Entre todos debemos dar una voz de aliento y apoyo a todas aquellas familias que están con sus niñas, niños o adolescentes confinados en casa 24/7 y debemos dar aún más para aquellas familias que ni siquiera tienen una casa en dónde pasar la cuarentena. Muchos adultos que están viendo mermados sus ingresos, sus posibilidades de desarrollo y truncada su viabilidad como familias, es ahora cuando nuestro país debe honrar el mandato constitucional “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.Lea también: En Colombia la salud le pide permiso a los intereses económicosEsta situación que estamos viviendo debe ser una inspiración a la grandeza, en donde todos sacrifiquemos algo, no lo que nos sobra, sino algo que realmente nos cueste. Sin duda ha habido muchas muestras de humanidad en estos días que nos han conmovido hasta las lágrimas, muchas personas tratando de hacer y dar de sí lo que mejor saben hacer.Pero debemos estar dispuestos a sacrificar más, a dar lo que más nos cuesta, de eso se trata este momento. Esto hay que hacerlo porque precisamente las brechas de inequidad son enormes, lamentablemente no sabemos reconocer el dolor del otro, el otro ha sido invisible, ¿cómo vamos a hacer para verlo ahora? Desde Red PaPaz nuestra invitación es: lo que yo quiero para mi hijo lo vamos a asegurar para todas las niñas y los niños. Proponemos a todos aquellos que tienen una posición de liderazgo que empiecen dando ejemplo, pensando en que cada decisión, a partir de ahora, la tomen pensando en las niñas, niños y adolescentes a quienes afecta y estén seguros de que sea la mejor, pues lo harían de la misma manera si afectara directamente a sus hijos/nietos/hermanos/sobrinos.Confío en que seremos capaces de encontrar salidas como sociedad, por eso vamos a decirle a todos las niñas y niños que sí hay esperanza, que se está despertando una nueva Colombia, más solidaria, más justa, con sentido ético y que nuestro país va a lograr la equidad.Le puede interesar: Ojo con lo que comen los niñosHabremos aprendido la lección más importante que es poner en el centro de nuestros quehaceres a la niñez y adolescencia, los invitamos a que desde ahora todos estemos conectados para cuidarnos. Esta es una conversación que queremos generar a través de este hashtag #ConectadosParaCuidarnos para ayudar a los adultos a entender de qué manera podemos hablar con nuestros hijas e hijos sobre la salud, la vida, las emociones y, también, sobre la enfermedad y la muerte, para entender cómo dar esperanza y apoyo emocional, cómo abordar la educación en casa, cómo solidarizarnos con las demás familias que la están pasando peor y cómo buscar respuestas a las preguntas que surgen cada día en medio de la compleja realidad que nos ha tocado vivir.@RedPaPaz @CaroPineros
En el año 2005 Colombia dejó de ser un país con desnutrición para tener malnutrición, esto significa que la desnutrición convive con el sobrepeso, la obesidad y la carencia de los nutrientes básicos. En este año, la problemática de exceso de peso ya afectaba a 45,9% de los adultos y 14,4% de los escolares, en el 2015 ya eran 56,4% adultos y 24,4% escolares (1 de cada 4) según los resultados de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional.Lea también: En Colombia, la salud le pide permiso a los intereses económicosLamentablemente, 15 años después, las entidades gubernamentales responsables NO han adoptado las políticas que recomienda la evidencia para mitigar la creciente tendencia. Estas medidas son: (1) impuesto saludable a bebidas azucaradas, (2) etiquetado que informe de manera clara e inmediata sobre el exceso de azúcar, sodio/sal o grasas saturadas, (3) restricción de la publicidad de productos ultraprocesados dirigida a la niñez (personajes, juguetes, premios, etc.) y (4) entornos escolares alimentarios saludables, que en lugar de ofertar comida chatarra dispongan de agua potable, alimentos sanos y pedagogía.Las iniciativas que pretenden promover la adopción de estas políticas en el país son aplastadas en el Congreso por el enorme poder de lobby que ejercen las grandes empresas de comida chatarra, deslegitimando las acciones de abogacía y el apoyo técnico de la academia y de organizaciones de la sociedad civil, al tiempo que presentan con desfachatez datos amañados y estudios que no declaran su conflicto de interés y haciendo uso de malas prácticas corporativas para cambiar el sentido de los