Esa misionalidad de los medios públicos y su independencia frente al poder político hegemónico es la que se “traspapela” con mucha facilidad con los cambios de gobierno y los cambios administrativos.
El proyecto de ley que propone la modernización de las TIC, que incluye la creación de un regulador único de las comunicaciones y una bolsa común para los recursos de creación de contenidos e infraestructura, ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre los medios públicos en el país, su financiación y su independencia frente a los gobiernos de turno.
Santiago Rivas, periodista y presentador del programa Los puros criollos, emitido por Señal Colombia, ha sido uno de los abanderados del sector que públicamente critica el proyecto de ley y cuestiona la independencia que perderían los medios públicos, específicamente la televisión, con la creación de un regulador único de las comunicaciones compuesto por ingenieros y economistas, sin participación de realizadores ni creadores de contenidos, y con un grupo de comisionados, algunos de ellos nombrados directamente por el Gobierno nacional.
Otra de las críticas del sector, tiene que ver con la unificación de los presupuestos de infraestructura y de creación de contenidos. Es evidente que en Colombia se requiere una altísima inversión en infraestructura tecnológica para conectar a los territorios más apartados de la centralidad, y posibilitar que tengan acceso a Internet, por ejemplo. Pero, de unificarse las bolsas de inversión, existe el riesgo de que esta priorización en infraestructura afecte la creación de contenidos, que también necesita de recursos, para lograr productos de calidad, que cumplan con la misionalidad de los medios públicos.
Justamente, esa misionalidad de los medios públicos y su independencia frente al poder político hegemónico es la que se “traspapela” con mucha facilidad con los cambios de gobierno y los cambios administrativos en los medios públicos (tanto regionales como nacionales) y, por eso, no es un tema menor en una discusión que involucra cambios en la regulación o asignación de recursos que financian la creación de contenidos.
Además, crece la desconfianza en las intenciones del actual gobierno con el proyecto de ley cuando, en una decisión que aún no se aclara completamente, se dejan de emitir programas de Los puros criollos, el mismo día que Santiago Rivas participa en un reconocido espacio de opinión criticando el proyecto de ley. ¿Censura? ¿Exageración? El debate está abierto y no puede seguirse dando exclusivamente en Twitter.
Tampoco puede desconocerse que este proyecto de ley necesita más discusión con diversos sectores, de modo que se genere confianza en las intenciones del gobierno con estos cambios y se explique cómo la entrada en vigor de esta ley no afectará ni la independencia ni la creación de contenidos de calidad en los medios públicos. De otro modo, con mensajes de urgencia para la aprobación del proyecto, decisiones aceleradas y discusiones de redes sociales, a punta de 240 caracteres, solo se genera más ruido que no contribuye a la toma de decisiones, al consenso en lo fundamental y el disenso respetuoso y respetado.
Los medios públicos son de todos y si no los defendemos, terminamos con señales de muy buena calidad que llegan a lo más recóndito del Amazonas, pero que solo muestran los discursos del Presidente y las explicaciones de cómo el país cada día va mejor, aunque no sea así.
Nota de cierre: ¿por qué los funcionarios públicos colombianos se atornillan a sus puestos y permiten que investigaciones en su contra, investigaciones realmente graves, afecten la credibilidad en las instituciones para las que trabajan?