Mientras siete soldados esperan detenidos la condena por el delito de “acceso carnal abusivo agravado con menor de 12 años”, el país se vuelve a estremecer al conocer en menos de una semana una nueva denuncia por presunta violencia sexual de militares contra otra niña indígena menor de edad, esta vez en el departamento del Guaviare.

En el primero de los casos, en el que la víctima es una niña de la etnia Embera Chamí, los uniformados adscritos al Batallón de Artillería No. 08 ‘Batalla de San Mateo’ de la Octava Brigada, con sede en Pereira, Risaralda, se encuentran detenidos en una unidad militar en Antioquia, a la espera de conocer la sentencia que, por ahora, podría ser hasta de 30 años de prisión, aunque la Fiscalía advirtió que podría imputarles nuevos cargos.

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Se trata de los soldados regulares Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, Luis Pérez Holguín, Juan David Guaidi Ruiz, Óscar Eduardo Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández, quienes aceptaron los cargos que se les imputan por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 12 años agravado, en hechos que se presentaron el pasado 21 de junio en un cabildo indígena del corregimiento Santa Cecilia de Pueblo Rico, Risaralda. Seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice.

Pero no son sólo los soldados, por este caso la Procuraduría General de la Nación ordenó tramitar por separado otro proceso contra tres suboficiales, a quienes la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ejército vinculó a las actuaciones iniciales.

En este capítulo, el funcionario especial que lleva el proceso por delegación directa del procurador, Fernando Carrillo Flórez, determinó que ante la falta de razones que expliquen la vinculación al proceso del sargento viceprimero Juan Carlos Díaz Díaz, el cabo primero Camilo Hernández Martínez y el cabo tercero Jaider Muñoz García se determinó que por separado se asigne un nuevo radicado y se inicie una indagación para establecer la presunta falta disciplinaria.

Para la Procuraduría existe la “necesidad de hacer una distinción acerca de la situación disciplinaria en que se podría encontrar el grupo de soldados que fueron convocados a un proceso penal y aceptaron los cargos imputados, y los tres suboficiales, de quienes por ahora no se conoce la razón para ser vinculados a la indagación disciplinaria” cuya apertura fue ordenada y radicada en el mismo Batallón donde operaban.

Ante este hecho, que calificó de “doloroso, bochornoso e inadmisible desde todo punto de vista”, el presidente Iván Duque aseguró que “como colombianos tenemos que castigar ejemplarmente esta conducta de estos miserables y que todo el peso de la ley les caiga sin contemplación alguna”.

En este sentido, el Jefe de Estado “celebró que nuestro país tenga hoy aprobada la cadena perpetua para este tipo de comportamientos, sobre todo, en virtud del artículo 44 de nuestra Constitución, que pone los derechos de los niños por encima de los derechos de los demás”.

Sin embargo, para este caso aún no aplica la Cadena Perpetua aprobada hace dos semanas por el Congreso, por cuanto es necesario que la reforma constitucional sea promulgada por el presidente, antes de entrar en vigencia.

Y apenas una semana después, el país se entera este martes que en otro caso de violencia sexual una adolescente indígena de 15 años de edad habría sido abusada por militares, en hechos ocurridos en la vereda Charras, de San José del Guaviare, en septiembre de 2019.

En este hecho, que investigan la Procuraduría Regional y la Fiscalía local de San José del Guaviare, están comprometidos militares del batallón de infantería N° 19 General Joaquín París.

Al rechazar y lamentar estos hechos de agresiones contra las niñas, el Ejército aseguró que atenderá todos los requerimientos de las autoridades y entidades de control para el esclarecimiento de los hechos y, además, que aplicarán las sanciones a que haya lugar con la mayor severidad y conforme a la ley.

En ambos casos, tanto la niña de 12 años, de Risaralda, como la de 15 del Guaviare, están siendo atendidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en el proceso de restablecimiento de sus derechos.