Un proceso judicial por narcotráfico en los tiempos del coronavirus es una formula perfecta para su desastre.
Santrich, como se recuerda, fue capturado porque USA lo pidió en extradición por narcotraficar después de esa fecha, pero la JEP lo impidió
Desde hace muchos años, un sector de analistas de la realidad colombiana viene diciendo que la dictadura venezolana es un cartel narcotraficante con estrechos vínculos con las Farc. Es una relación vieja que se remonta, al menos, a finales del siglo pasado. Las verdades ocultas comienzan a aparecer, por más tierra que los implicados les hayan echado, allá y acá. Para verdades, el tiempo.
Ahora, el sistema judicial norteamericano viene a corroborar este hecho, mostrando, por ahora, parte de estos lazos, en un señalamiento directo a Maduro, Cabello, El Alssaimi y otros mandos venezolanos, con alias iván márquez y alias santrich, antiguos miembros del Secretariado de esa guerrilla, y hoy jefes de las llamadas disidencias y prófugos de la justicia colombiana. Y lo hacen con pruebas específicas en las que se estipula el modo, tiempo y lugar de los delitos de los que se los acusa, se los llama a juicio y se pone un precio por su captura
El Cartel de los Soles ha quedado judicialmente establecido. Venezuela es dirigida por una banda de narcotraficantes que, dicen las pruebas presentadas, se han enriquecido en su relación con las Farc, el principal cartel de la cocaína del mundo.
Esto tiene consecuencias políticas mayúsculas: Maduro y su pandilla ya no son solo una dictadura usurpadora, sino que también han convertido a su país en un estado criminal, en un narcoestado, carente de cualquier tipo alegable de legitimidad. El espacio de maniobra político se le reduce a los estados cómplices como Cuba, Rusia y China.
Las recompensas ofrecidas son de tal calibre que la muelle seguridad de la que gozan estos delincuentes en casa queda amenazada, porque muchos de sus secuaces son fieles al Cartel, pero más fieles al dinero. Así los educaron. Muchos, si no todos, terminarán en una cárcel gringa. Eso es seguro.
Además, tendrán que lidiar con una pandemia que ya se les está saliendo de las manos, en condiciones todavía más difíciles para ellos, en medio del desespero de una población que lo ha aguantado casi todo, pero ahora se enfrenta a la pérdida de su salud y hasta de su vida por un virus que no es madurista, ni manipulable, ni encarcelable, ni amenazable, ni desaparecible, y que se mantendrá ahí, independientemente de que impulse la salida de venezolanos enfermos a Colombia, con el propósito de desembarazarse del problema.
La agresividad del Cartel y sus gritos contra las conspiraciones desde nuestro país que su febril mente se inventa, no le servirán para desviar la atención, ni para resolver sus problemas. Es que un proceso judicial por narcotráfico en los tiempos del coronavirus es una formula perfecta para su desastre.
Esto no quiere decir que Colombia no deba tomar medidas para prevenir, en la medida de lo posible, las agresiones, provocaciones, actos de sabotaje y todo tipo de retaliaciones de las que ya han dado muestra de que son capaces, en medio de las dificultades de nuestra lucha contra la pandemia, que tiene, precisamente, en la frontera oriental un saco roto. Centrarnos en el combate al coronavirus, haciendo oídos sordos y teniendo el cuero duro frente a las acciones desesperadas que vienen del Cartel, hasta donde eso sea posible, tendría que ser nuestra línea de conducta. En este momento, yo me concentraría en el contagio que viene de allá, buscando la manera de atenuarlo. Tomar nota de las acciones judiciales norteamericanas contra el Cartel, pero bajar el tono, no crearles oportunidades de agresión, minimizar los riesgos de confrontación, tomar medidas humanitarias hasta donde sea posible. Ya pasará la pandemia, y si Maduro y su banda sobreviven, habrá la ocasión de asumir ese problema en las nuevas condiciones, de manera más contundente.
En cuanto a las Farc y sus disidencias, la acción judicial de USA las pone en un nuevo escenario. Creyeron que el acuerdo con Santos, especialmente la creación de la Jep les lavaría la cara y los libraría de un juicio penal. Las actividades del narcotráfico anteriores a la fecha de la firma de la negociación, 24 de noviembre de 2016, quedarían amnistiadas, pero las posteriores a esa fecha, no. Santrich, como se recuerda, fue capturado porque USA lo pidió en extradición por narcotraficar después de esa fecha, pero la JEP lo impidió, con una serie de maniobras deleznables y el sujeto terminó liberado y luego se fugó, al ser requerido de nuevo por la justicia, para reunirse con su jefe y socio, Márquez, también prófugo de la justicia, y se fueron para Venezuela.
Los desmovilizados están, entonces amnistiados, salvo que hayan delinquido después del 24 de noviembre del 2016. Pero lo están en Colombia, no necesariamente en USA. Y en los expedientes aparecerán, se ha dicho, una serie de relaciones de personajes de esa organización y de otras de la izquierda afines a ellos, que será muy útil conocer, porque aun si estuvieran amnistiados, o, incluso, si sus nombres no hubiesen aparecido vinculado al narcotráfico, quedaría claro su vínculo con el Cartel de la Toga y su credibilidad se vendría al suelo, independientemente de lo que el sistema judicial de Estados Unidos y el de Colombia hagan. Conocer toda la verdad, será un paso fundamental, ahora que se cuestiona, por parte de esas fuerzas, la manera como se tramita el manejo de la verdad histórica del conflicto. Y arrojaría luces sobre el futuro de la política colombiana de cara al 2022.
Y, si se trata de establecer lo que verdaderamente ha ocurrido en la relación entre la izquierda radical y el Cartel de los Soles de Venezuela, a los fiscales y jueces norteamericanos le falta por investigar la relación entre el Eln y otros grupos con Maduro y su gente. Algún día ocurrirá, me imagino.
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