La Superintendencia de Puertos y Transporte ordenó a los 742 Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) tener implementado, a partir del pasado 18 de diciembre, el Sistema de Control y Vigilancia en Línea (Sicov), con el cual la entidad busca frenar la expedición irregular de certificados de cursos de conducción, garantizando que escuelas y estudiantes cumplan con los requisitos establecidos en el proceso de enseñanza, para evitar que –a través de prácticas fraudulentas– se sigan certificando personas sin los conocimientos exigidos para conducir por las vías del país.

“Nos vimos obligados a implementar este sistema en los CEA’s, porque en las visitas de inspección encontramos que algunas escuelas y estudiantes se confabulan para no cumplir con las horas de clase exigidas. Por ejemplo, en una visita realizada en julio de este año, hallamos planillas de clases para los próximos meses firmadas por estudiantes recién inscritos en el curso; también encontramos centros que no tenían cómo justificar los certificados que habían expedido en el periodo de tiempo auditado, ya que no tienen la capacidad operativa para atender dichos cursos”, denunció el superintendente Javier Jaramillo.

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A partir de ahora, el CEA debe abrir en el Sicov un expediente virtual de cada estudiante, registrar datos personales y digitalizar el documento de identidad, foto y huellas, valiéndose de dispositivos tecnológicos de reconocimiento biométrico conectados directamente al Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y a la Registraduría General de la Nación, con los que se determinará si la persona que contrató el curso realmente es la misma que recibirá el certificado para conducir, evitando así fraudes en el proceso. La entidad reveló que durante los dos primeros días de operación del sistema, los CEA’s registraron un promedio de 2.800 alumnos, que ahora adelantarán su proceso de capacitación bajo un estricto control.

Además del registro inicial del usuario, estas herramientas tecnológicas permiten al Sicov realizar un estricto monitoreo y trazabilidad del desarrollo de los cursos, exigiendo un registro en línea junto con la validación biométrica (huellas) de la identidad de cada instructor y estudiante, antes y después de cada clase teórica o práctica, en dispositivos instalados en cada aula y vehículo de enseñanza de la escuela, que permitirán saber en tiempo real si se está cumpliendo a cabalidad con el proceso de enseñanza.

Jaramillo advirtió que el fraude en este proceso de certificación (se expiden más de 800.000 certificados al año: 47% para motos) tiene un impacto directo sobre la accidentalidad vial, ya que existen conductores que obtuvieron los certificados de forma irregular, por consiguiente no tienen la formación e idoneidad para conducir, lo que aumenta las posibilidades de accidentalidad.

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“Los accidentes de tránsito en 2016 dejaron 7.158 muertos: este año, según Medicina Legal, van 5.803. Acabar con la corrupción en la expedición de certificados en los CEA’s, con el mismo éxito que ya lo hemos hecho en los Centros de Reconocimiento de Conductores (2015) y en los Centros de Diagnóstico Automotor (2016), se constituye en un aporte clave para mejorar la seguridad vial”, agregó el funcionario.

 Durante los últimos tres años, la entidad ha realizado cerca de 1.000 visitas de inspección a CEA’s y en este mismo periodo ha investigado 439, de los cuales ha sancionado a 175, con cancelaciones de la habilitación, multas por $450 millones y suspensiones entre seis y 24 meses. Las ciudades con más centros investigados son Bogotá (60), Cali (trece), Barranquilla (siete), Villavicencio (siete), Medellín (seis) e Ibagué (seis).