El domingo seis de enero, cuando en las cuentas de Whatsapp de los aficionados a los toros en Medellín comenzaron a circular los carteles de la temporada taurina que se iba a celebrar en febrero, el Consorcio Colombia, la empresa que se constituyó para organizar el serial taurino, ya había pagado a D’Groupe, socio mayoritario del centro de espectáculos La Macarena, la totalidad del valor del arriendo para los tres festejos programados.

Lo habían hecho a sabiendas de que en el contrato elaborado por las partes había una cláusula que señalaba que no habría reembolso de dinero si por alguna circunstancia la feria, una vez firmado el documento, no llegaba a darse. El problema es que, si bien los organizadores estamparon su firma en el contrato y lo enviaron a D’Groupe, el administrador de La Macarena o no lo firmó o no envió la copia firmada a su contraparte antes de que el miércoles 9 de enero, al finalizar la mañana, el alcalde de Medellín anunciara personalmente en sus redes sociales que no habría temporada taurina en la capital antioqueña.

La historia la relató a EL MUNDO el ganadero de El Manzanal, Alberto Cediel, mientras permanecía en el asombro por lo ocurrido. “Es que todavía no lo podemos creer”, dijo sobre sí mismo y sobre sus socios de Casa Toreros, a quienes un vocero de D’Groupe llamó a México entrada la noche del lunes para decirles, de palabra, que desistirían del contrato.

Al menos hasta este viernes a mediodía, cuando tuvo lugar la conversación de EL MUNDO con Cediel, no había tenido lugar ninguna otra comunicación entre las partes, ni tampoco se había efectuado la devolución del dinero consignado por parte de los empresarios taurinos a los dueños del centro de espectáculos.

Antecedentes de la negociación

Con el anuncio de la Corporación Plaza de Toros La Macarena, Cormacarena, de que el Hospital Universitario San Vicente de Paúl había vendido su participación accionaria a los inversionistas de D’Groupe y que por tanto se cancelaba la temporada taurina de Medellín para 2019, también quedó claro que cualquier empresario con el músculo económico necesario, podía arrendar el espacio y ofrecer corridas de toros.

De hecho, según lo relatado por Alberto Cediel, fueron varios los que se acercaron a preguntar por las condiciones pero finalmente fueron él y los mexicanos de Casa Toreros quienes mostraron las intenciones más firmes.

Un primer detalle del poco interés de D’Groupe en que se dieran corridas de toros lo muestra el hecho de que el precio de alquiler por tarde pasó de 18 a 130 millones de pesos. “Nos aumentaron en el mil por ciento el valor”, enfatiza Cediel, pese a lo cual, ya unidos y constituidos como Consorcio Colombia, el ganadero y los mexicanos decidieron seguir adelante, con extrema prudencia y siempre cuidando de “cumplir todas las exigencias que D’Groupe nos planteaba”.

Entre tales exigencias estaban, como ya se anotó, la de hacer el pago anticipado de la totalidad del arriendo, la de no hacer pública la celebración de la temporada hasta que dicho dinero fuera abonado y de incluir la cláusula de no reembolso en el contrato.

Ahora bien, para poder hacer cualquier anuncio público, el Consorcio Colombia tuvo que hacer otra importante inversión de dinero, entre otros aspectos, para comprar los tiquetes para los toreros y abonarles un adelanto de honorarios como garantía de cumplimiento; para la compra de los encierros a los ganaderos y para la contratación de la logística, que no es pequeña en una corrida de toros.

Tras el temor inicial por el riesgo asumido reinó el optimismo, pues a decir de Cediel, “el movimiento entre los abonados y las llamadas a La Tiquetera nos permitieron calcular que tendríamos una asistencia promedio de 6.000 personas por tarde”.

Revienta la polémica

La alegría de los taurinos duró poco. El miércoles finalizando la mañana, mediante un video de 48 segundos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció que no habría temporada taurina.

“Desde Medellín hemos trabajado por el bienestar animal y lo seguiremos haciendo”, comenzó diciendo antes de sentenciar: “No habrá temporada taurina en Medellín”.

No habrá temporada taurina en Medellín.
Hemos trabajado por el bienestar animal y lo seguiremos haciendo. pic.twitter.com/90tHBfS7c0

— Federico Gutiérrez (@FicoGutierrez) 9 de enero de 2019

Gutiérrez explicó que “aunque desde la Alcaldía de Medellín somos socios minoritarios de La Macarena, se han sostenido reuniones con los socios y ya el operador ha desistido arrendar el escenario para dicha actividad, lo cual celebro”.

