El periódico estadounidense ‘The New York Times’, en un artículo titulado ‘Somos los nuevos enemigos del estado’, el pasado 19 de junio, denunció que el Gobierno mexicano estaría espiando a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticurrupción a través de un complejo software que, en teoría, se usa para investigar a criminales y terroristas.

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Entre los afectados, está la reconocida periodista mexicana, Carmen Aristegui, activistas anticorrupción, como el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, y abogados investigadores del caso de los 43 estudiantes mexicanos asesinados en el estado de Guerrero, en 2014, que fueron afectados por el malware Pegasus.

En un comunicado, Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de Reporteros sin Fronteras (RSF), señaló que “la vigilancia ilegal a periodistas constituye una grave violación a la libertad de información y a la protección del secreto de fuentes, cuando de por sí en el país ya es complejo y arriesgado investigar los actos de corrupción”. Según RSF, en México se han registrado más de 76 casos de este tipo, la mayoría de ellos contra periodistas.

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Por su parte, el vocero del gobierno mexicano, Eduardo Sánchez, afirmó que no hay ninguna prueba de que el Estado sea el responsable del supuesto espionaje.

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión anunció que los periodistas y activistas víctimas de espionaje deben entregar sus teléfonos para un “análisis forense”.

¿Qué es Pegasus?
El programa que el Gobierno mexicano presuntamente usó para adelantar tareas de espionaje es el Pegasus. Se trata de un malware malicioso que le llega a la víctima a través de mensajes de texto o correos personalizados. 

“Al afectado le llega un mensaje de texto, puede ser de un amigo o un familiar. Es redactado de tal forma que parezca que el mensaje es auténtico, acompañado con un ‘link’. Al darle ‘click’, el software malicioso se instala en el móvil, haciendo que un tercero tenga acceso a él”, explicó Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma, una organización de la sociedad civil colombiana, sin ánimo de lucro, que promueve la libertad de expresión, el acceso a la información y la privacidad.

De esta manera, el atacante toma el control del dispositivo, controlando la cámara, el micrófono, los archivos y las claves personales.

La organización Citizen Lab, una empresa canadiense asociada a la Universidad de Toronto, identificó que los mensajes que llegaron a los periodistas y activistas mexicanos correspondían a Pegasus.

Esa empresa publicó, en 2016, el informe ‘The Million Dollar Dissident: NSO Group’s iPhone Zero-Days used against a UAE Human Rights Defender’, en el que detallan el caso del defensor de derechos humanos, Ahmed Mansor, en Emiratos Árabes Unidos, que fue víctima del mismo programa.

Por lo tanto, los afectados decidieron  enviar los mensajes a la empresa, que identificó que, efectivamente, se trataba de Pegasus.

Sin embargo, otro factor permitió culpar al Gobierno. La encargada de realizar ‘Pegasus’, la firma israelí NSO Group, solo la vende a Estados, entre ellos, al mexicano.

Al respecto, Botero expuso que “son varias las razones por las que el Gobierno espía a estas personas. Todos tienen un factor común: están realizando investigaciones delicadas que podrían afectar al Estado o que han sido críticos al Gobierno”.

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Botero agregó que el caso es parecido al de las ‘chuzadas’ realizadas por el desaparecido DAS, en Colombia.

“El Estado, haciendo potestad de la inteligencia, persigue abusivamente a los ciudadanos críticos a su labor; no para perseguir el crimen. Es una clara invasión a la privacidad, que debe ser investigada”, concluyó Botero