Cataluña, con 7,5 millones de habitantes, vive en los últimos años un impulso del independentismo, con una reivindicación permanente de un referéndum por una parte de la clase política para decidir si los ciudadanos quieren permanecer o no en el Estado español.
La Guardia Civil española detuvo hoy a 14 personas, entre ellas altos cargos de la administración regional de Cataluña, en una operación para impedir el referéndum secesionista convocado por el Ejecutivo catalán para el 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional.
"Estaban avisados", afirmó el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien insistió en que las autoridades regionales catalanas "sabían que el referéndum no se podía celebrar porque es liquidar la soberanía nacional y el derecho que tienen todos los españoles a decidir lo que quieren que sea su país".
"No hay ningún Estado democrático en el mundo que acepte lo que están planteando estas personas", declaró el mandatario después de conocerse la operación contra los promotores del referéndum independentista.
Sin embargo, el Gobierno regional catalán insiste en celebrar ese referéndum independentista que convocó de manera unilateral, pese a que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional al considerarlo contrario a la ley.
El presidente regional catalán, Carles Puigdemont, llamó a los ciudadanos a votar en el referéndum para responder al Ejecutivo español, al que acusó de "aplicar de facto un estado de excepción" y "suspender" la autonomía de Cataluña.
Puigdemont convocó de urgencia este miércoles a su Gobierno después de que la Guardia Civil llevara a cabo varios registros en diferentes departamentos de la administración catalana y detuviera a catorce personas por su supuesta vinculación con la consulta independentista, entre ellas varios altos cargos.
Entre los detenidos figura el número dos de la consejería de Economía, Josep Maria Jové, el secretario de Hacienda, Lluís Salvadó y responsables de Telecomunicaciones y Asuntos Sociales de esa región española.
En el amplio dispositivo desplegado por la Guardia Civil para impedir la consulta de octubre, además de las detenciones, los agentes registraron las consejerías regionales de Asuntos Exteriores, la sede de Vicepresidencia y Economía, Trabajo y Asuntos Sociales, así como la sede del partido parlamentario CUP, también secesionista.