Sin sombra de duda, es preciso disponer de una ley para que las bandas criminales y otros grupos ilegales se sometan a la Justicia, como otra opción para cimentar una paz duradera y estable. Lo sucedido recientemente en la ciudad de Medellín en relación con el asunto no puede opacar el debate; por el contrario, debe concitar capacidades y voluntades de toda la sociedad colombiana.

Pero que no se repita el error de avanzar sobre este tópico de espaldas al país, o sobre bases engañosas. Además, si se trata de implementar los acuerdos de La Habana en cuanto a evitar que las organizaciones criminales se consoliden en territorios de otrora dominio guerrillero, que sea por iniciativa del Gobierno Nacional y de la Fiscalía que se adopte un modelo de sometimiento, para evitar interpretaciones y manejos no coincidentes con ese objetivo. Que se consolide el debate público con arreglo a las disposiciones legales e institucionales, y que el Gobierno sea el inicial destinatario de la propuesta que surja, para que introduzca los cambios que crea necesarios antes de su presentación al Congreso de la República.

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A propósito: no entendemos la razón para que sectores del Centro Democrático aparezcan tan interesados en llevar un proyecto de ley de esa envergadura al Congreso de la República, si mantienen la cantinela de que volverán trizas los acuerdos de paz si triunfan en las próximas elecciones. ¿Entonces qué? ¿Están o no de acuerdos con la implementación de los acuerdos de paz?

El sometimiento a la Justicia, sin ser un acuerdo de paz, no se opone al combate frontal de todas las expresiones del crimen organizado, que puede verse como un complemento del accionar de las autoridades por desmantelarlas. Estas, junto con la sociedad y aún los mismos delincuentes, saben del cúmulo de aprendizajes que han arrojado procesos similares, como para creer que los ilegales podrán manipular o burlar la norma que se adopte, como ocurrió en tiempos de Pablo Escobar o más recientemente con los paramilitares, principalmente por los errores del gobierno de turno.

Ahora bien, un proceso de sometimiento debe tener como foco la desarticulación total de esas estructuras criminales y la reparación integral de las víctimas, el derecho a conocer la verdad, la no repetición y el desmonte de los negocios ilícitos, al igual que la consolidación institucional en todos los rincones del país.

Pero no podemos llamarnos a engaño; no se puede perder de vista que existen sectores criminales que, al lado de algunos políticos y empresarios, no están interesados en una política de sometimiento porque perderían el inmenso poder que derivan de las rentas ilegales, al igual que su incidencia en el ámbito económico y político; así que buscarán torpedear cualquier iniciativa.

Tampoco se pueden adelantar gestiones con grupos ilegales, o sus representantes, sin el aval y el monitoreo de los órganos de justicia, y soslayando los preceptos legales. Además, que una política de sometimiento no signifique una especie de respiro para los ilegales, frente al acoso de las autoridades. Ha de servir para evitar la pauperización del proceso de paz, o que se repita la experiencia del proceso centroamericano. También, para consolidar la paz urbana y poder atender los problemas estructurales derivados de tantos años de control territorial de estas agrupaciones, reducir los niveles del microtráfico, desmontar gran parte de las rentas ilegales, combatir la corrupción y castigar la alianza de funcionarios con delincuentes. Además, que permita abordar problemas descuidados por causa del conflicto armado como es el caso del sistema penitenciario y carcelario.

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