proyectos de ley.Por otro lado, el Ministerio de Salud (quien debería liderar técnicamente la implementación de estas medidas), la SIC o el Invima tampoco hacen algo frente a los productos ultraprocesados, lo dañino de su consumo habitual y lo engañoso de su publicidad. Solicitudes y quejas interpuestas ante estas entidades siguen sin ser resueltas. Así, los riesgos para la niñez y adolescencia colombiana aumentan, a la vez que crece la industria de la comida chatarra, de bebidas azucaradas y la invasión de su publicidad y oferta en los espacios de niñas y niños.Por lo anterior, Red PaPaz acudió a la Rama Judicial con una Acción Popular como mecanismo para que el Estado atienda con sentido de urgencia la responsabilidad de proteger los derechos colectivos de los colombianos, especialmente de nuestros hijos; quienes por mandato constitucional tienen derecho a disfrutar de alimentación sana, a formarse y generar hábitos de consumo en ambientes saludables,a recibir información veraz e imparcial sobre el contenido de los productos que van a consumir.Le puede interesar: #NoComasMasMentiras, más que una campaña es una cruzada por nuestros hijosQue no pasen otros 15 años, visite www.nocomasmasmentiras.org y firme apoyando a Red PaPaz para que avance con las acciones pertinentes y que Colombia cuente con un #EtiquetadoClaroYA
La tendencia hacia la malnutrición y las enfermedades asociadas son la mayor carga económica y social para Colombia y América Latina. En el año 2009 el Congreso definió como prioridad de salud pública la lucha contra la obesidad, sin embargo, ya en el 2015 uno de cada cuatro niños presentaba exceso de peso y en primera infancia campeaba la malnutrición (Ensin). ¿Cómo estaremos en el 2020? Seguramente peor, teniendo en cuenta que no hemos adoptado las políticas para combatirlas que proponen entidades internacionales protectoras de derechos humanos de la infancia y de la salud pública.Lea también: Por la salud de los niños, necesitamos sellos frontales de advertenciaLa evidencia científica, sin conflicto de interés, ha mostrado la conveniencia de implementar cuatro medidas: 1) gravar con impuestos los productos no saludables (ej: bebidas azucaradas); 2) poner etiquetas frontales que adviertan de manera sencilla y clara sobre el exceso de azúcar, sodio o grasas saturadas en productos ultraprocesados (comestibles/bebibles industriales, empacados, con muchos ingredientes/químicos y largas fechas de vencimiento); 3) restringir la publicidad de productos no saludables a niñas y niños, limitando el uso de personajes infantiles o premios/juguetes; 4) asegurar entornos escolares saludables que privilegien el acceso a agua potable, ofrezcan variedad de frutas, verduras y alimentos frescos, con ingredientes locales, a la vez que restringen la oferta y publicidad de comida chatarra.Sin embargo, en Colombia se sigue insistiendo en que la solución está en costosas campañas informativas e inefectivas prácticas de autorregulación. ¿Por qué? La verdad es que, aunque al Gobierno y al Congreso sí les interesa y sí lo entienden, la indebida interferencia de las grandes multinacionales y de los poderosos grupos económicos no lo permiten.Algunos ejemplos, en el 2016 la propuesta de una sobretasa a las gaseosas no prosperó en la reforma tributaria a pesar de contar con el apoyo del Ministro de Salud de turno. En adelante naufragaron en el Congreso varias iniciativas para promover y favorecer la alimentación sana: en 2017 el Proyecto de Ley 022 que pretendía restringir la publicidad de comida chatarra dirigida a niños, en 2018, la propuesta en la Ley de Financiamiento para que las bebidas azucaradas tuvieran un impuesto al consumo. De igual manera, ese año se deformó el proyecto de Ley 019 para tener un etiquetado claro en la comida chatarra; en el 2019, el Proyecto de Ley 214, conocido como #LeyComidaChatarra, que proponía nuevamente los sellos negros en el frente de los empaques se hundió sin debate. Con el agravante de que ninguno de estos Proyectos ha tenido el decidido y necesario apoyo del Gobierno Nacional.Lea también: En Colombia, la salud le pide permiso a los intereses económicosAunque el panorama no es alentador sabemos que hemos ganado un importante apoyo en la opinión pública que nos anima a seguir abogando para que el Estado actúe en concordancia con la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes y de la población más vulnerable.
