Duque no ha comenzado aun a gobernar y ya tiene una feroz oposición. Petro, Robledo, columnistas desesperados, algún caricaturista que no puede disimular su odio contra Uribe y lo que considera uribista. 
En principio, nada de qué quejarse. En una democracia, la gente tiene derecho a pensar y a expresarse como quiera y la oposición puede elegir el curso de acción que le plazca. Incluso, si se trata del despropósito de oponerse a quien no ha comenzado a gobernar.
Ahora bien, la teoría política -lo he reseñado en varias ocasiones-  distingue entre la oposición leal al sistema, que no comparte las políticas del gobierno de turno, pero respeta y apoya el ordenamiento democrático;  y la que es hostil a éste, caracterizada por utilizar la libertad de expresión y las que le son concomitantes, para destruir el conjunto de libertades y derechos que son la base de un estado democrático, e instaurar una dictadura en la que no se podrá hablar, ni protestar, ni organizarse políticamente, ni movilizarse y en la que la vida no valga nada, como ocurre en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Es la estrategia leninista de usar todas las formas de lucha, las legales y las ilegales, para instaurar la dictadura.
Pues bien. Las señales apuntan a que Duque sufrirá una oposición feroz, y que una parte de las fuerzas que harán parte de ella, las de Petro y las que se alineen con éste, intentarán, por todos los medios sabotear el gobierno de Duque para crear las condiciones que los lleven al poder en 2022.

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Duque y sus asesores, me imagino, son conscientes de esto y han sacado los corolarios que este contexto político arroja y han ordenado las prioridades de su gobierno. De un lado tienen claro que el problema principal a resolver para conseguir la estabilidad política de la nación es el del narcotráfico y el de la minería ilegal, que tienen detrás a los mismos protagonistas: los grupos de todo tipo, guerrilleros y otras bandas criminales, que se enfrentan y se coluden según sus necesidades, para mantener el negocio, expandir las siembras y la producción de coca y oro, así como su control territorial. 
Aquí es importante entender que el desarrollo del narcotráfico ha sido tal que ya no sólo se produce para exportar, sino que una cantidad importante de la cocaína y bazuco se está consumiendo en Colombia y centenares de miles de nuestros jóvenes han sido convertidos en drogadictos. No se trata ya, como decían algunos de un problema de Estados Unidos y los otros países consumidores, porque nosotros somos ya un país consumidor en el que nuestra juventud se está perdiendo. Estamos en una emergencia de salud pública que tiende a convertirse en un evento inmanejable. 
Colombia hoy es un archipiélago de señores de la guerra que dominan zonas enteras del país, como la costa Pacífica y Putumayo, Urabá, el Nordeste Antioqueño, el Catatumbo y el Guaviare. Pero también se apoderan de las ciudades, grandes, medianas y pequeñas, a través del control del microtráfico, usando para ello las bandas que están a su servicio. En las ciudades, la lucha por el control territorial de esos grupos también es a muerte. 
El combate contra el narcotráfico y la minería ilegal no da espera y tendrá que realizarse desde el primer día del gobierno, con todas las estrategias posibles de erradicación y sustitución. Recuperar la confianza y el mando de las Fuerzas Armadas y de Seguridad es indispensable. La reacción de los narcotraficantes de todos los pelambres no se hará esperar. Son previsibles las movilizaciones forzadas, los paros, y otras formas de presión y de violencia. Pero si la institucionalidad no recupera la soberanía interna, por supuesto, con el más escrupuloso respeto a los derechos humanos, no tendremos país. 
Esta lucha implica también poner a la justicia en la tarea de recuperar a Colombia. No puede haber choques de trenes. Es necesario acordar con la rama judicial, las reformas necesarias para que ella funcione imparcialmente, no se politice y coopere con el ejecutivo y el legislativo, tal como lo pide la constitución. Esta reforma también es indispensable para librar la lucha contra la corrupción y lograr el imperio de la ley. Ojalá esta reforma consensuada sea posible, si no, Duque tendría que explorar otras vías de reforma legalmente posibles.
Pero la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal debe darle una salida digna a los miles de campesinos que están involucrados en esas actividades ilegales. Hay que traer a la Colombia moderna, la Colombia profunda para cumplir con el deber de la equidad. Es de suponer que ya hay una estrategia para eso, que sería bueno que se conocieran.

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Y en la medida en que se desarrolle este combate, hay que aplicar las promesas del presidente Duque en el campo de la economía y el bienestar. Se comprometió a bajar los impuestos, subir el salario de los trabajadores y generar empleo formal. También habló de que las reformas en el sistema pensional no afectarían los derechos adquiridos de la clase trabajadora y de la clase media. Hay que cumplir. Esa es la receta para ganar el apoyo de los ciudadanos. Se necesita una base social sólida para enfrentar la embestida de los narcotraficantes y el asalto al poder de la oposición desleal en cabeza de Petro en 2022.