El Movimiento 19 de Abril Masaya denunció este martes que un grupo de policías y paramilitares ejecutaron al menos tres nuevos secuestros en Nicaragua, entre ellos el de una mujer que amamantaba a su hija cuando fue sacada de su casa.

“Gloria Pérez acaba de ser secuestrada por la policía orteguista y sus paramilitares, mientras alimentaba a su hija vía lactancia”, denunció el Movimiento, en sus redes sociales.

El rapto de la mujer y de dos hombres se dio en el marco de la crisis sociopolítica que ha dejado entre 317 y 448 muertos desde abril, según organismos humanitarios, en protestas contra el presidente Daniel Ortega.

Pérez y un hombre identificado como Eddy Antonio Blanco fueron secuestrados en la ciudad de Masaya, una de las que más han sufrido ataques armados de las “fuerzas combinadas” del Gobierno, compuestas por policías, antimotines, parapolicías, paramilitares y grupos oficialistas, que se desplazan en camionetas Toyota Hilux, encapuchados y con armas de guerra.

Según el Movimiento, los policías y paramilitares ingresaron por la fuerza a las viviendas de Pérez y Blanco, sin orden judicial, y los sustrajeron con violencia, por lo que insistió en que no se trató de arrestos formales, sino de “secuestros”.

Una situación similar vivió el joven Luis Ramón Quintero, en la ciudad de Noquinohomo, a unos 42 kilómetros al sureste de Managua, según los denunciantes.

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El Movimiento 19 de Abril Masaya divulgó fotografías de la casa de Pérez cuando era cercada por los policías y civiles encapuchados y en una de las cuales se le ve a ella saliendo con su bebé en brazos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) advirtió que Nicaragua vive una “tercera fase” de la represión gubernamental, “más ruda, más explícita y burocrática”, que es la “criminalización de manifestantes”.

La Cidh y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) responsabilizaron al Gobierno de Nicaragua de “asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias”, lo que el presidente Daniel Ortega negó.

“Condenamos todas las violaciones a los derechos humanos que sufren nuestros compañeros”, sostuvieron los estudiantes.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron por unas reformas a la seguridad social, que finalmente fueron retiradas, y se convirtieron en la exigencia de que renuncie el mandatario, después de 11 años en el poder, entre acusaciones de abuso y corrupción en su contra.