En su espacio de televisión diario, el presidente de la República, Iván Duque, anunció un programa de “protección a la vejez (…) una iniciativa muy importante que la llamamos hipoteca inversa: un mecanismo novedoso para proteger y asegurar cobertura para la vejez en términos de ingresos económicos, (…) una medida que ha sido exitosa en muchos lugares del mundo y que ahora la traemos a nuestro país como una herramienta más para proteger a esas personas que se han esforzado tanto y que han trabajado tanto por nuestro país”.Lea también: El capitalismo latinoamericanoEsta “importante acción de gobierno”, como la calificó el presidente, es básicamente una forma de hipotecar la casa que podrán ofrecer las instituciones financieras del país, dirigida específicamente a población mayor de 65 años, propietaria de una vivienda, quienes pueden acceder a una renta mensual, ya sea vitalicia, temporal o única a cambio de hipotecar su inmueble. Lo “novedoso” de este instrumento financiero –que en realidad poco de nuevo tiene porque nace en 1961 según el profesor de la Universidad Nacional, Diego Guevara, en un artículo para El Espectador– es que quien hipoteque el inmueble no tendrá que pagar la deuda con dinero, sino que pone su casa como prenda de garantía y la entrega al final de sus días. Es decir, al fallecer el propietario, la casa la puede reclamar el banco como suya o los familiares herederos pueden pagar la hipoteca para conservarla.Para explicar más claramente el modelo, el Ministerio de Vivienda nos ofrece un ejemplo en su página web, hablándonos de María y Martín, una pareja de adultos mayores de 75 y 70 años, respectivamente. María acude a una entidad financiera en donde le ofrecen la consabida hipoteca invertida. Con este mecanismo, su casa de doscientos millones de pesos se convertiría en una renta mensual de ochocientos mil pesos mensuales. Luego, “María y su esposo recibirán ese monto mensual sin tener que mudarse de su casa. Así, la vivienda se convierte no solo en el espacio en el que ellos cumplen sus sueños, sino en un mecanismo para garantizar su sustento económico durante la vejez”, dice el comunicado del Ministerio, en un tono casi publicitario que desde ya podrían emular las entidades bancarias interesadas en el lanzamiento de este servicio.Este modelo tiene diferentes defensores, tanto en entidades financieras como en la academia. Es el caso, por ejemplo, del profesor José Enrique Devesa Carpio, doctor en economía de la Universidad de Valencia, España –país donde este instrumento existe y se aplica desde 2007– quien, junto con otros investigadores en un artículo académico al respecto, concluyó que “la hipoteca inversa, como parte de una operación más amplia, es altamente recomendable por la elevada rentabilidad financiero-fiscal obtenida”.No obstante, este tipo de hipoteca también tiene importantes críticas que conviene destacar. En un interesante artículo del Washington Post titulado “Más personas mayores están tomando préstamos contra sus hogares, y les está costando” (traducido), se destaca que, en la vida práctica, estas hipotecas inversas en Estados Unidos tienen, al menos, tres inconvenientes: primero, son complejos mecanismos en los que los propietarios deben seguir pagando impuestos y asumiendo otros gastos para que la vivienda no pierda su avalúo, entre otras responsabilidades que no siempre quedan claras. Segundo, además de confuso, el mecanismo está dirigido a población adulta mayor que necesita aumentar sus ingresos, porque no son suficientes. Es decir, se puede poner en riesgo el patrimonio familiar por problemas más profundos como una pensión insuficiente. Y tercero, la promesa de que nunca les van a quitar las casas a los adultos mayores estando en vida también tiene “letra chiquita” y algunos terminan por verse endeudados y con riesgo de perder su lugar de residencia.Sobre este último punto, una fuente consultada por Washington Post afirma que 'estas compañías engañaron a los consumidores haciéndoles creer que no podían perder sus hogares con una hipoteca inversa'. En Estados Unidos hay personas con riesgo de perder sus viviendas o familias inmersas en dilemas complejos pues el propietario fallece y su pareja, por lo regular una persona de mayor edad también, se queda sin un lugar donde vivir. Esto, sumado a problemas de estrés y depresión que pueden ocasionar estos modelos a adultos mayores.Y es que este instrumento privado que algunos economistas defienden con ahínco mostrándolo como una herramienta para darle oportunidades a las personas de elegir, tiene un lado oscuro marcado por la desinformación que producen los agentes que venden este servicio. Recordemos que esto no deja de ser un producto financiero cuyo propósito principal no es proteger a la vejez, como dice el presidente Duque, sino generar rentabilidad al banco, como negocio que es. Como se decía previamente, dado que son hipotecas difíciles de entender, se necesita incluso de un agente externo que las explique con imparcialidad para que las personas tomen una buena decisión y sepan si ese instrumento es el correcto para sus necesidades, como lo comentó el mismo Ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, en el programa de televisión de Duque.Quizá este producto financiero, como ya presumen diferentes analistas, tenga una bajísima demanda. Quiero creer que el gobierno tendrá en cuenta todos los problemas que tienen o han tenido estos mecanismos, especialmente usados en países desarrollados. Pero, ¿presentarlo