El Gobierno español aplicará la Constitución para asumir funciones que ejercen las autoridades de Cataluña y restablecer así la legalidad, después de que el presidente regional, Carles Puigdemont, avisara este jueves que el Parlamento catalán podría votar la independencia si no hay diálogo.

Un Consejo de Ministros extraordinario presidido por Mariano Rajoy aprobará el sábado medidas para "proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña" y restaurar la legalidad en la región, según las previsiones del artículo 155 de la Constitución.

Ese artículo establece que, si una autoridad autonómica no atiende el requerimiento para volver a la legalidad, el Gobierno aprobará un decreto con medidas concretas para asumir competencias regionales, que enviará al Senado para su autorización y aplicación efectiva.

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Puigdemont comunicó hoy por carta a Rajoy que, si éste "persiste en impedir el diálogo", el Parlamento regional "podrá proceder a votar la declaración formal de independencia" de Cataluña.

Al terminar el segundo y último plazo del requerimiento que le había enviado Rajoy, el líder catalán agrega en la carta que el Parlamento regional "no votó el día 10" la declaración de independencia y, según asegura, su "suspensión continúa vigente".

Ante esta respuesta, el Ejecutivo español "constató" en un comunicado la negativa del presidente catalán a atender el requerimiento y en consecuencia, "continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña".

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Sería la primera vez que se aplicará ese artículo en los 39 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución española de 1978.

En ese requerimiento, se pedía al presidente catalán que aclarase si alguna autoridad de Cataluña había declarado la independencia y se le instaba a restituir el orden constitucional en la región.