El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, está en una lista panameña de 55 venezolanos políticamente expuestos que deben ser sujeto de supervisión financiera “reforzada”, en el marco de las medidas aplicadas por el país en la lucha contra el blanqueo y la financiación del terrorismo.

Medios locales difundieron este jueves el listado, conformado por 55 personas naturales y 16 jurídicas, elaborado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que el miércoles anunció que lo publicaría.

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De acuerdo a la información difundida por la cadena local TVN, en la lista están, además de Maduro, altos funcionarios venezolanos como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel José Moreno, y el fiscal general, Tarek William Saab.

También la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Tibisay Lucena; la rectora principal de ese ente de comicios, Socorro Hernández; y el jefe del gobierno del Distrito Capital y excomandante de la Guardia Nacional, Antonio José Benavides.

Adán Chávez, hermano de fallecido gobernante y padre de la revolución bolivariana Hugo Chávez (1954-2013) y el dirigente chavista Diosdado Cabello aparecen en la lista “de personas provenientes de la República Bolivariana de Venezuela consideradas de alto riesgo en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.

El “Anexo A de la resolución 02-2018 de 27 de marzo de 2018” difundido este jueves indica que “se establece y recomienda a los sujetos obligados financieros y a los sujetos obligados no financieros a que adopten las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada (...) para cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado, incluyendo tentativas de realizar, en la que se sospeche (...)  pudiesen estar relacionadas (...) directa o indirectamente” con “la lista inicial detallada”.

El Ministerio de Economía informó el miércoles que emitió dos resoluciones en el marco de sus medidas para prevenir el blanqueo y la financiación del terrorismo, una de ellas para la adopción de las listas publicadas por otros países de personas venezolanas políticamente expuestas.

Se trata de la resolución 02-018, que recomienda a los sujetos obligados financieros y no financieros adoptar políticas y procedimientos de debida diligencia a transacciones relacionadas a personas naturales o jurídicas o beneficiarios finales de ciudadanos venezolanos que sean o pudieran estar políticamente expuestas, indicó el Ministerio el miércoles.

El sujeto obligado es la persona natural o jurídica que debe cumplir con la regulación prudencial en materia de prevención y control del lavado de activos y la financiación del terrorismo, según definición de la Asociación Bancaria de Panamá.

La legislación panameña establece el concepto de Persona Políticamente Expuesta (PEP), que incluye a los funcionarios públicos locales y extranjeros, desde el presidente del país hasta los directores de instituciones, y que son sometidas a una exhaustiva supervisión financiara.