en medio de una pandemia como una medida de protección a la vejez?Le puede interesar: La equidad para Beatriz RestrepoEn Colombia, el 28% de los adultos mayores tiene pensión; mientras que el 68% tiene vivienda pero no tienen ingresos fijos, según las cifras que el propio Minvivienda usa para defender la relevancia de esta iniciativa. Lo problemático, es que este instrumento financiero, que es una iniciativa privada, se presente como una salida a las pensiones y como una solución a los adultos mayores con ingresos insuficientes o en “pobreza oculta”. Desde antes de lanzar este instrumento de privados, el gobierno está desinformando y creando falsas expectativas. Ese desgaste de mostrar acciones todos los días se nota. Ahora es cuando el gobierno tiene que tomar posiciones más sensatas pues lo más difícil está por venir. Creando falsas soluciones, no ayuda en nada.Nota de cierre: desde esta columna expreso mi solidaridad con la familia Gaviria y, especialmente, con Aníbal Gaviria. Nuestro país, en medio de todo con una fuerte tradición institucional, asiste desde hace varios años al desdibujamiento de la Fiscalía General de la Nación. Que la justicia llegue pronto, aunque el daño ya esté hecho.@jotaclavijo
La humanidad camina a tientas en la oscuridad. Todos con temor a resbalarnos a cada paso. A escala de países, algunos transitan guiados por los aprendizajes de quienes más han sufrido por esta pandemia hasta ahora, que son aquellos que han tenido que improvisar soluciones por ensayo y error y cuyas consecuencias a largo plazo aún no se conocen plenamente. Otros, no han querido ver las advertencias, han seguido su propio instinto y ahora asumen el costo de sus decisiones, como es el caso de Estados Unidos, país que desde el 11 de abril de 2020 lidera las cifras de contagios y las muertes en el mundo, luego de que su presidente, Donald Trump fuera reacio a la idea de cancelar vuelos, evitar concentraciones o aislar a las personas.Nuestro mundo recorre caminos insospechados, inciertos, intransitados. Las decisiones que se tomen hoy serán las bases que cimentarán la realidad que viviremos en unos meses y, también, marcarán el ritmo de la rapidez con la que podamos salir de la crisis provocada por el coronavirus. Todos perderemos algo, pero a todos nos golpeará de formas distintas.Hasta el momento, las medidas más efectivas para hacerle frente al virus han sido el aislamiento social, el estricto cuidado de la higiene personal y la realización de pruebas masivas. El confinamiento ha mostrado buenos resultados en la prevención del contagio, aunque también ha minado duramente a la economía global. Tanto así, que desde el mismo Fondo Monetario Internacional ya hablan de una recesión “tan mala o peor que la del 2009”.Un repaso al fenómeno global y al caso de América LatinaEl filántropo Bill Gates, anunciaba recientemente en una entrevista para TED, que le preocupaba especialmente el impacto que esta crisis puede tener en los países en desarrollo. Estos países, entre los que se encuentra Colombia, no solo tienen sistemas de salud menos preparados para hacer frente a la pandemia, sino que también sus sistemas económicos y sociales ya afrontan debilidades en materia de desigualdades y dependencia del empleo informal, lo que incrementa el riesgo del aumento de la pobreza y la pobreza extrema. Esfuerzos de años en estos frentes pueden venirse abajo.Un reciente informe, publicado por la Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), dejaba claro que estábamos ante “una situación de economía de guerra (donde es) indispensable el rol del Estado y no del Mercado, por ello, los Estados están asumiendo un papel central para suprimir el virus y los riesgos que afectarán a la economía y a la cohesión social”.La Cepal también destaca en su informe que aplanar la curva de contagios no debe llevar a aplanar la economía. De acuerdo con esta comisión, esto implica que haya “un cumplimiento estricto y efectivo de las cuarentenas y las medidas de salud pública”, pues estas serán el mejor mecanismo para reducir los costos económicos asociados a la pandemia. Pero, ¿cómo mantener una economía a flote en un estado de confinamiento? ¿No es un aislamiento obligatorio, prolongado en el tiempo, algo insostenible?Algunos países como Holanda han intentado relajar la cuarentena, manteniendo tasas de contagio muy por debajo de España o Italia, pero con ligeros repuntes. Según relata el medio Rtve de España: “Holanda optó por lo que llaman ‘cuarentena inteligente’, un cierre solo de aquellos negocios en los que sea imposible mantener la distancia social. Casi toda la responsabilidad la cede a la autodisciplina de sus ciudadanos”. En Suecia han ido más allá y han señalado que “no hay confinamiento y confiamos mucho en que las personas asuman la responsabilidad”.En América Latina, por su parte, donde la disciplina colectiva no es tan sólida, la mayoría de países iniciaron su cuarentena a mediados o finales de marzo y, de momento, la han extendido, por lo menos, por una semana más, hasta las últimas dos semanas de abril. Pero, ¿qué puede venir después? Antes de responder esto, conviene recordar que el confinamiento ha sido aplicado no solo con el propósito de reducir al máximo el contacto entre las personas y con esto los contagios, sino también con el ánimo de ganar tiempo, preparar los sistemas de salud lo mejor posible y, en el sentido ideal, hacer la mayor cantidad de pruebas posibles con el propósito de rastrear