El título de esta columna parece una obviedad, pero no lo es, en tanto existen sectores políticos que creen que una sociedad armada es una sociedad más segura.

Vale la pena recordar que, a finales de 2018, representantes a la Cámara del Partido Conservador y del Centro Democrático enviaron una carta al presidente Iván Duque solicitándole que se flexibilizara el porte de armas en Colombia, bajo la premisa de que “el desarme solo beneficia al delincuente que no se rige por restricciones legales”, en cambio el porte legal posibilita la legítima defensa.

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Sin embargo, diversas investigaciones demuestran que este argumento es engañoso, pues mientras más armas estén circulando en manos de particulares, tienden a incrementarse los índices de violencia. No solo eso, la anterior afirmación se soporta en la evidencia, teniendo en cuenta que uno de los países con más muertes violentas al año por armas de fuego en el mundo es Estados Unidos, cuya legislación es laxa en cuanto al acceso a armas. En Brasil, otro de los países donde mueren más personas por armas de fuego en el mundo, Jair Bolsonaro acaba de flexibilizar el acceso y porte de armas; una decisión cuyas consecuencias solo podrán valorarse con mayor detalle en algunos años, pero que difícilmente traerán aspectos positivos al país vecino.

De acuerdo con un estudio de la revista American Journal of Medicine, citado recientemente por un editorial de El Espectador, “hay una correlación significativa entre las armas por ciudadano en un país y su tasa de muertes ocasionadas por armas. Esto contraría el argumento de que permitir el porte implica disminuir el crimen”.

Por fortuna para Colombia, el actual gobierno ha decidido mantener la prohibición al porte de armas, sustentado en los estudios y la evidencia, aunque ha dejado un resquicio difuso con el otorgamiento de “permisos especiales”. Según un estudio de la Asociación Médica de Estados Unidos y el Observatorio Nacional de Salud, Colombia es el quinto país del mundo donde mueren más personas por armas de fuego en el mundo. Por eso, no deja de preocupar que dichos permisos representen un mayor número de armas circulando, lo que podría traducirse en más muertes violentas por armas de fuego.

El Ministerio de Defensa explica, en un comunicado oficial de la entidad, que “cada vez se están haciendo más complejos los requisitos para quienes pretenden obtener un eventual permiso de porte de armas en Colombia” y que se publicará una directriz al respecto que incluye la creación de un comité evaluador compuesto por cinco personas en cada brigada del Ejército Nacional. Guillermo Botero, ministro de Defensa, complementa en el mismo comunicado que “con esta directriz, queremos combatir, más que la corrupción, los actos de amiguismo con los que se otorgaban en muchas ocasiones estos permisos. No podemos negar que seguramente hubo corrupción, pero por eso queremos combatirla”.

En la Política de Defensa y Seguridad PDS – Para la legalidad, el emprendimiento y la equidad de este gobierno, también se puntualiza que “el porte ilegal de armas de fuego y de armas blancas impacta negativamente en la seguridad y la percepción que el delincuente goza de impunidad, erosionando el Estado de derecho, la confianza en las instituciones y promoviendo la mal llamada “justicia por mano propia””.

Esta visión y el primer paso dado al continuar la prohibición del porte legal de armas ya se dio. Ahora, la ciudadanía y los sectores políticos que defendemos el desarme debemos estar atentos a que la nueva directriz del Ministerio de Defensa no abra una bocatoma que se distancie de la posibilidad de una sociedad con muchas menos armas. Y, por supuesto, debemos seguir reclamando para que continúen implementándose acciones y campañas para un mayor desarme de nuestra sociedad.

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Nota de cierre: el Cerac (Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos) ha hecho seguimiento a las muertes violentas por las mal llamadas “balas perdidas”. En 2018, la cifra de víctimas supera el centenar, aunque aún se están recolectando datos oficiales. Este año ya son 19 las personas víctimas de este flagelo. El problema no solo radica en los salvoconductos, sino que también está asociado a la gran cantidad de armas ilegales que circulan y se comercializan en el mercado negro, otro aspecto en el que las autoridades deben actuar.