Se logró un acuerdo entre el Gobierno Nacional y los líderes de la protesta de un sector del pueblo Nasa del departamento del Cauca, para levantar el bloqueo violento, que duró 27 días, de la vía Panamericana, que afectó a centenares de miles de personas en el Cauca y Nariño. A la hora de escribir este artículo (11:50 am de ayer sábado), lo pactado consiste en asignarles a los protestantes, 800.000 millones de pesos para “vivienda, salud, proyectos productivos e infraestructura rural, vías, economía naranja y unidad de protección”, que según el propio Gobierno están incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, el gobierno se solidariza con las víctimas y anuncia que no permitirá más bloqueos.

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Lamento expresar que es una solidaridad tardía con víctimas que pudieron evitarse si, haciendo uso del legitimo deber del estado de proteger los derechos de los ciudadanos, hubiese impedido el bloqueo: Un agente del Esmad y un indígena, muertos.

Ahora bien, si se llegó un acuerdo sobre esa cantidad de dinero, que es público, el país tiene derecho a que se monitoreen las inversiones que se realicen; pero también, a que se rinda cuentas a los colombianos por parte de la dirigencia Nasa de cómo ha gastado en proyectos que beneficien a la comunidad, los muchos dineros que han recibido, en un ejercicio de transparencia con la nación colombiana de la que hacen parte esencial.

Ahora bien. Las pretensiones de una minoría para arrebatarle la tierra a legítimos propietarios, la mayoría de ellos, comunidades negras y campesinas, y en ocasiones a otras comunidades indígenas vecinas, no puede presentarse como un derecho, más si se poseen al menos 500.000 hectáreas de tierra. Al actuar de esa manera repiten las acciones de despojo que los españoles efectuaron a los propios Nasa y que muchos terratenientes realizaron a los indios, negros y campesinos del Cauca y de todo el país. Si argumentan algún derecho de propiedad, tienen que ponerlo sobre la mesa con los de otros sectores que disputan esas tierras, reconocer la realidad de la existencia de los otros, que también reivindican el derecho de propiedad de parte de esas tierras y llegar a un gran acuerdo. Lo demás, es expansionismo violento disfrazado de una lucha por los derechos humanos, porque los otros grupos tienen derechos que no se les pueden arrebatar por la fuerza

Y en cuanto a los métodos de lucha. Que no se trataba de una protesta pacífica lo prueba los terroristas que murieron o quedaron gravemente heridos por la explosión de artefactos que fabricaban para atacar los objetivos que previamente habían escogido, o los disparos de fusil que se hacían contra la fuerza pública desde el filo de la montaña, o los hombres armados que se camuflan entre los que protestaban.

No puede olvidarse que en las montañas del Cauca, en los territorios ancestrales, hay coca y tránsito de cocaína, protegidos por grupos terroristas, algunos de ellos disidentes de las Farc, los del Epl, el Eln y el Clan del Golfo y ellos tiene necesidades estratégicas para mantener esos territorios. Una protesta como la que se vivió termina por asentar el dominio de esos grupos, por la débil respuesta del Estado

Que estaba orquestada con grupos que usan el terror, queda, igualmente, de manifiesto en el video en el que se ve cómo una persona dispara un cohete con una bazuca de fabricación artesanal y que dentro de la Universidad del Valle haya habido otra explosión que dejó muertos y heridos entre los que manipulaban las bombas y cocteles molotov que iban a usar contra la policía y los civiles que transitaban por la calle que pasa frente a esa universidad. Esto sólo para poner dos ejemplos.

Pero es que la interrupción misma de la vía Panamericana es un acto violento que afectó la vida de miles de personas, casi todas ellas, pertenecientes a los sectores más vulnerables del Cauca y Nariño, a quienes cercaron con desabastecimiento de comida, combustible y otras mercancías esenciales, impidieron el cruce de las misiones médicas, destruyeron la vía pública y produjeron decenas de millones de pesos, pérdida en bienes y servicios, casi todos fabricados o comercializados por pequeños empresarios. Como sería el daño social que un juez de Popayán ordenó, al resolver una tutela, que la vía alterna debería mantenerse abierta, para suavizar el daño social que el cierre estaba causando.

La coordinación con sectores radicales de izquierda permite inferir, además, que este acto sostenido en el tiempo no es una protesta social, que no puede llamarse minga, sino que es una serie de asonadas y actos violentos que forman parte de la estrategia general de hacer ingobernable el mandato del presidente Duque, para que esos grupos puedan tomarse este año el poder regional y local, con miras a las elecciones del 2022, o antes, si el caos se generaliza.

El presidente Duque debería tener claro esto que está pasando; asociarlo, además, con el caos que intentan sembrar en el país, Maduro, los cubanos y los rusos; y con la resistencia de la ciudadanía caucana a los atropellos de los dirigentes nasa, resistencia que tuvo actos violentos inaceptables, pero que refleja el sentimiento del pueblo contra ese grupo y los que actúan como él, y sumar 2+2. Su decisión de negociar con gente que usa el terror como medio, es una derrota estratégica. E ir al Cauca a firmar el acuerdo, es la cereza del pastel.

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Creo que la prudencia y la bonhomía son necesarias para mantener el país funcionando, así como el respeto a la protesta social pacífica. Pero también son necesarias el uso de autoridad y la fuerza legítima, dosificada y respetuosa de los derechos humanos, cuando de lo que se trata no es de una protesta social sino de orquestar un plan para minar la soberanía del estado democrático, para derrocarlo.

Comentarios:

Edgar
2019-04-07 16:51:54

Muy bién estructurado el análisis de don Alfonso Monsalve. Y, además, si era una minga indígena, pues qué pena pero fueron los idiotas útiles dela izquierda radical, de Gustavo Petro, de los traficantes de coca.

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