Pakistán ejecutó este martes a dos presos condenados por terrorismo coincidiendo con la publicación del informe anual de Amnistía Internacional (AI) sobre la pena de muerte, el cual sostuvo que este país "viola el derecho y las normas internacionales" en su aplicación de las condenas a la horca.

Los dos convictos fueron ahorcados a primera hora de esta mañana en la prisión de la ciudad de Sahiwal, informó Atif Nazir, jefe de prisiones de Punyab, provincia donde se realizaron las ejecuciones.

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Nazir indicó que los ejecutados habían sido condenados por actos de terrorismo en tribunales militares, pero no ofreció más detalles acerca de cuándo fueron sentenciados o los delitos concretos que habían cometido.

Informe de ejecuciones de AI

Las ejecuciones se producen el mismo día que AI publicó en su informe anual sobre la pena de muerte en el mundo, que Pakistán ejecutó a 87 personas en 2016, una reducción del 73 % en comparación con 326 del año anterior.

El descenso en las ejecuciones en Pakistán y en Irán, donde cayeron un 42 %, supuso una disminución global del 37 % en la aplicación de la pena de muerte en 2016 con 1.032 personas ajusticiadas en todo el mundo.

Al mismo tiempo, los tribunales paquistaníes condenaron a muerte a más de 360 personas, frente a las 121 de 2015, lo que sitúa en más de 6.000 el número de presos en el corredor de la muerte, según AI.

La organización de derechos humanos denunció que Islamabad usó la pena de muerte "violando el derecho y las normas internacionales" por crímenes que no cumplían el criterio de "los más graves delitos", como la blasfemia.

AI remarcó que los tribunales militares para casos de terrorismo, como los que condenaron a los dos ajusticiados, "no cumplían las normas internacionales sobre juicios justos".

Estas cortes militares entraron en vigor por un periodo de dos años en enero de 2015 tras el ataque talibán a un colegio de Peshawar, en el que murieron 125 estudiantes a finales de 2014 y expiraron en enero de este año.

Sin embargo, el Parlamento paquistaní restableció su vigencia durante dos años más a finales de marzo, a pesar de las críticas de grupos de derechos humanos.

Los tribunales del Ejército han emitido 274 sentencias, 161 de ellas a muerte, en juicios a puerta cerrada y las autoridades han informado hasta ahora de 19 ejecuciones, incluyendo las dos de este martes.