En manos de tres magistrados del desprestigiado CNE, Renato Contreras, Luis Guillermo Pérez y Doris Méndez, está el encargo jurídico de que se indaguen –por fin– posibles movimientos irregulares de dinero para la segunda vuelta de 2014 en la campaña presidencial reeleccionista de Juan Manuel Santos. Particularmente me alegra ello, porque es muy mezquino ver solo en la cárcel al chivo expiatorio de Roberto Prieto (quien trabajó en la campaña presidencial de Santos en 2010, dirigió la de su reelección en 2014 y recibió 62 meses de prisión), y que se asevere que su privación de la libertad es por delitos diferentes a las campañas presidenciales de marras. Me pasa por la mente, el proceso 8.000 de Ernesto Samper, que tuvo como chivos expiatorios a Fernando Botero Zea y Santiago Medina y del cual, merced al fiero escudero Horacio Serpa, se libró Samper (así el país lo condene sin atenuantes), tras manejarle una absolución ludibriosa con archivo de cargos en la Cámara de Representantes por 111 votos a favor frente a 43 en contra.

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Se habla de $ 3.850 millones que ingresaron en fajos a esa campaña santista para la segunda vuelta de 2014. El fiscal general de la nación, entregó la prueba de un testigo (Andrés Sanmiguel) quien asegura que la firma Gistic Logistic Soluciones Integrales, de su propiedad, fue usada para recibir ese dinero oscuro (estiércol del diablo), billete que fue movido por Esteban Moreno. Los tres magistrados de los sendos partidos: Centro Democrático, Movimiento Independiente y Partido Liberal (vergonzoso que sean presentados con sus rótulos de adscripción política), tienen la palabra de si hay mérito o no, para abrir la investigación, aunque las pruebas están por costalados. No podemos olvidar que  el finado controller de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano, había aludido a esa empresa dentro de la acusación de irregularidades en el Consorcio Ruta del Sol (Consol). Todo, pues, equivale a impactar acerca del ingreso de aportes de Odebrecht a la campaña presidencial de Santos 2014.

Claro que se me oscurece el mundo, cuando recuerdo que el magistrado Armando Novoa, del CNE (quien afirmó una vez que este Consejo trabajaba apenas ocho horas al mes), en el año 2017 ventiló la caducidad de los presuntos dineros de la campaña presidencial Santos de 2010 y se plegó a la disposición que estriba en que después de tres años, las cuentas de las campañas caducan. Atrás quedaron, pues, dineros para afiches, folletos y otras yerbas, porque entre otras cosas, dizque no existía como delito electoral el tope de las campañas políticas (la fiscalía mencionó que Sancho BBDO entregó USD$ 1 millón a la campaña Santos). De nada valió que hubieran reclutado pruebas de interceptaciones, en donde Prieto pedía dineros non sanctos para tapar huecos de las campañas de Juan Manuel Santos. Prieto hablaba sin tapujos con Eduardo Zambrano y Andrés Giraldo, y con tres miembros del comité financiero. Ahí están las grabaciones.

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De esto sí no se ocupa el monotemático Daniel Coronell en sus columnas. Ni Danielito Samper, María Jimena Duzán o Yohir Akerman. Menos, Patricia Lara, Cecilia Orozco o Antonio Caballero. Los colombianos exigimos una investigación exhaustiva, porque estamos cansados de los chivos expiatorios (Prieto, Botero y Medina). Odebrecht tejió la mayor red de sobornos extranjeros de la historia, en donde 12 países recibieron USD$ 788 millones a cambio de contratos de infraestructura pública entre 2001 y 2016. En Colombia, el escándalo apenas ha rozado a Juan Manuel Santos, le ha hecho cosquillitas. El exsenador Otto Bula -actualmente preso por haber recibido USD$ 4,6 millones en supuestos sobornos de Odebrecht- denunció pagos ilegales de la empresa brasileña a las campañas electorales de Santos en 2010 y 2014. Queremos la verdad, no más cortinas de humo. Que absuelvan o condenen a Santos, pero con investigaciones vertiginosas, profundas y sin contemplaciones.