el virus y bloquearlo, aislando a solo aquellos que estén contagiados.Una mirada particular a nuestro paísEn el caso de Colombia, apenas la semana pasada se recibieron los test rápidos para identificar el virus que, en todo caso, no ofrecen toda la confiabilidad de una prueba de laboratorio, pero ayudan a identificar casos con mayor rapidez. Por su parte, algunas ciudades se preparan más ágilmente que otras para hacerle frente a una nueva etapa, con más camas de cuidados intensivos disponibles, ventiladores y accesos masivos a tapabocas e insumos médicos. Porque, como ya lo advirtió el presidente de la República, Iván Duque, tendremos que convivir con el virus por un buen tiempo.Dado que el confinamiento es la mejor directriz hasta ahora, los organismos deben tomar determinaciones para enfrentar sus consecuencias. En países como el nuestro, donde la desigualdad, medida con el índice de GINI, es una de las más altas de la región y la población en pobreza extrema y pobreza (monetaria) alcanza al 35% del total nacional, la priorización de la atención a este sector de la sociedad se convierte en una prioridad incontestable para asegurar el éxito de la cuarentena. Esto implica, no solo atender a la población ya beneficiada con subsidios, sino incrementar la escala de estos programas, como se ha venido haciendo en los últimos días. Es necesario llegar hasta las banderas rojas en los barrios populares para ofrecer alimentación, conexión a servicios públicos básicos y apoyos en arriendos. La mirada vigilante de los órganos de control se hace aún más necesaria, no solo en las capitales, sino también en las regiones. La solidaridad, la filantropía y las acciones del sector privado, coordinadas con el sector social, también jugarán un rol muy importante. Las donaciones de pesos pesados como la Fundación Santo Domingo, que anunció la donación de 100.000 millones de pesos; Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien anunció 80.000 millones de pesos y los propietarios del Grupo Bolívar, quienes donarán 75.000 millones de pesos, son muy buenas noticias para todos.Por su parte, el sector empresarial, desde las MiPyMes hasta los grandes grupos económicos, requerirán de incentivos para aliviar su carga. La intervención del Estado será fundamental. El economista Armando Montenegro destaca en una de sus columnas recientes que “según los distintos modelos, cada una de las decisiones que tome el gobierno en los próximos meses tendrá enormes consecuencias en materia del número de infectados, muertos, quiebras empresariales, desempleados y pérdidas del PIB, el país debe conocer su justificación y sus implicaciones. Una claridad compartida sobre estos asuntos puede hacer que se entiendan los inevitables sacrificios humanos y económicos que se van a asumir y, ojalá, se logre un cierto consenso sobre el mejor camino a seguir”.El citado informe de la Cepal propone, entre otras, desde subvenciones y subsidios, hasta aplazamientos en pagos de impuestos y créditos con tasas de interés muy bajas o inexistentes, dependiendo del caso. En Colombia se han venido tomando medidas, como la suspensión de los pagos de los aportes a pensiones por tres meses y las líneas de crédito. Aún así, será necesario apoyar especialmente a los sectores más afectados, como la construcción, el transporte, el turismo, las actividades culturales, otros servicios como las empleadas domésticas o las estilistas, y el comercio… este último sector, que había jalonado el crecimiento económico en los últimos periodos.Además, con pruebas masivas disponibles y protocolos estrictos, muy probablemente llegará una estrategia tipo acordeón frente a los aislamientos, como proponía la experta Zulma Cucunubá, citada por el analista Ricardo Ávila. En esta estrategia, la sociedad se contrae por momentos y se relaja parcialmente, con medidas que buscan cierta normalidad en términos laborales y no tanto sociales. Esta estrategia deberá definir horarios diferenciados para evitar colapsos en los sistemas de transporte, sectores económicos priorizados y no podrá relajar en absoluto las restricciones a los eventos masivos.Le puede interesar: Lo que está empedrado de buenas intencionesPero, ¿de dónde saldrá la plata para todo esto? El ganador del denominado “Premio Nobel de Economía”, Joseph Stiglitz, en su libro llamado La economía del sector público plantea sobre la financiación mediante déficit que “cuando el Estado se endeuda, traslada la carga de la reducción del consumo a las futuras generaciones. (…) La producción disminuye en el futuro como consecuencia de la reducción de la inversión. Pero además, se traslada una parte de la carga del gasto actual”. Stiglitz muestra como ejemplo el caso de la Segunda Guerra Mundial, para el que fueron las generaciones que empezaron a trabajar después de la guerra las que terminaron pagando los costos.Un caso muy similar pasará ahora con el covid-19. Algunos impuestos a empresas y personas se suspenderán o tendrán que reducirse, mientras los subsidios aumentan. La deuda pública incrementará y los efectos a largo plazo costarán años de recuperación. Los organismos multilaterales jugarán un rol muy importante, también, a la hora de acompañar a las naciones, sobre todo con los créditos de bajos intereses y la inversión social y de impacto después de superar la etapa más difícil de la pandemia.La solidaridad, no solo entre personas sino entre naciones, contribuirá a hacer de esta crisis una nueva oportunidad para la unidad.
