El presidente Duque respondió con contundencia al atentado terrorista perpetrado por el Eln a la Escuela de Cadetes General Santander de la Policía Nacional. Señaló que este no tiene voluntad de paz alguna, pues “desde cuando se inició el proceso de diálogo, primero en Ecuador y luego en Cuba, el Eln ha perpetrado 400 acciones terroristas que han dejado más de 339 víctimas y más de 100 asesinatos” (www.eltiempo.com), y, en consecuencia, suspendió las negociaciones, reactivó las órdenes de captura internacional a los negociadores que -se supone- están en Cuba y pidió a las autoridades de ese país que los detengan y los entreguen a Colombia para que asuman sus responsabilidades criminales.

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No obstante, dejó una puerta abierta: el gobierno podrá declarar a ese grupo como bacrim, quitándole el estatus político de guerrillero, algo que considerará, pero sólo en un mes, con la intención de enviarle una señal de que una negociación sólo es posible si el Eln libera a todos los secuestrados y pone fin a sus acciones delictivas. Con esta determinación, el balón queda en el campo de la guerrilla: de ella y únicamente de ella, depende que las conversaciones se reanuden. Mientras tanto, el Estado cumplirá con su deber de perseguirla y derrotarla militar y políticamente.

Y en este último plano, las acciones de Duque son de vital importancia. Pronuncia un discurso enérgico, toma medidas para contrarrestar este tipo de violencia demencial, llama a la unidad nacional en la lucha contra el terrorismo y respalda y participa activamente en la marcha nacional contra e terrorismo del Eln que se realizará hoy en las distintas capitales del país. Los ciudadanos han rechazado el atentado y el país., y, por propia iniciativa, decidieron protestar marchando.

En el campo internacional apunta, sin nombrarla, a Venezuela, santuario del Eln, desde donde apoyan y abastecen sus acciones para desestabilizar la democracia colombiana - “denunciará a cualquier Estado que brinde respaldo o permita la presencia de miembros de este grupo en su territorio” (www.elnewherald.com)- y pone contra las cuerdas a los mandamases de Cuba, que se solidarizan con Colombia, pero mantienen bajo su protección a los cabecillas de esa guerrilla.

Duque, además, explica a la comunidad internacional, en reunión con las representaciones diplomáticas en Bogotá, las implicaciones del atentado y la necesidad de construir la paz, pero con respeto a la legalidad, dejando ver con ello, las inconsistencias de la negociación santista con las Farc. Es el comienzo del desmonte de su gran mentira en el escenario global. La verdad es que los colombianos no deseamos la guerra, queremos la paz, pero no con impunidad, porque esta es la madre de todas las nuevas y viejas violencias que nos azotan.

La reivindicación de una paz con legalidad es la enseñanza crucial del acto de terror en la Escuela de Cadetes de la Policía. Se trata de un acto de supervivencia social. En efecto, lo que ocurre sólo puede entenderse bajo la premisa de que el acuerdo de Santos permite, a fortiori, a cualquier actor armado delinquir; es más, lo estimula a hacerlo, porque está seguro de que no tendrá que responder por sus crímenes de lesa humanidad. La amenaza de la bomba mortal y su explosión sembradora de cadáveres tiene la intención de bajar la capacidad de resistencia de la sociedad a la violencia y llevar a los ciudadanos a creer que hay que negociar aceptando todas las condiciones del terrorista para que haya paz.

Nada más iluso y falaz. Lo que se consigue por ese camino es más barbarie, como lo prueba este atentado y las otras 399 acciones criminales del Eln desde que Santos comenzó la negociación sin condiciones. Y, si, en el peor de los escenarios, este tipo de organizaciones llegasen al poder, lo que le esperaría al país sería una atroz dictadura que, a sangre y fuego, en un país convertido en cementerio y cárcel de centenares de miles de víctimas, impondría la paz de los sepulcros. Como sucedió en Rusia, China, Vietnam. Como ocurre en Cuba, Venezuela, Nicaragua…

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Ahora bien. Dicho lo anterior, debo expresar mi sentimiento de que algo falló, y de manera grave, en el trágico suceso de la Escuela de Cadetes. No puedo entender cómo pudo ingresar el carro bomba, por una puerta que se abrió, que no la principal, y de la que salieron unos motociclistas. ¿Cuáles eran la vigilancia y los controles establecidos por los responsables del complejo policial? Y, de fondo, ¿dónde estaba la inteligencia del Estado para prevenir y anticipar este tipo de actos? Probablemente unos y otros habían bajado la guardia. Es, sospecho, otra consecuencia del desastroso proceso de negociación: la desarticulación de la inteligencia del Estado y el descuido en la protección de sus propias vidas. Qué tristeza.