El Régimen de Prima Media requiere reformas; eso es claro. Pero, en la actualidad, un gasto importante en las pensiones pasa desapercibido en el debate mediático de las pensiones.
Hago parte de una generación que creció advertida. “Ustedes no van a tener pensión” es un comentario común dirigido a los llamados millenials, que funciona casi como una condena anticipada. También, viví cómo a mi papá le tocó reclamar su pensión con abogado incluido y, hoy, veo cómo a mi mamá no le corresponderá una pensión, pues nunca hizo parte del sistema. En mi casa, entonces, se viven varios de los fenómenos anómalos de las pensiones en Colombia: los problemas para reclamar la pensión sumados a la inequidad en los subsidios para la población con salarios más bajos; la baja cobertura del sistema que dejó por fuera a una buena parte de la población y, en mi caso, el heredar un sistema deficitario al que ningún gobierno quiere meterle mano.
En Colombia existen dos regímenes de pensiones, solidarios y excluyentes entre sí; es decir, que solo se puede elegir pertenecer a uno de ellos. El primero es el Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM); este es al que hace parte mi papá, por haber sido cotizante del antiguo Seguro Social. El segundo es el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), del que hago parte, junto con una buena parte de la población del país en la actualidad.
En el primero de los modelos, que es de carácter público, los afiliados hacen sus aportes y, junto con sus rendimientos, constituyen un fondo común de naturaleza pública que garantiza el pago de las prestaciones a los pensionados actuales. Es decir, los afiliados pagan por los pensionados de hoy, con el propósito de que los afiliados del mañana paguen por ellos. Este Régimen de Prima Media es administrado por la empresa estatal Colpensiones. Por su parte, el Régimen de Ahorro Individual es de carácter privado y es administrado por las empresas agrupadas en Asofondos.
El Régimen de Prima Media suele estar en tela de juicio y muchos de los debates en medios de comunicación se centran en lo necesaria que es su reforma. Por una parte, la población colombiana envejece a un ritmo acelerado, por lo que la población en edad productiva de hoy no se corresponde con las nuevas generaciones; es decir, la balanza ideal sobre la cual se cimienta el régimen estará muy desbalanceada en unos años. Según el Censo de 2018, el porcentaje de la población entre 0 y 5 años es de 8,4%, mientras que el porcentaje de la población de 65 años y más corresponde al 9,1%. Es la primera vez que este último porcentaje supera al primero. Además, según el estudio de la Misión Colombia envejece realizado en 2015 por Fedesarrollo y la Fundación Saldarriaga Concha, “la población de 60 años o más es la que más aumenta en términos absolutos: entre 1985 y 2050, su tamaño aumenta en casi 7 veces”.
Además de la insostenibilidad a futuro como consecuencia de este envejecimiento, el Régimen de Prima Media es acusado, también, de injusto. Según cifras del Departamento Nacional de Planeación publicadas por el Ministerio de Hacienda en 2017, los subsidios del Gobierno en materia de pensiones que recibe el quintil de menores ingresos (es decir, las personas con salarios más bajos) es el 0.3% del total, mientras que el quintil más alto recibe el 65% de los subsidios (esto es, quienes tenían salarios más altos).
El Régimen de Prima Media requiere reformas; eso es claro. Pero, la actualidad, un gasto importante en las pensiones pasa desapercibido en el debate mediático de las pensiones. La Ley 50 de 1990 dejó activos algunos regímenes especiales que generan un importante gasto para la nación, incluso mayor al que genera Colpensiones.
De acuerdo con la Asociación nacional de instituciones financieras (Anif) -basada en cálculos del Ministerio de Hacienda y el Dane- para 2016, el Régimen de Prima Media representó el pago del 1,3% del PIB nacional, como consecuencia de la culminación de las reservas que tenía el fondo en 2004. Es decir, las pensiones del Régimen de Prima Media ya no se están alcanzando a pagar con los aportes de los afiliados, sino que al Estado ya le toca meterse la mano al bolsillo para pagarlas. Y la tendencia es que crezca cada vez más. Pero, por su parte, los regímenes especiales alcanzaron el 2,6% del PIB nacional; es decir, representan el doble de lo que se paga a los afiliados del RPM. ¡Y pocas veces se mencionan en el debate!
Estos regímenes especiales corresponden a pagos a las Fuerzas Militares, funcionarios públicos, magistrados y magisterio, entre otros. Por eso, es indispensable analizar profundamente estos regímenes pensionales especiales, con el propósito de que en ellos también se hagan reformas importantes. Por supuesto que son decisiones que tienen grandes costos políticos y que deben ser muy bien analizadas con criterios técnicos. Pero algún gobierno debe tomarlas para evitar que el sistema se siga desangrando. Porque con cada día que pasa, la pérdida es mucho más grande y el problema será heredado por las próximas generaciones.