Hago parte de una generación que creció advertida. “Ustedes no van a tener pensión” es un comentario común dirigido a los llamados millenials, que funciona casi como una condena anticipada. También, viví cómo a mi papá le tocó reclamar su pensión con abogado incluido y, hoy, veo cómo a mi mamá no le corresponderá una pensión, pues nunca hizo parte del sistema. En mi casa, entonces, se viven varios de los fenómenos anómalos de las pensiones en Colombia: los problemas para reclamar la pensión sumados a la inequidad en los subsidios para la población con salarios más bajos; la baja cobertura del sistema que dejó por fuera a una buena parte de la población y, en mi caso, el heredar un sistema deficitario al que ningún gobierno quiere meterle mano.Lea también: Economía para dummiesEn Colombia existen dos regímenes de pensiones, solidarios y excluyentes entre sí; es decir, que solo se puede elegir pertenecer a uno de ellos. El primero es el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM); este es al que hace parte mi papá, por haber sido cotizante del antiguo Seguro Social. El segundo es el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), del que hago parte, junto con una buena parte de la población del país en la actualidad.En el primero de los modelos, que es de carácter público, los afiliados hacen sus aportes y, junto con sus rendimientos, constituyen un fondo común de naturaleza pública que garantiza el pago de las prestaciones a los pensionados actuales. Es decir, los afiliados pagan por los pensionados de hoy, con el propósito de que los afiliados del mañana paguen por ellos. Este Régimen de Prima Media es administrado por la empresa estatal Colpensiones. Por su parte, el Régimen de Ahorro Individual es de carácter privado y es administrado por las empresas agrupadas en Asofondos.El Régimen de Prima Media suele estar en tela de juicio y muchos de los debates en medios de comunicación se centran en lo necesaria que es su reforma. Por una parte, la población colombiana envejece a un ritmo acelerado, por lo que la población en edad productiva de hoy no se corresponde con las nuevas generaciones; es decir, la balanza ideal sobre la cual se cimienta el régimen estará muy desbalanceada en unos años. Según el Censo de 2018, el porcentaje de la población entre 0 y 5 años es de 8,4%, mientras que el porcentaje de la población de 65 años y más corresponde al 9,1%. Es la primera vez que este último porcentaje supera al primero. Además, según el estudio de la Misión Colombia envejece realizado en 2015 por Fedesarrollo y la Fundación Saldarriaga Concha, “la población de 60 años o más es la que más aumenta en términos absolutos: entre 1985 y 2050, su tamaño aumenta en casi 7 veces”.Además de la insostenibilidad a futuro como consecuencia de este envejecimiento, el Régimen de Prima Media es acusado, también, de injusto. Según cifras del Departamento Nacional de Planeación publicadas por el Ministerio de Hacienda en 2017, los subsidios del Gobierno en materia de pensiones que recibe el quintil de menores ingresos (es decir, las personas con salarios más bajos) es el 0.3% del total, mientras que el quintil más alto recibe el 65% de los subsidios (esto es, quienes tenían salarios más altos).El Régimen de Prima Media requiere reformas; eso es claro. Pero, la actualidad, un gasto importante en las pensiones pasa desapercibido en el debate mediático de las pensiones.La Ley 50de 1990dejó activos algunos regímenes especiales que generan un importante gasto para la nación, incluso mayor al que genera Colpensiones.De acuerdo con la Asociación nacional de instituciones financieras (Anif) -basada en cálculos del Ministerio de Hacienda y el Dane- para 2016, el Régimen de Prima Media representó el pago del 1,3% del PIB nacional, como consecuencia de la culminación de las reservas que tenía el fondo en 2004. Es decir, las pensiones del Régimen de Prima Media ya no se están alcanzando a pagar con los aportes de los afiliados, sino que al Estado ya le toca meterse la mano al bolsillo para pagarlas. Y la tendencia es que crezca cada vez más. Pero, por su parte, los regímenes especiales alcanzaron el 2,6% del PIB nacional; es decir, representan el doble de lo que se paga a los afiliados del RPM. ¡Y pocas veces se mencionan en el debate!Lea también: EvasiónEstos regímenes especiales corresponden a pagos a las Fuerzas Militares, funcionarios públicos, magistrados y magisterio, entre otros. Por eso, es indispensable analizar profundamente estos regímenes pensionales especiales, con el propósito de que en ellos también se hagan reformas importantes. Por supuesto que son decisiones que tienen grandes costos políticos y que deben ser muy bien analizadas con criterios técnicos. Pero algún gobierno debe tomarlas para evitar que el sistema se siga desangrando. Porque con cada día que pasa, la pérdida es mucho más grande y el problema será heredado por las próximas generaciones.
El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, está lleno de buenas intenciones. Su apuesta no es menor: habla de un Medellín Futuro, una ecociudad que sea el Valle del Software, sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y en la cual, se recupere lo social. Sus sueños representan a un sector de la sociedad que ve en este joven alcalde a un referente de lo que se puede llegar a lograr con esfuerzo y dedicación.Lea también: La fuerza de la esperanzaRecién electo, con la sorpresa de los resultados inesperados, Daniel Quintero viajó a Bogotá, en un vuelo comercial. Yamid Amat le dedicó tres de sus programas de entrevistas para conocerlo mejor, para indagar la historia y entender los anhelos del nuevo alcalde de la segunda ciudad más importante del país. Daniel recordaba sus años de niñez y juventud, difíciles, con dolor, y hablaba de cómo se iba caminando hasta la Universidad de Antioquia y cogía mangos de los árboles para poder comer algo, pues no tenía plata ni para comer.Su historia es, sin duda, conmovedora. De su experiencia personal nacía uno de sus principales propósitos: una Medellín sin desnutrición crónica en la población infantil. Loable, sí. Soñador y ambicioso. Preocupado por la gente y sus problemas. Pero, cuando el curtido periodista