Muchos taurinos interpretaron la intervención de Gutiérrez como una prohibición. Pero la secretaría general de la Alcaldía, Verónica de Vivero, le dijo a EL MUNDO que “claramente él anunció que fue el operador el que decidió no arrendar”, cuando se le cuestionó por qué había sido el Alcalde y no D’Groupe quien hiciera el anuncio.

Por cierto, EL MUNDO intentó comunicarse con varios de los socios de D’Groupe para confrontar lo expuesto por Cediel, pero ni llamadas telefónicas ni mensajes de Whatsapp fueron respondidos.

Y frente a la información entregada por ella a otros medios, en el sentido de que D’Groupe había desistido por no existir un contrato firmado, lo cual, como ya se dijo, fue desmentido por Cediel, la secretaria General dijo tajantemente que “en reunión sostenida con ellos así lo manifestó el operador”.

Frente a la tesis de los taurinos de que existe una prohibición, la secretaria Verónica de Vivero señaló que esto no es así puesto que “prohibir es expedir un acto administrativo que impide realizar alguna actividad o expresar la imposibilidad de hacerlo”.

Sin embargo, frente a la existencia de un fallo de la Corte Constitucional de febrero de 2015, en el que revisa la sentencia T-296/13, mediante el cual se restituyó la Plaza de Toros de Santamaría de Bogotá para corridas de toros “de acuerdo a lo establecido en la Ley 916 de 2004”, expresó que “conocemos perfectamente la sentencia de la Corte y somos respetuosos de ella y por ello en 2016, 2017 y 2018 se realizó la feria, aun teniendo como Administración la  posición de protección y defensa de los animales”.

Y enfatizó: “No estamos violando la jurisprudencia ya que en ningún momento nosotros prohibimos la realización de las corridas. La decisión fue del operador”.

Cabe anotar que en la misma ley aparece reconocida como plaza de toros de primera categoría La Macarena, por lo que un sector de  los aficionados insiste en que ese fallo es aplicable a Medellín, ciudad donde la tradición de ciclos feriales data de 1968, cuando la empresa Tesma inauguró la Feria Taurina de La Candelaria, que en 1992 pasó a ser la Feria Taurina de La Macarena.

Finalmente, el ganadero Alberto Cediel  reconoció que se están analizando los pasos a seguir en términos judiciales por el incumplimiento del contrato por parte de D’Groupe, pero en su fuero interno está convencido de que tiene más argumentos para que la Procuraduría intervenga en este caso, debido a que la Alcaldía es dueña del 49% de la Plaza, a que el alcalde sostuvo reuniones con D’Groupe previas al desistimiento del contrato y a que D’Groupe recibió el dinero pese a que, según ellos, no hay contrato, “lo que convierte a la Alcaldía automáticamente en captadora de ese dinero”.

Algunas reacciones

Enrique Peñalosa, alcalde de Bogotá

En Medellín ell dueño mayoritario de la plaza LaMacarena decidió no alquilarla para corridas de toros. Desafortunadamente en Bogotá una orden de la Corte Constitucional nos obliga a alquilar La Santamaría para estos espectáculos que rechaza la mayoría de los ciudadanos

— Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) 10 de enero de 2019

“En Medellín el dueño mayoritario de la plaza La Macarena decidió no alquilarla para corridas de toros. Desafortunadamente en Bogotá una orden de la Corte Constitucional nos obliga a alquilar La Santamaría para estos espectáculos que rechaza la mayoría de los ciudadanos”. En su cuenta de Twitter.

Felipe Negret, exempresario taurino de Bogotá

“La decisión del alcalde Federico Gutiérrez de prohibir las corridas de toros en Medellín, no deja de ser una alcaldada, parece que sigue los pasos de Gustavo Petro: el prohibicionismo, la arbitrariedad y el irrespeto a la ley y la constitución.

Viola varias leyes, una, el primer acto oficial del alcalde Gutiérrez cuando tomó posesión fue respetar la ley y hacerla cumplir y está incumpliendo la ley 916 de 2004, segundo el deber de todo funcionario público de ser imparcial frente a las leyes, de tal manera que lo que ha hecho es violentar la ley y las sentencias de la corte constitucional”.