Cuatro meses después de huir de la Justicia española y acusado de rebelión y sedición, entre otros delitos, el expresidente catalán Carles Puigdemont renunció este jueves a su investidura y desde Bruselas propuso en su lugar a Jordi Sánchez, número dos de su lista y ahora en prisión preventiva.

Tras conocerse el anuncio de Puigdemont, el Gobierno español aseguró que esta renuncia ha sido posible gracias a la determinación del Ejecutivo central de utilizar todos los recursos a su alcance para impedir una investidura a distancia de un fugado de la Justicia española, algo que habría sido una "burla" a la legalidad vigente.

Aunque el adiós de Puigdemont se daba por hecho desde hace días, apenas hasta esta fecha el expresidente catalán hizo oficial su renuncia a través de un vídeo difundido en redes sociales, allí precisa que retira "de manera provisional" su investidura y, en su lugar, propone el nombre de Jordi Sánchez, número dos de su lista y ahora en prisión preventiva.

Puigdemont ha pedido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que inicie lo más pronto posible una "ronda de contactos" para proponer a Sánchez como "nuevo candidato como presidente del Gobierno autonómico", lo que puede desencadenar más tensión con el Ejecutivo, ya que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo el martes que es "difícil" pensar en un presidente autonómico que esté "en prisión".

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Puigdemont ha argumentado que la decisión de renunciar por ahora a su investidura -bloqueada de momento por las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Constitucional- responde a una sola razón: "En las actuales condiciones, esta es la única manera para que se pueda acordar un nuevo gobierno lo más rápidamente posible".

Por otra parte, Puigdemont argumentó "una demanda contra el Estado español ante el Comité de los Derechos Humanos de Naciones Unidas", para denunciar la "violación" de sus derechos.

Para el Gobierno español, el hecho de que Puigdemont haya asumido que no va a ser presidente de la Generalitat ha sido posible gracias a la determinación del Ejecutivo de utilizar todos los recursos a su alcance para impedir su intención de ser investido a distancia desde Bruselas, algo que ya prohibió el Tribunal Constitucional.

Fuentes del Gobierno español insistieron en que Cataluña necesita tener cuanto antes un presidente de la Generalitat en condiciones de gobernar y atender debidamente a la gestión de los asuntos que interesan a los ciudadanos.

Respecto al resto del discurso de Puigdemont, las fuentes citadas señalan que no hay más comentario que hacer salvo que el Gobierno seguirá velando por el respeto a la legalidad, incluido el uso correcto del dinero público.

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"Un fugado de la justicia no va a vivir a costa del erario", han recalcado las mismas fuentes en referencia a la situación de Puigdemont en Bruselas, donde se encuentra huido de la Justicia española acusado de los delitos de rebelión y sedición, entre otros.

En cuanto a la candidatura de Jordi Sánchez, el Gobierno español ya dijo esta semana que considera "inimaginable" que un preso sea candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, ya que Sánchez está pendiente también de un proceso judicial que puede conllevar, si lo decide la Justicia, "su inhabilitación, su condena".

También es dudoso que el Tribunal Supremo permita a Sánchez acudir al debate de investidura. 

Sánchez permanece encarcelado provisionalmente como sospechoso de sedición por el asedio que la Guardia Civil española sufrió en una operación para impedir el referéndum inconstitucional de "autodeterminación" del 1 de octubre pasado, cuando era presidente de la organización independentista Asamblea Nacional Catalana.

El partido Ciudadanos (liberal y constitucionalista), que ganó las elecciones el 21 de diciembre en Cataluña pero no puede gobernar frente a la mayoría independentista en el Parlamento regional, consideró que con la propuesta de Sánchez los independentistas pretenden "alargar el 'procés', porque es su modus vivendi".

"No están buscando un presidente de la Generalitat, están buscando alargar el 'procés', alargar el lío, sin enfrentarse a la realidad", dijo Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos, quien añadió que los independentistas no tienen apoyo internacional ni cuentan con una "mayoría social" y, sobre todo, "no tienen la razón, porque el nacionalismo es una ideología pasada de moda".