El ataque reivindicado por el grupo talibán Tehrik-e-Taliban Pakistan se dio en la ciudad de Lahore y las víctimas hacían parte de un equipo de censo.
Al menos seis personas murieron y diez resultaron heridas el miércoles en un ataque con bomba contra dos vehículos militares con personal del censo en la ciudad oriental paquistaní de Lahore, reivindicado por el principal grupo talibán del país, el TTP, informaron fuentes policiales.
El ataque ocurrió cuando la bomba explotó al paso de los dos vehículos del censo nacional que transportaban a 18 personas, aseguró el portavoz policial Mohamed Mushtaq, quien estuvo presente en el lugar de los hechos.
Otro portavoz policial de Lahore, Hamad Raza, indicó que seis personas han muerto, entre ellos cuatro militares, y hay diez heridos.
El principal grupo talibán paquistaní, Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), reivindicó la acción en un comunicado enviado a medios de comunicación en el que afirmó que "una unidad especial del TTP realizó un ataque suicida contra un vehículo militar que mandó a muchos siervos de Estados Unidos al infierno".
El primer ministro paquistaní, Nawaz Sharif, expresó en una nota su pesar por la pérdida de vidas humanas de personal del "Ejército que realizaban su labor durante el censo nacional".
Pakistán comenzó a elaborar el 15 de marzo su primer censo de la población en 19 años con un operativo de 118.000 técnicos que cuenta con 200.000 soldados para proporcionar seguridad en el proceso, que se encuentra en su segunda fase y finalizará el 25 de mayo.
Este es el primer ataque mortal contra miembros del censo pero ya habido otros incidentes en las últimas semanas, como el registrado el 21 de marzo en Charsadda, en el norte del país, cuando otro equipo de este dispositivo fue atacado a tiros en un asalto que acabó con un policía herido.
Se trata además del segundo atentado en la capital del Punyab en los dos últimos meses tras el ataque contra una manifestación a mediados de febrero que causó 14 muertos.
El sexto censo del país se hace después de que así lo ordenase el año pasado el Tribunal Supremo y de que el Gobierno afirmara que no era posible elaborarlo sin la ayuda del Ejército, inmerso desde 2014 en un operación militar en las zonas tribales contra la insurgencia.