Históricamente la actuación de esta dependencia policial ha mantenido una tendencia al uso excesivo de la fuerza y al abuso de autoridad.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional (Esmad) es una dependencia de esta institución que, en teoría, es la encargada “del control de disturbios, multitudes, bloqueos, acompañamiento a desalojos de espacios públicos o privados (…) para restablecer el ejercicio de los derechos y libertades públicas”. Sin embargo, desde mis tiempos de estudiante de la Universidad de Antioquia y como participante eventual de marchas ciudadanas, el comportamiento de este escuadrón se ha guiado más por la provocación que por el control y restablecimiento de derechos.
En aquella etapa estudiantil, recuerdo que el Esmad tomaba fotografías de los manifestantes pacíficos, disparaba sus gases lacrimógenos apuntando a los protestantes, hacía uso de armas no convencionales y capturaba a personas después de las manifestaciones, aun cuando no hubiesen participado de revueltas o daños a bienes públicos. Después de casi diez años de aquella etapa estudiantil, hoy lamentamos como sociedad la muerte de Dilan Cruz en una de las protestas posteriores al Paro Nacional del 21 de noviembre, luego de recibir el impacto de un arma no convencional usada por un agente del Esmad, quien le apuntó con la intención de hacerle daño. Se puede concluir entonces que, históricamente, la actuación de esta dependencia policial ha mantenido una tendencia al uso excesivo de la fuerza y al abuso de autoridad; es decir, que tiene patrones de comportamiento enquistados que la hacen proclive a la vulneración de derechos.
Es por esto que la conversación sobre el Esmad no solo es vigente, sino necesaria para asegurar que el derecho a la protesta sea protegido en el país. No puede ser que un joven sea herido de muerte en una marcha, como si estuviese en un campo de guerra; es inconcebible que un grupo de manifestantes que canta el himno nacional en una calle peatonal sea dispersado, sin razón alguna, con gases lacrimógenos. Es una contravención al derecho a la protesta que un agente del Esmad dispare un gas lacrimógeno a la humanidad de una persona a menos de un metro de distancia o patee en la cara a una mujer indefensa. Todas estas escenas, reales, se han viralizado en redes sociales y demuestran que esta fuerza tiene serios problemas para controlar situaciones de riesgo. Es por ello que debe replantearse su accionar.
El profesor norteamericano Mark H. Moore, reconocido por su reflexión sobre el concepto de “valor público” asociado a las instituciones del gobierno y con un especial énfasis en los Departamentos de Policía, puede aportar elementos interesantes para la valoración del Esmad. De acuerdo con Moore, el valor público -que se refiere al valor que tienen las instituciones públicas en téminos del cumplimiento de los objetivos para los que fueron creadas- debe ser medido teniendo en cuenta aspectos como: contabilizar los costos financieros de las operaciones; enumerar los propósitos explícitos e implícitos de la institución y encontrar mecanismos de medición para capturar su logro; imaginar o aprender las consecuencias imprevistas de las acciones que acomete; encontrar los medios para registrar la llamada “satisfacción del cliente”; contar como un costo público el uso de la fuerza y la autoridad; y observar la justicia y la equidad en los fines y medios de la organización.
La aplicación de esta medición del valor público del Esmad podría ayudarnos a revelar que el costo integral del sostenimiento de esta dependencia parece inviable, si se analizan no solo aspectos financieros, sino también su desprestigio debido al uso desmedido de la fuerza, la desviación del cumplimiento de su propósito y sus actuaciones injustas.
Si bien es indispensable que exista una unidad que acompañe las protestas y reaccione ante los desmanes de multitudes, también resulta preciso determinar cómo debe cambiar su accionar para que actúe con justicia e integridad, y así no afecte la credibilidad en una institución indispensable para la democracia como lo es la Policía Nacional. La existencia de una fuerza más estratégica y garante de derechos, que haga control de multitudes de una forma menos confrontativa, con una fuerza complementaria y minoritaria que haga labor de choque solo ante hechos de violencia, podría ser un primer paso para replantear el futuro de esta dependencia. Hoy en día, la sola presencia de uniformados del Esmad, con sus atuendos y tanquetas, ya genera inseguridad y predispone a los manifestantes sobre lo que puede pasar en protestas pacíficas.
Es por ello que el debate público sobre el Esmad debe darse y este es el momento para hacerlo. El Gobierno Nacional no puede evadirlo afirmando que las instituciones del Estado no entran en su conversación nacional, aún cuando son más los daños que provoca el funcionamiento de esta dependencia que las soluciones que ofrece. Es indispensable replantear su funcionamiento, para que el derecho a la protesta sea respetado y ninguna otra familia llore la pérdida de un hijo en una manifestación.
Nota de cierre: las agresiones a agentes de la fuerza pública son igual de reprochables y lamentables. Esto también demuestra la importancia de repensar el Esmad.