le preguntó por la solución a este flagelo, el joven alcalde electo acudió a la idea vaga de la solidaridad de los medellinenses y a volver a “los tiempos de los abuelos donde decíamos: donde comen uno, comen dos”. Luego, hablaba de llamar al sector privado a esta apuesta por acabar el hambre en Medellín. Yamid no pudo disimular su desconcierto ante la ausencia de un plan concreto o, al menos, de una propuesta menos ambigua que no recurriera a la nostalgia de un pasado en el que pareciera que no existió la desnutrición.Las salidas en falso no pararon ahí. Por los días del Paro nacional de noviembre, Daniel Quintero ganó reconocimiento en todo el país por cuenta de su apresurada propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para vencer la polarización y renovar al Estado colombiano. Su propósito, sin duda, era bien intencionado. Su mecanismo de solución, no obstante, ni estaba conectado con lo que pedían los protestantes ni reconocía la importancia histórica de la Constitución de 1991. Su propuesta fue rechazada por el grueso de la opinión pública.A su regreso a Medellín y con el nacimiento de su nueva hija, poco se supo sobre el rumbo que tomaría la ciudad y tampoco sobre quienes lo acompañarían en su gobierno. Su comisión de empalme, eso sí, trajo sorpresas positivas y uno que otro susto, por nombres que generaban suspicacias. Hasta el 01 de enero se conocieron los nombres de los responsables de acompañarlo en su proyecto de gobierno. Personas valiosas con deseos de aportar a Medellín.No obstante, en dos de los nombramientos más importantes para Medellín y el Valle de Aburrá, el alcalde dejó más inquietudes que certezas. En EPM, empresa que fue su primer caballo de batalla en la disputa por la Alcaldía -por cuenta de la crisis de Hidroituango-, Daniel Quintero nombró al abogado Álvaro Guillermo Rendón, quien fuera auditor general de la República por dos años y cuyo perfil es, cuando menos, inesperado para el cargo, según reseñaron medios como La Silla Vacía. Este nombramiento inquieta pues después de tantas críticas, ¿existía un plan claro para EPM y para manejarla mejor?Por otra parte, Daniel Quintero propuso al también abogado Juan David Palacio Cardona como nuevo director del Área Metropolitana, quien fue elegido por unanimidad por los alcaldes del Valle de Aburrá. El nombramiento generó ruido pues la terna propuesta para el cargo solo se hizo pública a último minuto. Y las sorpresas no pararon allí, pues la segunda resolución firmada por Palacio Cardona “adopta una modificación y ajuste al Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal del Area Metropolitana del Valle de Aburrá” (SIC). Por decirlo de forma más simple, el nuevo director flexibilizó los requisitos de los cargos de subdirectores de la entidad bajo el fundamento de “ampliar la oferta laboral a jóvenes profesionales”. Curiosa forma de empezar su misión pública.Lea también: El doble discurso de FedericoEl gobierno de Daniel Quintero es joven. Y como dice uno de mis pensadores de cabecera, Alejandro Gaviria, hay que superar esa tentación de destruir sin haber construido. No obstante, conviene recordarle al alcalde que hay una frase muy popular que dice que “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”. En lo público, hacen falta más que buenos propósitos para lograr transformaciones como las que se propone y hasta el momento, no se ve un futuro claro para la ciudad.Nota de cierre:Que las universidades públicas acompañen la construcción del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” es un gesto muy valioso que le da valor a la academia y al diálogo ciudadano. Ojalá que esa hoja de ruta y lo que logre en unos años, desvirtúe esta columna.
Después de ocho meses de interinidad, Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (Psoe), fue investido el martes 7 de enero como presidente de Gobierno en el Congreso de los Diputados, con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones. Escasos dos votos lo separaron de una tercera derrota en sus aspiraciones presidenciales, lo que habría provocado una tercera convocatoria a elecciones generales en menos de un año.Lea también: Cataluña y el diálogo a tiempoSin embargo, el panorama de inestabilidad política en este país, importante aliado de Colombia en la Unión Europea, viene de tiempo atrás. Las raíces de este periodo de incertidumbre se relacionan con la irrupción de nuevos movimientos políticos que acabaron con la hegemonía bipartidista; con la caída del expresidente de gobierno perteneciente al Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, quien fue destituido por medio de la primera moción de censura a un líder del ejecutivo, como consecuencia de los constantes escándalos de corrupción dentro de su formación política; y también, con la crisis en Cataluña y los deseos de un sector representativo de esta sociedad de independizarse; entre otras cuestiones que han desencadenado un maremágnum del cual no se tenían antecedentes y, lo que es peor, tampoco se veían salidas.Con la posesión del gobierno de Pedro Sánchez también empieza en España el primer gobierno de coalición desde el regreso de la democracia a este país, pues el Psoe tuvo que acordar con el partido de izquierda Unidos Podemos, una serie de medidas para conformar lo que ellos han llamado “un gobierno progresista” que aún así no alcanza la mayoría absoluta y que, por lo tanto, tendrá que pactar constantemente con partidos minoritarios y nacionalistas para sacar adelante varias de sus iniciativas.Esta etapa de inestabilidad en España deja algunas reflexiones que pueden resultar valiosas para comprender los cambios políticos de las sociedades y las reacciones de la ciudadanía ante los periodos de incertidumbre.En primer lugar, conviene destacar que, hoy por hoy, la tercera fuerza política en España se llama Vox, un partido de extrema derecha que en el discurso de investidura no tuvo reparos en demostrar abiertamente su racismo condenando una serie de hechos delictivos cometidos por inmigrantes contra españoles, para así fortalecer su retórica de ultraderecha y afirmar que el nuevo gobierno no iba a hacer nada en contra de estos crímenes. Vox, que para 2016 no significaba nada en