Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua ha acusado y procesado a 137 personas por terrorismo, crimen organizado, secuestro, entre otros delitos, en el marco de las protestas antigubernamentales.
La gran alianza opositora que agrupa a sectores estudiantiles, empresariales y civiles de Nicaragua urgió este miércoles al presidente Daniel Ortega a retomar el camino del diálogo para buscar una salida pacífica y democrática a la crisis, que ha dejado centenares de muertos en el país desde abril pasado.
“La Alianza Cívica hace un llamado urgente a retomar el camino para una salida pacífica y democrática, a cesar toda forma de violencia y a reinstalar el diálogo nacional con la Conferencia Episcopal como mediadora y testigo, con los garantes internacionales apropiados”, indicó este miércoles la llamada Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en una declaración.
El diálogo, cuyos mediadores y testigos son los obispos de la Conferencia Episcopal, se instaló a mediados de mayo pasado pero se ha desarrollado de forma intermitente y permanece suspendido desde el pasado 25 de junio, cuando celebró su última sesión.
La Alianza Cívica envió una comunicación escrita a Ortega en la que le exige “se den pasos coordinados en la mesa de diálogo para propiciar” el cese del clima de confrontación y restablecer la seguridad ciudadana en todo el ámbito nacional.
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También que libere a todos los prisioneros políticos y brinde información detallada sobre la lista de personas que actualmente figuran como desaparecidas.
Asimismo, cese la represión en sus diversas formas: criminalización de las protestas, tomas de tierras, intimidación a los miembros dialogantes, medios de comunicación y defensores de los derechos humanos.
Otra de las exigencias de esa coalición opositora es que el Gobierno “proceda a desarmar y disolver todos los grupos parapoliciales y otros grupos armados, bajo supervisión de la OEA y Naciones Unidas”, explicó el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri, quien leyó la declaración.
“Desde la Alianza nos unimos al Comité Pro Libertad de los Presos Políticos para exigir la libertad y respeto a las garantías de todos los nicaragüenses que han sido arrestados por el régimen Ortega-Murillo por el simple hecho de disentir con la acción represiva del Gobierno y apoyar el proceso de democratización de Nicaragua”, continuó el líder empresarial.
Esa coalición condenó “la criminalización de la protesta pacífica por este régimen”.