La tendencia hacia la malnutrición y las enfermedades asociadas son la mayor carga económica y social para Colombia y América Latina. En el año 2009 el Congreso definió como prioridad de salud pública la lucha contra la obesidad, sin embargo, ya en el 2015 uno de cada cuatro niños presentaba exceso de peso y en primera infancia campeaba la malnutrición (Ensin). ¿Cómo estaremos en el 2020? Seguramente peor, teniendo en cuenta que no hemos adoptado las políticas para combatirlas que proponen entidades internacionales protectoras de derechos humanos de la infancia y de la salud pública.

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La evidencia científica, sin conflicto de interés, ha mostrado la conveniencia de implementar cuatro medidas: 1) gravar con impuestos los productos no saludables (ej: bebidas azucaradas); 2) poner etiquetas frontales que adviertan de manera sencilla y clara sobre el exceso de azúcar, sodio o grasas saturadas en productos ultraprocesados (comestibles/bebibles industriales, empacados, con muchos ingredientes/químicos y largas fechas de vencimiento); 3) restringir la publicidad de productos no saludables a niñas y niños, limitando el uso de personajes infantiles o premios/juguetes; 4) asegurar entornos escolares saludables que privilegien el acceso a agua potable, ofrezcan variedad de frutas, verduras y alimentos frescos, con ingredientes locales, a la vez que restringen la oferta y publicidad de comida chatarra.

Sin embargo, en Colombia se sigue insistiendo en que la solución está en costosas campañas informativas e inefectivas prácticas de autorregulación. ¿Por qué? La verdad es que, aunque al Gobierno y al Congreso sí les interesa y sí lo entienden, la indebida interferencia de las grandes multinacionales y de los poderosos grupos económicos no lo permiten.

Algunos ejemplos, en el 2016 la propuesta de una sobretasa a las gaseosas no prosperó en la reforma tributaria a pesar de contar con el apoyo del Ministro de Salud de turno. En adelante naufragaron en el Congreso varias iniciativas para promover y favorecer la alimentación sana: en 2017 el Proyecto de Ley 022 que pretendía restringir la publicidad de comida chatarra dirigida a niños, en 2018, la propuesta en la Ley de Financiamiento para que las bebidas azucaradas tuvieran un impuesto al consumo. De igual manera, ese año se deformó el proyecto de Ley 019 para tener un etiquetado claro en la comida chatarra; en el 2019, el Proyecto de Ley 214, conocido como #LeyComidaChatarra, que proponía nuevamente los sellos negros en el frente de los empaques se hundió sin debate. Con el agravante de que ninguno de estos Proyectos ha tenido el decidido y necesario apoyo del Gobierno Nacional.

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Aunque el panorama no es alentador sabemos que hemos ganado un importante apoyo en la opinión pública que nos anima a seguir abogando para que el Estado actúe en concordancia con la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes y de la población más vulnerable.