El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, aseguró que “con total tranquilidad” seguirá entregando a la Fiscalía las explicaciones que se requieran en un tema que fue promovido por sus contradictores en la pasada campaña electoral y frente al cual tiene absoluta serenidad, luego de que el organismo impusiera medida de aseguramiento privativa de la libertad en su contra por presuntas irregularidades de contratación durante su Administración entre 2004 y 2007.

El gobernador Gaviria Correa expresó que “la Fiscalía tiene en su poder los documentos que acreditan que no tuve ninguna participación en el contrato objeto de investigación, con lo cual espero que esta investigación termine prontamente a mi favor”.

Según el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que resolvió la situación jurídica del gobernador de Antioquia, en el contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada – Caucasia), suscrito en 2005 por valor de $41.663’432.778, se pactó inicialmente un anticipo del 25% y luego se amplió al 29%, lo que significó 1.500 millones de pesos de más para el contratista. Y considera que esta modificación desconoció requisitos legales esenciales, como los principios de planeación y transparencia.

“Como lo he hecho durante toda mi vida pública, aseguró Gaviria Correa, responderé por mis actuaciones y, como ha ocurrido siempre, demostraré la transparencia de mis actuaciones”.

Al reiterar que “con total serenidad” entregará siempre las explicaciones que requiera la Fiscalía, el gobernador agregó que “la principal preocupación que tengo en este momento es atender la contingencia que enfrentamos por el covid-19, pues la vida ha sido y seguirá siendo nuestra obsesión”.

La decisión de la Fiscalía fue comunicada este viernes al presidente de la República para que se cumpla con el mandato legal de suspensión del cargo. 

Según la Fiscalía, los elementos recopilados en el proceso indican que Aníbal Gaviria Correa, cuando se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, incurrió en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo, y heterogéneo con peculado por apropiación en favor de terceros.

Además, explica el fiscal, se constató que el mencionado anticipo fue pagado sin la aprobación de una garantía contractual que aseguraría la destinación correcta de los dineros. Esta omisión, dice, generó que el contratista invirtiera más de 10.000 millones de pesos en maquinaria y equipos.

La investigación, reveló el fiscal, evidenció que se hicieron dos adiciones al contrato inicial, que tampoco habrían atendido los principios esenciales de la contratación pública. Una, representó cerca de 4.000 millones de pesos para adecuaciones de un sector específico de la misma troncal; la otra, mediante un otrosí, se realizó cuatro días antes de finalizar el periodo del gobernador y contempló la construcción de una vía de acceso al municipio de El Bagre (Antioquia).

Sostiene el fiscal que este último asunto, que comprometió más de 16.000 millones de pesos, debía ser objeto de un nuevo proceso de selección y no podía hacer parte del contrato original.

Para la Fiscalía, el gobernador era el representante legal del departamento, el ordenador del gasto y, aun cuando hubiese delegado la función de contratar, debía ejercer la vigilancia, coordinación y control de la delegación.