En el concierto nacional el departamento de Antioquia no solo aparece signado por un enorme riesgo electoral, sino que es escenario de conflicto mayor con grupos al margen de la ley. Al accionar del Eln se suma el de las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, los Caparrapos, los paramilitares con diversas denominaciones, los carteles de la droga con incidencia de narcotraficantes mexicanos; bandas, combos y demás delincuencia organizada.

Es bien llamativo que, a mayor corrupción, estas presencias se perciban más empoderadas, para poner al descubierto su capacidad de penetración en los territorios y en la institucionalidad.

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Impresiona el creciente envío de droga por diferentes regiones y cordones de movilidad dominadas por estos grupos, sin que la fuerza pública esté en capacidad de contener el fenómeno, aunque no se pueden desconocer los certeros golpes producidos que, sin embargo, no logran impactar el negocio como tal. También prospera la entrada de modernas armas, lo que demuestra que estamos ante grandes empresas criminales que ejercen control territorial y han logrado diseminar sus finanzas por todo el sistema económico antioqueño.

En el Valle de Aburrá el conflicto se focaliza en el municipio de Bello, con presencia de poderosas bandas: los pachelly, los mesa, niquía camacol, entre otras. La primera en su enfrentamiento con los mesa han producido más de 70 muertes este año; pero todas dominan vastos territorios de la zona norte del Valle de Aburrá. Además, en la subregión prospera el lavado de activos, el microtráfico y el control territorial en algunas comunas y barrios. Según informes de inteligencia, una sola banda tiene más de 1.500 jóvenes a su servicio.

El Nordeste minero registra un notable crecimiento de los cultivos ilícitos, preocupante realidad que difiere de las cifras que al respecto presenta la Gobernación. Además, avanza la extracción de oro de manera ilegal; el Eln cuenta con los frentes héroes de Anorí y capitán Mauricio, que cobran extorsiones y vacunas a esta actividad, mientras que los narcotraficantes y el Clan del Golfo entran en esa disputa.

En el Bajo Cauca se perdió mucha posibilidad de control institucional y en los municipios de Cáceres, Tarazá, El Bagre y Nechí, unidos con Anorí (Nordeste) y Valdivia (Norte) se ha concentrado más del 70% de los cultivos ilícitos. A ellos se suma Caucasia en el registro del desplazamiento: 81 % del acumulado en el departamento en 2017; el fenómeno se sigue incrementando.

En el Norte están las disidencias de las Farc, bloque 36 y 18, el Eln y el clan del golfo, y crecen los sembrados de coca. La delincuencia se tomó parte de los territorios abandonados por las Farc en su desmovilización, aprovechando la lentitud del Estado para ejercer institucionalidad.

En Urabá persisten importantes corredores de movilidad por donde sale coca y entran armas. Uno de ellos, que pasa de Mutatá hacia el océano Pacífico, pone en riesgo la reincorporación de los desmovilizados de los antiguos frentes 5 y 34 de las Farc. Es fuerte la presencia del clan del golfo. Han disminuido los cultivos de coca a excepción de Turbo, pero crecen el narcotráfico, la extorsión y las rentas ilegales.

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Este preocupante, aunque limitado registro de la convulsionada región antioqueña lleva a demandar que el próximo gobernador sea un líder experimentado, que conozca bien esta y otras problemáticas, y que acompañe a los diferentes alcaldes en la misión de lograr mayor control institucional y a mantener la lucha contra la corrupción. Aquí surge un nombre como seguro garante para enfrentar y superar este viciado panorama: Aníbal Gaviria Correa.