Los actos violentos y vandálicos del paro nacional disminuyeron en su forma esta semana: se han reducido considerablemente los enfrentamientos con la policía, especialmente con el Esmad, debido a la presión de la opinión pública, que ha visto con asombro cómo los encapuchados golpeaban inmisericordemente a los uniformados, muchos de los cuales tuvieron que ser rescatados por sus compañeros porque la intención de los vociferantes era asesinarlos, o recibían bombas papa que pusieron al menos a un policía al borde de la muerte y a más de trescientos heridos;  destruían la infraestructura de transporte y saqueaban el comercio.

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Pero todavía se impide con bloqueos viales, especialmente en muchos lugares de Bogotá y su área metropolitana, el servicio del transporte público, lo que hace que miles de trabajadores y estudiantes tengan aún que caminar largas horas para desplazarse diariamente hasta sus lugares de trabajo y estudio; pero también dificulta o hace imposible el oportuno traslado de las emergencias médicas y la normal prestación de los servicios de salud. Todo esto afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos a la libre movilización, a la vida, al trabajo y al estudio. Además, esos cortes desde los inicios del paro han afectado el ingreso de camiones, con lo que, de continuar, podría haber desabastecimiento de alimentos en esa ciudad, al igual que el flujo de mercancías que salen y entran de Bogotá.

 Así mismo, el paro ha generado billonarias pérdidas, ha desestimulado el consumo interno, dificultado las importaciones y exportaciones, y hace inviable el flujo de turistas extranjeros, fenómenos que repercuten y repercutirán en el trabajo de decenas de miles de colombianos. Como quien dice, el ese movimiento está perjudicando de manera grave a los más débiles de la cadena social, que, se supone, son los que dicen representar los promotores de este movimiento.

Ahora bien, ha quedado claro que a estos les importa un comino los objetivos que dicen perseguir. Entre otras cosas, porque en realidad, la mayoría de ellos son inexistentes y otros difusos, usados para movilizar a la gente explotando sus expectativas o la solidaridad social de jóvenes. Los objetivos se expresan en consignas generales y desinformación, básicamente a través de las redes sociales, pero también de medios bogotanos que diariamente publicitan a los dirigentes y hacen un menú de opciones de actividades del paro día a día, para que la gente “escoja” donde protestar.

Los colombianos tienen derecho a protestar por la razón que sea. Pero es tal la ignorancia de algunos de los manifestantes respecto a las reivindicaciones por las que marchan, que un estudiante le respondió a un periodista que lo interrogó sobre por qué apoyaba el paro: “por el cumplimiento de los acuerdos de paz que se firmaron ¡el año pasado! Y otra joven universitaria dijo que marchaba en defensa de la universidad pública, pero cuando se le preguntó qué era lo que defendía de esta, dijo “la defensa de la universidad pública en general”.  Y uno más defendía el presupuesto de la universidad pública y cuando el periodista le explicó lo que se había hecho al respecto, se mostró confundido. Estoy, por lo demás seguro de que, a un número importante de manifestantes, particularmente entre los jóvenes, en realidad, no les importa las razones por las que sale a la calle. Lo hacen por la adrenalina que corre a montones en un eventual enfrentamiento, la emoción de sentirse importante y uno con la masa vociferante. Lo digo porque yo participé en el movimiento estudiantil de los setentas. Ahora bien, los objetivos de verdad comienzan a emerger ahora, por parte del Comité Nacional de Paro. Se trata ni más ni menos que cogobernar al país, y si pueden, gobernarlo del todo, a punta de chantajes e imposiciones.  En una maniobra típica del mamertaje nacional, aglutinado en ese Comité, ahora exige que el gobierno negocie con ellos trece puntos (los cuales, ya anunciaron, serán ampliados), entre otros, los diálogos con el Eln, una reforma política y la definición del salario mínimo. Y para reforzar su posición han “ampliado” con algunas organizaciones que controlan, con lo que los máximos dirigentes seguirán siendo los mismos, y puesto a su disposición a los congresistas de las bancadas alternativas en el Congreso, que, por supuesto, son sus conmilitones, los que han manifestado su apoyo al paro y al Comité Nacional.

En últimas, quieren imponer su agenda socialista, la misma que perdieron con Duque en las elecciones presidenciales. El Comité que dice ser tan democrático, exige que el gobierno, en la Conversación Nacional que el presidente citó, sólo se entienda con ellos y excluya a otros actores importantes, como gremios de la producción, el comercio, los servicios, el transporte, las regiones, organizaciones sociales no cooptadas por ellos, las autoridades académicas y científicas, las iglesias (no únicamente la católica), los campesinos que están por la erradicación de la coca (que son los que ponen los muertos de las organizaciones sociales blanco de las disidencias de las Farc, el Eln, que deben tener presencia en el Comité y manejan el movimiento, junto con  las Farc, el M-19, el Moir, el núcleo central de Colombia Humana, que manejan las centrales obreras, Fecode,  organizaciones campesinas étnicas, estudiantiles, etc. 

