Conviene que la ciudadanía tenga en cuenta que estas formas de acceder al poder no siempre significan candidaturas alternativas, limpias o independientes.
Después de las elecciones regionales del pasado mes de octubre, dos nuevas fórmulas electorales han mostrado su éxito: las coaliciones y los candidatos por firmas. En primer lugar, de las 32 gobernaciones del país, 25 quedaron en manos de coaliciones, entre ellas, la Gobernación de Antioquia, en cabeza de Aníbal Gaviria.
Por su parte, para este 2019 las candidaturas por firmas a las alcaldías crecieron en más de un 200% con relación a las presentadas por este mecanismo en 2015, pasando de 44 a 138 candidatos en el ámbito nacional, según cifras de la Registraduría Nacional del Estado Civil publicadas por El Tiempo. Los dos alcaldes recientes de Medellín, el actual, Federico Gutiérrez, y el electo, Daniel Quintero, han sido elegidos, precisamente, luego de presentarse como candidatos de un grupo significativo de ciudadanos (G.S.C.).
Si bien estas fórmulas resultan exitosas para la dinámica electoral -pues la primera permite conjugar diferentes esfuerzos en un solo candidato, mientras que la segunda se presenta como una oportunidad para deslindarse de los partidos políticos y su mala reputación, además de ser un mecanismo para anticipar la campaña y ganar tiempo-, conviene preguntarse por los efectos negativos que estas tendencias pueden tener en la democracia.
Respecto a los candidatos por firmas, la Misión de Observación Electoral (MOE) alertó en su Primer informe de resultados elecciones de Autoridades Locales 2019, con fecha del 28 de octubre de 2019, que “los G.S.C. (abreviación de las candidaturas por firmas) vienen en aumento sin reglas claras; (los candidatos) se inscriben para recoger firmas y luego no las presentan, (pues) terminan avalados por partidos políticos; es un primer pulso político antes de la inscripción de candidatos; (y) no hay control de la financiación”. Todas estas menciones son graves y requieren de la acción de la autoridad electoral.
Por su parte, las coaliciones, fundamentales en los regímenes democráticos, en nuestro contexto también se prestan para dinámicas más relacionadas con la repartición de poder y el clientelismo.
En teoría, las coaliciones representan uno de los mecanismos más efectivos para garantizar la gobernabilidad y pueden traducirse en acuerdos fundamentales, entre diferentes, que propicien el cambio social. El teórico de políticas públicas Thomas A. Birkland, los destaca incluso, como un mecanismo para “romper el poder de los intereses dominantes”; es decir, una fórmula para que grupos minoritarios, integrados, formen mayorías con opciones de poder que confronten el statu quo.
Sin embargo, en nuestro contexto nacional, esas candidaturas “amplias” que agrupan “propósitos comunes” también son mecanismos exclusivos para robustecer el poderío electoral enfocadas en quedarse con el poder. Por eso no sorprende que sean el Partido de la U y Cambio Radical los que más hayan participado en coaliciones para estas elecciones regionales, según el informe antes citado de la MOE.
Estas alarmas no pretenden suponer que estos mecanismos exitosos electoralmente sean, per se, corruptos o perjudiciales para la democracia. Por el contrario, en algunos casos han representado nuevas oportunidades para que grupos políticos o sectores sociales, antes no tenidos en cuenta, tengan opciones de poder, como es el caso de Daniel Quintero, o estrategias que posibilitan una gobernabilidad alrededor de ideas comunes, como lo que representa Aníbal Gaviria.
Sin embargo, conviene que la ciudadanía tenga en cuenta que estas formas de acceder al poder no siempre significan candidaturas alternativas, limpias o independientes. La mirada crítica e informada, y la veeduría ciudadana serán las únicas opciones que podrán hacer frente al uso corrupto de estos mecanismos, hasta que el órgano electoral establezca criterios claros que no permitan abusar de estas figuras.
Nota de cierre:
De acuerdo con los resultados presentados por la Registraduría para estas elecciones regionales, de los 30 municipios con más abstención en el país, 16 están en Antioquia. De estos, cuatro son del Área Metropolitana, a saber: Bello (53,68%), Envigado (52,07%), Medellín (49,89%) e Itagüí (49,89%). Estas cifras ya representan un reto más para los nuevos representantes políticos electos: fomentar la cultura política y la participación ciudadana.