la política española, fue creciendo en medio del ambiente de incertidumbre hasta lograr su entrada en el Congreso de los Diputados en las elecciones de abril de 2019 con 24 escaños. Solo seis meses después, tras la repetición electoral por la imposibilidad de formar gobierno, lograron un millón de votos más y así, un total de 52 diputados en el hemiciclo. Como lo vimos, también, en Reino Unido con la mayoría absoluta de Boris Johnson, los extremismos crecen en los ambientes de inestabilidad e incertidumbre. Los extremistas se fortalecen con la ambivalencia de los sectores moderados. En tiempos de crisis, las respuestas fáciles y vociferantes, a veces calan más que la reflexión mesurada y la toma de decisiones basadas en la evidencia.Por otra parte, el bipartidismo tradicional cada vez está más desgastado y esto le abre paso a otras fuerzas políticas alternativas que empiezan a representar a sectores más específicos de la población o, incluso, se convierten en alternativas con opciones reales de poder. La irrupción en el panorama político español de Unidos Podemos, Ciudadanos y hasta el mismo Vox, demuestra que los partidos tradicionales dejaron de escuchar expresiones de su electorado y, también, que sus propuestas de soluciones se fueron desgastando con los años, lo que da pie a que la ciudadanía quiera escuchar otras propuestas y darles la oportunidad de demostrar su capacidad de afrontar los problemas públicos.Finalmente, cuando esta polifonía de voces se consigue, ya no es tan viable lograr mayorías absolutas y es ahí cuando se requiere de la política en su máxima expresión, aquella que el filósofo Tzvetan Todorov llama “el arte de la negociación”. Las coaliciones se convierten en indispensables para garantizar una gobernabilidad, aunque sea mínima. Las alianzas y pactos enriquecen la democracia porque aglutinan diversos intereses que representan al conjunto de la sociedad, aunque también pueden generar situaciones perversas como transacciones de poder e influencias.Le puede interesar: La sociedad digital de las falsas indignacionesEn España nace una nueva etapa política con un gobierno progresista, con voluntad para lograr importantes reformas sociales, pero con débil poder para llevarlas a cabo. Un gobierno con la necesidad de aliarse con los sectores nacionalistas para sacar adelante su plan de gobierno, lo cual puede ser una oportunidad para solucionar conflictos como el catalán o, por el contrario, un revés que pueda significar la ruptura de España tal y como la conocemos. La incertidumbre no cesa del todo, pero al menos se ha dado un paso al frente, dejando de lado los gobiernos en funciones para darle paso a uno en propiedad, que responda a las necesidades de los ciudadanos.Nota de cierre:Mal empieza el año con campanas de guerra retumbando. Y el mundo en manos de Donald Trump…
El Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad) es una dependencia de esta institución que, en teoría, es la encargada “del control de disturbios, multitudes, bloqueos, acompañamiento a desalojos de espacios públicos o privados (…) para restablecer el ejercicio de los derechos y libertades públicas”. Sin embargo, desde mis tiempos de estudiante de la Universidad de Antioquia y como participante eventual de marchas ciudadanas, el comportamiento de este escuadrón se ha guiado más por la provocación que por el control y restablecimiento de derechos.Lea también: Cataluña y la importancia del diálogo a tiempoEn aquella etapa estudiantil, recuerdo que el Esmad tomaba fotografías de los manifestantes pacíficos, disparaba sus gases lacrimógenos apuntando a los protestantes, hacía uso de armas no convencionales y capturaba a personas después de las manifestaciones, aun cuando no hubiesen participado de revueltas o daños a bienes públicos. Después de casi diez años de aquella etapa estudiantil, hoy lamentamos como sociedad la muerte de Dilan Cruz en una de las protestas posteriores al Paro Nacional del 21 de noviembre, luego de recibir el impacto de un arma no convencional usada por un agente del Esmad, quien le apuntó con la intención de hacerle daño. Se puede concluir entonces que, históricamente, la actuación de esta dependencia policial ha mantenido una tendencia al uso excesivo de la fuerza y al abuso de autoridad; es decir, que tiene patrones de comportamiento enquistados que la hacen proclive a la vulneración de derechos.Es por esto que la conversación sobre el Esmad no solo es vigente, sino necesaria para asegurar que el derecho a la protesta sea protegido en el país. No puede ser que un joven sea herido de muerte en una marcha, como si estuviese en un campo de guerra; es inconcebible que un grupo de manifestantes que canta el himno nacional en una calle peatonal sea dispersado, sin razón alguna, con gases lacrimógenos. Es una contravención al derecho a la protesta que un agente del Esmad dispare un gas lacrimógeno a la humanidad de una persona a menos de un metro de distancia o patee en la cara a una mujer indefensa. Todas estas escenas, reales, se han viralizado en redes sociales y demuestran que esta fuerza tiene serios problemas para controlar situaciones de riesgo. Es por ello que debe replantearse su accionar.El profesor norteamericano Mark H. Moore, reconocido por su reflexión sobre el concepto de “valor público” asociado a las instituciones del gobierno y con un especial énfasis en los Departamentos de Policía, puede aportar elementos interesantes para la valoración del Esmad. De acuerdo con Moore, el valor público -que se refiere al valor que tienen las instituciones públicas en téminos del cumplimiento de los objetivos para los que fueron creadas- debe ser medido teniendo en cuenta aspectos como: contabilizar los costos financieros de las operaciones; enumerar los propósitos explícitos e implícitos de la institución y encontrar mecanismos de medición para capturar su logro; imaginar o aprender las consecuencias imprevistas de las acciones que acomete; encontrar los medios para registrar la llamada “satisfacción del cliente”; contar como un costo público el uso de la fuerza y la autoridad; y observar la justicia y la equidad en los fines y medios de la organización.La aplicación de esta medición del valor