Este lunes se cumple un año del triunfo del NO en el plebiscito promovido por Santos con el propósito leonino de que los ciudadanos acogieran el acuerdo con las Farc. Los colombianos no hemos olvidado que, a pesar de la asimetría de la convocatoria, montada sobre el gasto de infinitos recursos, desinformación y amenazas, la mayoría rechazó el pacto. En democracia, la voluntad popular, el principio de mayoría es la regla de oro para tomar decisiones, porque la soberanía reside en el pueblo.

Tampoco hemos olvidado que el presidente, en contubernio con sus aliados en el Congreso y las altas cortes, impusieron, de todas maneras, un acuerdo espurio, que, entre otras cosas, entroniza la Justicia Especial para la Paz, jep, blinda el acuerdo y premia a criminales de guerra y de lesa humanidad con curules en el parlamento.

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Nada, que en el fondo la mayoría de los colombianos no esperáramos, habida cuenta del talante de Santos, que llegó al poder traicionado el mandato que había recibido; que conspiró para sacar a Andrés Felipe Arias de la carrera presidencial y para que fuera condenado a injustamente a diez y siete años de prisión y ha hecho todo lo posible para que lo extraditen. Que obtuvo la Presidencia mediante fraude, producto de obscuras maniobras de la Registraduría y de la compra de votos, con recursos provenientes de firmas como Odebrecht (que, no es sino la punta del iceberg de los dineros obscuros que entraron en esa campaña, por ejemplo, de los aportados por la mafia), como lo prueban Otto Bula y Ñoño Elías, y del presupuesto nacional, repartiendo mermelada a diestra y siniestra a los congresistas afectos. Que se valió de la mayor práctica continua de corrupción en la historia institucional de Colombia, para, otra vez, mediante el uso de mermelada, alinear las votaciones en el Congreso de los actos legislativos, usando el fast track. Que impuso magistrados de la Corte Constitucional para darle el visto bueno a dichos actos; que se conjuró con magistrados de la Corte Suprema, hoy acusados de corrupción, como Malo, Ricaurte y Bustos, presuntamente jefes del cartel de la toga, para perseguir a los uribistas y abrirle paso al acuerdo; que hizo nombrar al anterior fiscal para implementar la policía política contra la oposición. Que, mediante contratos y nombramientos, puso al Consejo de Estado a darle luz verde al pacto con las Farc en el congreso.

Estamos llegando a un punto de no retorno. Si no reaccionamos, acaban con la democracia y con la oposición democrática. Por eso, apoyo la iniciativa que parlamentarios del Centro Democrático, encabezados por Paola Holguín, Paloma Valencia y Álvaro Hernán Prada, comenzaron a promover. Se trata de un referendo, que por la forma en que se presenta, siguiendo la Constitución, no tendría que pasar por el congreso ni la Corte, con el propósito de derogar tres actos legislativos: La Justicia Especial para la Paz, Jep; la incorporación a la Constitución del acuerdo con las Farc y la participación política de criminales de lesa humanidad .

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Ríos de tinta se han vertido ya criticando la Justicia Especial para la Paz, por lo tanto, baste decir aquí que ese engendro desarticula la justicia colombiana a la que le introducirá un cuerpo extraño que terminará por destruir nuestro Estado de Derecho; que va más allá de los principios generales de derecho al uso en la cultura Occidental, al arrogarse la potestad de reabrir casos juzgados, otorgar impunidad a los miembros de las Farc, aunque hayan cometidos crímenes de guerra y de lesa humanidad y perseguir a la oposición, acusándola de enemiga de la paz y de “paramilitar”. Que esto es así, lo prueban los nombramientos hechos por los tres extranjeros, una farmaceuta y una profesora universitaria, todos simpatizantes o miembros de la extrema izquierda. Entre los nuevos “magistrados”, hay gente abiertamente antiuribista y amiga de las Farc y del gobierno, incluso, varios de ellos, contratistas o antiguos funcionarios del ejecutivo, o magistrados cercanos a Santos. Y la cosa es tan fuerte que ya Santos comenzó con un decreto a poner en marcha la JEP, a pesar de que no ha sido reglamentada por el congreso, ni superado el control de la Corte Constitucional, porque sabe que, finalmente logrará sus objetivos (ojalá me equivoque).

El blindaje es un engendro que pretende establecer hasta por 15 años la obligación de respetar un acuerdo que, claramente es el resultado de un golpe de estado. Y la participación política a criminales del tipo descrito, simplemente viola los compromisos colombianos con la justicia internacional, en especial, el firmado con la Corte penal internacional.

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Es urgente recoger las firmas necesarias -más de un millón setecientas mil- para poner en marcha el referendo para que, a más tardar en mayo, podamos decidir sobre estos tres puntos, de manera que, si se aprueba su derogatoria, se reversen y se abra la oportunidad, bajo el nuevo gobierno, de derogar los acuerdos en estos puntos, y modificar otros cuando sea necesario. Se trata de andar el camino desde ahora para facilitar el trabajo del nuevo presidente.