Un criminal no viola ni mata niños con el Código Penal en la mano. El delincuente actúa siempre bajo el supuesto de que no será sorprendido ni investigado
Marlon Andrés y Sindy Johanna:
Él de seis años y ella de doce. Fueron encontrados torturados y asesinados en Medellín hace una semana. Y colorín horrorizado este cuento se ha acabado. ¿Qué digo? No, no ha terminado ni fueron los únicos cuentos o, mejor, historias de terror. La tragedia para los niños de Colombia no se detiene. Ni empezó ayer...
Hace ya casi dos años, el 23 de septiembre de 2017, escribí: “Aterra que el tema de esta columna sea el mismo de hace apenas cuatro meses (“Perdón, Sarita”) cuando me referí al aberrante caso de Sara Salazar de tan solo tres años quien falleció en Ibagué luego de soportar traumas de todo tipo, abuso sexual, desnutrición y hasta amputación de un dedo en Armero Guayabal, Tolima”.
Y continuaba. “Pues mal. La semana anterior el bebé Miguel Ángel Rivera de dos años (¡Dios!) murió en una clínica de Medellín adonde fue llevado agonizante por su madre. El director del Instituto Nacional de Medicina Legal […] confirmó que el pequeño murió debido a asfixia por sofocación: “Le fueron obstruidas sus vías aéreas, boca y nariz. La manera de la muerte es violenta tipo homicidio, se hallaron signos de maltrato infantil agudo y además signos de violencia sexual sobre el menor””.
El pasado cuatro de agosto, mientras abajo el musical y florido Medellín disfrutaba de la Feria de las Flores, ¡güepajé!, el pequeño Marlon Andrés desaparecía, ¡ay!, muy arriba, en la parte alta de la comuna ocho, centro-oriente de la misma ciudad. Doce días más tarde, su cuerpo sin vida fue encontrado cerca, atado de pies y manos y envuelto en un costal. En un costal…
La semana pasada, miércoles 14 de agosto, en la vereda Pedregal Alto del corregimiento de San Cristóbal en Medellín, fue encontrado el cuerpo inerte de Sindy Johanna Toro de 12 años. Sindy presentaba signos de estrangulamiento y abuso sexual.
Estos dos casos sucedieron en Medellín, pero ocurren en todo el país. Durante los primeros seis meses de este año (2019), fueron asesinados 344 menores de edad: casi dos al día. En el primer semestre de este año, el Instituto de Medicina Legal realizó 10.934 exámenes por delitos sexuales cuyas víctimas fueron menores entre los 0 y los 17 años: 60 diarios. En el 2018 la cifra fue de 22.794 víctimas: 62 cada día. Es aterrador.
Expresa Juliana Pungiluppi, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que la violencia contra niños, niñas y adolescentes es un fenómeno complejo y multicausal, "que desbordó la capacidad del Estado para enfrentarla". ¿Entonces? ¿Si eso lo dice la directora del ICBF, quién podrá defendernos? “Fenómeno complejo y multicausal”, esas palabras las hemos escuchado cuando nada qué hacer. Y no. Como ciudadano colombiano yo me resisto a esa impotencia.
Por otro lado, no creo que la cadena perpetua para asesinos, secuestradores, torturadores y violadores de menores de 14 años sea la solución salvadora a este horror, como lo contempla el proyecto de ley que cursa en el Congreso.
Y no creo que esa sea la solución mágica, entre otras, por una razón: Según cifras de la Fiscalía General de la Nación, entre el 2014 y julio del presente año, tan solo el tres por ciento de los delitos contra menores de edad han tenido algún tipo de condena, ¡97 % de impunidad!
Amable lector: Un criminal no viola ni mata niños con el Código Penal en la mano. El delincuente actúa siempre bajo el supuesto de que no será sorprendido ni investigado y, en el peor de los casos, de que nuestro sistema judicial es más frágil que los niños que ataca y que lo dejará libre más temprano que tarde. No, no es el monto de la pena lo que lo detendría para cometer un crimen. Y mucho menos se detiene a pensar en el monto de su posible pena si comete el crimen enajenado por drogas, alguna baja pasión o un trastorno mental. Lo dicen estudios de criminología desde hace muchos años.
Por tanto, parte de la solución está en reformar y fortalecer nuestro sistema judicial y no solo enfocarnos en las penas, un fin bastante incierto. Pero ya hemos visto como todas las reformas judiciales fracasan en este país. Ni siquiera las superficiales aguantan las presiones políticas de todos los lados. Aun así, no podemos cejar en el empeño de tener un sistema judicial efectivo, ágil y justo.
También hay que trabajar en la prevención durante diferentes momentos, unos más profundos que otros. Por ejemplo, uno inmediato es formular y difundir profusa, constantemente y en todas las formas posibles un protocolo ciudadano para que desde hogares y unidades residenciales hasta barrios, calles y lugares públicos, todos los ciudadanos sepamos reconocer cuándo un menor está en inminente riesgo o es maltratado y avisar de inmediato a las autoridades.
Igualmente, los alcaldes en conjunto con el ICBF deben crear o habilitar sitios seguros en ciertos barrios donde madres y padres puedan dejar sus niños cuando tienen que ausentarse. Si en el barrio Esfuerzos de paz en la comuna Ocho de Medellín hubiera funcionado un lugar así, Sandra Milena Cuesta no hubiera tenido que dejar a su pequeño hijo Marlon con vecinos poco fiables. ¡Tantas cosas por hacer referentes a diversos espacios, momentos y actores para evitar estas tragedias!
Marlon Andrés y Sindy Johanna:
Él de seis años y ella de doce. Dos profundas heridas más que gritan nuestro fracaso como sociedad. Es en toda Colombia y es aquí en Medellín, nuestra ciudad de metro, de cables, de tranvía, de la innovación, del túnel más largo de yo no sé dónde y de los niños y niñas maltratados, abusados, violados y asesinados. No quiero ser aguafiestas, ni más faltaba, pero tenemos que visibilizar el horror a los cuatro vientos como primer paso para impedir sus causas. Gritar fuerte para hacer trepidar la indiferencia. O el olvido que ya muchos niños y niñas son.