público del Esmad podría ayudarnos a revelar que el costo integral del sostenimiento de esta dependencia parece inviable, si se analizan no solo aspectos financieros, sino también su desprestigio debido al uso desmedido de la fuerza, la desviación del cumplimiento de su propósito y sus actuaciones injustas.Si bien es indispensable que exista una unidad que acompañe las protestas y reaccione ante los desmanes de multitudes, también resulta preciso determinar cómo debe cambiar su accionar para que actúe con justicia e integridad, y así no afecte la credibilidad en una institución indispensable para la democracia como lo es la Policía Nacional. La existencia de una fuerza más estratégica y garante de derechos, que haga control de multitudes de una forma menos confrontativa, con una fuerza complementaria y minoritaria que haga labor de choque solo ante hechos de violencia, podría ser un primer paso para replantear el futuro de esta dependencia. Hoy en día, la sola presencia de uniformados del Esmad, con sus atuendos y tanquetas, ya genera inseguridad y predispone a los manifestantes sobre lo que puede pasar en protestas pacíficas.Le puede interesar: Bello y el control del territorioEs por ello que el debate público sobre el Esmad debe darse y este es el momento para hacerlo. El Gobierno Nacional no puede evadirlo afirmando que las instituciones del Estado no entran en su conversación nacional, aún cuando son más los daños que provoca el funcionamiento de esta dependencia que las soluciones que ofrece. Es indispensable replantear su funcionamiento, para que el derecho a la protesta sea respetado y ninguna otra familia llore la pérdida de un hijo en una manifestación.Nota de cierre: las agresiones a agentes de la fuerza pública son igual de reprochables y lamentables. Esto también demuestra la importancia de repensar el Esmad.
Después de las elecciones regionales del pasado mes de octubre, dos nuevas fórmulas electorales han mostrado su éxito: las coaliciones y los candidatos por firmas. En primer lugar, de las 32 gobernaciones del país, 25 quedaron en manos de coaliciones, entre ellas, la Gobernación de Antioquia, en cabeza de Aníbal Gaviria.Lea también: El poder de la ciudadaníaPor su parte, para este 2019 las candidaturas por firmas a las alcaldías crecieron en más de un 200% con relación a las presentadas por este mecanismo en 2015, pasando de 44 a 138 candidatos en el ámbito nacional, según cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil publicadas por El Tiempo. Los dos alcaldes recientes de Medellín, el actual, Federico Gutiérrez, y el electo, Daniel Quintero, han sido elegidos, precisamente, luego de presentarse como candidatos de un grupo significativo de ciudadanos (G.S.C.).Si bien estas fórmulas resultan exitosas para la dinámica electoral -pues la primera permite conjugar diferentes esfuerzos en un solo candidato, mientras que la segunda se presenta como una oportunidad para deslindarse de los partidos políticos y su mala reputación, además de ser un mecanismo para anticipar la campaña y ganar tiempo-, conviene preguntarse por los efectos negativos que estas tendencias pueden tener en la democracia.Respecto a los candidatos por firmas, la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó en su Primer informe de resultados elecciones de Autoridades Locales 2019, con fecha del 28 de octubre de 2019, que “los G.S.C. (abreviación de las candidaturas por firmas) vienen en aumento sin reglas claras; (los candidatos) se inscriben para recoger firmas y luego no las presentan, (pues) terminan avalados por partidos políticos; es un primer pulso político antes de la inscripción de candidatos; (y) no hay control de la financiación”. Todas estas menciones son graves y requieren de la acción de la autoridad electoral.Por su parte, las coaliciones, fundamentales en los regímenes democráticos, en nuestro contexto también se prestan para dinámicas más relacionadas con la repartición de poder y el clientelismo.En teoría, las coaliciones representan uno de los mecanismos más efectivos para garantizar la gobernabilidad y pueden traducirse en acuerdos fundamentales, entre diferentes, que propicien el cambio social. El teórico de políticas públicas Thomas A. Birkland, los destaca incluso, como un mecanismo para “romper el poder de los intereses dominantes”; es decir, una fórmula para que grupos minoritarios, integrados, formen mayorías con opciones de poder que confronten el statu quo.Sin embargo, en nuestro contexto nacional, esas candidaturas “amplias” que agrupan “propósitos comunes” también son mecanismos exclusivos para robustecer el poderío electoral enfocadas en quedarse con el poder. Por eso no sorprende que sean el Partido de la U y Cambio Radical los que más hayan participado en coaliciones para estas elecciones regionales, según el informe antes citado de la MOE.Estas alarmas no pretenden suponer que estos mecanismos exitosos electoralmente sean, per se, corruptos o perjudiciales para la democracia. Por el contrario, en algunos casos han representado nuevas oportunidades para que grupos políticos o sectores sociales, antes no tenidos en cuenta, tengan opciones de poder, como es el caso de Daniel Quintero, o estrategias que posibilitan una gobernabilidad alrededor de ideas comunes, como lo que representa Aníbal Gaviria.Lea también: La culpa es de…Sin embargo, conviene que la ciudadanía tenga en cuenta que estas formas de acceder al poder no siempre significan candidaturas alternativas, limpias o independientes. La mirada crítica e informada, y la veeduría ciudadana serán las únicas opciones que podrán hacer frente al uso corrupto de estos mecanismos, hasta que el órgano electoral establezca criterios claros que no permitan abusar de estas figuras.Nota de cierre:De acuerdo con los resultados presentados por la Registraduría para estas elecciones regionales, de los 30 municipios con más abstención en el país, 16 están en Antioquia. De estos, cuatro son del Área Metropolitana, a saber: Bello (53,68%), Envigado (52,07%), Medellín (49,89%) e Itagüí (49,89%). Estas cifras ya representan un reto más para los nuevos representantes políticos electos: fomentar la cultura política y la participación ciudadana.
