Una de las reformas propuestas es la creación de una gerencia del programa, con el fin de que sea más eficiente y el manejo de los recursos sea más transparente, según el Ministerio de Educación.
La ministra de Educación, Yaneth Giha, señaló que pese a la propuesta, el PAE debe seguir operando por ahora.
El Ministerio de Educación Nacional entregó este lunes a la Procuraduría General de la Nación la propuesta de reforma estructural del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que busca superar las complejidades y desafíos en los procesos de contratación y ejecución que hoy tiene esta estrategia.
La propuesta, que contiene siete puntos y recoge aportes del Ministerio de Hacienda, del Departamento Nacional de Planeación y actores del Sector Educativo, plantea soluciones tendientes a lograr que esta iniciativa de permanencia de niños y jóvenes en los colegios oficiales sea más eficiente y transparente, blindando los recursos y mejorando su financiación.
Según esta cartera, con esta propuesta también se mantiene el principio de descentralización y fortalecimiento de las capacidades de los entes territoriales como su eje fundamental.
Yaneth Giha, ministra de Educación, aseguró que si bien el PAE tiene complejidades -que se deben superar a la mayor brevedad-, este programa debe continuar debido a su incidencia en que los estudiantes sigan yendo a los colegios para formarse y tengan más oportunidades de lograr sus sueños a través de la educación.
“Es claro que tenemos varios retos con el PAE, cómo focalizarlo en la población escolar que más horas permanezca en las aulas y que esté en condición de vulnerabilidad, ruralidad, discapacidad y en las zonas rurales dispersas; garantizar la estabilidad y oportunidad presupuestal de las fuentes de financiación que aporta la Nación, y contar con una figura administrativa que desarrolle las bases para la formulación de la política nacional de alimentación escolar, entre otros”, dijo Giha.
De acuerdo con el Ministerio de Educación, los siete puntos que contiene la propuesta presentada a la procuraduría son:
Primero, la generación de mecanismos que le den más transparencia en el uso los recursos, con los que se busca fortalecer el rol del gobierno escolar, especialmente el de los rectores de los colegios oficiales como principales veedores de la ejecución y promover la figura de interventoría, para aumentar la vigilancia y mejorar el seguimiento a la operación.
Segundo, la administración de recursos en las 95 ETC (Entidades Territoriales Colombianas) para que el PAE sea más eficiente y transparente, se unificará la administración de los recursos asignados desde la Nación a las Gobernaciones y los Municipios Certificados a las 95 ETC. Los dineros serán distribuidos a nivel municipal, pero serán ejecutados por las entidades territoriales, manteniendo el principio de descentralización y fortalecimiento de los entes territoriales.
Tercero, la planeación a tiempo y estabilización de fuentes presupuestales: el Ministerio o el ente que lidere el programa enviará a las ETC en septiembre de cada vigencia la proyección de distribución correspondiente al Sistema General de Participaciones. Esta será parcial y soportada en una certificación que emitirá el Departamento Nacional de Planeación.
Cuarto, el fortalecimiento de la información y de la focalización de beneficiarios, ya que las ETC serán las encargadas de realizar el monitoreo a los reportes de cada institución educativa para garantizar el adecuado uso de los recursos, focalizar la población más vulnerable y el acatamiento de los procedimientos establecidos.
Quinto, la descentralización de la minuta y adaptarla a las necesidades de los territorios, teniendo en cuenta que las ETC podrán diseñar e implementar minutas con enfoque diferencial y territorial que cumplan con el aporte de energía y nutrientes por tipo de complemento, y tengan en cuenta hábitos y costumbres alimentarias de su región.
Sexto, la implementación de un Plan de mejoramiento de infraestructura escolar, luego de un diagnóstico que defina las condiciones reales de la infraestructura de los colegios oficiales, se estructurará un plan de intervención para mejorarla. En el Plan Nacional de Infraestructura Educativa se priorizará la construcción y dotación de espacios de cocina, comedores escolares y zonas de almacenamiento.
Finalmente, el punto siete es la creación de la Gerencia del PAE, por lo que se solicitará al Departamento Administrativo de la Función Pública el estudio para la creación de una figura que administre el programa. Esta nueva entidad desarrollará las bases para la formulación de la política nacional de alimentación escolar, los lineamientos técnico-administrativos, unificará el seguimiento de la ejecución del programa y desarrollará modelos de costos que sirvan de guía a las ETC. Asumirá de manera temporal la administración del PAE, cuando las ETC demuestren incapacidad administrativa para hacerlo.
La Procuraduría General de la Nación ha manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de modificar el sistema mediante el cual funciona el PAE, debido a la cantidad de situaciones de corrupción que se han presentado en el país.
De esta manera, el ente regulador vigilará la implementación del mismo, para garantizar la inversión de estos recursos, que además se han reducido en los departamentos. En la actualidad, el Plan de Alimentación Escolar no está operando en varias regiones del país y fue uno de los puntos presentes en las peticiones de los maestros tras el paro de 24 horas, en el que reclamaron que el programa opere en todos los colegios, teniendo en cuenta que fue priorizado en los que tienen jornada única.
En el caso de Antioquia, si bien el programa ya se encuentra operando en un 75%, es decir que 117 de los 125 municipios de Antioquia ya lo tienen en marcha, el presupuesto no alcanzará para todo el año escolar, con lo que queda faltando una cobertura total de 63 días para 214.000 estudiantes beneficiados de este programa, según lo dio a conocer la Gerencia del Plan de Mejoramiento Alimentario y Nutricional de Antioquia (Maná).
Además, de los 59.000 millones de pesos los que debería enviar el Ministerio de Educación Nacional para completar el PAE en Antioquia, sólo se han recibido $30.000 millones.
Entretanto, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez envió una carta a la ministra de Educación en la que solicitó los recursos faltantes para ejecutar el programa en el departamento. Detalló que en días pasados recibió la notificación de la resolución con la que se asignan los recursos pendientes para el PAE por valor de 30.564 millones de pesos, lo que no alcanza para curbir, como lo había anunciado la Gerencia de Maná, no suplirá todo el calendario escolar.
"Estos recursos solo sustentan la alimentación escolar de 214.000 niños y niñas en el departamento de Antioquia, por 1117 días de calendario escolar. Faltan por atender 86.000 escolares que requieren este programa en el departamento. Es importante recordar que el calendario escolar son 185 días y no existe garantías presupuestales para la atención durante todo el periodo", reza la misiva.
Por lo anterior, el gobernador solicita a la ministra 28.385 millones de pesos faltantes, que según Pérez, corresponden al incremento que debió tener este presupuesto desde el 2015 y que hasta hoy no se ha hecho efectivo.
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