En declaraciones en el noticiero RCN Radio el presidente Juan Manuel Santos dijo, entre otras cosas, que en el sur del Chocó al igual que en muchas otras regiones, el Estado apenas empieza a llegar, que estaba ausente. Pero gracias al proceso de paz “nos estamos fortaleciendo en zonas donde antes no estábamos”.

Me parecen de gran trascendencia este y otros muchos planteamientos, pues hacía falta que el primer mandatario los hiciera con la claridad que utilizó en ese espacio. Es que algunos sectores políticos, empresariales y líderes regionales creen que porque gobiernan desde sus citadinos despachos, dirigen y controlan todo lo que pasa en sus territorios, o consideran que el solo hecho de que la Constitución y la ley lo digan, como eso basta. Pero en vastas zonas rurales sus habitantes solo conocen el accionar de las Farc o de otros grupos ilegales, y echan de menos la presencia del Estado, sea este nacional, departamental o municipal.

Este aspecto es tal vez el que más credibilidad confiere al actual proceso de paz. Resultan evidentes sus beneficios institucionales a nivel territorial; más de 50 años de guerra habían impedido concretarlos.

En muchas de las zonas veredales que hoy concentran a los miembros de las Farc, las comunidades han vivido a merced de los grupos ilegales por años; en lo fundamental, han dependido de sus rentas ilegales: cultivos ilícitos y narcotráfico, entre otros. Panorama que empieza a cambiar como valor agregado de dicho proceso. Pero la estrategia de ocupación institucional no solo debe ser de carácter militar: que también llegue con oferta y atención comunitaria integrales.

Como lo afirmé en comentario anterior, la presencia y gestión de la fuerza pública en el corregimiento El Cedral, del municipio de Ituango en Antioquia, es un modelo a seguir. Lástima que ésta no se haya valorado en su cabal dimensión, aunque los medios de comunicación dieron cuenta de la inmensa satisfacción y alegría de una población que debió convivir con la guerrilla.

Es claro, entonces, que en vez de estar proclamando una autoridad que no ha existido, se deben diseñar estrategias, planes y programas para esas zonas huérfanas de Estado en alguno de sus niveles territoriales. No basta con pregonar que lo consagra la Constitución, o que el mandatario local, el regional o el nacional fueron elegidos para gobernar sus respectivos territorios, sin que nadie lo pueda impedir; para las poblaciones víctimas seculares del conflicto armado se requiere de un proceso de recuperación o de consolidación que les permita alcanzar esa esquiva estabilidad institucional.

En paralelo, debe producirse una fuerte inversión social en materia de educación, infraestructura, sanidad básica, salud, y en todos aquellos frentes donde el ciudadano de a pie pueda percibir los beneficios del proceso de paz y que a la vez impida que otros actores armados copen los espacios que han dejado las Farc.

NOTA: El asesinato de agentes de policía a manos de integrantes del Clan del Golfo exige todo nuestro repudio y nuestra solidaridad con la institución. Al igual que hemos rechazado y denunciado los homicidios de líderes y dirigentes sociales, queremos sentar nuestro enérgico rechazo a estos crímenes, mientras exigimos su cese inmediato.