En 2017, durante el proceso de dejación de armas, a los pocos días de la llegada de los guerrilleros a las llamadas Zonas Veredales y Puntos Transitorios de Normalización, vi a Jesús Santrich en un evento con el entonces Presidente, Juan Manuel Santos, en La Carmelita, vereda de Puerto Asís, Putumayo.Lea también: Dos retos de la paz: reincorporación y disidenciasSantrich caminaba guiado por una mujer joven y lucía casi indefenso. Accedió a darme una entrevista corta, institucional, sobre un proyecto del Ministerio de Cultura que llevó Bibliotecas Públicas Móviles a las veredas que acogieron a los excombatientes. Quien fuera uno de los hombres más buscados de las Farc hace unos años, ahora estaba al lado del presidente, conversaba con ministros, caminaba cerca de policías y miembros del Ejército. Era el año 2017, recordemos, y el suceso impactaba por su valor histórico y el símbolo que representaba. Al fin se había logrado que la guerrilla empezara un proceso de dejación de armas y de reintegración a la vida civil. Sus cabecillas, estaban ahí, desarmados, hablando de paz.Casi dos años y medio después, la historia es distinta. Santrich, desde algún lugar que ubicaron en el Inírida, aparece armado al lado de Iván Márquez, firme, luciendo su particular ?a??ah (pañuelo palestino) y con fusil al hombro, resuelto otra vez a la guerra. El camino político y sus dificultades, sumado a los procesos en su contra, que significaron su captura y posterior liberación, y los anuncios constantes de su posible extradición, le hicieron renunciar a los anhelos de construir paz, ya sin armas. En ese popular video replicado por todos los medios y conocido por todo el país, Romaña, El Paisa, Iván Márquez y él, anunciaron “la segunda Marquetalia”, como le llamaron a esta nueva fase de su supuesta lucha revolucionaria. Un hecho lamentable para un país de logros inconclusos.Pero en la dejación de armas no solo conocí a Santrich, cuya mitomanía e hipocresía quedaron en evidencia, una vez más. Hablé e interactué con excombatientes cuyo anhelo real era empezar una nueva vida, lejos de las armas, cerca de los suyos, labrando la tierra, haciendo artesanías o aprendiendo algo nuevo para poder vivir de una manera distinta. Excombatientes que hacen parte de las bases del movimiento guerrillero y que vivieron con dramatismo los dolores de la guerra, desde otra orilla aún poco conocida.Recuerdo a ‘Machito’, una guerrillera que validaba el colegio en el ETCR de Carrizal, en Remedios, Antioquia. Ella escribió una dolorosa historia sobre lo que es vivir un bombardeo y perder a sus compañeros ahí; ver sus cuerpos mutilados, destruidos, en la madrugada, y tenerlos que abandonar, sin más opción, para salvar su pellejo. También llega a mi mente, don Manuel, uno de los excombatientes que salió de la cárcel para unirse a sus compañeros y de Luz Dary, su abnegada esposa, quien lo acompañó no solo en la cárcel, sino también en el monte, donde ayudaba en labores varias por amor a su esposo. La motivación de don Manuel ya no era administrar el dinero de la guerrilla en su frente, sino construir un galpón para tener sus gallinas y venderlas, y seguir adelante con su taller de carpintería y ebanistería, en el que creaba desde una silla mecedora, hasta pequeños cuadros en madera.Estos excombatientes no merecen que creamos que la paz fracasó y que pensemos, en automático, que por la iniciativa de unos reincidentes, la “guerrillerada” en su conjunto volverá a las armas. Muchas de estas personas ya tienen sueños e ilusiones renovadas. Ya no quieren una vida en el monte, alejados de los suyos. Quieren recomenzar su historia y, de paso, la de Colombia. Quieren leer y escribir, ser campesinos, estudiar, moverse tranquilos por un país que también les pertenece.Ellos son la evidencia de que vale la pena seguir apostando por la paz, por el cumplimiento de los Acuerdos, y la construcción de un nuevo país. Quienes decidieron volver a las armas, casos aislados que solo encontrarán una oportunidad si se abandona a esas bases, pretenden perpetuar una guerra que ya no se explica desde lo ideológico, sino desde la mezquindad y la terquedad.El reciente anuncio del consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, de mantener en los llamados ETCR el abastecimiento y las provisiones básicas, es un pequeño pero importante paso en la dirección correcta, en este proceso de construcción de confianza y de paz.Le puede interesar: Relatos por contarAún faltan muchas más apuestas para que esta paz no quede inacabada y los excombatientes no tengan ninguna tentación o incentivo para volver a la ilegalidad. El reto es inmenso y las autoridades locales que vamos a elegir próximamente jugarán un rol fundamental en la implementación de esa paz. Los discursos guerreristas ya no deberían tener cabida porque nos devolverían a un pasado doloroso del que ya conocemos sus consecuencias. La esperanza de la paz sigue viva. No la dejemos morir como hemos dejado morir a tantos compatriotas en una guerra entre hermanos.