Esa es la conclusión del dictamen final de una investigación interna de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) sobre una diligencia que encabezó Zerón el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan con uno de los detenidos por el caso, y que difiere de un proyecto preliminar elaborado durante la gestión del anterior visitador, César Chávez.

Según la resolución definitiva, cuya autenticidad avaló hoy la actual visitadora, Adriana Campos, entre las irregularidades destacan el traslado al río de Agustín García Reyes, presunto miembro del cártel Guerreros Unidos, sin un mandamiento ministerial y sin la presencia de su defensor.

Además, ninguno de los funcionarios que participaron dejó constancia de las actuaciones en el río, tampoco realizaron peritajes para descartar o preservar una pieza ósea hallada allí, presuntamente de origen animal, ni se registró la cadena de custodia de los indicios encontrados.

La diligencia, que nunca fue incorporada en el expediente del caso, salió a la luz en abril de 2016 cuando el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigó el asunto, presentó su último informe antes de abandonar el país.

Ello despertó las suspicacias de los familiares de las víctimas, ya que fue en ese lugar donde fue hallada -un día después de la diligencia- una bolsa con restos óseos que permitieron identificar a uno de los 43 alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías.

De acuerdo con la versión oficial, los jóvenes fueron entonces entregados a una célula de Guerreros Unidos que los mató e incineró en un basurero en el municipio de Cocula, antes de tirar sus cenizas al río.

Campos dijo que en la actuación del 28 de octubre se “cometieron errores” de procedimiento, “descuidos” que, si bien “no son justificables, no ponen en riesgo la investigación”.

Zerón aseguró entonces que la actuación fue legal y que tuvo como fin reconocer en campo las declaraciones de García Reyes, alias Chereje, quien dijo haber participado en los hechos.

Pero el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín por Juárez y representante legal de las familias, Mario Patrón, señaló que este último documento, entregado a los padres el 9 de febrero, busca “diluir las responsabilidades” del proyecto de resolución que en septiembre pasado “costó el puesto al anterior visitador”.

Aseguró que este tema es relevante no para que los funcionarios sean sancionados, sino porque estas diligencias “dieron pie a una teoría de la PGR -la del basurero de Cocula- que intentó dar vuelta a la página sin que tuvieran asidero científico”.

El proyecto de Chávez, que según la fiscalía no tenía validez porque estaba bajo estudio, señalaba que la conducta de los investigadores de la PGR “había vulnerado el derecho a la verdad” de las familias, recordó.

Además, calificaba de ilegales las detenciones de siete presuntos miembros de Guerreros Unidos en cuyo testimonio se basó la versión oficial, entre ellos García Reyes, mientras que la resolución final sostiene que fueron legales.

La visitadora aseguró que la investigación interna no arrojó indicios de maltrato o tortura al detenido ni violaciones al debido proceso.

En el dictamen final, apuntó, se señalan irregularidades de dos funcionarios no mencionados en el primero pese a que participaron en la diligencia: Abraham Eslava, entonces titular de la Unidad Especializada de Robo de Vehículos, y el escolta de Zerón, Jaime Díaz.

Zerón salió de la AIC para ser nombrado secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, lo que fue considerado por los padres de los desaparecidos como “un encubrimiento”.

Esta resolución, según Patrón, es una muestra de que “el Gobierno está más preocupado por encubrir a sus funcionarios que en dar con la verdad” y con los estudiantes.

La visitadora argumentó que el caso de Zerón depende de la Secretaría de la Función Pública (que investiga a funcionarios) y que ya comenzaron los procedimientos punitivos de seis involucrados, entre peritos y agentes del Ministerio Público. Las sanciones pueden ir desde una amonestación hasta la inhabilitación.

Además, se ha ordenado la creación de un protocolo homologado para el debido tratamiento de guarda, custodia y traslado de detenidos, y otro para la búsqueda, recolección, inspección y análisis de huesos, para evitar la repetición de estas fallas.