La Ley 30 de 1991 y el Decreto 1075 de 2015 ubican a los programas de maestría como el escenario para la formación de los investigadores; mirando de manera retrospectiva la educación superior, se aprecia una involución en el rigor, los fines de la formación y las condiciones para la realización de este tipo de programas en el país.
Hace dos o tres décadas la oferta de los programas de maestría estaba vinculada con la existencia de grupos de investigación, la formulación de macro proyectos de investigación y la existencia de financiamiento para otorgar becas a los estudiantes (la financiación cubría el pago de matrícula y una manutención mensual durante el tiempo de duración de los estudios); era usual que los estudiantes de maestría tuvieran una dedicación de tiempo completo a sus estudios y en el mejor de los casos estaban dedicados exclusivamente a la investigación; programas como el auspiciado por el Icfes-BID (programa para el desarrollo de la capacidad investigativa en Colombia) financió la modernización de la infraestructura de universidades públicas y privadas, propició el intercambio de expertos internacionales y la movilidad de profesores y estudiantes para que ampliaran su formación en prestigiosas universidades extranjeras; la exigencia del programa Icfes-BID a las universidades fue crear bancos de becas completas para estudiantes de programas de maestría y doctorado. En toda esta política el foco fue siempre el profesorado universitario.
Con el advenimiento del concepto de maestrías de profundización, las universidades fueron replanteando las exigencias y las condiciones de estudio de sus estudiantes, lo que permitió la proliferación de programas en las universidades colombianas y el aumento de la matrícula. La consecuencia de esta política es que en la actualidad son pocos los programas de maestría que demanden dedicación de tiempo completo a sus estudiantes y mucho menos dedicación exclusiva, las instituciones no se ven obligadas a tener proyectos de investigación en marcha, como forma de tener recursos para sostener estudiantes, ni ampliar la capacidad académica y científica de la Institución; en el mejor de los casos las becas que se ofrecen solamente cubren los costos de matrícula. El aumento de la cobertura en los programas de maestría ha requerido que las universidades soporten los procesos docentes y de investigación en profesores contratados en la modalidad de hora cátedra, reduciendo de manera significativa la presencia de los grupos de investigación y los profesores de planta de las universidades en la dirección de los trabajos de investigación.
Educación es un sector en donde más se ha visto este retroceso, no sólo producido por lo sucedido en el contexto de los programas de maestría en otras áreas de conocimiento, sino también ocasionado por políticas públicas impulsadas desde el Ministerio de Educación Nacional y las secretarias de educación territoriales, que están aportado recursos financieros para cubrir los costos de matrícula de docentes de instituciones educativas (escuelas y colegios) con el fin de que puedan cursar los programas de posgrado. En el gobierno del presidente Santos se creó un fondo de becas para formar quince mil docentes en programas de maestría en la modalidad de profundización, en el contexto de universidades que contaran con acreditación institucional de alta calidad (Becas de Excelencia Docente). El impacto de este programa sobre las universidades ha sido dramático en la medida que han tenido que recibir un contingente de profesores (algunas universidades recibieron entre 100 y 150 docentes por cohorte) para incorporarlos en los programas de maestría, en donde lo usual era recibir un número de estudiantes acorde con los proyectos financiados, los grupos de investigación y el personal de planta disponibles para orientar los trabajos de investigación de los estudiantes.
La Universidad Nacional de Colombia, desde hace una más de una década oferta un programa de Maestría en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales, en modalidad profundización, que ha tenido un importante impacto en el magisterio nacional formando a más de mil maestros; en este proceso la Universidad Nacional de Colombia no ha requerido acreditar grupos de investigación ni investigación de alto nivel en este campo de conocimiento; no ha requerido ampliar su nómina de docentes de planta que dirija los trabajos de investigación de los estudiantes. Detrás de este éxito de cobertura se encuentra la necesidad de los maestros oficiales de resolver su formación posgraduada para poder ascender en el escalafón docente y mejorar su salario (Decreto 1278 de 2002).
Este aumento desbordado de docentes realizando sus estudios de programas de maestría (y en algunos programas de doctorado), está llevando a que universidades extranjeras fijen sus metas comerciales en Colombia, ofreciendo programas de maestría en metodología a distancia o virtual, sin que tengan los mínimos controles del Estado lo que profundiza la distorsión de la formación posgraduada de la que se trata en esta columna.
Finalizo diciendo que valdría la pena que el Ministerio de Educación Nacional y Fecode aborden la discusión sobre las exigencias impuestas en el Estatuto de Profesionalización Docente relacionadas con la formación de los profesores en programas de maestría y doctorado en educación, como mecanismo de ascenso y mejoramiento salarial. Colombia no tiene un sistema universitario capaz de albergar a cerca de 240.000 maestros que requieren cumplir el requisito de formarse en un posgrado para mejorar su posición profesional. Se ha logrado identificar que muchos de los docentes que logran obtener un título de maestría o doctorado, migran a la educación superior en donde aún se requieren profesores con esta preparación.