El Comité representa a una fracción de colombianos, que quieren vender como masiva usando para ello, en otra maniobre típica del mamertaje, centenares de organizaciones de la sociedad civil, comités de solidaridad, cartas de intelectuales y hasta de un rector de una universidad privada (Los Andes) y de ciertos empresarios (a los que expropiarán si esa izquierda radical gana) que los respaldan, ocultando que la mayoría de esas entidades solo existen en el papel o tienen un ínfimo número de miembros, pero dan la sensación de que representan a mucha gente. La gente que lograron movilizar, a lo sumo son medio millón de ciudadanos, muchos de ellos engañados, junto con los saboteadores y provocadores de turno, frente a cuarenta y ocho millones de colombianos, de los cuales más de diez millones trescientos mil votaron por el presidente Duque. No obstante, su pequeña representación, pretenden, ni más ni menos, dar un golpe de estado, quitándole el poder al presidente legítimo, obligándolo a introducir, con la complicidad y apoyo de una parte del congreso (que como en la negociación con las Farc renunciarán a su función legislativa y se arrodillarán antes sus jefes) las políticas sociales y económicas que ellos profesan.

El paso de los días ha ido desenmascarando a ese grupúsculo; sin embargo, ya ha citado un nuevo paro nacional para el cuatro de diciembre. Es probable que volvamos a vivir movilizaciones acompañadas de actos de bandidaje este fin de año y en el tiempo que le resta a Duque, para sembrar el caos, el temor, el cansancio y la desesperanza en la mayoría de los colombianos. Es una estrategia a largo plazo, para doblegar al gobierno, que fue anunciada por Petro la noche misma del triunfo de Duque, con el fin de no dejarlo gobernar, causar el caos y asumir el poder en las próximas elecciones, o antes, si se dan las condiciones. Desde que el presidente asumió la presidencia ha habido decenas de manifestaciones, paros y protestas de todo tipo, acompañados de violencia, en promedio una cada dos días.

Pero lo que esta experiencia ha enseñado es que la gente, incluso muchos de los que marchan de buena fe, están hasta la coronilla de esta situación.

Creo que ha llegado la hora de que, quienes quieren la estabilidad y el fin de la agitación y la violencia, se organicen de manera pacífica y ordenada para manifestar públicamente, mediante comunicaciones, pero también plantones, cacerolazos y movilizaciones,  redes sociales y otras formas de expresión, su rechazo a los que manejan este paro, mandándole una señal clara al gobierno de que muchos lo apoyan, y que, aunque otros no compartan todas sus políticas, entienden que hay canales, como la Conversación Nacional incluyente, la protesta verdaderamente pacífica y el uso de instituciones como el congreso, para gestionar los desacuerdos. La defensa de nuestra democracia está en juego.

Protestar es un derecho constitucional que hay que respetar y garantizar, independientemente de que el estado u otros ciudadanos compartan o no los motivos que la generan. Pero, apoyar también lo es. A todos los que le duela el país y defiendan el estado democrático liberal, deben hacer oír su posición, con claridad y fuerza, todo en medio del respeto más profundo a la constitución y a los derechos de los ciudadanos. Porque, de lo contrario, nos espera la tragedia chilena. Yo he tenido críticas puntuales al presidente, pero ello no obsta para que, en momentos como este, lo apoye decididamente. Si él es derrotado, el país también lo será. Llegó la hora de formar un frente amplio en defensa de nuestro estado de derecho.

Y, en este frente amplio es importante que las fuerzas políticas del parlamento, que están por la estabilidad y el diálogo incluyente, rodeen en esta situación al presidente y tomen posición claramente, más allá de las contradicciones que tengan con este. Sería un acto de decencia y de respeto por el país. Porque lo que está en juego, repito, es nuestra democracia. El que calla otorga, y estos políticos y sus partidos están en silencio, a la expectativa de ganar réditos políticos a corto plazo. Lo que no quieren reconocer en su ceguera política es que, en un eventual gobierno de la extrema izquierda, ellos no tendrán ningún espacio y serán barridos y sometidos a la cárcel, el ostracismo o el exilio. Y si no, vean Venezuela.

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Este frente podría organizar un Comité Nacional de Defensa de la Democracia, ampliamente representativo de todo los sectores de la sociedad colombiana,  que proponga constructivamente o acompañe al gobierno en la búsqueda de soluciones que busquen mejorar las condiciones de vida de los colombianos, con respeto absoluto a las instituciones; y que diseñe una estrategia de corto, mediano y largo plazo para que la sociedad civil y los colombianos de todas las organizaciones o independientes que estén por salvar nuestra democracia, puedan enfrentar civilizadamente y sin violencia la arremetida que se viene y se seguirá viviendo en los días por venir por parte de los que quieren destruir el estado de derecho.