Los asuntos que ponen en riesgo la salud de la niñez colombiana son en últimas definidos por quienes tienen un claro fin de lucro, quienes han publicitado sus productos como ideales para niños cuando en realidad tienen exceso de todo lo dañino.Lea también: Derrotar la obesidad, una tarea desde la infanciaLos mismos que incumplen sus propios pactos de autorregulación; pactos que se inventan para bloquear alguna iniciativa que consideren podría poner en riesgo una mínima parte de sus utilidades. Quienes nos brindan información, que contrario a ayudarnos a tomar decisiones saludables, nos confunde.¿Cuál es el permiso que le pide la salud a los intereses económicos? Nos referimos a una obligación que se impuso hace menos de un año, consistente en que los reglamentos que expida el Ministerio de Salud y Protección Social sean revisados y aprobados por una instancia denominada la Comisión Intersectorial de Regulación Técnica (CIRT).Esta Comisión está conformada por el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, el Superintendente de Industria y Comercio, el Director del Departamento Nacional de Planeación y el Alto Consejero Presidencial para el Sector Privado y la Competitividad, la cual tiene como finalidad primordial asegurar que los reglamentos promuevan el desarrollo económico y la competitividad.El reglamento no previó excepciones y en consecuencia subordinó el cumplimiento de los objetivos de salud pública a la conveniencia económica, determinada por un grupo de funcionarios cuya responsabilidad no es la salud de los colombianos.Esto implicaría que un etiquetado frontal de advertencia, como el que promueve Red PaPaz a través de #NoComasMásMentiras para proteger el derecho a la salud de la población en general y, especilamente, la de nuestros hijos, debe someterse al análisis y recomendaciones de la CIRT.Nada que sea más contrario a la Constitución de 1991, la cual concedió una protección especial a los derechos de los consumidores (art.78) y consagró la prevalencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes (art.44), que el establecimiento de mecanismos soterrados para que los industriales de bebidas azucaradas, comida chatarra y sus aliados del Gobierno decidan cómo etiquetar estos productos.Le puede interesar: El 6,8% menores de 5 años en Antioquia sufren de obesidad y sobrepesoAun en tratados internacionales comerciales y en las normas de la Organización Mundial del Comercio se prevé, como excepción general, que ninguna disposición de dichos tratados puede impedir que Colombia aplique o adopte las medidas necesarias para proteger la salud y la vida de las personas.Una industria que durante décadas lleva haciéndole creer al público que sus bebidas son 'jugos de pura fruta' o 'ideales para la lonchera' cuando en realidad tienen bajo aporte nutricional y altos contenidos calóricos, no puede ser la que ahora termine decidiendo sobre la salud de nuestros hijos. Es momento de impedir que el lobo siga cuidando de las ovejas.Lo invitamos a que hagamos oir nuestra voz, uniéndose a la movilización #TenemosDerechoALaInformación #NoComaMásMentiras para exigir los sellos frontales que adviertan si un producto ultraprocesado es alto en azúcar, sodio o grasas saturadas en www.nocomasmasmentiras.org .