela del organismo, pero fracasó al no lograr los 24 votos que son necesarios.El embajador de Colombia ante la OEA, Andrés González Díaz, fue el primero en aludir en público la idea de la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, debido a la posibilidad de que se haya vulnerado una de sus “columnas vertebrales”, que es “la garantía y el respeto a los Derechos Humanos”.González Díaz hizo esas declaraciones el 18 de julio, cuando la OEA aprobó una resolución de condena a la violencia en Nicaragua; y desde entonces Washington ha recogido el testigo, aunque con una postura más dura, afirmaron las fuentes diplomáticas.Varios países temen que la aplicación de la Carta acabe por “arrinconar” a Ortega y provocar que niegue la entrada en territorio nicaragüense de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), órgano autónomo de la OEA que está jugando un papel muy importante en el diálogo nacional mediado por la Iglesia.“El sentimiento entre algunos países es que no queremos ser nosotros quienes cerremos esa puerta”, resumió una de las fuentes.La suspensión es la mayor forma de sanción que tiene la OEA y solo se ha aplicado a dos naciones: Honduras, en 2009, después del golpe de Estado contra Zelaya; y Cuba tras el triunfo de la Revolución de Fidel Castro, en 1959.
Al menos 448 personas han muerto, 2.800 han resultado heridas y 595 están desaparecidas en el marco de las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega que cumplen este jueves 100 días, informó la no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh).El secretario ejecutivo de la Anpdh, Álvaro Leiva, dijo que la lista de víctimas es “preliminar”, ya que han tenido problemas para confirmar casos registrados en zonas de difícil acceso.La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que responsabiliza al Gobierno por “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven”, cifró en unos 295 los muertos.Lea:Daniel Ortega se niega a dejar el poder y opositores exigen renunciaLeiva indicó a los periodistas que algunas de las 2.800 personas que han resultado heridas quedarán con secuelas por lo que les resta de vida.Detalló además que el organismos humanitario ha enfrentado “en Laguna de Masaya (Pacífico) y San Pedro de Lóvago (centro) grandes limitaciones” para verificar casos de fallecimientos en medio de la crisis.La Anpdh fue fundada en 1986 y una de las más respetadas del país centroamericano.Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta de su historia en tiempos de paz, y la peor desde la década de los años de 1980, también con Ortega siendo presidente.El Gobierno nicaragüense niega ser el promotor de la violencia y el principal responsable de las muertes, y tilda a los manifestantes de “grupos terroristas” con un plan de “golpe de Estado” que ya ha sido derrotado, según ha dicho la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.Un diálogo nacional entre la Alianza y el Gobierno se mantiene suspendido, debido a la fuerte represión, según la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), que actúa como mediadora y testigo.Las protestas contra Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.